“En cuatro años han muerto 287 niños wayuus por desnutrición en La Guajira”

Desde 2017, cuando emitió la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional viene haciéndole seguimiento a la situación de vulneración de derechos fundamentales en La Guajira que ha afectado de manera directa a los niños de la comunidad wayuu. La sentencia de la Corte tuvo su origen en una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de febrero de 2016, por Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, quien señalaba que el Estado no había acatado la solicitud hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que tomara “las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en el departamento de La Guajira”.

Al conocer la tutela, el alto tribunal emitió la sentencia en la que trazó una hoja de ruta con ocho objetivos claros para mejorar las condiciones de las comunidades y que incluían aspectos como aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria e incrementar la cobertura de los de seguridad alimentaria y mejorar las medidas en materia de atención a la salud. También hay temas de mejorar la movilidad, la información para que la comunidad pueda tomar decisiones y garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas de este pueblo indígena.

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Por ejemplo, respecto al tema del agua, la Corte les ordenó a los gobiernos locales dejar de resolver el problema enviando carro tanques a las comunidades y asegurarse de dar un acceso sostenible y suficiente. En cuanto a la alimentación, pidió a los gobiernos nacional, departamental y municipal mejorar la efectividad de proyectos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para una mayor y mejor cobertura, e instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a participar en ese cambio.

Para ejercer un control sobre lo establecido en la sentencia, la Corte pidió a la sociedad civil que hiciera seguimiento al cumplimiento de la misma. Fue por eso que el 23 de noviembre de 2018 se creó la veeduría ciudadana de verificación a la implementación de la sentencia, conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) / Programa por la paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), la Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Omaira Orduz Rodríguez, experta independiente y la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), las cuales cuentan con experiencia nacional e internacional en estos temas.

El Espectador habló con Ruth Chaparro, directora de la veeduría, para conocer cómo va la aplicación de esta sentencia y entender cómo afectó a la población wayuu la pandemia por el COVID-19 en cuanto al acceso al agua, el alimento y la salud.

¿Cómo han hecho el trabajo de seguimiento?

Estamos trabajando desde la sociedad civil cinco organizaciones con amplia trayectoria no solo en La Guajira, sino en Colombia y algunas en América Latina. Nos constituimos como una veeduría proactiva, nos interesa resolver esto y no tenemos ningún otro objetivo que el interés superior de proteger a los niños. Luchamos porque tengan al menos el registro civil, el agua y la alimentación. No queremos suplantar a las entidades de control, tampoco queremos suplantar a las organizaciones indígenas, porque ellos son sujetos procesales que tienen su propia voz y sus propios derechos. Pero tampoco queremos guardar silencio y no queremos solo señalar lo que está mal, sino también ayudar.

Lamentablemente lo que vemos es un comportamiento negligente. Un modelo que llamamos cultura institucional inoperante, donde no cumplen sus funciones. Nosotros pusimos 166 derechos de petición a las distintas entidades solicitándoles que nos informen cómo están implementando la sentencia de esos 166 derechos de petición, y el 91 % no contesta. Cuando revisamos también los informes de la Corte, de los tribunales o de la Procuraduría, ellos también se quejan de que las entidades no les contestan. Tenemos un sector público que no contesta la correspondencia. De ese 9 % que sí contesta, el 62 % contesta para decir que no le corresponde. Ha sido un trabajo duro.

¿Cuáles son las principales necesidades de los niños wayuus?

El mínimo vital es lo que se les ha negado de manera sistemática, y ahí hemos hecho un trabajo grande de recorrer el desierto, de hacer peso y talla, reportar niños, implementar programas de recuperación, de levantar información de calidad y demostrar que sí se puede. Hicieron 29 pozos de agua para dotar a las comunidades y nosotros fuimos a revisar, y solo funcionan cuatro. Acá hay un cuello de botella señalado por la Corte, y es que hay desarticulación en todos los niveles, es como una enfermedad, como una maldición, como un maleficio, que se le metió a este país. Donde se reúnen hacen mesas, recogen firmas y a eso le llaman articulación, y después se van y nada funciona.

También hay una desnutrición aguda y un subregistro gigante. Lo que dicen los wayuus es que si queremos saber cuántos son los muertos, toca recorrer los cementerios y hablar con las mamás, pero las instituciones dicen que no creen que esos niños existieron. Nosotros tenemos que desde el 28 de junio del año 2018, cuando salió la sentencia, para acá, han muerto 287 niños de hambre. Esas muertes son prevenibles, se hubieran podido evitar si se hubieran cumplido las órdenes de la sentencia, por eso nosotros decimos que los niños no están muriendo de desnutrición, están muriendo de negligencia. Se requiere un sistema de información, porque la exclusión empieza por el sistema de información. Para saber cuántos son y que eso no se quede solo en venir acá en elecciones.

La muerte por hambre es de las peores del mundo. Si a uno le dan un tiro, pues duele, pero es rápido. Cuando alguien lo condena a morir de hambre significa una muerte lenta, dolorosa, porque el hambre produce dolor produce sudor, produce temblor y produce rabia, pero hay un momento en que el dolor es tan intenso que supera lo soportable del dolor y entonces ya no duele. Los estamos condenando a morir de hambre, los estamos condenando a la pena de muerte, pero a una de las peores muertes. He visto niños como bolsas de agua y he visto niños que ya no tienen lágrimas. Yo pensaba que el derecho a llorar era inalienable, que jamás se lo podrían arrebatar a nadie, y a esos niños les quitamos hasta eso.

Y el PAE...

El PAE en La Guajira no tiene cobertura universal, es decir, todavía hay muchos niños que no están incluidos dentro de esto. Siempre hemos hablado de que La Guajira tiene que tener un enfoque étnico regional y diferencial. No es un desayuno reforzado, no es un refrigerio reforzado; en una zona de física hambre allí tendrían que dar un almuerzo responsable, es decir, una cosa que llene a la gente. Hemos dicho que tienen que repensar y diferenciar los programas. Tal vez hay regiones que no requieren eso y pueden darles desayuno reforzado, pero en una zona como esta tienen que hacerlo mejor. Simultáneamente con esta PAE, también tiene que generar procesos de seguridad alimentaria, donde la gente vuelva a sembrar, vuelva a criar a los chivos y no dependa del asistencialismo.

Valoramos en la cobertura que se hace porque lo que nos han dicho es que agradezcan antes, pues claro que tenemos que agradecer, porque en medio de la miseria cualquier pan es una maravilla. De verdad usted tiene que bendecir y agradecer ese pan, pero eso no le impide reconocer que es insuficiente, que es inadecuado, que es insostenible y que las personas deben acceder a sus derechos sin relaciones de subordinación, teniendo siempre dignidad, y que para eso no necesita meterles la mano los partidos políticos que eso se puede hacer con un nivel técnico.

¿Cómo se vio afectado esto con la pandemia?

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Nosotros hicimos al comienzo de la pandemia un llamado de acción urgente, que es una figura internacional donde distintos organismos nacionales e internacionales hacen llamados a las entidades responsables para que tomen medidas urgentes de protección. Lo que nos dice la comunidad internacional es que el Gobierno no contestó. A nosotros nos dijeron en un momento dado que habían mandado mercados con cobertura universal, pero nosotros tenemos trabajos en la zona y a muchísimas comunidades nunca les llegaron y a otras les llegó un mercado, pero siempre es insuficiente por el número de personas que viven acá.

Esta gente vive de la venta de mochilas y en muchos casos dependen de la venta de una para comprar la libra de arroz de cada día. Cuando no pudieron salir no hubo para la libra de arroz. Algunos vendían pescado y algunos trabajaban en rutas turísticas, pues todo eso se fue abajo. En algunos casos en pueblos wayuus hay un 97 % de analfabetismo y monolingüismo. La Guajira es una región próspera con energía eólica, con carbón, con petróleo, con sal, con turismo, La Guajira no es pobre. Y los wayuus no son pobres, los hemos empobrecido con estas prácticas racistas excluyentes y depredadoras.

Desde 2017, cuando emitió la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional viene haciéndole seguimiento a la situación de vulneración de derechos fundamentales en La Guajira que ha afectado de manera directa a los niños de la comunidad wayuu. La sentencia de la Corte tuvo su origen en una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de febrero de 2016, por Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, quien señalaba que el Estado no había acatado la solicitud hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que tomara “las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en el departamento de La Guajira”.

Al conocer la tutela, el alto tribunal emitió la sentencia en la que trazó una hoja de ruta con ocho objetivos claros para mejorar las condiciones de las comunidades y que incluían aspectos como aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria e incrementar la cobertura de los de seguridad alimentaria y mejorar las medidas en materia de atención a la salud. También hay temas de mejorar la movilidad, la información para que la comunidad pueda tomar decisiones y garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas de este pueblo indígena.

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Por ejemplo, respecto al tema del agua, la Corte les ordenó a los gobiernos locales dejar de resolver el problema enviando carro tanques a las comunidades y asegurarse de dar un acceso sostenible y suficiente. En cuanto a la alimentación, pidió a los gobiernos nacional, departamental y municipal mejorar la efectividad de proyectos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para una mayor y mejor cobertura, e instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a participar en ese cambio.

Para ejercer un control sobre lo establecido en la sentencia, la Corte pidió a la sociedad civil que hiciera seguimiento al cumplimiento de la misma. Fue por eso que el 23 de noviembre de 2018 se creó la veeduría ciudadana de verificación a la implementación de la sentencia, conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) / Programa por la paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), la Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Omaira Orduz Rodríguez, experta independiente y la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), las cuales cuentan con experiencia nacional e internacional en estos temas.

El Espectador habló con Ruth Chaparro, directora de la veeduría, para conocer cómo va la aplicación de esta sentencia y entender cómo afectó a la población wayuu la pandemia por el COVID-19 en cuanto al acceso al agua, el alimento y la salud.

¿Cómo han hecho el trabajo de seguimiento?

Estamos trabajando desde la sociedad civil cinco organizaciones con amplia trayectoria no solo en La Guajira, sino en Colombia y algunas en América Latina. Nos constituimos como una veeduría proactiva, nos interesa resolver esto y no tenemos ningún otro objetivo que el interés superior de proteger a los niños. Luchamos porque tengan al menos el registro civil, el agua y la alimentación. No queremos suplantar a las entidades de control, tampoco queremos suplantar a las organizaciones indígenas, porque ellos son sujetos procesales que tienen su propia voz y sus propios derechos. Pero tampoco queremos guardar silencio y no queremos solo señalar lo que está mal, sino también ayudar.

Lamentablemente lo que vemos es un comportamiento negligente. Un modelo que llamamos cultura institucional inoperante, donde no cumplen sus funciones. Nosotros pusimos 166 derechos de petición a las distintas entidades solicitándoles que nos informen cómo están implementando la sentencia de esos 166 derechos de petición, y el 91 % no contesta. Cuando revisamos también los informes de la Corte, de los tribunales o de la Procuraduría, ellos también se quejan de que las entidades no les contestan. Tenemos un sector público que no contesta la correspondencia. De ese 9 % que sí contesta, el 62 % contesta para decir que no le corresponde. Ha sido un trabajo duro.

¿Cuáles son las principales necesidades de los niños wayuus?

El mínimo vital es lo que se les ha negado de manera sistemática, y ahí hemos hecho un trabajo grande de recorrer el desierto, de hacer peso y talla, reportar niños, implementar programas de recuperación, de levantar información de calidad y demostrar que sí se puede. Hicieron 29 pozos de agua para dotar a las comunidades y nosotros fuimos a revisar, y solo funcionan cuatro. Acá hay un cuello de botella señalado por la Corte, y es que hay desarticulación en todos los niveles, es como una enfermedad, como una maldición, como un maleficio, que se le metió a este país. Donde se reúnen hacen mesas, recogen firmas y a eso le llaman articulación, y después se van y nada funciona.

También hay una desnutrición aguda y un subregistro gigante. Lo que dicen los wayuus es que si queremos saber cuántos son los muertos, toca recorrer los cementerios y hablar con las mamás, pero las instituciones dicen que no creen que esos niños existieron. Nosotros tenemos que desde el 28 de junio del año 2018, cuando salió la sentencia, para acá, han muerto 287 niños de hambre. Esas muertes son prevenibles, se hubieran podido evitar si se hubieran cumplido las órdenes de la sentencia, por eso nosotros decimos que los niños no están muriendo de desnutrición, están muriendo de negligencia. Se requiere un sistema de información, porque la exclusión empieza por el sistema de información. Para saber cuántos son y que eso no se quede solo en venir acá en elecciones.

La muerte por hambre es de las peores del mundo. Si a uno le dan un tiro, pues duele, pero es rápido. Cuando alguien lo condena a morir de hambre significa una muerte lenta, dolorosa, porque el hambre produce dolor produce sudor, produce temblor y produce rabia, pero hay un momento en que el dolor es tan intenso que supera lo soportable del dolor y entonces ya no duele. Los estamos condenando a morir de hambre, los estamos condenando a la pena de muerte, pero a una de las peores muertes. He visto niños como bolsas de agua y he visto niños que ya no tienen lágrimas. Yo pensaba que el derecho a llorar era inalienable, que jamás se lo podrían arrebatar a nadie, y a esos niños les quitamos hasta eso.

Y el PAE...

El PAE en La Guajira no tiene cobertura universal, es decir, todavía hay muchos niños que no están incluidos dentro de esto. Siempre hemos hablado de que La Guajira tiene que tener un enfoque étnico regional y diferencial. No es un desayuno reforzado, no es un refrigerio reforzado; en una zona de física hambre allí tendrían que dar un almuerzo responsable, es decir, una cosa que llene a la gente. Hemos dicho que tienen que repensar y diferenciar los programas. Tal vez hay regiones que no requieren eso y pueden darles desayuno reforzado, pero en una zona como esta tienen que hacerlo mejor. Simultáneamente con esta PAE, también tiene que generar procesos de seguridad alimentaria, donde la gente vuelva a sembrar, vuelva a criar a los chivos y no dependa del asistencialismo.

Valoramos en la cobertura que se hace porque lo que nos han dicho es que agradezcan antes, pues claro que tenemos que agradecer, porque en medio de la miseria cualquier pan es una maravilla. De verdad usted tiene que bendecir y agradecer ese pan, pero eso no le impide reconocer que es insuficiente, que es inadecuado, que es insostenible y que las personas deben acceder a sus derechos sin relaciones de subordinación, teniendo siempre dignidad, y que para eso no necesita meterles la mano los partidos políticos que eso se puede hacer con un nivel técnico.

¿Cómo se vio afectado esto con la pandemia?

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Nosotros hicimos al comienzo de la pandemia un llamado de acción urgente, que es una figura internacional donde distintos organismos nacionales e internacionales hacen llamados a las entidades responsables para que tomen medidas urgentes de protección. Lo que nos dice la comunidad internacional es que el Gobierno no contestó. A nosotros nos dijeron en un momento dado que habían mandado mercados con cobertura universal, pero nosotros tenemos trabajos en la zona y a muchísimas comunidades nunca les llegaron y a otras les llegó un mercado, pero siempre es insuficiente por el número de personas que viven acá.

Esta gente vive de la venta de mochilas y en muchos casos dependen de la venta de una para comprar la libra de arroz de cada día. Cuando no pudieron salir no hubo para la libra de arroz. Algunos vendían pescado y algunos trabajaban en rutas turísticas, pues todo eso se fue abajo. En algunos casos en pueblos wayuus hay un 97 % de analfabetismo y monolingüismo. La Guajira es una región próspera con energía eólica, con carbón, con petróleo, con sal, con turismo, La Guajira no es pobre. Y los wayuus no son pobres, los hemos empobrecido con estas prácticas racistas excluyentes y depredadoras.