Cargos a exalcalde de Buenaventura por pago de servicios de estudiantes fantasma
Los pagos a más de 40 mil estudiantes habrían generado un detrimento patrimonial de $ 37.000 millones.
La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos a Bartolo Valencia Ramos, exalcalde de Buenaventura, por presuntamente haber reconocido el pago de servicios educativos de 41.267 estudiantes “fantasmas” o inexistentes. Esto habría generado un detrimento patrimonial de $ 37.000 millones.
“Al parecer, durante los años 2012, 2014 y 2015 Valencia Ramos habría utilizado recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para cubrir los servicios causados por ese número de alumnos”, señaló la Procuraduría. Valencia no habría podido justificar esos gastos durante una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación Nacional.
De los 111.600 estudiantes reportados ante el Ministerio de Educación Nacional, más de 40 mil no existirían. “Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del Distrito”, puntualizó la Procuraduría General de la Nación.
El pasado 14 de marzo la Procuraduría formuló cargos a exfuncionarios de Istmina, Chocó, por presunta falsificación de documentos para gestionar 56 pensiones para docentes de colegios públicos de Quibdó, Istmina, Nóvita y Tadó. Según el Ministerio Público, “los funcionarios, al parecer, se habrían confabulado con abogados litigantes externos para expedir documentos falsos que sirvieran de prueba al procedimiento de dicho reconocimiento”.
De acuerdo con el ente de control, las pensiones habrían sido por más de $4.000 millones.
La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos a Bartolo Valencia Ramos, exalcalde de Buenaventura, por presuntamente haber reconocido el pago de servicios educativos de 41.267 estudiantes “fantasmas” o inexistentes. Esto habría generado un detrimento patrimonial de $ 37.000 millones.
“Al parecer, durante los años 2012, 2014 y 2015 Valencia Ramos habría utilizado recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para cubrir los servicios causados por ese número de alumnos”, señaló la Procuraduría. Valencia no habría podido justificar esos gastos durante una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación Nacional.
De los 111.600 estudiantes reportados ante el Ministerio de Educación Nacional, más de 40 mil no existirían. “Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del Distrito”, puntualizó la Procuraduría General de la Nación.
El pasado 14 de marzo la Procuraduría formuló cargos a exfuncionarios de Istmina, Chocó, por presunta falsificación de documentos para gestionar 56 pensiones para docentes de colegios públicos de Quibdó, Istmina, Nóvita y Tadó. Según el Ministerio Público, “los funcionarios, al parecer, se habrían confabulado con abogados litigantes externos para expedir documentos falsos que sirvieran de prueba al procedimiento de dicho reconocimiento”.
De acuerdo con el ente de control, las pensiones habrían sido por más de $4.000 millones.