Incursión armada en Puerto Leguízamo deja más de 100 desplazados y 7 muertos
La comunidad indígena Bellavista denuncia el desplazamiento de 35 familias como resultado de los hechos. La Fuerza Pública adelanta un consejo de seguridad para evaluar la delicada situación de orden público en esta zona fronteriza y afectada por el narcotráfico.
La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del Municipio de Puerto Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (Acilapp) denunció el desplazamiento de varias familias de la comunidad Bellavista, ubicada en en dicho municipio. Según esa organización indígena, un grupo armado (aún sin identificar) fue el responsable del hecho, perpetrado el pasado 25 de diciembre. La comunidad reportó el asesinato de al menos a siete personas y la desaparición de algunas más que, según la organización, estas personas no pertenecían a la comunidad indígena, sino que estaban en el lugar en el momento de la masacre.
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Estos hechos causaron también que alrededor de 35 familias, es decir, unas 120 personas, se tuvieran que desplazar a la cabecera municipal, para protegerse. Entre los desplazados, está la autoridad política y la autoridad ancestral de la comunidad indígena de Bellavista.
Javier Rosero Pai, coordinador de Derechos Humanos del Putumayo, indicó que el hecho tuvo lugar en medio de la confrontación de dos grupos armados que se disputan la zona, la disidencia del frente 48 y el frente “Carolina Ramírez”. Según la información recopilada por el Coordinador de Seguridad y Convivencia del departamento, la denuncia de la comunidad fue que, mientras que integrantes de la disidencia del frente 48 descansaban, el frente “Carolina Ramírez” atacó, dejando el saldo de las siete personas muertas.
La Acilapp solicitó “una inmediata misión humanitaria que verifique los hechos y el estado del territorio y la comunidad y activar una ruta de atención integral de retorno y reparación de acuerdo a normas establecidas y con el pleno goce de la garantía de los derechos y la no repetición”. La organización denunció que la atención por parte de la institucionalidad no ha sido inmediata y exige que haya un acompañamiento permanente frente a “la crisis que está presentando y afectando de manera territorial, física, espiritualmente a nuestros pueblos indígenas”.
“La incursión armada alarmó a la comunidad y generó total rechazo, por ser un territorio de ellos, un territorio Murui, sagrado”, indica Rosero Pai. El coordinador de Derechos Humanos señala que la zona es “un caldo de cultivo para que pululen los grupos armados”, por la existencia de una gran cantidad de cultivos ilícitos, que se encuentran a lo largo de la frontera con Perú. Como ha contado este diario, en esta zona hace presencia un grupo criminal conocido como los Comandos de la Frontera, conformado por antiguos miembros de La Constru (grupo sucesor del paramilitarismo) y disidentes de las Farc.
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Los Comandos de la Frontera son uno de los grupos que abastecen a las organizaciones narcotraficantes que delinquen en Ecuador y que hasta hace unos meses tenían en una crisis carcelaria a ese país. Asimismo, se ha reportado que los Comandos de la Frontera tienen contactos con mafias mexicanas y de la península de los Balcanes.
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La Fuerza Naval del Sur de la Armada señaló a través de su cuenta de Twitter que se adelanta un consejo de seguridad con las autoridades regionales. “En la Alcaldía de Puerto Leguízamo Putumayo, nos reunimos con los gobernadores indígenas del municipio, para escuchar las necesidades de la comunidad y explicarles la labor de nuestras Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de la población en este departamento”, señaló la armada en su cuenta de Twitter.
La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del Municipio de Puerto Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (Acilapp) denunció el desplazamiento de varias familias de la comunidad Bellavista, ubicada en en dicho municipio. Según esa organización indígena, un grupo armado (aún sin identificar) fue el responsable del hecho, perpetrado el pasado 25 de diciembre. La comunidad reportó el asesinato de al menos a siete personas y la desaparición de algunas más que, según la organización, estas personas no pertenecían a la comunidad indígena, sino que estaban en el lugar en el momento de la masacre.
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Estos hechos causaron también que alrededor de 35 familias, es decir, unas 120 personas, se tuvieran que desplazar a la cabecera municipal, para protegerse. Entre los desplazados, está la autoridad política y la autoridad ancestral de la comunidad indígena de Bellavista.
Javier Rosero Pai, coordinador de Derechos Humanos del Putumayo, indicó que el hecho tuvo lugar en medio de la confrontación de dos grupos armados que se disputan la zona, la disidencia del frente 48 y el frente “Carolina Ramírez”. Según la información recopilada por el Coordinador de Seguridad y Convivencia del departamento, la denuncia de la comunidad fue que, mientras que integrantes de la disidencia del frente 48 descansaban, el frente “Carolina Ramírez” atacó, dejando el saldo de las siete personas muertas.
La Acilapp solicitó “una inmediata misión humanitaria que verifique los hechos y el estado del territorio y la comunidad y activar una ruta de atención integral de retorno y reparación de acuerdo a normas establecidas y con el pleno goce de la garantía de los derechos y la no repetición”. La organización denunció que la atención por parte de la institucionalidad no ha sido inmediata y exige que haya un acompañamiento permanente frente a “la crisis que está presentando y afectando de manera territorial, física, espiritualmente a nuestros pueblos indígenas”.
“La incursión armada alarmó a la comunidad y generó total rechazo, por ser un territorio de ellos, un territorio Murui, sagrado”, indica Rosero Pai. El coordinador de Derechos Humanos señala que la zona es “un caldo de cultivo para que pululen los grupos armados”, por la existencia de una gran cantidad de cultivos ilícitos, que se encuentran a lo largo de la frontera con Perú. Como ha contado este diario, en esta zona hace presencia un grupo criminal conocido como los Comandos de la Frontera, conformado por antiguos miembros de La Constru (grupo sucesor del paramilitarismo) y disidentes de las Farc.
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La Fuerza Naval del Sur de la Armada señaló a través de su cuenta de Twitter que se adelanta un consejo de seguridad con las autoridades regionales. “En la Alcaldía de Puerto Leguízamo Putumayo, nos reunimos con los gobernadores indígenas del municipio, para escuchar las necesidades de la comunidad y explicarles la labor de nuestras Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de la población en este departamento”, señaló la armada en su cuenta de Twitter.