Gobernador de San Andrés pide protección a la Comisión Interamericana de DD.HH.
Insiste en que la Fiscalía lo está persiguiendo al judicializarlo y rechaza la medida de aseguramiento proferida en su contra por presuntas irregularidades en contratación, al amparo de la emergencia por el covid 19.
El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, insiste en que la Fiscalía General de la Nación lo está sometiendo a una “persistente persecución” y, a través de su abogado, solicitó una medida de adopción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos, con el propósito —según su estrategia de defensa— de evitar que la Fiscalía General de la Nación continúe manejando los casos investigativos de la forma que se vienen realizando.
“El gobernador es respetuoso ante las decisiones de los entes de control; sin embargo, manifestamos que es inaceptable la solicitud de medida de aseguramiento en temas que eran en beneficio de la comunidad”, dice el mandatario regional en un comunicado emitido en las últimas horas por la oficina de Prensa del Coral Palace.
Everth Hawkins es investigado por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia por el covid 19, y que habrían ocurrido en la suscripción de 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240.551.122 que —dice el gobernador — se adelantaron con personas naturales que se encargaron de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo con actividades de inspección, teniendo en cuenta a los visitantes que permanecían en el departamento.
“El Gobernador merece el respeto de la protección de sus derechos, no puede ser objeto de la persistente persecución que se ha visto en el despacho de la Fiscalía General de la Nación. Confiamos que la CIDH tome cargos en el asunto y advierta que las pretendidas medidas de prisión preventiva no se apliquen de manera abierta como hoy han querido hacerlo”, concluyó Julio Cesar Ortiz, abogado del mandatario.
En el caso de presunta corrupción administrativa por el que es investigado el gobernador de San Andrés, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó —el primero de septiembre pasado— audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Everth Hawkins. La decisión se adoptaría por posibles irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria por Covid 19.
El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, insiste en que la Fiscalía General de la Nación lo está sometiendo a una “persistente persecución” y, a través de su abogado, solicitó una medida de adopción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos, con el propósito —según su estrategia de defensa— de evitar que la Fiscalía General de la Nación continúe manejando los casos investigativos de la forma que se vienen realizando.
“El gobernador es respetuoso ante las decisiones de los entes de control; sin embargo, manifestamos que es inaceptable la solicitud de medida de aseguramiento en temas que eran en beneficio de la comunidad”, dice el mandatario regional en un comunicado emitido en las últimas horas por la oficina de Prensa del Coral Palace.
Everth Hawkins es investigado por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia por el covid 19, y que habrían ocurrido en la suscripción de 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240.551.122 que —dice el gobernador — se adelantaron con personas naturales que se encargaron de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo con actividades de inspección, teniendo en cuenta a los visitantes que permanecían en el departamento.
“El Gobernador merece el respeto de la protección de sus derechos, no puede ser objeto de la persistente persecución que se ha visto en el despacho de la Fiscalía General de la Nación. Confiamos que la CIDH tome cargos en el asunto y advierta que las pretendidas medidas de prisión preventiva no se apliquen de manera abierta como hoy han querido hacerlo”, concluyó Julio Cesar Ortiz, abogado del mandatario.
En el caso de presunta corrupción administrativa por el que es investigado el gobernador de San Andrés, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó —el primero de septiembre pasado— audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Everth Hawkins. La decisión se adoptaría por posibles irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria por Covid 19.