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El Gobierno Nacional, mediante una nota diplomática, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la rectificación del informe que incluye a Colombia como uno de los países en riesgo de hambre aguda. Para esto aportó cifras que reflejan las políticas implementadas desde el Ejecutivo para garantizar la alimentación en el país. Entre los datos presentados se encuentran los del Reporte Nacional Voluntario sobre los avances en los ODS, el cual refleja que “el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que recuperaron su estado nutricional, que se encuentran en la modalidad de Centro de Recuperación Nutricional (CRN), fue del 96,4 % en La Guajira”. En principio, esta cifra podría parecer un gran avance si se ve de manera aislada, pero debemos agregarle contexto.
En 2017 la Corte Constitucional, luego de constatar una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu, le sacó tarjeta roja al Gobierno decretando el estado de cosas inconstitucionales (ECI) en La Guajira. Así, en la Sentencia T-302 de 2017 ordenó acciones concretas de articulación y de política pública dirigidas a asegurar la satisfacción de los derechos mencionados.
Aunque el Gobierno Nacional y las entidades territoriales han adoptado algunas medidas como respuesta a la sentencia, las cifras siguen sin respaldar la visión optimista y victoriosa que presenta el Gobierno en su nota a la FAO. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2014 han muerto 578 niños y niñas menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición, 374 de ellos desde la declaratoria del ECI. Durante 2020, el porcentaje de menores fallecidos por estas causas en La Guajira representó el 23 % de todos los casos a escala nacional, mientras que en 2021 llegó al 35 %. Esto quiere decir que las necesidades alimentarias siguen sin ser atendidas y, como ya lo ha señalado la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia, que existe un fuerte subregistro de casos como consecuencia de las medidas de aislamiento tomadas en 2020.
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Igualmente, en espacios de seguimiento a la implementación de la sentencia, el ICBF ha afirmado que el aumento de la cobertura de los programas de alimentación entre 2018 y 2021 ha sido apenas de un 5%. Esto a pesar de las alarmantes tasas de pobreza y malnutrición que presenta el departamento: según el DANE, para 2020 el 63 % de la población en La Guajira se encontraba en situación de pobreza monetaria y un 52 % en pobreza multidimensional. En municipios como Uribia la situación es aún más complicada: la pobreza multidimensional en 2018 alcanzaba el 92 %, mientras que el acceso a agua potable por medio de acueducto en zonas rurales (donde habita el 93 % de la población) era de apenas el 0,4 %.
Desde Dejusticia hemos sido enfáticos en lo problemático que resulta que el Gobierno, de la mano con el ICBF, solo cuente con indicadores que reflejen el porcentaje de niños recuperados en el CRN y que no exista la cifra de niños y niñas que sufren desnutrición leve, moderada y crónica en el departamento.
No es posible medir el impacto de las políticas alimentarias dirigidas a disminuir el hambre sin contar con una herramienta que permita saber si hubo un aumento o disminución en el total de niños que anualmente sufren desnutrición en sus distintos grados. Teniendo en cuenta que la Corte, en la Sentencia T-302, solicitó crear indicadores específicos para poder hacerle seguimiento a la implementación, el ICBF -en articulación con las entidades de salud- debería poder presentar una aproximación anual de esta cifra.
Ahora bien, un componente importante para superar el hambre en La Guajira es el diálogo genuino con las comunidades. Satisfacer el derecho a la alimentación de pueblos étnicos exige tener en cuenta la dimensión cultural, que supera la simple subsistencia física.
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El informe de la FAO es solo uno entre las múltiples alertas que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la Corte Constitucional sobre la inseguridad alimentaria que padece el pueblo wayuu. El Estado colombiano tiene deberes constitucionales y órdenes judiciales concretas que cumplir para satisfacer el derecho humano a la alimentación en La Guajira, una deuda histórica que aún está lejos de cumplirse.
Además, la superación de la crisis que vive este departamento debe estar en el centro del debate electoral. El Gobierno entrante deberá priorizar la garantía de un diálogo con las comunidades que permita articular a los diversos entes del Estado en la construcción de políticas sostenibles, que dialoguen de las cosmovisiones indígenas, pero sobre todo, que potencien las virtudes de ese territorio.
* Investigadores de la línea Justicia Económica en Dejusticia.