Hay menos cultivos ilícitos, pero la producción de cocaína se mantiene

Si hay un tema que ha generado debate en el país los últimos meses, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, es el de los cultivos ilícitos y las medidas y estrategias del Gobierno para reducir el número de hectáreas sembradas con coca en Colombia. Mientras en los territorios continúan los choques entre comunidades y Fuerza Pública en medio de las tareas de erradicación, y los líderes y las organizaciones sociales hacen énfasis en que deben priorizarse la implementación de la sustitución voluntaria y el fortalecimiento de programas productivos sostenibles, en el Gobierno han insistido en las tareas de erradicación forzada con la urgencia de cumplir la meta trazada a comienzos de año de acabar con 130 mil hectáreas. Tanto, que se acudió a brigadas especializadas de militares estadounidenses para asesorar a las fuerzas de tarea desplegadas en las zonas que tienen mayor densidad de cultivos.

Por eso resultaron un bálsamo para el Gobierno las cifras entregadas este miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cuyo monitoreo sobre cultivos ilícitos en el país reportó una reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169 mil hectáreas en 2018 a 154 mil en 2019. Datos que el presidente Iván Duque atribuyó a la política integral contra las drogas ilícitas puesta en marcha por su administración y a la combinación de esfuerzos de los programas de erradicación y de sustitución voluntaria. Se trata de la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en Colombia.

Eso sí, aunque los cultivos se redujeron, la producción de cocaína se mantuvo y los enclaves en donde se halla el 36 % de la coca, están siendo más competitivos por el incremento en la rentabilidad de los cultivos y de los procesos de extracción.

En entrevista con El Espectador, Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), explica las claves de los principales hallazgos del informe y habla de la hoja de ruta que debería seguirse para mantener los buenos resultados.

¿Qué representa la disminución del 9 % en hectáreas de cultivos en el país?

La reducción es importante porque son 15 mil hectáreas. Veníamos de un tope en 2017, cuando se reportaron 171 mil hectáreas en el país, después hubo una disminución en 2018, con 169 mil hectáreas. Son buenas noticias, porque quiere decir que los esfuerzos de las instituciones, Fuerza Pública y Estado tienen resultados y vemos que el camino está cambiando después de años de aumentos sostenidos. Ahora empieza a bajar y esperamos que el año próximo podamos reportar una disminución importante.

De cierta forma la cifra causó sorpresa, sobre todo porque el cálculo hecho en marzo pasado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca hablaba de 212 mil hectáreas. ¿Cómo explicar esa diferencia?

Hay dos razones. La primera es que la fecha de corte no es la misma, la que tenemos en Unodc es hasta final de diciembre de 2019, la de la Casa Blanca fue en abril de 2019, hay ocho meses de diferencia. Y sabemos que el esfuerzo de la Fuerza Pública en términos de erradicación forzosa fue en el segundo semestre, especialmente en el último trimestre del año pasado. La segunda razón es que el informe de la Casa Blanca funciona como una muestra, eso quiere decir que ellos hacen solo una foto de la zona donde hay hoja de coca. Cada año, durante los últimos 10 años, la curva de la Casa Blanca está siempre por encima de la de Unodc. Nosotros hacemos un estudio completo del territorio y cada hectárea está registrada, no es una muestra, es un estudio al 100 %. Es por eso que las cifras oficiales del Gobierno colombiano son las que proporcionan el monitoreo de Unodc.

¿Cuáles fueron los cambios en departamentos como Nariño y Norte de Santander que históricamente han concentrado cultivos de coca?

Nariño y Putumayo han sido departamentos que siempre han encabezado la lista con cultivos ilícitos, pero en este reporte presentan cifras positivas. Nariño redujo 5 mil hectáreas; Putumayo, 1.500 hectáreas y Caquetá bajó más de 7 mil hectáreas, eso quiere decir que los esfuerzos dan resultados. Pero en Norte de Santander aumentaron más de 8 mil hectáreas solo en un año, y en Valle del Cauca el incremento también fue importante. Esto lo que refleja es que se trata de departamentos que requieren una atención focalizada para evitar que existan enclaves productivos en donde haya una especialización del crimen organizado para aumentar la producción de coca y cocaína.

¿Cómo garantizar la sostenibilidad de los buenos resultados en los departamentos en los que han disminuido los cultivos?

Lo que vemos es que en donde hay erradicación voluntaria hay menos porcentaje de resiembra, eso es claro porque hay una voluntad del campesino que hace el esfuerzo para erradicar la coca y cultivar otra cosa. Donde hay erradicación forzosa es más fácil que el campesino resiembre. Son dos rutas distintas, pero que tienen que agruparse sobre el tema de desarrollo alternativo, el camino para que el campesino llegue a la legalidad tiene que pasar a través de proyectos productivos. Por eso es importante continuar el trabajo que empezó con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que dio buen resultado.

¿Cuál es la incidencia de los factores de violencia?

Acá hablamos de millones de dólares y de un negocio que mueve un montón de dinero en todo el mundo, no solo en Colombia. Para los grupos criminales el objetivo es mantener el negocio de la muerte y por eso están listos a pagar a los campesinos para que cultiven, o a matarlos a ellos o a los líderes sociales que están mandando mensajes negativos en contra del negocio. El reto está en retomar el territorio, dar más credibilidad al Gobierno y las instituciones en esos lugares aislados. Eso es fundamental para poder bajar la violencia, porque solo así sube la confianza. Ese es el mecanismo, no hay otro, en Colombia o en cualquier país que tenga producción de droga.

En cuanto al indicador de la producción de cocaína, la cifra del informe es menos alentadora...

Hay una diversificación y una especialización de la producción. Dentro de estos enclaves productivos han cambiado las prácticas para la transformación y comercialización. Con menos hoja se puede hacer más clorhidrato de cocaína. La producción potencial -la real nadie la conoce- subió un 25 % de 2018 a 2019. Hay una profesionalización en las prácticas.

Con este balance, ¿hacia dónde deberían enfocarse los esfuerzos del Gobierno para seguir bajando la cifra?

Vemos que es necesario que el Gobierno diseñe estrategias de intervención a medida, ajustadas al territorio, porque lo que pasa en Norte de Santander es totalmente diferente a lo que sucede en Nariño. Las comunidades son distintas y el trabajo tiene que ser diferenciado. En las zonas donde hay concentracion y enclaves productivos hay que hacer un trabajo para luchar contra la violencia, la inseguridad y tranquilizar a la gente y vea que sí hay un futuro. No hay una solución mágica, es un trabajo que necesita 10 o 20 años, pero se puede hacer con un trabajo de fondo interinstitucional, de la mano con los campesinos y la comunidad.

Si hay un tema que ha generado debate en el país los últimos meses, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, es el de los cultivos ilícitos y las medidas y estrategias del Gobierno para reducir el número de hectáreas sembradas con coca en Colombia. Mientras en los territorios continúan los choques entre comunidades y Fuerza Pública en medio de las tareas de erradicación, y los líderes y las organizaciones sociales hacen énfasis en que deben priorizarse la implementación de la sustitución voluntaria y el fortalecimiento de programas productivos sostenibles, en el Gobierno han insistido en las tareas de erradicación forzada con la urgencia de cumplir la meta trazada a comienzos de año de acabar con 130 mil hectáreas. Tanto, que se acudió a brigadas especializadas de militares estadounidenses para asesorar a las fuerzas de tarea desplegadas en las zonas que tienen mayor densidad de cultivos.

Por eso resultaron un bálsamo para el Gobierno las cifras entregadas este miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cuyo monitoreo sobre cultivos ilícitos en el país reportó una reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169 mil hectáreas en 2018 a 154 mil en 2019. Datos que el presidente Iván Duque atribuyó a la política integral contra las drogas ilícitas puesta en marcha por su administración y a la combinación de esfuerzos de los programas de erradicación y de sustitución voluntaria. Se trata de la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en Colombia.

Eso sí, aunque los cultivos se redujeron, la producción de cocaína se mantuvo y los enclaves en donde se halla el 36 % de la coca, están siendo más competitivos por el incremento en la rentabilidad de los cultivos y de los procesos de extracción.

En entrevista con El Espectador, Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), explica las claves de los principales hallazgos del informe y habla de la hoja de ruta que debería seguirse para mantener los buenos resultados.

¿Qué representa la disminución del 9 % en hectáreas de cultivos en el país?

La reducción es importante porque son 15 mil hectáreas. Veníamos de un tope en 2017, cuando se reportaron 171 mil hectáreas en el país, después hubo una disminución en 2018, con 169 mil hectáreas. Son buenas noticias, porque quiere decir que los esfuerzos de las instituciones, Fuerza Pública y Estado tienen resultados y vemos que el camino está cambiando después de años de aumentos sostenidos. Ahora empieza a bajar y esperamos que el año próximo podamos reportar una disminución importante.

De cierta forma la cifra causó sorpresa, sobre todo porque el cálculo hecho en marzo pasado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca hablaba de 212 mil hectáreas. ¿Cómo explicar esa diferencia?

Hay dos razones. La primera es que la fecha de corte no es la misma, la que tenemos en Unodc es hasta final de diciembre de 2019, la de la Casa Blanca fue en abril de 2019, hay ocho meses de diferencia. Y sabemos que el esfuerzo de la Fuerza Pública en términos de erradicación forzosa fue en el segundo semestre, especialmente en el último trimestre del año pasado. La segunda razón es que el informe de la Casa Blanca funciona como una muestra, eso quiere decir que ellos hacen solo una foto de la zona donde hay hoja de coca. Cada año, durante los últimos 10 años, la curva de la Casa Blanca está siempre por encima de la de Unodc. Nosotros hacemos un estudio completo del territorio y cada hectárea está registrada, no es una muestra, es un estudio al 100 %. Es por eso que las cifras oficiales del Gobierno colombiano son las que proporcionan el monitoreo de Unodc.

¿Cuáles fueron los cambios en departamentos como Nariño y Norte de Santander que históricamente han concentrado cultivos de coca?

Nariño y Putumayo han sido departamentos que siempre han encabezado la lista con cultivos ilícitos, pero en este reporte presentan cifras positivas. Nariño redujo 5 mil hectáreas; Putumayo, 1.500 hectáreas y Caquetá bajó más de 7 mil hectáreas, eso quiere decir que los esfuerzos dan resultados. Pero en Norte de Santander aumentaron más de 8 mil hectáreas solo en un año, y en Valle del Cauca el incremento también fue importante. Esto lo que refleja es que se trata de departamentos que requieren una atención focalizada para evitar que existan enclaves productivos en donde haya una especialización del crimen organizado para aumentar la producción de coca y cocaína.

¿Cómo garantizar la sostenibilidad de los buenos resultados en los departamentos en los que han disminuido los cultivos?

Lo que vemos es que en donde hay erradicación voluntaria hay menos porcentaje de resiembra, eso es claro porque hay una voluntad del campesino que hace el esfuerzo para erradicar la coca y cultivar otra cosa. Donde hay erradicación forzosa es más fácil que el campesino resiembre. Son dos rutas distintas, pero que tienen que agruparse sobre el tema de desarrollo alternativo, el camino para que el campesino llegue a la legalidad tiene que pasar a través de proyectos productivos. Por eso es importante continuar el trabajo que empezó con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que dio buen resultado.

¿Cuál es la incidencia de los factores de violencia?

Acá hablamos de millones de dólares y de un negocio que mueve un montón de dinero en todo el mundo, no solo en Colombia. Para los grupos criminales el objetivo es mantener el negocio de la muerte y por eso están listos a pagar a los campesinos para que cultiven, o a matarlos a ellos o a los líderes sociales que están mandando mensajes negativos en contra del negocio. El reto está en retomar el territorio, dar más credibilidad al Gobierno y las instituciones en esos lugares aislados. Eso es fundamental para poder bajar la violencia, porque solo así sube la confianza. Ese es el mecanismo, no hay otro, en Colombia o en cualquier país que tenga producción de droga.

En cuanto al indicador de la producción de cocaína, la cifra del informe es menos alentadora...

Hay una diversificación y una especialización de la producción. Dentro de estos enclaves productivos han cambiado las prácticas para la transformación y comercialización. Con menos hoja se puede hacer más clorhidrato de cocaína. La producción potencial -la real nadie la conoce- subió un 25 % de 2018 a 2019. Hay una profesionalización en las prácticas.

Con este balance, ¿hacia dónde deberían enfocarse los esfuerzos del Gobierno para seguir bajando la cifra?

Vemos que es necesario que el Gobierno diseñe estrategias de intervención a medida, ajustadas al territorio, porque lo que pasa en Norte de Santander es totalmente diferente a lo que sucede en Nariño. Las comunidades son distintas y el trabajo tiene que ser diferenciado. En las zonas donde hay concentracion y enclaves productivos hay que hacer un trabajo para luchar contra la violencia, la inseguridad y tranquilizar a la gente y vea que sí hay un futuro. No hay una solución mágica, es un trabajo que necesita 10 o 20 años, pero se puede hacer con un trabajo de fondo interinstitucional, de la mano con los campesinos y la comunidad.