Indepaz controvierte las cifras oficiales sobre asesinatos de líderes sociales

En tan solo 10 días del 2020 ya han sido asesinados 10 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y un excombatiente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los registros del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

De acuerdo con estos registros, en poco más de una semana los líderes que han muerto son: Carlos Cardona, en Ituango, Antioquia (el 2 de enero); Cristian David Caicedo, en Guapi, Cauca, (3 de enero); Gloria Ocampo, en Puerto Guzmán, Putumayo (7 de enero); Virginia Silva, en Páez, Cauca (7 de enero); Carlos Alonso Quintero, Óscar Quintero, Emilio Campaña y Gentil Hernández, en Puerto Guzmán, Putumayo (8 de enero); Mireya Hernández Guevara, en Algeciras, Huila (8 de enero); y Anuar Rojas Isaramá, Nuquí, Chocó (9 de enero).

Pero además de ellos, también se conoció el crimen de Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca (1 de enero), quien era excombatiente de las Farc, y otros hechos victimizantes por enfrentamientos de grupos armados irregulares.

Estos datos, proporcionados a Indepaz por organizaciones sociales, consejos comunitarios y resguardos que hacen parte de la Cumbre Agraria, así como personas en territorio, se conocen apenas un día después de que el presidente Iván Duque presentara los resultados de seguridad del 2019 y afirmara que hay una reducción de los asesinatos de líderes cercana al 25%.

Camilo González Posso, director de esta ONG, refuta lo dicho por el mandatario colombiano y lo desestima analizando dos etapas diferentes.

De acuerdo con González, según la información que toma el Gobierno de Naciones Unidas, en 2018 la cifra fue de 119 crímenes, y la que se tiene hasta la fecha de 2019 y que todavía no se ha consolidado, es de 106, dando una reducción de año a año de 9%. Pero hay varios casos en estudio, menciona. 

También se puede comparar la situación de los primeros 16 meses de Gobierno de Duque. Es decir, el periodo comprendido entre agosto de 2018 a la fecha, comparado con los últimos 16 meses de Juan Manuel Santos, "y la situación no es de reducción". En el periodo de Santos hubo 361 crímenes, contra 368 del lapso en el que ha gobernado Duque.

"Es decir que la situación no ha mejorado. La idea de que estamos mejor y que la situación se está tranquilizando no puede abrirse camino, porque no corresponde a la realidad. La situación sigue siendo muy grave", señala González.

El Ejecutivo también ha señalado que detrás de los asesinatos de líderes están el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados y que no hay un patrón de sistematicidad, algo que también es desestimado por Indepaz.

El experto señala que en más de la mitad de los casos que la ONG tiene registrada, el presunto asesino ha estado involucrado en métodos de sicariato. 

“El sicario es enviado por un tercero, de modo que es una situación que no se puede decir que corresponde exclusivamente a temas de narcotráfico y minería ilegal. Directamente por estos dos temas hay cerca de una tercera parte de casos, de los que ha investigado la Fiscalía, pero hay muchos otros como el conflicto territorial (la disputa y control de territorios), que es el más extendido”, aseguró. 

González advirtió que, en general, estos asesinatos tienen que ver con el incumplimiento o el “ataque a la implementación” de los acuerdos: “allí donde hay una iniciativa de implementación del acuerdo de paz, y que no se ha trabajado con celeridad, es donde hay mayor riesgo. En 334 municipios, según la Defensoría del Pueblo, este riesgo se presenta”.

Y sobre el tema de la sistematicidad, el director de Indepaz señala que el Gobierno lo que quiere decir es que “no hay una responsabilidad estatal por acción”, pero explica que dicho “patrón tiene que ver con a quiénes están asesinando, o sea, a los defensores de derechos humanos, a líderes sociales, de defensa territorial, que están comprometidos con los acuerdos de paz".

Para él, sí existe un patrón en cuanto a las características de las víctimas y de modalidad, porque son asesinatos de sicarios, en una proporción importante, o de grupos armados irregulares o narco paramilitares.

Indepaz también criticó la nueva estrategia del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para enfrentar este problema (entre estas el lanzamiento de un cartel con información de los más buscados por acciones criminales), así como el señalamiento al Eln como el principal responsable de la mayoría de muertes de defensores de derechos humanos, cuando en sus manos recae apenas el 5% de casos desde la firma de los acuerdos en 2016. 

"Es un desenfoque, porque entre el Eln y las llamadas disidencias, se ubica cerca del 17% de las responsabilidades presuntas. Entonces, decir eso descuida los problemas de fondo que tienen que ver con todo un fenómeno de ataques a líderes y lideresas por problemas territoriales, pero también de inoperancia de las políticas estatales", explicó González.

Según la ONG, las autoridades colombianas no desarticulan organizaciones ni tienen una estrategia de desmantelamiento real de un fenómeno que "no es solamente el de unos grupitos armados criminales, sino que responde a una cadena de intereses económicos y políticos por territorios".

En tan solo 10 días del 2020 ya han sido asesinados 10 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y un excombatiente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los registros del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

De acuerdo con estos registros, en poco más de una semana los líderes que han muerto son: Carlos Cardona, en Ituango, Antioquia (el 2 de enero); Cristian David Caicedo, en Guapi, Cauca, (3 de enero); Gloria Ocampo, en Puerto Guzmán, Putumayo (7 de enero); Virginia Silva, en Páez, Cauca (7 de enero); Carlos Alonso Quintero, Óscar Quintero, Emilio Campaña y Gentil Hernández, en Puerto Guzmán, Putumayo (8 de enero); Mireya Hernández Guevara, en Algeciras, Huila (8 de enero); y Anuar Rojas Isaramá, Nuquí, Chocó (9 de enero).

Pero además de ellos, también se conoció el crimen de Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca (1 de enero), quien era excombatiente de las Farc, y otros hechos victimizantes por enfrentamientos de grupos armados irregulares.

Estos datos, proporcionados a Indepaz por organizaciones sociales, consejos comunitarios y resguardos que hacen parte de la Cumbre Agraria, así como personas en territorio, se conocen apenas un día después de que el presidente Iván Duque presentara los resultados de seguridad del 2019 y afirmara que hay una reducción de los asesinatos de líderes cercana al 25%.

Camilo González Posso, director de esta ONG, refuta lo dicho por el mandatario colombiano y lo desestima analizando dos etapas diferentes.

De acuerdo con González, según la información que toma el Gobierno de Naciones Unidas, en 2018 la cifra fue de 119 crímenes, y la que se tiene hasta la fecha de 2019 y que todavía no se ha consolidado, es de 106, dando una reducción de año a año de 9%. Pero hay varios casos en estudio, menciona. 

También se puede comparar la situación de los primeros 16 meses de Gobierno de Duque. Es decir, el periodo comprendido entre agosto de 2018 a la fecha, comparado con los últimos 16 meses de Juan Manuel Santos, "y la situación no es de reducción". En el periodo de Santos hubo 361 crímenes, contra 368 del lapso en el que ha gobernado Duque.

"Es decir que la situación no ha mejorado. La idea de que estamos mejor y que la situación se está tranquilizando no puede abrirse camino, porque no corresponde a la realidad. La situación sigue siendo muy grave", señala González.

El Ejecutivo también ha señalado que detrás de los asesinatos de líderes están el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados organizados y que no hay un patrón de sistematicidad, algo que también es desestimado por Indepaz.

El experto señala que en más de la mitad de los casos que la ONG tiene registrada, el presunto asesino ha estado involucrado en métodos de sicariato. 

“El sicario es enviado por un tercero, de modo que es una situación que no se puede decir que corresponde exclusivamente a temas de narcotráfico y minería ilegal. Directamente por estos dos temas hay cerca de una tercera parte de casos, de los que ha investigado la Fiscalía, pero hay muchos otros como el conflicto territorial (la disputa y control de territorios), que es el más extendido”, aseguró. 

González advirtió que, en general, estos asesinatos tienen que ver con el incumplimiento o el “ataque a la implementación” de los acuerdos: “allí donde hay una iniciativa de implementación del acuerdo de paz, y que no se ha trabajado con celeridad, es donde hay mayor riesgo. En 334 municipios, según la Defensoría del Pueblo, este riesgo se presenta”.

Y sobre el tema de la sistematicidad, el director de Indepaz señala que el Gobierno lo que quiere decir es que “no hay una responsabilidad estatal por acción”, pero explica que dicho “patrón tiene que ver con a quiénes están asesinando, o sea, a los defensores de derechos humanos, a líderes sociales, de defensa territorial, que están comprometidos con los acuerdos de paz".

Para él, sí existe un patrón en cuanto a las características de las víctimas y de modalidad, porque son asesinatos de sicarios, en una proporción importante, o de grupos armados irregulares o narco paramilitares.

Indepaz también criticó la nueva estrategia del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para enfrentar este problema (entre estas el lanzamiento de un cartel con información de los más buscados por acciones criminales), así como el señalamiento al Eln como el principal responsable de la mayoría de muertes de defensores de derechos humanos, cuando en sus manos recae apenas el 5% de casos desde la firma de los acuerdos en 2016. 

"Es un desenfoque, porque entre el Eln y las llamadas disidencias, se ubica cerca del 17% de las responsabilidades presuntas. Entonces, decir eso descuida los problemas de fondo que tienen que ver con todo un fenómeno de ataques a líderes y lideresas por problemas territoriales, pero también de inoperancia de las políticas estatales", explicó González.

Según la ONG, las autoridades colombianas no desarticulan organizaciones ni tienen una estrategia de desmantelamiento real de un fenómeno que "no es solamente el de unos grupitos armados criminales, sino que responde a una cadena de intereses económicos y políticos por territorios".