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La complejidad del fenómeno migratorio de población venezolana a Colombia, enmarcado en la crisis política, social y económica que vive el vecino país, ha dejado al descubierto problemáticas y fenómenos que han transformado las dinámicas sociales en los territorios receptores de esta población. Y aunque las condiciones de vulnerabilidad son muchas, existen poblaciones que se han visto especialmente afectadas con un escenario de violencia y discriminación.
Es el caso de los migrantes LGBTI venezolanos, quienes se han tenido que enfrentar a contextos de negación de derechos basados en la xenofobia y el prejuicio de las orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversas, así lo denuncia un informe presentado esta semana por la organización Caribe Afirmativo, que realizó un seguimiento a la situación de esta población en las zonas de frontera con Colombia.
Si bien es cierto que en muchos casos la migración de personas LGBTI de origen venezolano en los últimos dos años responde a las razones genéricas asociadas con la coyuntura del país, también lo es que en varios casos más el fenómeno está ligado a la existencia de escenarios de discriminación, negación de derechos en torno a la salud y la falta de un enfoque diferencial para personas LGBTI. A eso se suman las formas de violencias propiciadas por actores estatales, paraestatales y sociales, e incluso la exclusión en el ámbito familiar.
En ese sentido, el informe contiene datos recopilados a partir de dos encuentros propiciados por la organización, a través de su proceso de trabajo comunitario llamado Casas de Paz, en los municipios de Maicao (La Guajira) y Ciénaga (Magdalena), y el testimonio de personas que documentaron las motivaciones de su migración y su situación actual en Colombia.
Testimonios entregados a Caribe Afirmativo por migrantes en Maicao y Ciénaga muestran cómo muchos de los LGBTI que han llegado a Colombia lo han hecho “a través de las trochas de Paraguachón, vía Maicao, habiéndose logrado documentar prácticas que no obstante provienen de actores estatales, salen del marco legal, como sobornos para dar vía libre en la frontera y robos de alimentos y dinero por parte de agentes tanto de la guardia venezolana como de la Fuerza Pública colombiana”. También hay documentados casos de agresiones verbales y físicas por parte de agentes estatales a personas LGBTI migrantes venezolanas a raíz de su orientación sexual.
En otras situaciones, las denuncias apuntan a ataques por parte de distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo contra mujeres de este sector, quienes son más propensas a ser víctimas de violencia sexual: “En testimonios recogidos por Caribe Afirmativo, mujeres lesbianas y bisexuales relataron el intento de abuso sexual por parte del conductor que las transportaba, así como el intento por venderlas a grupos de actores armados ilegales”.
De acuerdo con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, aunque el trabajo de campo arrojó varios puntos que necesitan ser evaluados por las autoridades correspondientes, la principal preocupación es el aumento de agresiones contra mujeres trans en algunas ciudades del país. “Hemos visto en el último año un incremento de violencia a mujeres trans venezolanas en espacio público, incluso registros de homicidios. La mayor preocupación es que hay un alto nivel de criminalidad hacia las personas LGBTI de origen venezolano, donde se está juntando la xenofobia con los prejuicios por su identidad de género. Este alto nivel de criminalidad está en algunos casos siendo liderado por autoridades del Estado e incluso con prácticas como la deportación”, sostiene Castañeda.
El mismo panorama ya había sido alertado el año pasado por la Defensoría del Pueblo, que en una comunicación enviada al Ministerio del Interior denunció las situaciones de vulneración de derechos de personas de la población LGBTI en Valledupar ante las reiteradas versiones sobre “la eventual existencia de un presunto plan de la mal llamada “limpieza social”, dirigido contra las mujeres trans, especialmente contra aquellas que se dedican de manera ocasional o permanente al trabajo sexual”.
De hecho, de acuerdo con cifras reveladas el pasado 17 de mayo por la misma Defensoría, en lo corrido de 2019 se han reportado tres casos de mujeres trans que recibieron disparos por parte de la Policía en Valledupar, y en Bogotá hay denuncias de graves de agresiones físicas sufridas por mujeres trans venezolanas.
Para Caribe Afirmativo es claro que, en estos escenarios, la ausencia de reglamentación en materia de protección complementaria para las personas que no se encuentran en estatus migratorio regular “resulta relevante para las personas LGBTI, puesto que, por arrastrar con discriminaciones históricas, la mayoría de migrantes de este grupo se han visto abocadas a ejercer la migración por medios irregulares”.
Una preocupación que adquiere mayor relevancia en los temas relacionados con la atención en salud, especialmente en casos relacionados con VIH y la falta de medicamentos retrovirales. Según el informe, solo en 2018 fallecieron siete hombres gais venezolanos en la región Caribe debido al mal estado de salud en que llegaron por la falta de suministros de medicamentos retrovirales para combatir el VIH/sida. “Para el mismo período, Caribe Afirmativo tuvo conocimiento de que 29 ciudadanos LGBTI de origen venezolano viviendo con VIH tuvieron que interponer tutelas para acceder a medicamentos”.
Con ese panorama como telón de fondo, la organización hizo una serie de recomendaciones al Estado colombiano con el fin de que se construyan protocolos de atención en perspectiva de derechos para personas LGBTI migrantes, que incluyan no solo rutas y mecanismos que reconozcan las particularidades de su tránsito, sino también los riesgos a los que están expuestos. Con un enfoque especial: acciones inmediatas para atender a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad como aquellas que ejercen el trabajo sexual.