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La Minera El Roble —Miner S.A.— cumplió el pasado 23 de enero un año extrayendo cobre, oro y plata de las montañas de El Carmen de Atrato (Chocó) sin un contrato de explotación. Esta empresa, que es la única que extrae cobre en Colombia, solicitó la renovación del contrato desde el 28 de diciembre de 2021, hasta ahora la Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha respondido. Viviana González, subdirectora del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, afirma que este caso evidencia la laxitud de la normatividad colombiana a favor de las empresas extractivas. Según la abogada, que acompaña a la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, la operación de la empresa ha estado plagada de irregularidades que han pasado de largo ante la poca vigilancia por parte de las diferentes instituciones del Estado, desde la ANM hasta la Corporación de Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.
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González advierte que la minera tiene saldos rojos en materia de obligaciones ambientales y hace un llamado a la ANM a hacer público el proceso de licenciamiento del nuevo título minero.
El 23 de enero la Minera El Roble cumplió un año operando con un título de concesión vencido. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Vemos eso como una gran falencia de la normatividad minera a favor de las empresas extractivas, porque la ley contempla que el titular minero puede seguir operando después de hacer la solicitud de la renovación del contrato. Lo puede hacer incluso una vez esté vencido el título minero, mientras la ANM resuelve su solicitud. Eso nos parece un tanto perverso porque extiende la vida de un contrato de manera indeterminada mientras la ANM responde. Y vemos que la Agencia no tiene las capacidades técnicas suficientes para dar respuesta a todos los contratos que se manejan en el país.
En este caso, lo preocupante es que la empresa no ha cumplido con las obligaciones económicas que se derivan del contrato de concesión: tanto con el pago de las regalías como con el correspondiente al de participación nacional. La ANM incluso tenía demandada a la empresa ante el tribunal contencioso administrativo por estos incumplimientos. Es decir, es problemático que la normativa permita extender la vida de un contrato con una empresa que ha venido incumpliendo sus obligaciones, y que tiene un litigio abierto con el Estado. Es irregular que se dé esta prórroga a un titular minero que tenga este nivel de incumplimiento.
¿Qué podría pasar con el proceso que tiene abierto?
Tenemos entendido que se firmó un acuerdo de pago entre Minera El Roble y la Agencia Nacional de Minería para acordar un periodo en el que la empresa va a cumplir con los pagos que debe desde el 2014, una deuda que ya casi cumple diez años. Pero igual la empresa está a la espera de que un tribunal de arbitramento en la justicia privada resuelva si en verdad la empresa debe o no las obligaciones. La empresa afirma que es una mala interpretación de la Agencia, y que no tiene una deuda según el contrato. Entonces puede incluso pasar que la empresa pague y que luego el Estado esté obligado a devolver esos montos.
Además de la falta del título, no hay claridad sobre los pagos de la deuda de regalías y participación nacional. ¿Quién debería dar estas explicaciones?
La Agencia. Nosotros consideramos que estos son temas de interés general, que deben ser abiertos al conocimiento de la sociedad civil. Sin embargo, (los acuerdos) están operando con reservas de ley, como un asunto que debe ser tratado únicamente entre el titular minero y el gobierno como firmante del contrato. Nosotros consideramos que tanto los detalles del acuerdo como el nivel de cumplimiento de ese pacto debería ser de público conocimiento, porque se está dando una laxitud excesiva a la normatividad minera con esta extensión irregular del contrato.
El Carmen de Atrato es un municipio de sexta categoría que recibe pocos recursos del gobierno nacional. ¿Se podría beneficiar el municipio con los pagos de la minera?
El dinero se distribuye de acuerdo con el Sistema General de Regalías. En ese sistema no toda la plata llega al lugar de la explotación, sino a un fondo común al que diferentes municipios fuera de los lugares de explotación pueden aplicar. Nosotros consideramos que las alcaldías han sido un tanto negligentes al no presentar proyectos para poder acceder a estos recursos. Son los municipios en cabeza de las autoridades territoriales los que deben presentar estos proyectos que podrían de alguna manera atender diferentes problemáticas locales, porque podrían usar estos dineros para suplir necesidades básicas insatisfechas relacionadas con la salud, la educación, entre otros. Al municipio le corresponderían casi 8.000 millones de pesos, pero tiene que presentar proyectos para acceder a estos recursos. Es deber de las autoridades locales ponerse en esa tarea.
Recientemente hemos tenido noticias sobre procesos de exploración de Miner en otras áreas del municipio, y sabemos también que la Minera El Roble tiene licencias de exploración vigentes. ¿Qué saben sobre estos procesos?
Sí hay un ánimo de expansión del proyecto El Roble, tanto con contratos que ya existen como con nuevas solicitudes. La empresa está haciendo actividades de exploración en diferentes partes del municipio y de la región, y para eso no se requiere una licencia ambiental. Esto también es una falla de la normatividad ambiental.
La Corte Constitucional ha dado unas reglas claras sobre deberes de concertación entre el Gobierno central y las autoridades territoriales sobre estos proyectos extractivos, y también unos derechos a la participación efectiva por parte de los habitantes de estos lugares donde se piensan o se contemplan explotaciones, y vemos que nada de esto ha pasado. Todos los trámites se están dando muy en las oficinas de la agencia y no ha habido mucha difusión en el pueblo del alcance de esta expansión: ¿hasta donde se quiere llevar? Si esa expansión se llega a dar, ¿cómo contempla la empresa manejarlo ambientalmente?
¿Por qué se tiene que evaluar ese crecimiento?
La empresa se ha expandido desde 2014, cuando fue comprada por la canadiense Atico Mining. Desde entonces han aumentado los volúmenes de extracción y con eso también los impactos, sobre todo en el manejo de las presas de cola. El municipio no cuenta con más área. De hecho, todo esto se está concentrando en las orillas en la ronda hídrica del río Atrato. Consideramos que esto es una irregularidad ambiental y está sucediendo así de facto sin que la autoridad ponga un “tate quieto”. Creemos que este proceso de expansión tiene que cumplir con esas reglas de concertación y de participación.
El movimiento ambiental de El Carmen de Atrato, con Siembra, hizo una audiencia pública ambiental en 2020. ¿Qué se ha cumplido y qué hace falta?
Como resultados de esa audiencia se conformó un comité de seguimiento tripartito, conformado por la empresa, la autoridad ambiental y la sociedad civil representada en un sinnúmero de organizaciones. Como parte de los compromisos adicionales se acordó hacer una segunda audiencia para darle continuidad por lo limitante que fue la primera, y se definió hacer una constatación in situ de ciertas obligaciones ambientales, es decir, unas visitas técnicas que tenían que ser acompañadas por Codechocó como autoridad ambiental encargada del seguimiento. Sin embargo, Codechocó no hizo presencia. Se hicieron estas visitas simplemente entre la sociedad civil y la empresa y quedaron muchas preguntas abiertas para la autoridad ambiental.
También se instauraron unas mesas técnicas temáticas por conjunto de obligaciones, para el tema de la deforestación, y para abordar las preocupaciones ciudadanas o hacer seguimiento a los compromisos que la empresa en diálogos bilaterales todo el tiempo asume. Al final del año pasado se tuvo la primera sesión, pero, nuevamente, la autoridad ambiental no ha sido rigurosa en su convocatoria permanente y periódica para abordar todos estas deficiencias ambientales.
Hace dos años Siembra afirmó que el cumplimiento de la obligación ambiental de la Minera El Roble de reforestar es “deplorable”. ¿Siguen considerándolo así?
Sí, consideramos que hay un atraso muy grande en el cumplimiento de las obligaciones. La empresa dice que ellos tienen toda la voluntad, pero el problema es que no hay predios que reforestar y que han sido los dueños de los predios los que no quieren que se reforeste en sus predios porque tienen otra vocación productiva. La mirada de la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato es que hay que involucrar a la ciudadanía dentro de los procesos de reforestación, porque ¿qué pasa si estos procesos se limitan a siembra de plántulas, pero no hay nadie que cuide de estas? Fácilmente pueden morir. Es importante abrir este diálogo con la ciudadanía para saber en cuáles predios es más importante y estratégico reforestar, definir unos incentivos (para los dueños de predios y cuidadores) para que se involucre a la gente.
Hay varias quebradas y zonas de uso público en las que no hay excusas para que la empresa no haya reforestado. La situación de la quebrada El Roble es deplorable. La quebrada La Calera también, y son lugares donde la empresa usa bastantes recursos naturales para la explotación. Incluso en todas las zonas pegadas a la carretera, donde hay derrumbes permanentes que se dan justamente por la erosión, y la reforestación puede ser una medida también para evitar estos impactos sociales que ponen en riesgo la vida de los habitantes. Claramente se puede hacer muchísimo.
La vía de acceso al municipio es una vía que está completamente rota. Miner la utiliza y la gente dice que deberían pavimentarla, pero entendemos que no están obligados a hacerlo. ¿De quién es la responsabilidad en este caso?
Creemos que lo tendría que hacer Miner. El problema es que la autoridad ambiental se quedó muy corta al definir sus obligaciones. Codechocó solo obligó a la empresa a ocuparse del mantenimiento de una vía específica, que es la que va del municipio a la mina. Y la empresa ni siquiera cumple con esta obligación, porque tiene riesgo permanente de derrumbe. Además, para llegar hasta ahí la maquinaria pesada de la empresa tiene que pasar por la vía de acceso al pueblo, que va del corregimiento El Siete hasta el casco urbano de El Carmen.
La mina está operando con un régimen de transición previo como a la Ley 99, que es de hace 30 años. Está funcionando con un esquema antiguo que no contempla de manera general y acumulada este impacto. La empresa debería pavimentar la vía por el tráfico excesivo de maquinaria pesada. Sin embargo, no está establecido explícitamente, así que la empresa se limita a hacer lo mínimo. Hay una clara persistencia del incumplimiento de esa obligación.
¿Cómo evalúan el papel de Codechocó como guardián de las obligaciones ambientales de Miner?
Ha sido bastante limitado. La empresa funciona amparada en un régimen de transición con un esquema que no cumple con los estándares del licenciamiento ambiental que en el país operan desde 1993, entonces partiendo de esta habilitación jurídica, Codechocó ha sido muy tímido, por decir lo menos, en la exigencia al cumplimiento de obligaciones. Y aún así, frente a las obligaciones que son muy limitadas, ha hecho un seguimiento también muy pobre. No hay una correspondencia entre los informes técnicos de las visitas que hace Codechocó a la mina en los que alerta de ciertos incumplimientos, y la falta de apertura de procesos sancionatorios. No investiga o no pone multas para exigir el cumplimiento de las normas. Hay una pasividad muy grande en ese seguimiento ambiental.
Si eventualmente se firma un nuevo contrato, en este aplicaría la normatividad vigente, que además de la licencia ambiental, exige un plan de gestión social. ¿Qué podría incluir ese plan?
Para hacer ese plan tendrían que generarse espacios abiertos con los habitantes del municipio para evaluar cuáles son sus necesidades. En nuestro criterio, uno de los principales impactos de la actividad de la empresa es la afectación al sector agropecuario, el abandono de este sector productivo. Es claro que si la empresa tuviera que salir, no hay un plan de choque social. La salida de la empresa sería catastrófica para el municipio, porque la dinámica socioeconómica depende de la minera. La mina, de manera responsable, tendría que estimular otros sectores complementarios y elaborar planes de cierre para ponerlos en marcha cuanto antes.
El cobre será fundamental en la transición energética. ¿Qué esperan que debería suceder con esta nueva licencia de explotación en caso de que sea aprobada?
El alcance del proyecto tiene que ser acordado con la autoridad local, la autoridad minera nacional y la gente del municipio. No puede seguir expandiéndose de manera irregular a explotar todos los yacimientos al máximo si la infraestructura y las condiciones geográficas y sociales del lugar no lo permiten, y si eso va es en detrimento de los habitantes y las autoridades locales.
También tienen que acordarse las condiciones bajo las que debe ejecutarse, tanto ambientalmente como en el cumplimiento de obligaciones. Hay un debate sobre el alcance de estos pagos de regalías o de participación nacional por la explotación, y esto también tiene que quedar muy claro. Debe haber mucha más transparencia con el Estado de los volúmenes reales que se están extrayendo, y de lo que se está extrayendo para establecer las contraprestaciones que da la empresa por esa explotación.
Confiamos en que este gobierno sea un poco más respetuoso, pero en todo caso nos preocupan las declaraciones que se hicieron desde el Ministerio de Minas sobre lo estratégico del cobre para la transición energética, siendo este el único proyecto de cobre en funcionamiento en el país. Creemos que no se puede dar tampoco a cualquier costa la explotación de recursos que se consideran estratégicos. Se tienen que abordar las problemáticas que en 30 años de operación ha generado este proyecto.
*Beatiz Valdés es periodista de Consonante