“En Tolima no se puede hablar de educación virtual”: secretario de Educación

La Contraloría advirtió el 29 de enero que Tolima solo había contratado Plan de Alimentación Escolar (PAE) en 2021 para el 17% de los estudiantes que tenían registrados en el 2020. Sin embargo, desde la Alcaldía afirman que hicieron una contratación inicial para los estudiantes priorizados, usando recursos del año anterior, y que están finalizando la licitación para la totalidad del programa. En conversación con El Espectador, el secretario de Educación del departamento, Julián Gómez, explicó que, hasta el momento, registran 5.000 estudiantes menos que el año pasado y que esperan que estos se matriculen en las próximas semanas. Asimismo, dijo que no se puede hablar de virtualidad en el departamento, sino de educación a distancia.

En una encuesta realizada a mediados de 2020, identificaron que el 36% de los estudiantes no tienen acceso a internet. Solo el 10% tiene internet en casa, un 5.54% cuenta con un modem y la mayoría de los estudiantes que notificaron que sí contaban con internet, acceden por medio de recargas (39.20%) y planes de datos (8.32%). Además, el 17% no cuenta con ningún dispositivo electrónico, el 64% tiene celular, el 5% tiene computador y el 4% tiene portátil. De hecho, el 1.49% de los estudiantes no tienen energía y el 5.40% tiene fluido eléctrico en algunos momentos.

¿Cuántos estudiantes tenían en 2020 y cuántos tienen en 2021?

Para octubre de 2020, teníamos matriculados 148.000 niños y niñas en el departamento; el último consolidado refleja que tenemos 143.000, una diferencia de 5.000.

Según un comunicado emitido por la Contraloría (el 29 de enero), Tolima este año solo contrató el 17% del PAE respecto a 2020. ¿Esto a qué se debe?

Hay una desinformación. Afirmaron que nosotros no entregamos desde el primer día. Nosotros sí lo hicimos, pero el Ministerio de Educación nos entregó una priorización, con los recursos que teníamos del año pasado entregamos la alimentación a los estudiantes de jornada única y de comunidades indígenas. En los próximos días terminamos el proceso licitatorio para entregar a los 77.000 niños que hacen falta.

Leer: “El PAE no es un regalo, es un derecho”: Contraloría

Aún así, hay 5.000 que no están matriculados aún ¿Cuál es su hipótesis frente al tema?

Es un comportamiento relativamente normal, el Ministerio amplió los plazos para terminar el año anterior y por eso es la demora, algunos padres esperan hasta el último día para matricular. Además, por las cosechas los niños van cambiando de lugar de matricula. Esperamos que a principios de marzo se hayan matriculado los que hacen falta. Nosotros iniciamos el proceso desde noviembre de 2020 para evitar la deserción escolar. Sí se ha presentado este fenómeno, pero no como nosotros creíamos, esperamos tener el consolidado al final del próximo mes.

¿Cómo se han desarrollado las clases en el departamento?

Logramos sacar adelante el calendario escolar. En nuestro departamento no hay virtualidad, se habla de trabajo en casa porque el tema de conectividad es complicado. Tolima es un territorio disperso, muchos niños en zonas rurales no tienen, ni siquiera, acceso a telefonía. A diez minutos de la capital está El Espinal y allí hay zonas sin este servicio. Aún así, hicimos todo lo posible para llevar las guías a las casas y que los niños siguieran estudiando.

Este año hemos venido haciendo entrega de 24.500 tarjetas SIM, priorizando a los estudiantes de grado décimo y once, pues ellos se están preparando para el Icfes. También venimos trabajando con las regalías para entregar tabletas y computadores.

¿Cuántos estudiantes tienen acceso a internet en el departamento?

Esa información se encuentra en una encuesta de conectividad que hicimos el año anterior. Se estima que un 36% no tiene ningún tipo de acceso a internet. Por eso nunca hablamos de virtualidad, sino de trabajo en casa.

¿Han avanzado en el modelo de alternancia?

En octubre de 2020 creamos el comité de alternancia, en noviembre ya estaba el plan departamental de alternancia. Los profesores, directivos y padres han sido renuentes al modelo. Iniciando el calendario escolar arrancaban varias instituciones, pero en enero hubo un pico de contagios de COVID-19, entramos en confinamiento, el 100% de las camas UCI estaban ocupadas y eso dificultó el proceso.

Una vez terminó el pico, arrancamos el trabajo. Hoy 44 instituciones avanzan en los protocolos y dos del sector público ya están aprobadas, en el privado hay 12 en proceso de verificación de protocolos. Proyectamos que los 46 municipios no certificados (el único certificado es Ibagué) que administramos, iniciarán la segunda semana de marzo con alternancia.

El lunes (22 de febrero) tuvimos visita de la viceministra y se hará una modificación por parte de esta cartera, para revisar los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para poder entregar dinero a las instituciones para adecuaciones en infraestructura. El año pasado, con los recursos que nos entregaron, compramos más de 3.800 lavamanos, tapetes de desinfección y termómetros digitales.

Los profesores tuvieron que intensificar su trabajo. Primero, determinar cuántos de sus estudiantes contaban con herramientas tecnológicas, de ahí montaron sus clases por redes sociales, por mensajes de WhatsApp y, para las personas que no tenían ningún tipo de acceso, solo guías.

¿Cuáles son las dificultades que tienen para iniciar con el modelo?

Para ingresar, la principal dificultad es que muchos de nuestros docentes son mayores de 70 años y muchos otros tienen comorbilidades. Asimismo, los padres tienen temor de enviar los niños a clases. Estamos en el proceso de explicarle a la población la importancia de volver, para el aprendizaje y la salud mental; también mostrando los protocolos de bioseguridad que se van a manejar.

Por otro lodo, tenemos problemas en infraestructura, por ejemplo, las baterías sanitarias. Tenemos un proyecto de más de $4.400 millones para avanzar en el mejoramiento y adecuación de 36 baterías sanitarias, estamos solicitando recursos. Hemos centrado nuestros esfuerzos en infraestructura, herramientas tecnológicas y apoyos a la educación superior. Este último punto beneficia a todos los estudiantes de estratos 1 y 2 para que, quienes están en instituciones publicas, puedan hacerlo de manera gratuita. Solo en la Universidad del Tolima, se invertirán $13.000 millones por año y tenemos un convenio con universidades privadas por cerca de $1.500 millones por semestre para aportarle a jóvenes que lo necesiten. También tenemos una licitación para ampliar zonas WiFi y centros digitales.

La Contraloría advirtió el 29 de enero que Tolima solo había contratado Plan de Alimentación Escolar (PAE) en 2021 para el 17% de los estudiantes que tenían registrados en el 2020. Sin embargo, desde la Alcaldía afirman que hicieron una contratación inicial para los estudiantes priorizados, usando recursos del año anterior, y que están finalizando la licitación para la totalidad del programa. En conversación con El Espectador, el secretario de Educación del departamento, Julián Gómez, explicó que, hasta el momento, registran 5.000 estudiantes menos que el año pasado y que esperan que estos se matriculen en las próximas semanas. Asimismo, dijo que no se puede hablar de virtualidad en el departamento, sino de educación a distancia.

En una encuesta realizada a mediados de 2020, identificaron que el 36% de los estudiantes no tienen acceso a internet. Solo el 10% tiene internet en casa, un 5.54% cuenta con un modem y la mayoría de los estudiantes que notificaron que sí contaban con internet, acceden por medio de recargas (39.20%) y planes de datos (8.32%). Además, el 17% no cuenta con ningún dispositivo electrónico, el 64% tiene celular, el 5% tiene computador y el 4% tiene portátil. De hecho, el 1.49% de los estudiantes no tienen energía y el 5.40% tiene fluido eléctrico en algunos momentos.

¿Cuántos estudiantes tenían en 2020 y cuántos tienen en 2021?

Para octubre de 2020, teníamos matriculados 148.000 niños y niñas en el departamento; el último consolidado refleja que tenemos 143.000, una diferencia de 5.000.

Según un comunicado emitido por la Contraloría (el 29 de enero), Tolima este año solo contrató el 17% del PAE respecto a 2020. ¿Esto a qué se debe?

Hay una desinformación. Afirmaron que nosotros no entregamos desde el primer día. Nosotros sí lo hicimos, pero el Ministerio de Educación nos entregó una priorización, con los recursos que teníamos del año pasado entregamos la alimentación a los estudiantes de jornada única y de comunidades indígenas. En los próximos días terminamos el proceso licitatorio para entregar a los 77.000 niños que hacen falta.

Leer: “El PAE no es un regalo, es un derecho”: Contraloría

Aún así, hay 5.000 que no están matriculados aún ¿Cuál es su hipótesis frente al tema?

Es un comportamiento relativamente normal, el Ministerio amplió los plazos para terminar el año anterior y por eso es la demora, algunos padres esperan hasta el último día para matricular. Además, por las cosechas los niños van cambiando de lugar de matricula. Esperamos que a principios de marzo se hayan matriculado los que hacen falta. Nosotros iniciamos el proceso desde noviembre de 2020 para evitar la deserción escolar. Sí se ha presentado este fenómeno, pero no como nosotros creíamos, esperamos tener el consolidado al final del próximo mes.

¿Cómo se han desarrollado las clases en el departamento?

Logramos sacar adelante el calendario escolar. En nuestro departamento no hay virtualidad, se habla de trabajo en casa porque el tema de conectividad es complicado. Tolima es un territorio disperso, muchos niños en zonas rurales no tienen, ni siquiera, acceso a telefonía. A diez minutos de la capital está El Espinal y allí hay zonas sin este servicio. Aún así, hicimos todo lo posible para llevar las guías a las casas y que los niños siguieran estudiando.

Este año hemos venido haciendo entrega de 24.500 tarjetas SIM, priorizando a los estudiantes de grado décimo y once, pues ellos se están preparando para el Icfes. También venimos trabajando con las regalías para entregar tabletas y computadores.

¿Cuántos estudiantes tienen acceso a internet en el departamento?

Esa información se encuentra en una encuesta de conectividad que hicimos el año anterior. Se estima que un 36% no tiene ningún tipo de acceso a internet. Por eso nunca hablamos de virtualidad, sino de trabajo en casa.

¿Han avanzado en el modelo de alternancia?

En octubre de 2020 creamos el comité de alternancia, en noviembre ya estaba el plan departamental de alternancia. Los profesores, directivos y padres han sido renuentes al modelo. Iniciando el calendario escolar arrancaban varias instituciones, pero en enero hubo un pico de contagios de COVID-19, entramos en confinamiento, el 100% de las camas UCI estaban ocupadas y eso dificultó el proceso.

Una vez terminó el pico, arrancamos el trabajo. Hoy 44 instituciones avanzan en los protocolos y dos del sector público ya están aprobadas, en el privado hay 12 en proceso de verificación de protocolos. Proyectamos que los 46 municipios no certificados (el único certificado es Ibagué) que administramos, iniciarán la segunda semana de marzo con alternancia.

El lunes (22 de febrero) tuvimos visita de la viceministra y se hará una modificación por parte de esta cartera, para revisar los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para poder entregar dinero a las instituciones para adecuaciones en infraestructura. El año pasado, con los recursos que nos entregaron, compramos más de 3.800 lavamanos, tapetes de desinfección y termómetros digitales.

Los profesores tuvieron que intensificar su trabajo. Primero, determinar cuántos de sus estudiantes contaban con herramientas tecnológicas, de ahí montaron sus clases por redes sociales, por mensajes de WhatsApp y, para las personas que no tenían ningún tipo de acceso, solo guías.

¿Cuáles son las dificultades que tienen para iniciar con el modelo?

Para ingresar, la principal dificultad es que muchos de nuestros docentes son mayores de 70 años y muchos otros tienen comorbilidades. Asimismo, los padres tienen temor de enviar los niños a clases. Estamos en el proceso de explicarle a la población la importancia de volver, para el aprendizaje y la salud mental; también mostrando los protocolos de bioseguridad que se van a manejar.

Por otro lodo, tenemos problemas en infraestructura, por ejemplo, las baterías sanitarias. Tenemos un proyecto de más de $4.400 millones para avanzar en el mejoramiento y adecuación de 36 baterías sanitarias, estamos solicitando recursos. Hemos centrado nuestros esfuerzos en infraestructura, herramientas tecnológicas y apoyos a la educación superior. Este último punto beneficia a todos los estudiantes de estratos 1 y 2 para que, quienes están en instituciones publicas, puedan hacerlo de manera gratuita. Solo en la Universidad del Tolima, se invertirán $13.000 millones por año y tenemos un convenio con universidades privadas por cerca de $1.500 millones por semestre para aportarle a jóvenes que lo necesiten. También tenemos una licitación para ampliar zonas WiFi y centros digitales.