Son varios los problemas que enfrentan a la Industria de Licores de Caldas con tres departamentos del Pacífico por la comercialización del Ron Viejo, situación que pone en jaque los recursos que estos destinan para la salud.
La evidencia de dichos inconvenientes se hizo pública a finales del 2014 por advertencias de las contralorías regionales, como es el caso de Valle y Chocó, donde existen alertas fechadas en octubre y noviembre. En Cauca el caso llegó a los estrados judiciales desde septiembre de 2013.
En el cruce de documentos y en los debates hechos por diputados el tono de los reclamos ha subido, llegando incluso a mencionarse posibles actuaciones irregulares, las cuales habrían generado cuantiosos detrimentos patrimoniales a estos departamentos, debido a la evasión de impuestos e incumplimiento en la cuota de ventas.
- Modificación cuestionada
El caso que más llama la atención por la cuantía que hay en juego ocurre en el Valle. El Espectador tuvo acceso a varios documentos cruzados entre la Asamblea y el gobierno departamental que dejan en evidencia una deuda de $15.310 millones que tiene Caldas con el Valle, producto del incumplimiento de la cuota de ventas pactada por convenio entre ambas partes en los años 2009 y 2010.
Según una investigación fiscal de la Contraloría del Valle, la cuantiosa deuda comenzó a acumularse luego de que el 25 de agosto de 2009 los gobernadores de la época, Juan Carlos Abadía, por el Valle, y Mario Aristizábal, por Caldas, firmaran un convenio interadministrativo para intercambiar los productos que fabrican esas licoreras.
En ese documento, Caldas se obligó a vender dentro de las fronteras del Valle dos millones de unidades durante el segundo semestre de 2009 y cuatro millones de unidades en 2010, con corte a diciembre de cada año (botellas de 750 centímetros cúbicos).
De acuerdo con el análisis de la Contraloría, en 2009 Caldas no cumplió con la meta y sólo logró vender 481.085 unidades, quedando pendiente un total de 1’518.915 botellas. El dinero que dejó de recibir el Valle, según la Secretaría de Hacienda de ese departamento, fue tasado según los términos del convenio en $15.310 millones.
“Esta situación es causa suficiente para la terminación del convenio. Además, genera un presunto detrimento patrimonial al erario vallecaucano, sobre el cual no existen evidencias de que la administración de ese entonces haya gestionado la recuperación de dichos recursos y hacer cumplir lo convenido”, explica Germán Marín, director jurídico del Valle.
Al año siguiente, 2010, y pese a tener acordada una cantidad de cuatro millones de unidades de Ron Viejo de Caldas como meta de venta anual, el convenio fue modificado de manera “leonina” en contra de los intereses del Valle, según le dijo a El Espectador Adolfo Weybar Sinisterra, contralor de ese departamento.
“Dudamos de la legalidad del otrosí que modificó el convenio y desconocemos cómo hizo el gobernador de entonces (Juan Carlos Abadía) para tomar la decisión de dar una prórroga por diez años, tampoco sabemos en qué estudios se basó para cambiar las cláusulas que ponían metas al distribuidor, dejando amarrado al Valle en un negocio leonino, cuyo desequilibrio causa un grave impacto fiscal a las rentas”, dijo Sinisterra.
Ante las sospechas, la Contraloría del Valle, así como la Secretaría Jurídica, pusieron las denuncias penales y disciplinarias que desde el año pasado son investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría.
El gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, amenazó en octubre de 2013 con cerrar las fronteras a los licores de Caldas si ese departamento no se ponía al día y pagaba los $15.310 millones. En respuesta, tanto Miguel Trujillo Londoño, gerente de la Industria de Licores de Caldas en ese momento, como James Murillas, representante del distribuidor Sultana del Valle, aseguraron que no hubo incumplimiento, “pues jamás se frenaron las ventas en ese departamento”.
Otra cosa piensa Mario Fernández de Soto, diputado vallecaucano y ponente del nuevo estatuto tributario de ese departamento. “La deuda de Caldas continúa vigente y esperamos que la Gobernación adelante las gestiones a su alcance para cobrarla; el convenio con Caldas debe ser liquidado y si lo quieren restablecer deben ponerse al día; mientras eso ocurre las fronteras deben ser cerradas a esos productos, especialmente el Ron Viejo, y esa demanda atendida con nuestro Ron Marqués del Valle, eso le generaría doble ingreso a la región, por impuestos y por utilidades de la Licorera del Valle”.
Pese a la oposición del diputado y a la falta de un acuerdo en el pago de la deuda con el departamento, el Ron Viejo de Caldas y el aguardiente Cristal se consiguen con facilidad en el territorio vallecaucano.
Esto quedó especialmente demostrado durante la Feria de Cali, donde dichos licores hicieron presencia de marca patrocinando eventos en bares y discotecas.
- Líos en Chocó y Cauca
Otro caso conocido por este diario tiene relación con una función de advertencia firmada en noviembre de 2014 por Marco Antonio Sánchez Mena, contralor de Chocó. El documento critica la Ordenanza 1651 de 2011, donde el gobernador del momento ordena en el artículo primero “la exoneración del 65% del impuesto al consumo de 7.846 cajas de aguardiente Platino Deluxe (unas 94.152 botellas de 750 centímetros cúbicos), con el objeto de fomentar el consumo, conservar el valor de la marca y reposicionar el producto en el mercado”.
El gobernador era Malcom Ali Córdoba Zabala, quien en 2014 figuró como coordinador nacional del sector afro por el Partido de la U en la campaña con que se reeligió a Juan Manuel Santos presidente.
Pero la medida que está siendo cuestionada por la Contraloría Regional no sólo otorga el beneficio al aguardiente Platino Deluxe, que es el originario de Chocó, aunque se maquila en varias fábricas de licores en el suroccidente del país, sino que en el artículo segundo de la ordenanza otorga el mismo beneficio, “65% de exoneración sobre el impuesto al consumo, a un total de 10.000 cajas de Ron Viejo de Caldas (unas 120.000 botellas de 750 centímetros cúbicos), anualmente, con el objetivo de fomentar el consumo, fortalecer el sistema y garantizar la infraestructura del sector de la salud de Chocó, y de garantizar un recaudo adicional a lo establecido contractualmente”.
Según el contralor Sánchez, “se observa de bulto que al liberar del 65% de la obligación de pagar tributos al consumo de licores, es completamente falso que se le garantice a Chocó un recaudo adicional y, por lo contrario, se ve gravemente afectada su mayor renta, siendo esta la razón principal por la que se viene registrando un decrecimiento en dicho gravamen, el cual entre los años 2012 y el 2013 se situó en $2.428 millones menos”.
Por esta razón, el contralor de Chocó ordena al actual gobernador, Efrén Palacios Serna, en su oficio, “revocar la Resolución 1651 de 2011 por el grave detrimento al patrimonio del departamento que ha causado desde su expedición”, además, “solicitar a la Industria de Licores de Caldas suspender la producción, entrega o despacho de aguardiente Platino y de sus propios productos (Ron Viejo y aguardiente Cristal) que estén cobijados con la exoneración del 65% de impuesto”.
La Contraloría también exigió en la función de advertencia que la Industria de Licores de Caldas entregue y certifique la información de las cantidades de aguardiente Platino y de los productos de su portafolio, producidas año por año desde el inicio del convenio interadministrativo especificando quién puso la orden de producción y demás detalles comerciales.
De acuerdo con el concepto del contralor Sánchez, esas exenciones no tienen piso legal y han generado a las finanzas de Chocó un detrimento patrimonial cuantioso, que está por determinarse.
Además del proceso fiscal, los funcionarios públicos que actuaron en la suscripción de dicho convenio serán investigados por haber incurrido en presuntas infracciones al Código Disciplinario Único al haberse extralimitado en sus funciones e incluso infracciones de orden penal, por haber incurrido en prevaricato por acción o celebración de contrato sin requisitos legales, según se conoció en una sesión de control político adelantado por la Asamblea de Chocó, en diciembre pasado.