En Colombia cada día hay 46 casos de violencia sexual contra menores de edad

Los múltiples y constantes casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que se han registrado en distintas regiones del país, y especialmente las recientes denuncias de por lo menos 21 casos de abuso sexual en el Centro Infantil Pequeños Exploradores de Medellín, han dejado en evidencia la urgencia de trabajar en soluciones y estrategias de prevención para la protección de la primera infancia. Una tarea que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han asumido con estrategias como la creación de un grupo élite para realizar un acompañamiento a las unidades de servicio que tiene el Instituto en el país.

La apuesta de la entidad también tiene un componente fuerte en atención a jóvenes, sobre todo en momentos en que el paro nacional ha dejado al descubierto las necesidades de la población juvenil en materia de empleo, educación y participación política.

En entrevista con El Espectador, la directora general del ICBF, Lina María Aberláez, habla de los casos de violencia sexual a menores, el Pacto Colombia con las Juventudes, que empezó a funcionar desde el 8 de mayo, y el retorno a los jardines infantiles del país.

¿Cuál ha sido la actuación del ICBF en el caso de abuso sexual contra niños en un jardín infantil de Medellín?

El jardín no es del ICBF, es del programa “Buen comienzo”. Recibimos la notificación el 28 de junio, sabemos que se había notificado a la Alcaldía el 19, y eso es parte de lo que viene en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y de los organismos competentes por la no activación del código fucsia. Cuando tuvimos conocimiento enviamos de manera inmediata a las familias un apoyo de nuestros equipos psicosociales. Trabajamos con la Fiscalía no solo para atender los casos que en ese momento se habían presentado como denuncias, sino para hacer una investigación con los 72 niños y niñas que asistían a ese jardín, de ahí logramos identificar que los casos eran más. Hasta el momento hemos abierto 21 procesos administrativos de restablecimiento de derechos.

Usted dice que hubo demoras en la activación del código fucsia, ¿qué hacer para evitar la falta de respuesta temprana?

Seguimos en un proceso de capacitar a todo el talento humano de quienes trabajan con la primera infancia para que realmente tengan las herramientas para identificar posibles casos de violencia sexual. Venimos precisamente trabajando con la Unicef para fortalecer todo ese proceso de formación. Lo segundo es que estamos creando un equipo élite de verificación aleatoria a todas las unidades de servicio que tiene el ICBF, y lo tercero es un llamado a la corresponsabilidad, evidentemente debemos construir entornos protectores para la niñez en todos los ámbitos.

¿Cómo funcionará ese grupo élite?

Estamos mirando la contratación de un equipo superior a 18 personas que tiene psicólogos forenses y trabajadores sociales, para que se desplieguen al territorio y de manera aleatoria hacer visitas a cada una de las unidades de servicio. Cuando vemos los casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, hay alertas en unos departamentos: Bogotá, en 2021, tiene 1.685 casos; Valle, 590; Atlántico, 448; Antioquia, 349, y Santander, 313, en esos sería donde primero se desplegaría el equipo élite. Esto debe tener acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, y estamos trabajando este esquema de la mano de la Unicef.

¿Cuántos casos de violencia sexual contra menores de edad se han presentado en Colombia en 2021?

En 2020 tuvimos más de 28.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos, 14.000 por violencia sexual. En lo que va de 2021 van 6.991 por violencia sexual, son 46 casos diarios, el 72 % ocurren en el marco del hogar. Esto demuestra que es un problema endémico de la sociedad que ha naturalizado la violencia contra la niñez, y esto es inaceptable.

En ese escenario, ¿cree que tendrá algún impacto la Ley de Cadena Perpetua?

Sí creo que sirve, porque manda un mensaje claro. Primero, es que tienen la pena más alta del ordenamiento jurídico colombiano. Quien se atreva a poner un solo dedo encima a la niñez y atente contra su integridad física, emocional y sexual se atiene a unas consecuencias de un proyecto de vida totalmente suspendido. Pese a esto tiene que ser complementada con otras normas, por ejemplo con la imprescriptibilidad de la pena por delitos sexuales y la prohibición del castigo físico como un medio de corrección a los niños y niñas. Estas se deben complementar con políticas públicas, programas y proyectos.

¿Cómo está la situación de los niños y niñas de La Guajira?

En La Guajira hay problemas estructurales muy graves, dolorosos e inaceptables. Por nombrar uno, la desnutrición es un problema que nos debe doler a todos e indignar. Todos los años en enero hay una pelea horrible con el ICBF por llevarse los contratos de la primera infancia. Haciendo una revisión con los equipos que miran el estado nutricional de los niños y niñas que están en el marco de nuestros programas, nos dimos cuenta que son los mismos que están con desnutrición, y los que mes a mes nos reportan que han recibido las canastas nutricionales. Volvemos al tema de la corresponsabilidad, los operadores son, la mayoría de La Guajira, de la región. Segundo, los padres de familia cuando saben que tienen un niño con desnutrición, muchas veces no dejan que llevemos al niño al centro de recuperación nutricional o al sistema de salud y entiendo tienen unos temas propios que tenemos que abordar, pero hay que trabajar de manera conjunta por hacer soluciones efectivas y de largo plazo. Aquí ni más faltaba vamos a quitar responsabilidades a las entidades del estado, tenemos que doblar los esfuerzos, asignar más presupuesto pero tal vez más supervisión a la ejecución de ese presupuesto.

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Otro tema clave para el país es el regreso a la presencialidad en los colegios. ¿Cuándo se dará este retorno a las guarderías a cargo del ICBF?

En noviembre del año pasado hicimos un piloto en seis departamentos y 11 municipios, para empezar a prepararnos para el retorno a la presencialidad en los servicios de la primera infancia. Por eso, desde enero, empezamos a abrir los centros del Instituto. A hoy ya son más de 5.700 unidades de servicio las que están abiertas. Estamos poniendo todo a la disposición para reabrir, pero también entendemos que hay mucha incertidumbre por parte de los padres de familia. Para comenzar a generar esa garantía se priorizó la vacunación de madres comunitarias, agentes educativos, y ya estamos finalizando las fases de vacunación del talento humano de la primera infancia. Llevamos más del 80 % vacunados. Tenemos unas limitaciones, no solo es la falta de confianza de los padres de familia, sino que también hay picos de contagio que han hecho que haya disposiciones municipales y departamentales que dicen no, pero seguimos trabajando para que el 100 % de los centros estén abiertos este año.

¿Cómo va el Pacto Colombia con las Juventudes?

Se trata de un compromiso del Gobierno por trabajar con, desde y para la juventud en la solución a esas propuestas que tienen los “pelados” para transformar a nuestro país. Nació el 8 de mayo después de una conversación con 40 jóvenes de distintas regiones con el presidente. Hemos tenido más de 367 mesas de diálogo en los 32 departamentos, más Bogotá. Hemos oído a cerca de 11.000 jóvenes de distintas corrientes y pensamientos. El pacto tiene tres fases: la primera de escucha; la segunda “parchar para construir”, que es donde empiezan a salir las soluciones, y la tercera es que estas mesas no pueden ser coyunturales, sino que de aquí hasta que termine el Gobierno debe hacerse veeduría del cumplimiento.

¿Cómo se ha dado el acercamiento con los jóvenes?

Se ha hecho de distintas maneras. Antes del 8 de mayo fuimos a Cali y logramos entrar a muchos de los puntos de bloqueo y desde ahí empezamos a construir un tema de articulación para abordar la escucha. Se abrió un espacio a través de la página web para que los jóvenes se presenten y puedan asistir. Las plataformas de juventudes, lideradas por el consejero presidencial, han sido claves. De todas estas voces se ha venido armando, y ellos también han propuesto por ejemplo la mesa de jóvenes sordos, la de víctimas del conflicto, diversidades.

¿Qué programas conforman el pacto?

Se han venido anunciando una serie de medidas como la matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas. En materia de empleo se presentó el subsidio del 25 % al salario de cualquier joven entre 18 y 28 años que un privado contrate. Está también el anuncio de “Jóvenes propietarios”. Desde el ICBF, los ministerios de Salud y del Interior hicieron una bolsa para construir una estrategia de salud mental en la prevención del suicidio y consumo de sustancias psicoactivas con una inversión inicial de más de $3.000 millones en ocho departamentos, que iniciará desde agosto. Y uno que creo que es histórico, que se va a dar con la elección de los consejos de juventud el 28 de noviembre en todo el país, donde van a participar más de 10 millones de jóvenes.

¿A qué jóvenes van dirigidos estos programas?

La juventud según nuestra ley va desde los 14 a los 28 años, son estrategias para la población joven. Obviamente el empleo, dado que necesitamos incentivar que los ‘pelados’ entre los 14 a 18 años terminen la educación básica y media, entonces el tema del empleo está focalizado en jóvenes entre 18 y 28 años. Pero hay muchas estrategias que incluyen a la población adolescente, como lo es el programa “Sacudete” que tiene un capítulo específico para la adolescencia, y la de salud mental va dirigida a toda la juventud.

Los múltiples y constantes casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que se han registrado en distintas regiones del país, y especialmente las recientes denuncias de por lo menos 21 casos de abuso sexual en el Centro Infantil Pequeños Exploradores de Medellín, han dejado en evidencia la urgencia de trabajar en soluciones y estrategias de prevención para la protección de la primera infancia. Una tarea que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han asumido con estrategias como la creación de un grupo élite para realizar un acompañamiento a las unidades de servicio que tiene el Instituto en el país.

La apuesta de la entidad también tiene un componente fuerte en atención a jóvenes, sobre todo en momentos en que el paro nacional ha dejado al descubierto las necesidades de la población juvenil en materia de empleo, educación y participación política.

En entrevista con El Espectador, la directora general del ICBF, Lina María Aberláez, habla de los casos de violencia sexual a menores, el Pacto Colombia con las Juventudes, que empezó a funcionar desde el 8 de mayo, y el retorno a los jardines infantiles del país.

¿Cuál ha sido la actuación del ICBF en el caso de abuso sexual contra niños en un jardín infantil de Medellín?

El jardín no es del ICBF, es del programa “Buen comienzo”. Recibimos la notificación el 28 de junio, sabemos que se había notificado a la Alcaldía el 19, y eso es parte de lo que viene en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y de los organismos competentes por la no activación del código fucsia. Cuando tuvimos conocimiento enviamos de manera inmediata a las familias un apoyo de nuestros equipos psicosociales. Trabajamos con la Fiscalía no solo para atender los casos que en ese momento se habían presentado como denuncias, sino para hacer una investigación con los 72 niños y niñas que asistían a ese jardín, de ahí logramos identificar que los casos eran más. Hasta el momento hemos abierto 21 procesos administrativos de restablecimiento de derechos.

Usted dice que hubo demoras en la activación del código fucsia, ¿qué hacer para evitar la falta de respuesta temprana?

Seguimos en un proceso de capacitar a todo el talento humano de quienes trabajan con la primera infancia para que realmente tengan las herramientas para identificar posibles casos de violencia sexual. Venimos precisamente trabajando con la Unicef para fortalecer todo ese proceso de formación. Lo segundo es que estamos creando un equipo élite de verificación aleatoria a todas las unidades de servicio que tiene el ICBF, y lo tercero es un llamado a la corresponsabilidad, evidentemente debemos construir entornos protectores para la niñez en todos los ámbitos.

¿Cómo funcionará ese grupo élite?

Estamos mirando la contratación de un equipo superior a 18 personas que tiene psicólogos forenses y trabajadores sociales, para que se desplieguen al territorio y de manera aleatoria hacer visitas a cada una de las unidades de servicio. Cuando vemos los casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, hay alertas en unos departamentos: Bogotá, en 2021, tiene 1.685 casos; Valle, 590; Atlántico, 448; Antioquia, 349, y Santander, 313, en esos sería donde primero se desplegaría el equipo élite. Esto debe tener acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, y estamos trabajando este esquema de la mano de la Unicef.

¿Cuántos casos de violencia sexual contra menores de edad se han presentado en Colombia en 2021?

En 2020 tuvimos más de 28.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos, 14.000 por violencia sexual. En lo que va de 2021 van 6.991 por violencia sexual, son 46 casos diarios, el 72 % ocurren en el marco del hogar. Esto demuestra que es un problema endémico de la sociedad que ha naturalizado la violencia contra la niñez, y esto es inaceptable.

En ese escenario, ¿cree que tendrá algún impacto la Ley de Cadena Perpetua?

Sí creo que sirve, porque manda un mensaje claro. Primero, es que tienen la pena más alta del ordenamiento jurídico colombiano. Quien se atreva a poner un solo dedo encima a la niñez y atente contra su integridad física, emocional y sexual se atiene a unas consecuencias de un proyecto de vida totalmente suspendido. Pese a esto tiene que ser complementada con otras normas, por ejemplo con la imprescriptibilidad de la pena por delitos sexuales y la prohibición del castigo físico como un medio de corrección a los niños y niñas. Estas se deben complementar con políticas públicas, programas y proyectos.

¿Cómo está la situación de los niños y niñas de La Guajira?

En La Guajira hay problemas estructurales muy graves, dolorosos e inaceptables. Por nombrar uno, la desnutrición es un problema que nos debe doler a todos e indignar. Todos los años en enero hay una pelea horrible con el ICBF por llevarse los contratos de la primera infancia. Haciendo una revisión con los equipos que miran el estado nutricional de los niños y niñas que están en el marco de nuestros programas, nos dimos cuenta que son los mismos que están con desnutrición, y los que mes a mes nos reportan que han recibido las canastas nutricionales. Volvemos al tema de la corresponsabilidad, los operadores son, la mayoría de La Guajira, de la región. Segundo, los padres de familia cuando saben que tienen un niño con desnutrición, muchas veces no dejan que llevemos al niño al centro de recuperación nutricional o al sistema de salud y entiendo tienen unos temas propios que tenemos que abordar, pero hay que trabajar de manera conjunta por hacer soluciones efectivas y de largo plazo. Aquí ni más faltaba vamos a quitar responsabilidades a las entidades del estado, tenemos que doblar los esfuerzos, asignar más presupuesto pero tal vez más supervisión a la ejecución de ese presupuesto.

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Otro tema clave para el país es el regreso a la presencialidad en los colegios. ¿Cuándo se dará este retorno a las guarderías a cargo del ICBF?

En noviembre del año pasado hicimos un piloto en seis departamentos y 11 municipios, para empezar a prepararnos para el retorno a la presencialidad en los servicios de la primera infancia. Por eso, desde enero, empezamos a abrir los centros del Instituto. A hoy ya son más de 5.700 unidades de servicio las que están abiertas. Estamos poniendo todo a la disposición para reabrir, pero también entendemos que hay mucha incertidumbre por parte de los padres de familia. Para comenzar a generar esa garantía se priorizó la vacunación de madres comunitarias, agentes educativos, y ya estamos finalizando las fases de vacunación del talento humano de la primera infancia. Llevamos más del 80 % vacunados. Tenemos unas limitaciones, no solo es la falta de confianza de los padres de familia, sino que también hay picos de contagio que han hecho que haya disposiciones municipales y departamentales que dicen no, pero seguimos trabajando para que el 100 % de los centros estén abiertos este año.

¿Cómo va el Pacto Colombia con las Juventudes?

Se trata de un compromiso del Gobierno por trabajar con, desde y para la juventud en la solución a esas propuestas que tienen los “pelados” para transformar a nuestro país. Nació el 8 de mayo después de una conversación con 40 jóvenes de distintas regiones con el presidente. Hemos tenido más de 367 mesas de diálogo en los 32 departamentos, más Bogotá. Hemos oído a cerca de 11.000 jóvenes de distintas corrientes y pensamientos. El pacto tiene tres fases: la primera de escucha; la segunda “parchar para construir”, que es donde empiezan a salir las soluciones, y la tercera es que estas mesas no pueden ser coyunturales, sino que de aquí hasta que termine el Gobierno debe hacerse veeduría del cumplimiento.

¿Cómo se ha dado el acercamiento con los jóvenes?

Se ha hecho de distintas maneras. Antes del 8 de mayo fuimos a Cali y logramos entrar a muchos de los puntos de bloqueo y desde ahí empezamos a construir un tema de articulación para abordar la escucha. Se abrió un espacio a través de la página web para que los jóvenes se presenten y puedan asistir. Las plataformas de juventudes, lideradas por el consejero presidencial, han sido claves. De todas estas voces se ha venido armando, y ellos también han propuesto por ejemplo la mesa de jóvenes sordos, la de víctimas del conflicto, diversidades.

¿Qué programas conforman el pacto?

Se han venido anunciando una serie de medidas como la matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas. En materia de empleo se presentó el subsidio del 25 % al salario de cualquier joven entre 18 y 28 años que un privado contrate. Está también el anuncio de “Jóvenes propietarios”. Desde el ICBF, los ministerios de Salud y del Interior hicieron una bolsa para construir una estrategia de salud mental en la prevención del suicidio y consumo de sustancias psicoactivas con una inversión inicial de más de $3.000 millones en ocho departamentos, que iniciará desde agosto. Y uno que creo que es histórico, que se va a dar con la elección de los consejos de juventud el 28 de noviembre en todo el país, donde van a participar más de 10 millones de jóvenes.

¿A qué jóvenes van dirigidos estos programas?

La juventud según nuestra ley va desde los 14 a los 28 años, son estrategias para la población joven. Obviamente el empleo, dado que necesitamos incentivar que los ‘pelados’ entre los 14 a 18 años terminen la educación básica y media, entonces el tema del empleo está focalizado en jóvenes entre 18 y 28 años. Pero hay muchas estrategias que incluyen a la población adolescente, como lo es el programa “Sacudete” que tiene un capítulo específico para la adolescencia, y la de salud mental va dirigida a toda la juventud.