Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tras demanda de Acción Popular, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un fallo en segunda instancia que amparó los derechos colectivos de la comunidad de isla de Barú, los cuales fueron vulnerados por la Dirección General Marítima (Dimar) al conceder la licencia sobre la isla de Barú, sector Playa Blanca, a la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca (Corplaya), según informó el universal.com.co.
Algunos derechos amparados por esta sentencia son el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros.
El fallo también estipula que se debe consultar a la comunidad de la isla como indica la “Guía para la realización de Consulta Previa en Comunidades Étnicas”, y dicha consulta “deberá llevarse a cabo en un término no superior a ocho meses, contados a partir de la ejecutoria material de esta sentencia (marzo de 2014)”.
El representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, José David Miranda señaló que esperan “que las autoridades competentes hagan cumplir el fallo que dictó el juez y que se respeten nuestros derechos”. La comunidad de Barú ha sufrido varios intentos desalojos a la fuerza, ordenados por intereses económicos y políticos.
Referente al proyecto turístico, Miranda afirmó que la población de la isla no se opone al mismo, sino que no ha existido una consulta previa y un reconocimiento por parte de Corplaya, “nosotros nunca nos hemos opuesto a que el desarrollo siga, lo que pasa es que el proyecto es muy ambicioso y no nos quieren incluir (…) Hay una comunidad asentada, que es Playa Blanca, y siempre la han querido desalojar, pero hasta hoy no han podido. La idea no es que el proyecto llegue y desaloje a los negritos que siempre hemos vivido ahí, si no que nos reconozcan como la comunidad que somos, nos respeten nuestros derechos ancestrales y podamos seguir viviendo y trabajar en Playa Blanca, como siempre lo hemos hecho”.
El líder añadió que existen cerca de 80 familias asentadas en este sector por más de 40 años, viviendo del comercio en la playa, y quienes deben ser incluidas en este proyecto “esperamos que el Gobierno nos preste las herramientas necesarias para organizarnos y estar acordes con el desarrollo turístico”.
Por otra parte, los 3000 baruleros expresaron que protestarán pacíficamente, no asistiendo a los puestos de votación el próximo domingo por falta de agua potable al igual que una vía en condiciones adecuadas que les permita tener un acceso digno a su territorio.
Para transportarse desde la isla a Cartagena, solo es posible por medio de camperos con doble tracción, o en moto, ya que esta ruta se ha erosionado 13 metros por su cercanía al mar. El problema del agua potable también se deriva de este limitado acceso a la isla que impide la colocación de un acueducto para la comunidad, por lo que particulares venden el tanque de agua de 20 litros en $ 2.000.