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El desplazamiento forzado y el confinamiento son dos situaciones que atraviesan a diario miles de familias producto de la violencia que se vive en varias zonas del país. La Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe del trimestre julio, agosto y septiembre, que da cuenta de más de 15 mil personas víctimas de desplazamientos forzados y más de 10 mil víctimas de confinamientos.
En total, en el tercer trimestre del año, se presentaron 21 casos de desplazamientos masivos que afectaron a 15.644 personas en Colombia. Los departamentos donde más se ha presentado esta situación son: Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, departamentos donde hay un saldo de 5.266 familias afectadas. Entre las víctimas están ocho comunidades afro y cuatro indígenas.
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Esta situación es alarmante, teniendo en cuenta que las familias afectadas por el desplazamiento aumentaron un 213% respecto al mismo trimestre del año anterior, donde salieron afectadas 1.682 familias. En cuestión de personas desplazadas la cifra aumentó en un 107%.
Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en los primeros nueve meses del año 60.751 personas resultaron afectadas por desplazamiento forzado, de esas solo 10.185 personas regresaron a sus hogares.
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Por el lado de la situación de confinamiento la Defensoría reportó 10.065 personas afectadas, pertenecientes a 2.454 familias de 38 comunidades. Esto se ha presentado en 14 eventos en diez municipios, la mayoría ubicados en Chocó. Durante julio de este año el Pacífico colombiano seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada, por causas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.
“La Defensoría del Pueblo observó que la población desplazada en la región Pacífica del país, iba regresando a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras”, afirmó la institución.
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Las causas de estas dos problemáticas radican en las amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados ilegales, control territorial y social, enfrentamientos entre grupos armados ilegales organizados y combates entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.