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De repente agruparon bolsas de arena y nos taparon en un amplio sector la visual del mar. Encendidas las críticas por la construcción del Anillo Vial-Malecón Crespo, el Concejo Distrital de Cartagena protestó y citó a una audiencia pública a la constructora Consorcio Vía al Mar. Ante la insensatez y evidente violación a la ley ambiental en esa sesión increpé a su representante, lo miré a los ojos y exigí respeto a Cartagena y al derecho que todos tenemos al paisaje. Hice ver, eso creí, que la protesta de concejales y múltiples intervinientes era obvia por la afectación del Patrimonio Ecológico, con la construcción de un muro de 400 metros en una playa de 1.100, un puente barato como intersección para unir el túnel de Crespo con la avenida Santander.
Demostré que la socialización fue para el deprimido, no así para el puente, y que la afectación de la zona costera de Marbella, por ser un espacio público protegido, la Ley 99 de 1993 exigía un estudio serio de impacto ambiental —que no pueden mostrar—, más aún en una obra cuya filosofía es minimizar el daño del paisaje marino.
Por ser un requisito esencial para expedir la licencia ambiental (Res. 1630/09), el Ministerio de Ambiente tenía que exigirlo y no lo hizo, como se demuestra con la lectura de los conceptos técnicos allí vertidos. Una cosa es un túnel y otra un puente, y diferente es su impacto constructivo. Lo invité a decirles a sus jefes que a costa del capital natural no ahorraran e invirtieran lo necesario en un nuevo diseño; y rematé: ojalá no osen ofrecer la solución de pintar en el absurdo muro pelícanos en vuelo y el mar.
Las protestas, incluso de los gremios, obligaron al alcalde a escuchar y reunir a la ministra de Transporte, a los concejales, a la Sociedad de Ingenieros de Bolívar, a la ANI, la ANLA, el Minambiente y al consorcio con la presencia de su codueño David Name Terán, quien ganó aplausos al afirmar su desacuerdo con los terraplenes en ejecución. Analizaron las filtraciones del túnel y aprobaron una comisión que determinará si se cambia o no el diseño del puente. Pero pasados 18 días sin definición, ganan tiempo y trabajan noche y día para imponernos la ilegal afrenta.
Están escudados porque los entes estatales otorgaron y validaron una licencia que detalla con rigor el túnel, pero es un cheque en blanco en el puente, una clara vía de hecho que el consorcio esgrime al enviar un mensaje cínico e inadmisible. Ante la ilegalidad de la violación al debido proceso, al tener una licencia sin requisitos para depredar la zona de bajamar, dice que si se cambia el diseño tendrá que tramitarse una nueva licencia. Claro que sí. Los ministerios, ANLA y ANI saben que es la única alternativa para eliminar ese adefesio y enmendar el daño cometido con su concurso.
Desmentidas las palabras de Name, el silencio de la comisión, la continuidad de la obra y la cínica oferta a los artistas para embellecer el muro, y reemplace la visual del mar, se reactivó la protesta y nos obligó a entutelarlos para que la justicia ordene la suspensión provisional y restablezca la legalidad que el Estado debe acatar y dar ejemplo de cumplimiento.
* Abogado, exdirector de Medio Ambiente de Cartagena.