Indígenas creen que un francotirador mató a policía en protestas en el Cauca

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que detenga la represión contra la protesta en el departamento del Cauca hizo este miércoles la Minga Nacional Indígena al pronunciarse sobre la muerte del patrullero de la Policía que falleció tras recibir dos disparos durante enfrentamientos con manifestantes que bloquean la vía Panamericana desde hace 11 días. (Lea también: La minga indígena le responde al presidente Duque)

A través de un comunicado la Minga aseguró  que fue la Fuerza Pública la que, "haciendo uso desproporcionado de la fuerza"  atacó a las comunidades que estaban protestando en la vía en hechos que dejaron un saldo de 16 heridos: 5 policías, 3 militares y 8 comuneros.

"Como defensores de la vida condenamos enérgica y categóricamente la muerte violenta del Patrullero Boris Alexander Benítez, quien recibió dos disparos certeros en el cuello y tórax propinados al parecer por una persona con amplios conocimientos en armas de fuego como un francotirador", reza el texto. Lea: Choques entre indígenas y policías en la Panamericana dejan un patrullero muerto

La minga pidió a las autoridades que investiguen el hecho para dar con el responsable de la muerte del uniformado y propuso la creación de mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para adelantar dicha investigación y le recordó al Gobierno que "la utilización de armas letales en el marco de una protesta social solo sería aceptable de acuerdo con los estándares nacional e internacionales sobre la materia por legítima defensa y que los actos aislados de violencia cometidos por otros en el transcurso de la manifestación no privan a las personas pacificas de su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación".

De acuerdo con los indígenas las acciones de la Fuerza Pública fueron desmedidas y van en contravía con las declaraciones del presidente Iván Duque quien, tras una reunión en Casa de Nariño con varios gobernadores del suroccidente del país, dijo que el Gobierno priorizaría el diálogo con las comunidades: "Denunciamos y exigimos al Gobierno Nacional que deje de mentir y engañar a los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participan de la Minga y al país, posando de demócrata en los medios de comunicación, haciendo invitaciones vacías al dialogo, pero aplicando en terreno la más irracional represión física y psicológica contra las comunidades en pie de lucha y resistencia por la exigencia del derecho a la vida y al territorio".

En ese sentido pidieron al gobierno coherencia entre sus afirmaciones y sus acciones y que contribuya a un diálogo abierto que reconozca que  la protesta pacífica "no puede ser criminalizada por el Estado ni tomar represalias, ni ser amedrentada, hostigada, lesionada, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, y mucho menos estigmatizada. Es una forma de ejercer los derechos a la libertad de reunión, expresión y asociación, y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos", aseguran al hacer un llamado a organizaciones sociales, de derechos humanos, Defensoría y Procuraduría para que acompañen sus reclamos al Estado y garanticen el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno.

Un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que detenga la represión contra la protesta en el departamento del Cauca hizo este miércoles la Minga Nacional Indígena al pronunciarse sobre la muerte del patrullero de la Policía que falleció tras recibir dos disparos durante enfrentamientos con manifestantes que bloquean la vía Panamericana desde hace 11 días. (Lea también: La minga indígena le responde al presidente Duque)

A través de un comunicado la Minga aseguró  que fue la Fuerza Pública la que, "haciendo uso desproporcionado de la fuerza"  atacó a las comunidades que estaban protestando en la vía en hechos que dejaron un saldo de 16 heridos: 5 policías, 3 militares y 8 comuneros.

"Como defensores de la vida condenamos enérgica y categóricamente la muerte violenta del Patrullero Boris Alexander Benítez, quien recibió dos disparos certeros en el cuello y tórax propinados al parecer por una persona con amplios conocimientos en armas de fuego como un francotirador", reza el texto. Lea: Choques entre indígenas y policías en la Panamericana dejan un patrullero muerto

La minga pidió a las autoridades que investiguen el hecho para dar con el responsable de la muerte del uniformado y propuso la creación de mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para adelantar dicha investigación y le recordó al Gobierno que "la utilización de armas letales en el marco de una protesta social solo sería aceptable de acuerdo con los estándares nacional e internacionales sobre la materia por legítima defensa y que los actos aislados de violencia cometidos por otros en el transcurso de la manifestación no privan a las personas pacificas de su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación".

De acuerdo con los indígenas las acciones de la Fuerza Pública fueron desmedidas y van en contravía con las declaraciones del presidente Iván Duque quien, tras una reunión en Casa de Nariño con varios gobernadores del suroccidente del país, dijo que el Gobierno priorizaría el diálogo con las comunidades: "Denunciamos y exigimos al Gobierno Nacional que deje de mentir y engañar a los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participan de la Minga y al país, posando de demócrata en los medios de comunicación, haciendo invitaciones vacías al dialogo, pero aplicando en terreno la más irracional represión física y psicológica contra las comunidades en pie de lucha y resistencia por la exigencia del derecho a la vida y al territorio".

En ese sentido pidieron al gobierno coherencia entre sus afirmaciones y sus acciones y que contribuya a un diálogo abierto que reconozca que  la protesta pacífica "no puede ser criminalizada por el Estado ni tomar represalias, ni ser amedrentada, hostigada, lesionada, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, y mucho menos estigmatizada. Es una forma de ejercer los derechos a la libertad de reunión, expresión y asociación, y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos", aseguran al hacer un llamado a organizaciones sociales, de derechos humanos, Defensoría y Procuraduría para que acompañen sus reclamos al Estado y garanticen el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno.