En Tumaco no han podido establecer cuántas víctimas dejó enfrentamiento entre grupos armados

Dentro del resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco, Nariño, continúa la incertidumbre por cuenta de los enfrentamientos que desde el pasado sábado 26 de septiembre se registran entre el grupo armado Los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc. En un primer momento, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización no gubernamental para la defensa y promoción de los derechos humanos, informó que en la confrontación murieron cinco personas y dos resultaron heridas; también se denunció que el frente Oliver Sinisterra retuvo al menos 40 personas entre los que se encontraban menores de edad, jóvenes, mujeres y adultos.

Sin embargo, este lunes Cajar manifestó que la comunidad les informó, tanto a ellos como a la Defensoría del Pueblo, que entre el 26 y 27 de septiembre dichas personas fueron dejadas en libertad. Por el momento, el colectivo explica que tanto la Alcaldía de Tumaco como el Ejército Nacional identificaron dos personas desaparecidas, una de ellas indígena. “Por la misma situación de orden público, no ha sido posible confirmar ni desmentir esta información y la comunidad habla de algunas liberaciones sin número exacto o información sobre las circunstancias de las mismas. Impera el miedo y urge la presencia humanitaria internacional”, afirma el colectivo.

Además señalan que después de realizar la asamblea al interior del Resguardo Inda Sabaleta, el domingo 27 de septiembre, se confirmó a la delegación humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Tumaco y la Gobernación de Nariño que se identificaron dos personas desaparecidas, una tercera aún no identificada y cuatro asesinadas. “La comunidad también manifestó en la asamblea que hay al menos 100 personas en situación de desplazamiento forzado, en principio, no se trataría de población indígena. No obstante, la comisión gubernamental afirmó que hasta el momento no identificó albergues o agrupación de personas desplazadas”, agregan.

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Desde la Alcaldía de Tumaco se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con la fuerza pública para esclarecer los hechos. Sin embargo, no hay respuestas claras. “En el consejo de hoy establecimos que se debe verificar la situación de riesgo de las comunidades porque todavía no se han tomado decisiones, ni cuales son las medidas a seguir, pues se va a esperar el acta del consejo de seguridad que está acompañada del informe de seguridad que debe dar la fuerza pública”, explicó Isabel Martínez, Abogada de Derechos Humanos de la personería de ese municipio.

De continuar estas acciones armadas que no son solo el desplazamiento forzado, sino la presencia de los grupos armados en los territorios, las comunidades amenazaron que de no poder desplazarse se declaran en confinamiento. Otra de las complejidades entorno a los hechos en Tumaco se debe a la ubicación geográfica de las comunidades: “al parecer los grupos han estado moviéndose, pero sí confirman que han estado muy permanentes en la zona. Estamos hablando de territorios que están asentados en partes muy adentro. Por esa razón ellos no consideran desplazarse si no entran en confinamiento”, explica Martínez.

El colectivo, entre tanto, solicita que las autoridades civiles velen por la integridad de la comunidad del resguardo Inda Sabaleta. Por el momento se sabe que el Ejército mantiene el control de orden público. Además, insisten en el riesgo que corre el pueblo Awá que vive en esta zona, “tanto por el aumento de masacres en Nariño como por el historial de enfrentamientos y graves situaciones de riesgo que vive esta comunidad, ya reconocidas por el sistema judicial desde 2004”.

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Cajar destaca que desde la Sentencia T-025 (1), la Corte Constitucional declaró “la existencia del Estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado en Colombia e identificó entre las poblaciones más afectadas al Pueblo Awá como víctima del conflicto armado”. Señalan que también se ha reconocido que el desplazamiento se debe a los enfrentamientos entre grupos armados, así como la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

El colectivo también recuerda el auto 004 de 2009, que alerta que algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados por el conflicto armado interno. Este último documento reconoce el riesgo del Pueblo Indígena Awá, entre otras cosas porque “reportan tasas de homicidios selectivos altísimas e inclusive masacres”. El llamado que hacen desde la Personería es que las autoridades no solo esperen a que se desplacen las comunidades para ser atendidos, sino que se tengan en cuenta las advertencias. Lo anterior teniendo en cuenta que los pueblos indígenas Awá están en alerta temprana de la Defensoría desde el 2018. Se le suma también la alerta 045 de octubre de 2019, emitida para la protección de los resguardos indígenas que están en el municipio de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.

“Nos acogemos a la solicitud del Gobernador de Nariño al Gobierno Nacional relativa a la implementación de una política de sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito a fin de evitar la violencia que actualmente azota al territorio de Inda Sabaleta”, concluye el colectivo.

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“En lo que va del año se han presentado 27 casos violatorios de derechos humanos en el pueblo Awa asociado a la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA). Hasta el momento no hemos recibido mayor atención del Gobierno Nacional frente a estos actos victimizantes”, señaló UNIPA por medio de un comunicado. Esta organización dice que no comprende porque se siguen presentando estos hechos, aún cuando hay presencia del pie de fuerza en el territorio. “Esto demuestra que el aumento de presencia militar no genera una protección en la zona, al contrario la violencia se viene agudizando”, afirman.

UNIPA afirma que cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, la implementación no llegó a su territorio. Además, denuncian el abandono estatal que para ellos ha permitido que “la hoja de coca ingrese al territorio , y por parte de los grupos armados la búsqueda de control territorial y las rutas del narcotráfico, poniéndonos en una guerra que no nos pertenece”.

Esta organización solicita al Gobierno, en cabeza de Iván Duque, instalar una mesa interinstitucional de diálogo para atender la crisis humanitaria. Al Comité Internacional de la Cruz Roja, hacer una verificación en zona de los posibles desaparecidos. Piden que el Sistema de Naciones Unidas realice un acompañamiento permanente a los resguardos Inda Sabaneta e Inda Guacara y que se convoque al CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados) para atender a las víctimas.

Dentro del resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco, Nariño, continúa la incertidumbre por cuenta de los enfrentamientos que desde el pasado sábado 26 de septiembre se registran entre el grupo armado Los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc. En un primer momento, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización no gubernamental para la defensa y promoción de los derechos humanos, informó que en la confrontación murieron cinco personas y dos resultaron heridas; también se denunció que el frente Oliver Sinisterra retuvo al menos 40 personas entre los que se encontraban menores de edad, jóvenes, mujeres y adultos.

Sin embargo, este lunes Cajar manifestó que la comunidad les informó, tanto a ellos como a la Defensoría del Pueblo, que entre el 26 y 27 de septiembre dichas personas fueron dejadas en libertad. Por el momento, el colectivo explica que tanto la Alcaldía de Tumaco como el Ejército Nacional identificaron dos personas desaparecidas, una de ellas indígena. “Por la misma situación de orden público, no ha sido posible confirmar ni desmentir esta información y la comunidad habla de algunas liberaciones sin número exacto o información sobre las circunstancias de las mismas. Impera el miedo y urge la presencia humanitaria internacional”, afirma el colectivo.

Además señalan que después de realizar la asamblea al interior del Resguardo Inda Sabaleta, el domingo 27 de septiembre, se confirmó a la delegación humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Tumaco y la Gobernación de Nariño que se identificaron dos personas desaparecidas, una tercera aún no identificada y cuatro asesinadas. “La comunidad también manifestó en la asamblea que hay al menos 100 personas en situación de desplazamiento forzado, en principio, no se trataría de población indígena. No obstante, la comisión gubernamental afirmó que hasta el momento no identificó albergues o agrupación de personas desplazadas”, agregan.

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Desde la Alcaldía de Tumaco se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con la fuerza pública para esclarecer los hechos. Sin embargo, no hay respuestas claras. “En el consejo de hoy establecimos que se debe verificar la situación de riesgo de las comunidades porque todavía no se han tomado decisiones, ni cuales son las medidas a seguir, pues se va a esperar el acta del consejo de seguridad que está acompañada del informe de seguridad que debe dar la fuerza pública”, explicó Isabel Martínez, Abogada de Derechos Humanos de la personería de ese municipio.

De continuar estas acciones armadas que no son solo el desplazamiento forzado, sino la presencia de los grupos armados en los territorios, las comunidades amenazaron que de no poder desplazarse se declaran en confinamiento. Otra de las complejidades entorno a los hechos en Tumaco se debe a la ubicación geográfica de las comunidades: “al parecer los grupos han estado moviéndose, pero sí confirman que han estado muy permanentes en la zona. Estamos hablando de territorios que están asentados en partes muy adentro. Por esa razón ellos no consideran desplazarse si no entran en confinamiento”, explica Martínez.

El colectivo, entre tanto, solicita que las autoridades civiles velen por la integridad de la comunidad del resguardo Inda Sabaleta. Por el momento se sabe que el Ejército mantiene el control de orden público. Además, insisten en el riesgo que corre el pueblo Awá que vive en esta zona, “tanto por el aumento de masacres en Nariño como por el historial de enfrentamientos y graves situaciones de riesgo que vive esta comunidad, ya reconocidas por el sistema judicial desde 2004”.

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Cajar destaca que desde la Sentencia T-025 (1), la Corte Constitucional declaró “la existencia del Estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado en Colombia e identificó entre las poblaciones más afectadas al Pueblo Awá como víctima del conflicto armado”. Señalan que también se ha reconocido que el desplazamiento se debe a los enfrentamientos entre grupos armados, así como la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

El colectivo también recuerda el auto 004 de 2009, que alerta que algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados por el conflicto armado interno. Este último documento reconoce el riesgo del Pueblo Indígena Awá, entre otras cosas porque “reportan tasas de homicidios selectivos altísimas e inclusive masacres”. El llamado que hacen desde la Personería es que las autoridades no solo esperen a que se desplacen las comunidades para ser atendidos, sino que se tengan en cuenta las advertencias. Lo anterior teniendo en cuenta que los pueblos indígenas Awá están en alerta temprana de la Defensoría desde el 2018. Se le suma también la alerta 045 de octubre de 2019, emitida para la protección de los resguardos indígenas que están en el municipio de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.

“Nos acogemos a la solicitud del Gobernador de Nariño al Gobierno Nacional relativa a la implementación de una política de sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito a fin de evitar la violencia que actualmente azota al territorio de Inda Sabaleta”, concluye el colectivo.

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“En lo que va del año se han presentado 27 casos violatorios de derechos humanos en el pueblo Awa asociado a la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA). Hasta el momento no hemos recibido mayor atención del Gobierno Nacional frente a estos actos victimizantes”, señaló UNIPA por medio de un comunicado. Esta organización dice que no comprende porque se siguen presentando estos hechos, aún cuando hay presencia del pie de fuerza en el territorio. “Esto demuestra que el aumento de presencia militar no genera una protección en la zona, al contrario la violencia se viene agudizando”, afirman.

UNIPA afirma que cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, la implementación no llegó a su territorio. Además, denuncian el abandono estatal que para ellos ha permitido que “la hoja de coca ingrese al territorio , y por parte de los grupos armados la búsqueda de control territorial y las rutas del narcotráfico, poniéndonos en una guerra que no nos pertenece”.

Esta organización solicita al Gobierno, en cabeza de Iván Duque, instalar una mesa interinstitucional de diálogo para atender la crisis humanitaria. Al Comité Internacional de la Cruz Roja, hacer una verificación en zona de los posibles desaparecidos. Piden que el Sistema de Naciones Unidas realice un acompañamiento permanente a los resguardos Inda Sabaneta e Inda Guacara y que se convoque al CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados) para atender a las víctimas.