En Colombia 8.095 niños fueron reclutados por grupos armados ilegales desde 1985
La cifra se basa en el Registro Único de Víctimas y se conoce en el marco de la divulgación de un informe del observatorio OPROB sobre violencia contra menores en el conflicto.
Agencia Anadolu - Sergio García Hernández
El reclutamiento forzado de menores de edad es una de las heridas más profundas en la historia reciente de Colombia. Desde 1985, 8.095 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de la vinculación a actividades relacionadas con grupos armados ilegales, según las cifras más recientes del Registro Único de Víctimas (RUV) del Estado.
Los datos oficiales muestran que los reclutamientos forzados se dirigieron en un 66,5% contra hombres, un 33,4% hacia mujeres, y un 0,1% a población LGBTI.
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“Históricamente, el mayor número de víctimas únicas incluidas por vinculación de niños, niñas y adolescentes reportan hechos ocurridos en el período 2000-2012; concentrando el 55,1% de la totalidad del registro”, indica un documento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas conocido por la Agencia Anadolu.
Las cifras del RUV detallan que el 88,36% de los menores no registran algún tipo de pertenencia a un grupo étnico, mientras que el 5,92% provienen de comunidades negras y el 5,55% de pueblos indígenas.
El restante 0,17% de los menores reclutados eran originarios de comunidades palenqueras, gitanas ROM y raizales del archipiélago de San Andrés.
Los perpetradores de los reclutamientos, según el registro del RUV, fueron los grupos guerrilleros, a quienes se les responsabiliza de 3.971 casos, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 717 casos; las Bandas Criminales (Bacrim), con 134, y la Fuerza Pública, con 11.
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En un total de 3.246 casos no se identificó al perpetrador, en 41 hubo más de un responsable y hay 122 casos de los que fueron culpables otros grupos por fuera de las categorías anteriormente descritas.
En los últimos siete años, de 2012 a 2019, se ha presentado una reducción del 83% en el número de niños víctimas de la vinculación a grupos armados. Sin embargo, la herida no cierra del todo y hay zonas del país donde es latente la existencia de los reclutamientos.
El Registro Único de Víctimas, durante 2019, sumó 51 casos de menores de edad que fueron integrados a un grupo armado ilegal, la cifra más baja desde 1996, pero que da cuenta de que el fenómeno no ha desaparecido por completo.
Sandra Mojica, gerente del programa de justicia de la organización Oxfam en Colombia, afirmó que el reclutamiento es una práctica sistemática que han tenido los grupos armados al margen de la ley y que se sigue presentando en el país.
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“Los niños son reclutados bajo la promesa de tener mejores condiciones de vida y el acceso a recursos económicos”, afirmó Mojica a la Agencia Anadolu en el marco de la presentación, este jueves, de un informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes (OPROH), que es financiado por la Unión Europea y por Oxfam, e implementado por las ONG locales Benposta Nación de Muchachos y Humanidad Vigente.
Mojica indicó que los grupos criminales siguen reclutando a los menores de edad, en su mayor proporción, para que raspen la hoja de coca, pero también para usarlos como sicarios o explotarlos laboral e incluso sexualmente.
“Se tienen retos en la restitución de derechos de los menores que han sido víctimas, así como para garantizar la no repetición y generar las condiciones que les permitan superar las consecuencias e impactos de violencia sobre sus vidas”, aseveró Mojica.
Al referirse al informe que fue divulgado este jueves, Mojica explicó que ofrece seis recomendaciones que aspira que sean implementadas por el gobierno colombiano para la prevención y atención de los menores en zonas de conflicto.
El informe está hecho a partir de la información que las organizaciones recogieron en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander; en Villavicencio y Mesetas, Meta; en San José del Guaviare, Guaviare; en Buenaventura, Valle del Cauca; y en Pasto y Tumaco, en Nariño.
“Son sitios que históricamente han sido afectados por el conflicto y la presencia de grupos al margen de la ley. Buscamos identificar cómo está construida la política pública y dar unas recomendaciones en el marco de lo que, tenemos certeza, pueden avanzar el Gobierno y el Estado”, mencionó Mojica.
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La delegada de Oxfam indicó que las recomendaciones se enfocan en que se aumente la “presencia del Estado” en los territorios para resolver la que define como "fragilidad institucional" en algunas zonas de Colombia.
“Necesitamos una mayor presencia institucional, no de las fuerzas militares exclusivamente sino del resto de las instituciones para que se puedan garantizar los derechos de la población y particularmente de los niños”, indicó Mojica.
Una de las recomendaciones establecidas en el informe es que haya coordinación entre las entidades del orden nacional y territorial, incluidas organizaciones de la sociedad civil, para prevenir el reclutamiento.
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El informe describe, además, la urgencia de proteger a los niños en zonas de conflicto, mediante un trabajo conjunto entre entidades locales como colegios, familias y organizaciones comunitarias.
Otro llamado es para que se generen medidas para promover la “estabilización socioeconómica de las familias en los territorios priorizados por riesgo de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual” contra menores de edad.
El observatorio publicó, este jueves, su octavo informe sobre la violencia asociada al conflicto contra menores. El OPROB lleva cerca de tres años de trabajo en Colombia.
El reclutamiento forzado de menores de edad es una de las heridas más profundas en la historia reciente de Colombia. Desde 1985, 8.095 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de la vinculación a actividades relacionadas con grupos armados ilegales, según las cifras más recientes del Registro Único de Víctimas (RUV) del Estado.
Los datos oficiales muestran que los reclutamientos forzados se dirigieron en un 66,5% contra hombres, un 33,4% hacia mujeres, y un 0,1% a población LGBTI.
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“Históricamente, el mayor número de víctimas únicas incluidas por vinculación de niños, niñas y adolescentes reportan hechos ocurridos en el período 2000-2012; concentrando el 55,1% de la totalidad del registro”, indica un documento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas conocido por la Agencia Anadolu.
Las cifras del RUV detallan que el 88,36% de los menores no registran algún tipo de pertenencia a un grupo étnico, mientras que el 5,92% provienen de comunidades negras y el 5,55% de pueblos indígenas.
El restante 0,17% de los menores reclutados eran originarios de comunidades palenqueras, gitanas ROM y raizales del archipiélago de San Andrés.
Los perpetradores de los reclutamientos, según el registro del RUV, fueron los grupos guerrilleros, a quienes se les responsabiliza de 3.971 casos, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 717 casos; las Bandas Criminales (Bacrim), con 134, y la Fuerza Pública, con 11.
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En un total de 3.246 casos no se identificó al perpetrador, en 41 hubo más de un responsable y hay 122 casos de los que fueron culpables otros grupos por fuera de las categorías anteriormente descritas.
En los últimos siete años, de 2012 a 2019, se ha presentado una reducción del 83% en el número de niños víctimas de la vinculación a grupos armados. Sin embargo, la herida no cierra del todo y hay zonas del país donde es latente la existencia de los reclutamientos.
El Registro Único de Víctimas, durante 2019, sumó 51 casos de menores de edad que fueron integrados a un grupo armado ilegal, la cifra más baja desde 1996, pero que da cuenta de que el fenómeno no ha desaparecido por completo.
Sandra Mojica, gerente del programa de justicia de la organización Oxfam en Colombia, afirmó que el reclutamiento es una práctica sistemática que han tenido los grupos armados al margen de la ley y que se sigue presentando en el país.
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“Los niños son reclutados bajo la promesa de tener mejores condiciones de vida y el acceso a recursos económicos”, afirmó Mojica a la Agencia Anadolu en el marco de la presentación, este jueves, de un informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes (OPROH), que es financiado por la Unión Europea y por Oxfam, e implementado por las ONG locales Benposta Nación de Muchachos y Humanidad Vigente.
Mojica indicó que los grupos criminales siguen reclutando a los menores de edad, en su mayor proporción, para que raspen la hoja de coca, pero también para usarlos como sicarios o explotarlos laboral e incluso sexualmente.
“Se tienen retos en la restitución de derechos de los menores que han sido víctimas, así como para garantizar la no repetición y generar las condiciones que les permitan superar las consecuencias e impactos de violencia sobre sus vidas”, aseveró Mojica.
Al referirse al informe que fue divulgado este jueves, Mojica explicó que ofrece seis recomendaciones que aspira que sean implementadas por el gobierno colombiano para la prevención y atención de los menores en zonas de conflicto.
El informe está hecho a partir de la información que las organizaciones recogieron en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander; en Villavicencio y Mesetas, Meta; en San José del Guaviare, Guaviare; en Buenaventura, Valle del Cauca; y en Pasto y Tumaco, en Nariño.
“Son sitios que históricamente han sido afectados por el conflicto y la presencia de grupos al margen de la ley. Buscamos identificar cómo está construida la política pública y dar unas recomendaciones en el marco de lo que, tenemos certeza, pueden avanzar el Gobierno y el Estado”, mencionó Mojica.
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La delegada de Oxfam indicó que las recomendaciones se enfocan en que se aumente la “presencia del Estado” en los territorios para resolver la que define como "fragilidad institucional" en algunas zonas de Colombia.
“Necesitamos una mayor presencia institucional, no de las fuerzas militares exclusivamente sino del resto de las instituciones para que se puedan garantizar los derechos de la población y particularmente de los niños”, indicó Mojica.
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El informe describe, además, la urgencia de proteger a los niños en zonas de conflicto, mediante un trabajo conjunto entre entidades locales como colegios, familias y organizaciones comunitarias.
Otro llamado es para que se generen medidas para promover la “estabilización socioeconómica de las familias en los territorios priorizados por riesgo de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual” contra menores de edad.
El observatorio publicó, este jueves, su octavo informe sobre la violencia asociada al conflicto contra menores. El OPROB lleva cerca de tres años de trabajo en Colombia.