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El anuncio del ministro de defensa, Guillermo Botero, sobre la erradicación de cultivos de uso ilícito, que según dijo, ahora será de carácter obligatorio, ha causado malestar entre varias organizaciones sociales que trabajan en la sustitución de este tipo de cultivos.
Para la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), esta medida es un retorno al pasado. “Es regresar a más de lo mismo. Ahora la alternativa es la fumigación y darle así un tratamiento criminal al problema de los cultivos”, señaló César Jerez, vocero de esa organización, en entrevista con Contagio Radio.
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De acuerdo con Jerez, el tratamiento criminal que se le da al campesino en el marco de esa política de erradicación conlleva graves afectaciones para la población que vive de los cultivos de uso ilícito. “La erradicación forzada es una operación militar. Eso significa la aplicación de medidas de fuerza, uso de helicópteros, batallones en tierra, detención ilegal de campesinos que se encuentran en los cultivos; o sea que hay un impacto directo en materia humana”, señaló el vocero de la COCCAM.
Por la aplicación de esa política, según Jerez, ya se han encarcelado a por lo menos 3.000 campesinos.
Pero además de las afectaciones que traería el cambio de enfoque en la política para combatir los cultivos de uso ilícito, Jerez señaló que hay presiones para que se reanude la fumigación con glifosato. “Su aplicación implica contratos de aspersión. Donde hay contratos hay corrupción y hay gente que se enriquece con esa práctica”, manifestó el vocero.
De igual manera, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), también manifestó su rechazo al anuncio hecho por Botero, que justamente se produjo el día que el presidente Duque visitó Tibú, en esta región de Norte de Santander. Por eso, en esa visita, miembros de esa organización hicieron un llamado al nuevo gobierno para que la sutitución de cultivos se hiciera de manera concertada con las comunidades.