Indígenas de la Sierra Nevada denuncian afectación a sus territorios sagrados

Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas) denunciaron la afectación de un espacio sagrado en el territorio ancestral kogui. La situación se presenta en los manglares y áreas aledañas a la desembocadura del río Ancho, en el municipio de Dibulla, La Guajira. Las comunidades alertaron que se estaban realizando intervenciones con maquinaria pesada dentro de la Línea Negra, una demarcación del territorio ancestral reconocida por el Estado.

Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas) denunciaron la afectación de un espacio sagrado en el territorio ancestral kogui. La situación se presenta en los manglares y áreas aledañas a la desembocadura del río Ancho, en el municipio de Dibulla, La Guajira. Las comunidades alertaron que se estaban realizando intervenciones con maquinaria pesada dentro de la Línea Negra, una demarcación del territorio ancestral reconocida por el Estado.

Las comunidades manifestaron que, aparentemente, eran obras para turismo. Sin embargo, el 26 de mayo la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) comunicó que se trataba del “dragado en un cuerpo de agua de flujo intermitente” en la Hacienda Paraima. La autoridad explica que Bernardo González, propietario de la hacienda, dijo que buscaba mejorar el drenaje y poder mantener el agua por más tiempo “para que mejoren las fusiones ecosistémicas y no se seque en el verano”. Juan Pablo Muñoz, abogado que durante años ha trabajado en la defensa de los cuatro pueblos, explica que el lugar está dentro de los 347 espacios sagrados reconocidos por el Gobierno.

“Nosotros, el 18 de mayo, enviamos un oficio al Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma de La Guajira, la Gobernación de La Guajira y la Dirección de Asuntos Indígenas. Corpoguajira ya se pronunció, dijo que era un dragado en la laguna y ordenó suspender toda obra”, dijo el viceministro del interior, Carlos Alberto Baena.

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El trabajo con maquinaria inició en marzo. Corpoguajira clasificó la importancia de la afectación ambiental en el rango de impacto severo y aseguró que no se contaba con los permisos ambientales para realizar dicha actividad. También se ordenó la apertura de una investigación ambiental. Samuel Lanao, director de la entidad, dijo que el dragado era en la laguna y en un canal que la alimenta desde el río.

“Esta intervención con maquinaria pesada indudablemente afecta la biodiversidad, el equilibrio ambiental y nuestra supervivencia cultural como pueblos originarios”, señala Jaime Arias, secretario técnico del Consejo Territorial del Cabildo de la Sierra Nevada (CTC), una instancia de interlocución de los cuatro pueblos. Las comunidades explican que Jaba Alduweiuman, el lugar afectado, en su cultura es la madre del conocimiento de la naturaleza y el agua. Dicen que se encuentra conectada con todas las lagunas de los picos, los nevados, las ezwamas, que son los espacios de gobierno ancestral; las desembocaduras y cuencas de los ríos de la Sierra.

Juana Hofman, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y defensora de los cuatro pueblos, explica que ese espacio es para ellos una madre vieja y tiene un valor espiritual incalculable. Dice que la Sierra Nevada es un ecosistema único en el mundo, pero está llegando a un punto de no retorno.

A pesar del anuncio de Corpoguajira, el secretario técnico del CTC manifiesta que el territorio ancestral está en riesgo desde hace muchos años. Para él, desde 2009 la situación empeoró con la intervención de la minería legal e ilegal. Arias expresa que no se trata solo de esta zona, pues sus territorios sagrados se ven afectados constantemente. “Nuestra tierra tiene un ordenamiento ancestral que se interconecta con todo el sistema ecológico. Tiene valor cultural, pero también ambiental. Nosotros, como pueblo, debemos ser guardianes del corazón del mundo, mantener esa conexión y la interacción del ecosistema”, afirma.

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Muñoz explica que la protección normativa de estos territorios inició en 1973, en ese momento el Ministerio de Gobierno (ahora Ministerio del Interior), expidió una resolución en la que reconoce algunos de los territorios. En 1995, momento en el que ya se había aprobado la Constitución con la que se reconoce la diversidad étnica y cultural, se retomó el tema. La resolución 837 amplió los espacios sagrados y su protección, teniendo en cuenta los conflictos presentados por los intereses económicos en la Sierra Nevada.

Con base en esa resolución, la Corte Constitucional ha protegido el territorio “y el derecho de estos pueblos a participar en las decisiones que lo afectan, frente a proyectos mineros, los intereses de construir puertos o carreteras”, explica Muñoz. Un ejemplo claro de construcciones en territorios protegidos se evidencia en 2010, cuando la Corte se pronunció respecto a la afectación de un cerro en Dibulla, por la realización de un puerto multipropósito. Cuando ya había iniciado la obra, los pueblos indígenas presentaron una acción de tutela, la Corte ordenó que se detuviera porque no se realizó consulta previa.

No llegaron a un acuerdo. En 2013, aunque la Corte no optó por demoler la construcción, ordenó que las dos resoluciones anteriores fueran ampliadas y modificadas para prevenir casos similares. Muñoz explica que el decreto 1500 de 2018 es el resultado de esa orden de la Corte, este incluye principios de orden ambiental, entre ellos la función social y ecológica que deben cumplir quienes tienen predios allí. El decreto amplió el listado de espacios sagrados, describió los principios del territorio, “explicando que no son aislados, sino un tejido de conectividades culturales, espirituales y ambientales”.

El Decreto 1500 de 2018 define el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, que debe ser protegido por su valor espiritual, cultural y ambiental. También ordena crear una mesa de coordinación para proteger la Línea Negra, de la que deben hacer parte los cuatro pueblos, la Corporación Autónoma de los tres departamentos, las gobernaciones y los ministerios del Interior, de Ambiente y Cultura. “El Gobierno es renuente a implementar el decreto. No han adoptado el mapa que expresa este listado de lugares sagrados y tampoco se ha conformado la mesa de coordinación”, expresa Muñoz.

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Arias también exige que se instale la mesa para la implementación, que permita coordinar la protección de todo el territorio ancestral. También señala que los espacios están amenazados por intereses económicos. Para Muñoz, a pesar de que ya actuó la autoridad ambiental, hay una falla en la prevención e implementación del decreto, un tema que no se resuelve con la actuación de Corpoguajira.