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A pesar de la ejecución de las obras contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que desde hace 11 meses buscan superar la problemática; la Procuraduría General de la Nación (PGN) advierte que la emergencia por la inundación en La Mojana, que ha dejado más de 63.000 damnificados y afectaciones en cerca de 21.000 hectáreas, ha crecido de forma alarmante.
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“Estamos al borde de la desesperación y la locura. El 95% del pueblo está ahogado con un metro y medio de agua. No tenemos un médico permanente, hay muchos niños enfermos, ancianos que han sido sacados en hamaca porque no tienen medio de transporte”, le dijo a El Espectador Leider Díaz, habitante del corregimiento La Sierpe, a comienzos de julio pasado.
Según un boletín de ese organismo de control, durante el recorrido por la zona afectada, un equipo técnico de la PGN evidenció que la situación es preocupante.
La emergencia tuvo origen el 27 de agosto de 2021 cuando se presentó el rompimiento de 15 metros de longitud en el dique construido sobre la margen izquierda del río Cauca a la altura del sitio conocido como Cara de Gato, y el boquete actualmente se extiende por aproximadamente un kilómetro.
Para el manejo de la emergencia, la Procuraduría propone agilizar las obras evaluando la posibilidad de implementar un segundo frente de trabajo en el extremo norte del boquete, y considerar la construcción del dique teniendo como referencia los niveles máximos del río Cauca para contener eventuales subidas de nivel y prevenir el riesgo de colapso de la estructura construida.
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Además, para el ente de control es prioritario que, en el desarrollo del canal de desviación que se construye para reducir el caudal de agua que pasa por la zona de la emergencia, se aseguren las condiciones técnicas que permitan la protección de los predios aledaños y especialmente de la comunidad de Méjico.
La Procuraduría también plantea promover la actualización de los POT de las entidades territoriales de La Mojana con una participación activa de la comunidad, con el fin de que sean instrumentos para facilitar la Gestión del Riesgo de Desastres, el desarrollo social, económico y ambiental de la región, sin afectar su vocación natural de regulación de caudales de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena.