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¿Cuáles pueden ser las razones para que desastres naturales que todo el mundo sabe que en cualquier momento ocurrirán, terminan matando y desplazando a seres humanos como pasó en Dosquebradas (Risaralda)?
Leí una declaración en una revista nacional del señor alcalde de Pereira, Carlos Maya, en la que asegura: “Aquí tenemos alertas tempranas por el caudal del río Otún, pero es importante advertir que frente a esta ladera no teníamos ninguna alerta temprana sobre un posible deslizamiento o problemas de suelo”.
Estamos frente a una tragedia que pudo haber sido evitada. Las razones precisas se pueden determinar mediante una investigación que las autoridades deben llevar a cabo para determinar las raíces del suceso. Las autoridades deben responder las preguntas pertinentes: ¿Por qué el sistema de alertas tempranas no estaba operando para ese lugar en particular? ¿Por qué las familias asentadas en el área no habían sido reubicadas? ¿Qué se va a hacer a partir de estos hechos para que un desastre de esta naturaleza no se repita? Necesitamos tener las respuestas a estos interrogantes.
Esta misma zona fue afectada el 5 de octubre de 1976 dejando un saldo de 71 personas muertas y centenares de heridos. Un problema que 46 años después sigue sin resolverse completamente y con una alta probabilidad de que se repita si las entidades responsables no toman las medidas correctivas.
En materia de prevención y atención de desastres, existe un marco normativo específico que impone deberes concretos de protección a las autoridades públicas. ¿Las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) lo estarían incumpliendo?
La Ley 1523 de 2012 establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y distribuye las responsabilidades a nivel nacional, departamental y municipal incluyendo entidades públicas, privadas y comunidades. Si hay tragedias como la más reciente de Dosquebradas no hay duda de que existen grandes carencias en la implementación del sistema y esto incluye carencias en coordinación y articulación entre las entidades responsables de la gestión del riesgo. Se habla incluso hasta de desacato a las acciones judiciales por parte de la administración local en materia de reubicación. Valdría la pena que las autoridades judiciales nos aclaren este asunto.
¿Por qué está fallando la tarea de prevención y riesgo desde alcaldías y gobernaciones?
Puede ser una combinación de factores que afecta la implementación adecuada de la política de la gestión del riesgo. Quisiera referirme a dos en particular, ya que se puede hacer comparaciones internacionales mediante indicadores de gestión.
El primer factor es la falta de capacidad adaptativa y el segundo es la falta de capacidad de respuesta institucional y de infraestructura. En general, Colombia está catalogado como un país de riesgo medio en el índice mundial del riesgo. En los últimos once informes de 2011 a 2021 se ha mantenido en riesgo medio con una ligera tendencia a mejorar. En la región, por ejemplo, países como Guatemala y Costa Rica están entre los primeros 15 países del mundo con riesgo alto. Sin embargo, Costa Rica es un buen ejemplo en el manejo del riesgo por tener una mejor capacidad adaptativa y una mejor capacidad de respuesta que Colombia. Esto quiere decir, que podemos aprender mucho sobre cómo opera la gestión del riesgo en Costa Rica. Esta falta de capacidad en la gestión del riesgo es susceptible de mejorarse rápidamente mediante una mejora en la implementación de la política que contrarreste los vacíos de articulación y coordinación entre las entidades del sector.
¿Qué recomendaciones de carácter ambiental y geológico podrían hacerse para evitar la pérdida de vidas y desplazamientos humanos por desastres naturales?
Se requiere asegurar una evaluación integral ambiental y geológica mediante herramientas tecnológicas que permitan con un alto detalle medir la exposición y vulnerabilidad al riesgo. Esto implica que el territorio debe estar muy bien mapeado. Las herramientas de información geográfica son de gran ayuda para la evaluación del terreno y el seguimiento de sus dinámicas. Los institutos ambientales que participan en el sistema de gestión del riesgo deben contar con adecuados presupuestos y personal para que no se tengan vacíos de conocimiento sobre la realidad de un territorio. Esto constituye la base principal de los insumos con que se hace la planeación territorial y se establecen las zonas de riesgo que se deben evitar para asentamientos humanos.
¿Las herramientas jurídicas diseñadas para prevenir desastres naturales o reducir el riesgo ante amenazas naturales son insuficientes o no se están aplicando?
No tengo suficiente información para responder adecuadamente esta pregunta.
(Lo invitamos a leer: Opinión / De un país reactivo hacia un país preventivo)
¿Es idóneo el modelo existente para implementar los procesos de gestión del riesgo, manejo e intervención de desastres por parte de las entidades territoriales?
Los modelos están ampliamente establecidos y en general son diseñados por la comunidad internacional. Los modelos de gestión funcionan adecuadamente si están bien financiados y administrados. Se requiere un adecuado presupuesto para que el sistema opere efectivamente. Siempre los beneficios superarán los costos si el sistema cuenta con las mejores prácticas de manejo que le permitan evitar la pérdida de vidas humanas. Ese es el objetivo del modelo, evitar al máximo la pérdida de vidas humanas por causa de un desastre natural.
(Lo invitamos a leer: Desplazamiento forzado aumentó 181 % en 2021)
¿Cómo evitar que asentamientos humanos terminen viviendo en zonas de alto riesgo?
Dar solución al tema de los asentamientos humanos en áreas no mitigables es un asunto de extrema prioridad. Hay zonas en donde ya se tiene suficiente información que permite tomar decisiones. Postergar las soluciones significa incrementar el riesgo. Si las autoridades locales están siendo desbordadas por la complejidad de un problema, entonces las instancias superiores (departamentos y Presidencia) deben intervenir. Los instrumentos de ordenamiento territorial como el POT, PBOT y el EOT deben estar al servicio de la política del riesgo frente a desastres naturales, el problema que se tiene es que en la mayoría de los municipios su respectivo instrumento se encuentra desactualizado. Esto es algo que requiere de mucha atención.
¿Hay un divorcio de alcaldías y gobernaciones con las CAR regionales y las universidades? Estas entidades alertan de posibles desastres y los administradores no las escuchan. En Dosquebradas ocurrió así.
Creería que es más complejo que eso y no lo veo como un divorcio sino más bien como una desarticulación institucional. Para que no lleguemos a un desastre que conlleve a perdidas de vidas humanas es necesario evitar que el sistema como un todo se vuelva disfuncional. La tarea de mantener el sistema funcionando adecuadamente les compete a todos y todos son responsables de procurar que el sistema funcione como lo estipula la ley.