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A más de un año de la ruptura del dique que contenía las aguas del río Cauca en el sector de Cara de Gato (San Jacinto del Cauca, Bolívar), la subregión de La Mojana continúa en vilo ante el inicio de la segunda temporada de lluvias. Aunque esta zona, compuesta por 11 municipios de cuatro departamentos, se ha caracterizado históricamente por los pulsos de inundación provenientes de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, sus pobladores coinciden en que es la crisis humanitaria más grande que han vivido.
De poco han servido los más de $30 mil millones que se invirtieron en las obras de reconstrucción. Según explicó Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien visitó La Mojana el pasado 7 de septiembre, solamente han avanzado 400 metros de 2,2 kilómetros que se requieren, es decir que falta más del 80% para terminar. Mientras tanto, la cifra de damnificados asciende los 100 mil.
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En entrevista con El Espectador, el funcionario dejó claro que no piensan continuar con el mismo plan del gobierno pasado y que, por el contrario, buscarán alternativas basadas en la naturaleza, así como en la reubicación de familias afectadas.
¿Cuál es su diagnóstico de La Mojana, después de visitar las obras de reconstrucción?
Estuve haciendo el recorrido, reunión con los ingenieros, con los veedores y con la comunidad, y luego de conocer las obras en detalle y su ejecución. Lo que me dice el contratista y el interventor es que, para terminar la obra, se requeriría el mismo presupuesto que ya se invirtió, o sea $30 mil millones adicionales. Su ejecución la plantean en seis meses, con la incertidumbre de que se pueda alargar por la temporada de lluvias y la influencia del fenómeno de La Niña. A fin de cuentas, persiste la posibilidad de que los recursos también se pierdan.
Esas circunstancias permiten ver que la obra, tal como está, no es la que se requiere, no es funcional y no va a solucionar el problema. El proceso constructivo depende de que el nivel del río baje y eso no va a suceder. No queremos que suceda lo que ocurrió en el pasado; tampoco podemos continuar con una obra que pierde recursos.
¿Qué opciones de intervención ha planteado desde la Ungrd, tras la suspensión de las obras?
Como sabemos que esto no lo resuelve el tema del cierre del boquete, tenemos que buscar otras alternativas. Escuchamos a la comunidad, que tiene una serie de propuestas para el tema del boquete, como cambiar el sentido del dique hacia la zona seca. La vamos a revisar con un equipo de expertos, pero lo cierto es que ninguna de las iniciativas podría terminarse antes de los seis meses, y todas con una incertidumbre por los niveles del río y el aumento de sedimentos.
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Incluso, muchos me han planteado que las obras no se ejecuten ahora, sino que esperemos a que bajen los niveles en el mes de noviembre-diciembre.
El otro camino es continuar con el Canal de la Esperanza, una obra que la gente recibió y pidió mucho tiempo, ya que esto permite que el nivel del río baje y que se desvíe hacia la otra margen para que no sigan incrementando las inundaciones. La unidad contrató unas máquinas para llevarlo a cabo y tiene un ancho de 35 metros. El canal está prácticamente terminado, pero hay unas discusiones sobre la profundidad que se le van a comunicar al contratista.
La ampliación del canal no funcionaría porque el aporte de sedimentos es altísimo, entonces mientras estamos removiendo un metro cúbico de sedimento, están llegando otros 100 metros cúbicos.
Algunos habitantes y gremios de la región se resisten a soluciones basadas en la reubicación, ¿qué les diría?
No podemos seguir con el engaño. A la comunidad le han dicho que el problema es el cierre de Cara de Gato y que eso va a acabar la inundación. Eso no es cierto. Por un lado, lo que yo vi es que el cierre de ese boquete se tardaría seis meses con cualquiera de las medidas; no porque haya falta de voluntad, sino porque vamos a tener lluvias intensas en todo el país.
Al no poder cerrarse en seis meses, va a seguir afectada la comunidad que lleva más de un año con las inundaciones. Eso nos lleva a que tengamos que tomar decisiones. Por ello, esta semana no vamos a ir a las obras, sino a las zonas afectadas. Vamos a colocar un Puesto de Mando Unificado (PMU) con todos los alcaldes y plantearemos un plan de acción y de intervención.
La primera acción es garantizar las ayudas humanitarias para mitigar el problema de seguridad alimentaria. Por otro lado, en el sobrevuelo que hicimos vimos terrenos dentro de la misma Mojana, que están secos con vacas. No todo está bajo el agua, por lo que surge la posibilidad de relocalizar a algunas poblaciones en zonas secas, donde puedan llevar a cabo sus proyectos productivos.
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Hay unos terrenos que son de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), otros son baldíos, y vamos a revisarlos para brindar terrenos, porque no pueden seguir con este nivel de afectación. Eso necesita un programa de reasentamiento que estamos estructurando y que será un pacto entre los grandes propietarios, los habitantes y las diferentes entidades gubernamentales.
En las últimas semanas, agricultores y ganaderos han denunciado irregularidades en el pago de los subsidios establecidos en la Resolución 0714 del 22 de julio de 2022, ¿está al tanto de esta situación?
Cuando yo ingreso a la entidad, la primera denuncia que había era la de pagos inferiores de incentivos e incumplimientos. Lo que hice fue suspender en muchos casos la entrega de esos subsidios, para que se aclarara la situación. Hay problemas y denuncias serias de cómo se levantó el censo de los damnificados, y hay implicaciones para la unidad y para las alcaldías. Eso tiene que aclararse y ya tenemos personas revisando el tema.
