Homicidios en zonas con sustitución de cultivos aumentaron en un 33%
De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 35,5 en 2016 a 39,5 en 2017, un alza del 11%, en los 183 municipios donde hay cultivos de coca.
-Redacción Nacional
Aunque no se puede negar que han sido varios los avances del programa de sustitución de cultivos ilícitos que implementó el Gobierno para contrarrestar el aumento de hectáreas con coca en el país y que comenzó en 36 municipios que presentan cifras críticas, tampoco se puede dejar de lado el hecho de que, a un año de su implementación, siguen preocupando temas puntuales como la asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto que aun llegan a las regiones y el deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas en las que el programa ha comenzado a andar.
Y precisamente sobre ese punto llama la atención el informe de la Fundación Ideas para la Paz, denominado ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? El balance de 2017 y lo que viene en 2018, que presenta una radiografía sobre los avances, pendientes e incertidumbres del proceso con el que el gobierno busca una reducción de 50.000 hectáreas a través de acuerdos con más de 127.000 familias cocaleras.
El tema no es menor. Sobre todo si se tiene en cuenta que el fracaso del proceso de sustitución no solo tiene costos económicos -por los recursos que ya se han invertido- sino también porque, de no funcionar, existe un altísimo riesgo de resiembra. A eso se suman los costos políticos: "La interrupción y el fracaso del programa podrían derivar en múltiples protestas sociales, capitalizadas por organizaciones que buscan tener la vocería de los cocaleros (incluidas las Farc). Además, la militarización de las zonas y una estrategia primordialmente represiva podrían tener efectos contraproducentes, fortaleciendo el nexo entre comunidades dependientes de esta economía ilegal y grupos criminales que participan en la cadena del narcotráfico. Lo que está en juego es el desarrollo de estas comunidades y territorios. Si bien 2017 fue el año de la planeación y la concertación, en 2018 se requiere avanzar en acciones concretas, en medio de las limitaciones presupuestales".
De ahí que exista una preocupación por las cifras que revelan el informe y que dejan ver el nivel del conflicto en las zonas con mayor densidad de cultivos ilícitos. Por ejemplo, mientras que la tasa nacional de homicidios tuvo un leve decrecimiento de 0,6 en 2017, pasando de 24,8 por 100.000 habitantes a 24,2, en los municipios con cultivos de coca se incrementó cuatro puntos subiendo de 35,5 a 39,5.
Con un agravante, en los 36 municipios en los que el gobierno inició el año pasado un plan de sustitución de cultivos ilícitos, que concentran el 52% de las 146.000 hectáreas de narcocultivos del país, los asesinatos conocieron un incremento de 33%, al pasar de 41,1 a 54,7.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, la mayoría de los municipios que registraron alzas en los niveles de homicidios fueron aquellos en los que se registraron disputas de grupos armados al margen de la ley. "Como ha señalado la FIP, el desmonte paulatino de las Farc dejó muchos agentes sin ningún tipo de regulación, a lo que se suma la reorganización de diferentes facciones o disidencias y organizaciones criminales. Se destaca la confrontación protagonizada por el denominado Clan del Golfo y el Eln en Chocó, la actitud predatoria del Epl en Tibú y abiertamente en contra de la sustitución, el flujo de recursos que carteles internacionales continúan inyectando a disidencias de las Farc, así como su progresiva expansión territorial en el Pacífico, su roriente del país y algunas regiones de Antioquia, y la pretensión de facciones criminales locales de tener mayor participación en el narcotráfico".
Sin embargo, el alza en los niveles de homicidios no es la única consecuencia de los problemas de seguridad en los territorios, también preocupan las amenazas y ataques directos al proceso mismo de sustitución de cultivos. Como ejemplo, documenta la FIP, están los casos de los ataques del Epl en el Catatumbo, de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá, o los del Clan del Golfo en Tarazá. Eso sin contar los 21 asesinatos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
Un complejo panorama al que habría que agregarle el hecho de que, según la FIP, la respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural que articule las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía y que atienda las problemáticas y necesidades específicas de las poblaciones. "El Gobierno creó cuatro Centros Estratégicos de Operaciones que cubren los 11 departamentos en donde se concentra el 91% de los cultivos de coca del país, además de una nueva fuerza de tarea compuesta por cerca de 10.000 hombres para el Pacífico Nariñense. Las comunidades y organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la militarización de los territorios no ha sido una solución efectiva para su seguridad, ya que los desplazamientos, amenazas y asesinatos continúan".
El problema adquiere otras dimensiones cuando se analiza el choque evidente que hay entra la política de sustitución y la de erradicación de cultivos que privilegia la destrucción de cultivos y laboratorios y que ha ocasionado incluso choques con las comunidades.
"La masacre de sietes campesinos en Tumaco (Nariño) en octubre, en medio de una operación de erradicación forzada por parte de la policía antinarcóticos, puso en evidencia el traslape de las dos estrategias en las zonas con cultivos ilícitos, así como sus efectos negativos. La
erradicación forzada en las zonas donde se firmaron acuerdos colectivos ha tenido como reacción la protesta social, con comunidades que impiden el ingreso de la Fuerza Pública, argumentando el incumplimiento de lo pactado".
Hay subsidios pero no asistencia técnica
Otra de las falencias detectadas en el informe de la FIP es la ausencia de asistencia alimentaria inmediata, dirigida al auto-sostenimiento y el desarrollo de proyectos de ingreso rápido. Si bien es cierto que el 53% de las familias vinculadas al programa de sustitución comenzó a recibir el pago mensual de un millón de pesos por un año - con el compromiso de arrancar las matas de coca en los dos primeros meses- existe un reclamo constante de las comunidades que no han recibido la asistencia técnica."La brecha entre los primeros pagos y la llegada de la asistencia ha generado incertidumbre en las comunidades, que se encuentran a la espera de implementar los proyectos productivos. La lenta marcha de los distintos componentes del programa podría poner en riesgo el proceso de sustitución, con la deserción de las familias que tomaron la decisión de erradicar voluntariamente. Sin el desarrollo de proyectos, que dependen en buena medida de la capacidad del Estado de conectar estas zonas con los circuitos de comercialización, la sustitución tendrá un impacto marginal en términos de generación de ingresos y empleo", detalla el texto.
Aunque no se puede negar que han sido varios los avances del programa de sustitución de cultivos ilícitos que implementó el Gobierno para contrarrestar el aumento de hectáreas con coca en el país y que comenzó en 36 municipios que presentan cifras críticas, tampoco se puede dejar de lado el hecho de que, a un año de su implementación, siguen preocupando temas puntuales como la asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto que aun llegan a las regiones y el deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas en las que el programa ha comenzado a andar.
Y precisamente sobre ese punto llama la atención el informe de la Fundación Ideas para la Paz, denominado ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? El balance de 2017 y lo que viene en 2018, que presenta una radiografía sobre los avances, pendientes e incertidumbres del proceso con el que el gobierno busca una reducción de 50.000 hectáreas a través de acuerdos con más de 127.000 familias cocaleras.
El tema no es menor. Sobre todo si se tiene en cuenta que el fracaso del proceso de sustitución no solo tiene costos económicos -por los recursos que ya se han invertido- sino también porque, de no funcionar, existe un altísimo riesgo de resiembra. A eso se suman los costos políticos: "La interrupción y el fracaso del programa podrían derivar en múltiples protestas sociales, capitalizadas por organizaciones que buscan tener la vocería de los cocaleros (incluidas las Farc). Además, la militarización de las zonas y una estrategia primordialmente represiva podrían tener efectos contraproducentes, fortaleciendo el nexo entre comunidades dependientes de esta economía ilegal y grupos criminales que participan en la cadena del narcotráfico. Lo que está en juego es el desarrollo de estas comunidades y territorios. Si bien 2017 fue el año de la planeación y la concertación, en 2018 se requiere avanzar en acciones concretas, en medio de las limitaciones presupuestales".
De ahí que exista una preocupación por las cifras que revelan el informe y que dejan ver el nivel del conflicto en las zonas con mayor densidad de cultivos ilícitos. Por ejemplo, mientras que la tasa nacional de homicidios tuvo un leve decrecimiento de 0,6 en 2017, pasando de 24,8 por 100.000 habitantes a 24,2, en los municipios con cultivos de coca se incrementó cuatro puntos subiendo de 35,5 a 39,5.
Con un agravante, en los 36 municipios en los que el gobierno inició el año pasado un plan de sustitución de cultivos ilícitos, que concentran el 52% de las 146.000 hectáreas de narcocultivos del país, los asesinatos conocieron un incremento de 33%, al pasar de 41,1 a 54,7.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, la mayoría de los municipios que registraron alzas en los niveles de homicidios fueron aquellos en los que se registraron disputas de grupos armados al margen de la ley. "Como ha señalado la FIP, el desmonte paulatino de las Farc dejó muchos agentes sin ningún tipo de regulación, a lo que se suma la reorganización de diferentes facciones o disidencias y organizaciones criminales. Se destaca la confrontación protagonizada por el denominado Clan del Golfo y el Eln en Chocó, la actitud predatoria del Epl en Tibú y abiertamente en contra de la sustitución, el flujo de recursos que carteles internacionales continúan inyectando a disidencias de las Farc, así como su progresiva expansión territorial en el Pacífico, su roriente del país y algunas regiones de Antioquia, y la pretensión de facciones criminales locales de tener mayor participación en el narcotráfico".
Sin embargo, el alza en los niveles de homicidios no es la única consecuencia de los problemas de seguridad en los territorios, también preocupan las amenazas y ataques directos al proceso mismo de sustitución de cultivos. Como ejemplo, documenta la FIP, están los casos de los ataques del Epl en el Catatumbo, de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá, o los del Clan del Golfo en Tarazá. Eso sin contar los 21 asesinatos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
Un complejo panorama al que habría que agregarle el hecho de que, según la FIP, la respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural que articule las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía y que atienda las problemáticas y necesidades específicas de las poblaciones. "El Gobierno creó cuatro Centros Estratégicos de Operaciones que cubren los 11 departamentos en donde se concentra el 91% de los cultivos de coca del país, además de una nueva fuerza de tarea compuesta por cerca de 10.000 hombres para el Pacífico Nariñense. Las comunidades y organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la militarización de los territorios no ha sido una solución efectiva para su seguridad, ya que los desplazamientos, amenazas y asesinatos continúan".
El problema adquiere otras dimensiones cuando se analiza el choque evidente que hay entra la política de sustitución y la de erradicación de cultivos que privilegia la destrucción de cultivos y laboratorios y que ha ocasionado incluso choques con las comunidades.
"La masacre de sietes campesinos en Tumaco (Nariño) en octubre, en medio de una operación de erradicación forzada por parte de la policía antinarcóticos, puso en evidencia el traslape de las dos estrategias en las zonas con cultivos ilícitos, así como sus efectos negativos. La
erradicación forzada en las zonas donde se firmaron acuerdos colectivos ha tenido como reacción la protesta social, con comunidades que impiden el ingreso de la Fuerza Pública, argumentando el incumplimiento de lo pactado".
Hay subsidios pero no asistencia técnica
Otra de las falencias detectadas en el informe de la FIP es la ausencia de asistencia alimentaria inmediata, dirigida al auto-sostenimiento y el desarrollo de proyectos de ingreso rápido. Si bien es cierto que el 53% de las familias vinculadas al programa de sustitución comenzó a recibir el pago mensual de un millón de pesos por un año - con el compromiso de arrancar las matas de coca en los dos primeros meses- existe un reclamo constante de las comunidades que no han recibido la asistencia técnica."La brecha entre los primeros pagos y la llegada de la asistencia ha generado incertidumbre en las comunidades, que se encuentran a la espera de implementar los proyectos productivos. La lenta marcha de los distintos componentes del programa podría poner en riesgo el proceso de sustitución, con la deserción de las familias que tomaron la decisión de erradicar voluntariamente. Sin el desarrollo de proyectos, que dependen en buena medida de la capacidad del Estado de conectar estas zonas con los circuitos de comercialización, la sustitución tendrá un impacto marginal en términos de generación de ingresos y empleo", detalla el texto.