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Junto al océano Pacífico se observa una extensa vegetación que se divide a medida que los ríos la atraviesan. En las riberas se alzan pequeñas construcciones y poblados de áreas rurales con accesos difíciles. La imagen se repite en Timbiquí, López de Micay y Guapi, los tres municipios que forman parte de la subregión de la Costa Pacífica del Cauca y en los que habitan cerca de 73.827 personas, que representan aproximadamente el 5 % de la población caucana y que son, en su mayoría, pertenecientes a grupos étnicos. Se conectan por manglares, esteros, trochas y ríos. No hay carreteras, y por eso no se comunican directamente con Popayán, la capital del departamento, pero sí con Buenaventura (Valle del Cauca) por vía marítima. Por eso el transporte fluvial es el más usado, aunque la cabecera de Guapi cuenta con un aeropuerto. En los tres el factor común es la sensación de abandono.
López de Micay, por ejemplo, es el municipio del departamento con mayor Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), con un 81,2 %, y al mismo tiempo es el de menor porcentaje de cobertura de energía (36,15 %) y acueducto (11,62 %). En Timbiquí el IPM es de entre el 50 y 75 %, y es el municipio con mayor índice de miseria en hogares, con un 13,66 %. Finalmente, en Guapi el IPM está entre el 50 y 75 % y se lleva el primer lugar en cuanto a necesidades básicas insatisfechas del Cauca, con 67,45 %, según datos del DANE.
El territorio limita al norte con el Valle del Cauca y al sur con Nariño, una posición geográfica que, sumada al abandono del Estado y a la predominancia de economías ilegales, lo hacen relevante para los grupos armados. Se trata de una región en la que históricamente hubo control por parte de las Farc, por lo que la dejación de armas y el proceso de paz que derivó en la salida de la guerrilla de la zona despertó en su momento la esperanza de un cambio drástico para el territorio. De hecho, la comunidad respaldó ampliamente el plebiscito por la paz, con el que se buscaba refrendar los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla durante la mesa de negociación: en los tres municipios ganó el Sí con el 93 y 94 % de los votos, según la Registraduría. “Con la firma del Acuerdo de Paz se creó una expectativa de calma y paz en los territorios, pero cuando se vio que la implementación no llegó como debería, los grupos armados ilegales empezaron unas disputas internas y con los grupos legales. En medio de esto queda la población civil”, cuenta Luisa Vásquez, miembro de la Regional Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca).
La comunidad siente que el riesgo actual es mayor por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública, representada por el Batallón 42 de Infantería de Marina, el Eln (con mayor presencia en Timbiquí y Guapi) y los grupos de disidencia de las Farc, especialmente del frente 30 y la columna móvil Jaime Martínez, que se disputan los corredores de movilidad para el tráfico de combustible y controlar la salida de droga por el océano Pacífico. Un panorama al que se suma, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, la “incursión aparente de los carteles mexicanos, quienes estarían brindando apoyo financiero tanto a las facciones disidentes como a grupos organizados al servicio del narcotráfico, respaldo que fortalece a los actores armados locales para establecer controles y fronteras en sus zonas de operación”. La comunidad dice que por eso es normal ver personas armadas en el territorio que no se identifican con algún grupo criminal organizado, sino que están al pendiente de las movidas del narcotráfico.
La reestructuración del conflicto ha aumentado la vulnerabilidad de la comunidad, que ha visto restringida su autonomía para actividades agrícolas y pesqueras, y que cada vez está más expuesta a hechos de violencia y a situaciones de riesgo como el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales. “Antes ver a un niño con un arma era algo que sorprendía, ahora lo raro es ver gente vieja en las filas, son puros jóvenes. Esto es alarmante, lo peor es que se los llevan hoy y a los 15 días tienen un arma, no sabemos en qué momento los prepararon, ¿en qué momento pasa todo esto? Y si los muchachos se fugan, terminan mal. Toda esa dinámica es producto de la incapacidad del Estado para generar desarrollo, hay que darles posibilidades a los jóvenes dentro del territorio”, expresa Felipe Cuero, oficial de jóvenes de Cococauca.
Otro elemento que ha incidido en el reclutamiento es la desescolarización que hubo en las escuelas a raíz del cierre provocado por la pandemia del COVID-19. Esos vacíos fueron aprovechados por las disidencias de las Farc para dar clases y adoctrinar a los jóvenes, según denuncias de la comunidad que también ha insistido en que la estigmatización por parte de algunos sectores ha empeorado la situación. “Hay una responsabilidad de la Fuerza Pública que produce la estigmatización de que todos los jóvenes son guerrilleros y están inmersos allí. Eso genera un odio que los termina por empujar a las filas”, añade Cuero.
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La consolidación de las economías ilícitas también se ha convertido en un elemento clave a la hora de entender lo que pasa en el territorio. La comunidad cuenta que antes los cultivos y lugares de procesamiento de la hoja de coca se encontraban dentro de los territorios, pero que ahora adornan las laderas de los ríos. De acuerdo con la Unodc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), entre 2015 y 2019 hubo un aumento considerable de hectáreas cultivadas con coca en la subregión, aunque en 2020 la tendencia mostró un leve cambio y una reducción del 5 % en el departamento: “En la zona Pacífica Cauca (hay) una tendencia con mayor inclinación a la reducción y en la zona montañosa mayores focos de concentración con tendencia al incremento”.
Orlando Pantoja, miembro de Cococauca, insiste en que la coca nunca ha sido parte de las comunidades del Pacífico, sino que “es parte de ese abandono estatal, porque la gente encontró una alternativa de generación de ingresos económicos. Para ellos sacar su producción lícita para venderla era un problema por la navegación y los riesgos. Mientras que con la coca eso es muy sencillo, para sembrarla les dan apoyo, la cosecha está garantizada. Entonces es un cultivo que le brinda condiciones a la gente, lamentablemente eso obedece a un tema de abandono. La coca se está estableciendo y cada vez es mayor, el incremento es alto y crece de manera significativa”.
Al problema del narcotráfico habría que agregarle también el de la minería ilegal, otra de las razones por las que la zona es atractiva para los grupos armados ilegales. “En Timbiquí y Guapi la minería de oro sustenta a comunidades enteras. Los grupos armados se involucran indirectamente en la minería, obligando a los forasteros dueños de la maquinaria empleada para extraer oro a pagar por dinero o protección”, explica la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana. Un problema que no solo afecta a las comunidades respecto a las disputas en la región, sino que también tiene un impacto ambiental, ya que emplean mercurio y cianuro para fijar el oro y facilitar su extracción. Si bien es un fenómeno que se ha dado en los tres municipios de la Costa Pacífica caucana, el más afectado ha sido Timbiquí. “Allí hubo una catástrofe ambiental, el río y las playas fueron contaminadas, que hasta la fecha no han vuelto a la claridad que tenían y el agua se mantiene turbia. La minería no solo afecta los cuerpos de agua y los suelos, también rompe la dinámica social de las comunidades”, narra Cuero.
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De acuerdo con Isel Micolta, profesional de apoyo de la Secretaría de la Mujer del Caucan en los municipios de la Costa Pacífica, en medio del convulso panorama, hay una preocupación puntual en la forma en la que el conflicto armado ha y está afectando a las mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta que “hay una instrumentalización del cuerpo de la mujer como botín de guerra. Incluso en retaliaciones hacia los hombres por salirse del grupo armado, termina siendo la mujer en la que recaen las consecuencias. Muchas siguen siendo violentadas sexualmente y esclavizadas para servirles a los grupos armados. Allí se les vulneran sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos, y la dignidad de la mujer”, expresa Isel Micolta.
Desde muchos sectores han insistido en que urge una intervención integral en el territorio que parte de la necesidad de entender las particularidades no solo de la zona, sino también de su población, que en su mayoría se reconoce como afrocolombiana y que ha logrado articularse a través de los consejos comunitarios y de la búsqueda por preservar las prácticas ancestrales y culturales. Eso sin dejar de lado otro porcentaje de la población que es parte de comunidades indígenas. “Nos reconocemos como grupo étnico y por eso tenemos unas características físicas, como el tipo de la productividad ancestral que no es igual a la de otros territorios. Hay que reconocer esas condiciones y cómo desde ellas podemos construir paz, que sean mediadoras y permitan establecer diálogos comunitarios”, afirma Mercy Dayana Campaz, integrante de la Fundación Chiyangua, perteneciente a la Red Matamba y Guasá.
En medio del ejercicio comunitario los líderes sociales son los que quedan más expuestos a recibir retaliaciones por parte de los grupos al margen de la ley por el trabajo que realizan. “Nosotros amamos nuestros territorios y por eso nos quedamos, es una forma de resistir. Resistir implica poner en peligro la vida, porque no obedecemos a lo que los actores armados pretenden imponer, y ante el abandono del Estado tomamos la batuta para visibilizarnos. Alzamos la voz para decir que no queremos esto. Queremos la paz”, asegura Laura Grueso, perteneciente a Cococauca.
Una de las estrategias que emplearon para resistir a la reconfiguración del conflicto armado fue la Caravana Fluvial Humanitaria por la Vida y la Paz, que en abril de este año recorrió toda la Costa Pacífica del Cauca. Fue una iniciativa conjunta de la Mesa Étnica Territorial de Paz (METP), el Vicariato Apostólico de Guapi y Cococauca, de la que participaron numerosas organizaciones sociales. “Suscitó mucho miedo, pero hoy esa experiencia ha quedado en la memoria de la gente como de apropiación territorial, de decirles a los actores armados que este territorio es nuestro. Lo vamos a defender con estrategias pacifistas”, dice Mirna Rosa Herrera, representante legal de la Asociación Apoyo a la Mujer de la Matamba y Guasá, en Timbiquí.
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La articulación no solo la realizan en el interior de las comunidades, sino que buscan el apoyo y respaldo de organizaciones de cooperación internacional. Recientemente, por ejemplo, se realizó una Misión de Observación Humanitaria en el Cauca para conocer la situación en el departamento en una iniciativa convocada por el Espacio de Cooperación para la Paz, Plataforma de ONG suizas y Diakonia Suecia, con el respaldo de las embajadas de Suecia, Alemania y Canadá.
“Es un panorama político muy complejo, con niveles de violencia social muy fuertes. Hacia el Pacífico ha habido una práctica de racismo estructural, no es gratuito que esto pase aquí. Es un territorio muy rico y biodiverso, pero la institucionalidad del Estado colombiano no ha estado presente para proteger a la población y ayudar a mejorar las condiciones de vida. El hecho de que la respuesta del Estado en muchos casos sea militarizar y no generar políticas públicas y sociales concertadas con la población, hace que el panorama sea triste en términos del ejercicio de construcción de futuro y paz que quieren ellos y ellas”, sostiene Ana Milena González, directora de país de Fokus en Colombia, perteneciente al Espacio de Cooperación para la Paz de la Organización de la Sociedad Civil Internacional que trabajan por la paz.
Como resultado de la misión saldrá un informe en septiembre, que será presentado ante instancias del Estado colombiano locales y nacionales, a las organizaciones sociales del Cauca, redes de sociedad civil internacional y cuerpo diplomático. También se buscarán acciones de solidaridad con las organizaciones que trabajan por la construcción de paz y el cuidado de la vida en el territorio.