Garantías para la protesta, una deuda histórica del Estado
Un campesino del Catatumbo, un universitario del Valle y una indígena del Cauca han sido violentados de distintas formas cada vez que quisieron alzar la voz junto a sus comunidades. El paro nacional de este año volvió a probar que el derecho a la manifestación en lugares públicos es un tema pendiente en Colombia.
David Carranza Muñoz - dcarranza@elespectador.com
Luis Felipe Zorrilla sabe desde joven los riesgos de protestar en Colombia. En 2011, cuando era estudiante de música en la Universidad del Valle y sus compañeros rechazaban en las calles la reforma a la educación superior del gobierno Santos, tuvo que auxiliar a su profesora de piano, una mujer de la tercera edad, porque agentes del Esmad tiraron gases lacrimógenos dentro de la facultad. Una década después, a sus 34 años y en Jamundí, el sitio donde vive y protestó desde el 28 de abril de 2021, resistió las noches de zozobra con esos recuerdos en la cabeza. Ólger Pérez, campesino y líder social del Catatumbo, hace memoria de los días del paro nororiental de 1987. Dice que desde hace más de 30 años, cada vez que las comunidades de su región se organizan para hacer una movilización, el Estado los señala de estar infiltrados por las guerrillas. En los meses siguientes a la manifestación del 87 fueron asesinados 13 de sus organizadores. En la relación del Estado con la ciudadanía que se manifiesta en las calles, vías y trochas ha primado la violencia, antes que el diálogo.
Colombia en su Constitución establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. También, tras la violencia que se desató en las protestas de finales de 2019 y luego del asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá en septiembre de 2020 a manos de agentes de la Policía, el Ministerio del Interior tuvo que emitir en enero el decreto 003 de 2021, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual creó el “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica”. En este se ordena la primacía del diálogo, un enfoque diferencial para proteger a poblaciones vulnerables; y la proporcionalidad de la fuerza, cuya aplicación “debe ser de la forma en la que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas”, entre otros. Sin embargo, solo por nombrar algunos casos, el 28 de abril de 2021 en Cali el agente de policía Luis Ángel Piedrahíta habría matado a Marcelo Agredo, de 17 años, tras dispararle luego de que este le pegara una patada; se investiga el caso del suicidio de una joven en Popayán quien horas antes había denunciado que fue violentada sexualmente por un grupo de policías; y, hasta el 17 de mayo, organizaciones de derechos humanos (DD. HH.) han reportado 1.139 detenciones arbitrarias
La Defensoría del Pueblo reportó 42 personas fallecidas y 104 presuntas violaciones a los DD. HH. desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, hasta el 12 de mayo. La ONG Temblores registró, hasta el 17 de mayo, 2.387 casos de violencia policial, 18 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública y 146 casos de disparos de arma de fuego de la Policía.
Zorrilla, Pérez y Aída Quilcué, líder del pueblo Nasa, coinciden en que el Estado históricamente le ha dado un tratamiento militar a la protesta y eso ha puesto en riesgo sus vidas. “Estamos en un país donde la orden es matar, la orden es darle ese tratamiento de guerra y eso nos tiene en una situación muy difícil”, dice Quilcué, quien ha dirigido procesos de reivindicaciones indígenas y sabe lo difícil que es ser líder social y alzar la voz en Colombia: su compañero sentimental fue asesinado por militares en 2008 y su hija fue víctima de un atentado. Ólger Pérez también es testigo de lo macabro que puede ser dirigir comunidades para exigir derechos en el país: ha sufrido cinco atentados, dos hermanos suyos fueron asesinados y un sobrino está desaparecido desde 1999.
Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y política criminal e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que a pesar de las difíciles circunstancias a las que se ven sometidos quienes se manifiestan, la ciudadanía protesta porque cree en el Estado. “Aquí hay unos grupos sociales y políticos que están protestando para que el Estado intervenga. Y el Estado no es la Policía y el Ejército. Esto exige unos procesos de negociación. Estamos en una nueva época. Si no lo asumimos así, podemos llegar a escenarios más violentos”, dijo Castillo.
El presidente Duque en la apertura de las mesas de diálogos ha querido bajar el tono y evitar las estigmatizaciones. “Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o un terrorista”, dijo, y agregó que tiene una línea de “cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los DD. HH., de la Constitución y la ley”. Como parte del estatuto creado en enero, el 17 de mayo, 19 días después del inicio del paro, el Gobierno convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, cuyo objetivo es proponer un mecanismo de mediación entre la Policía y la ciudadanía.
La violencia que se presenta en las movilizaciones en Colombia llamó la atención de la ONU, que pidió al Gobierno que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresó su preocupación por la llamada “asistencia militar”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país para observar la situación de los DD. HH. tras recibir diversas denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
Quilcué, al igual que muchas de las personas que están en las calles, exige una reforma a la Policía con urgencia. Mientras tanto, le pide a la comunidad internacional que esté vigilante. También, que haga las recomendaciones necesarias al Gobierno: “no es posible que hoy en Colombia no tengamos garantías para protestar”.
La exigencia de verdad
Luis Zorrilla asegura que el Estado debe esclarecer los hechos violentos que han tenido lugar durante el paro nacional, especialmente los que involucran a miembros de la Fuerza Pública, para poder hacer una transición pacífica de las protestas. “Si no se escucha, si no se ataca la causa del problema nos vamos a quedar en las consecuencias, en llorar un vidrio roto, una pared rayada, pero nos olvidamos de la mamá que está llorando al hijo o la hija que no va a volver”.
En una encuesta hecha entre el 6 y el 12 de mayo por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos se concluyó que un 87% de los jóvenes desconfía de la Policía y un 73% de las Fuerzas Militares. La reparación de esos vínculos, según Alejandra Miller, comisionada de la Comisión por la Verdad, dependerá de la actitud que tome el Gobierno frente a los casos de abuso policial durante el paro. “El negacionismo es tal vez uno de los factores que más fractura la confianza de la ciudadanía. Poder abordar esa verdad, reconocer que esos hechos sucedieron y que se requieren transformaciones para transitar por otro camino” serían para ella una forma de regenerar los vínculos entre la ciudadanía y los agentes del Estado.
La normativa en Colombia que protege el derecho a la protesta es suficiente para dar garantías a quienes se manifiestan. Sin embargo, como se ha evidenciado históricamente, en la práctica no se cumplen esas condiciones. “Este es el país de los protocolos y de las leyes. Lo que se ha instalado son unas prácticas consuetudinarias que hacen que no se aplique la ley y eso depende mucho de los mensajes que envíen los superiores, de la voluntad política, de la formación en el proceso de quienes ingresan a la Fuerza Pública. Al final lo que tenemos es que hay una cantidad de distorsiones que no permiten que estas normas se apliquen con rigurosidad. El tema no es tener más normas y más leyes, sino cómo garantizamos que haya una transformación de fondo que permita cumplirlas”, dijo Miller.
Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.
Luis Felipe Zorrilla sabe desde joven los riesgos de protestar en Colombia. En 2011, cuando era estudiante de música en la Universidad del Valle y sus compañeros rechazaban en las calles la reforma a la educación superior del gobierno Santos, tuvo que auxiliar a su profesora de piano, una mujer de la tercera edad, porque agentes del Esmad tiraron gases lacrimógenos dentro de la facultad. Una década después, a sus 34 años y en Jamundí, el sitio donde vive y protestó desde el 28 de abril de 2021, resistió las noches de zozobra con esos recuerdos en la cabeza. Ólger Pérez, campesino y líder social del Catatumbo, hace memoria de los días del paro nororiental de 1987. Dice que desde hace más de 30 años, cada vez que las comunidades de su región se organizan para hacer una movilización, el Estado los señala de estar infiltrados por las guerrillas. En los meses siguientes a la manifestación del 87 fueron asesinados 13 de sus organizadores. En la relación del Estado con la ciudadanía que se manifiesta en las calles, vías y trochas ha primado la violencia, antes que el diálogo.
Colombia en su Constitución establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. También, tras la violencia que se desató en las protestas de finales de 2019 y luego del asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá en septiembre de 2020 a manos de agentes de la Policía, el Ministerio del Interior tuvo que emitir en enero el decreto 003 de 2021, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual creó el “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica”. En este se ordena la primacía del diálogo, un enfoque diferencial para proteger a poblaciones vulnerables; y la proporcionalidad de la fuerza, cuya aplicación “debe ser de la forma en la que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas”, entre otros. Sin embargo, solo por nombrar algunos casos, el 28 de abril de 2021 en Cali el agente de policía Luis Ángel Piedrahíta habría matado a Marcelo Agredo, de 17 años, tras dispararle luego de que este le pegara una patada; se investiga el caso del suicidio de una joven en Popayán quien horas antes había denunciado que fue violentada sexualmente por un grupo de policías; y, hasta el 17 de mayo, organizaciones de derechos humanos (DD. HH.) han reportado 1.139 detenciones arbitrarias
La Defensoría del Pueblo reportó 42 personas fallecidas y 104 presuntas violaciones a los DD. HH. desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, hasta el 12 de mayo. La ONG Temblores registró, hasta el 17 de mayo, 2.387 casos de violencia policial, 18 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública y 146 casos de disparos de arma de fuego de la Policía.
Zorrilla, Pérez y Aída Quilcué, líder del pueblo Nasa, coinciden en que el Estado históricamente le ha dado un tratamiento militar a la protesta y eso ha puesto en riesgo sus vidas. “Estamos en un país donde la orden es matar, la orden es darle ese tratamiento de guerra y eso nos tiene en una situación muy difícil”, dice Quilcué, quien ha dirigido procesos de reivindicaciones indígenas y sabe lo difícil que es ser líder social y alzar la voz en Colombia: su compañero sentimental fue asesinado por militares en 2008 y su hija fue víctima de un atentado. Ólger Pérez también es testigo de lo macabro que puede ser dirigir comunidades para exigir derechos en el país: ha sufrido cinco atentados, dos hermanos suyos fueron asesinados y un sobrino está desaparecido desde 1999.
Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y política criminal e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que a pesar de las difíciles circunstancias a las que se ven sometidos quienes se manifiestan, la ciudadanía protesta porque cree en el Estado. “Aquí hay unos grupos sociales y políticos que están protestando para que el Estado intervenga. Y el Estado no es la Policía y el Ejército. Esto exige unos procesos de negociación. Estamos en una nueva época. Si no lo asumimos así, podemos llegar a escenarios más violentos”, dijo Castillo.
El presidente Duque en la apertura de las mesas de diálogos ha querido bajar el tono y evitar las estigmatizaciones. “Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o un terrorista”, dijo, y agregó que tiene una línea de “cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los DD. HH., de la Constitución y la ley”. Como parte del estatuto creado en enero, el 17 de mayo, 19 días después del inicio del paro, el Gobierno convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, cuyo objetivo es proponer un mecanismo de mediación entre la Policía y la ciudadanía.
La violencia que se presenta en las movilizaciones en Colombia llamó la atención de la ONU, que pidió al Gobierno que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresó su preocupación por la llamada “asistencia militar”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país para observar la situación de los DD. HH. tras recibir diversas denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
Quilcué, al igual que muchas de las personas que están en las calles, exige una reforma a la Policía con urgencia. Mientras tanto, le pide a la comunidad internacional que esté vigilante. También, que haga las recomendaciones necesarias al Gobierno: “no es posible que hoy en Colombia no tengamos garantías para protestar”.
La exigencia de verdad
Luis Zorrilla asegura que el Estado debe esclarecer los hechos violentos que han tenido lugar durante el paro nacional, especialmente los que involucran a miembros de la Fuerza Pública, para poder hacer una transición pacífica de las protestas. “Si no se escucha, si no se ataca la causa del problema nos vamos a quedar en las consecuencias, en llorar un vidrio roto, una pared rayada, pero nos olvidamos de la mamá que está llorando al hijo o la hija que no va a volver”.
En una encuesta hecha entre el 6 y el 12 de mayo por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos se concluyó que un 87% de los jóvenes desconfía de la Policía y un 73% de las Fuerzas Militares. La reparación de esos vínculos, según Alejandra Miller, comisionada de la Comisión por la Verdad, dependerá de la actitud que tome el Gobierno frente a los casos de abuso policial durante el paro. “El negacionismo es tal vez uno de los factores que más fractura la confianza de la ciudadanía. Poder abordar esa verdad, reconocer que esos hechos sucedieron y que se requieren transformaciones para transitar por otro camino” serían para ella una forma de regenerar los vínculos entre la ciudadanía y los agentes del Estado.
La normativa en Colombia que protege el derecho a la protesta es suficiente para dar garantías a quienes se manifiestan. Sin embargo, como se ha evidenciado históricamente, en la práctica no se cumplen esas condiciones. “Este es el país de los protocolos y de las leyes. Lo que se ha instalado son unas prácticas consuetudinarias que hacen que no se aplique la ley y eso depende mucho de los mensajes que envíen los superiores, de la voluntad política, de la formación en el proceso de quienes ingresan a la Fuerza Pública. Al final lo que tenemos es que hay una cantidad de distorsiones que no permiten que estas normas se apliquen con rigurosidad. El tema no es tener más normas y más leyes, sino cómo garantizamos que haya una transformación de fondo que permita cumplirlas”, dijo Miller.
Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.