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Desde la avalancha del 31 de marzo de 2017 que devastó gran parte de la capital de Putumayo, la comunidad indígena Inga Musu Runakuna tuvo que desplazarse del kilómetro 3 vía a San Antonio, donde estaban ubicados después de previos desplazamientos forzados por parte de la extinta guerrilla de las Farc, hacia unos predios en Mocoa. Estos inicialmente estaban pensados, desde el Gobierno Nacional y más puntualmente desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que el cabildo los ocupara mediante arrendamiento y posteriormente se hiciera efectiva la compra de las tierras con el fin de garantizarles sus derechos territoriales, considerando además su nivel de vulnerabilidad manifiesta, por los episodios en los que han sido víctimas del conflicto armado.
Si bien la ANT se comprometió a comprar estas tierras, las cuales están actualmente bajo la propiedad del señor Aldemar Córdoba Quintero, desde el seno del cabildo está latente la preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno Duque ante esta situación que los deja al borde de un desalojo fallado por el Juzgado Primero Civil Municipal el 2 de diciembre de 2019.
“No podemos acatar un fallo, cuando la solución de este problema la tiene el mismo gobierno”, dijo Marino Peña, exgobernador del cabildo y actual habitante de estos predios, a El Espectador. Esto debido a que según él, desde el momento de la avalancha, con el permiso del dueño de las tierras y de la intervención del sacerdote Ómar Parra, el ministerio de Agricultura le suministró a la comunidad unas semillas para que comenzaran a producir y a ganarse la vida, mientras que la ANT se fuera encargando de la adquisición de los terrenos.
“Nos sentimos cohibidos por parte del gobierno en tanto que ha existido la voluntad de formar una mesa diferencial indígena que se articule con la ANT y con la alcaldía de Mocoa para dar soluciones, pero tanto al alcalde como ha nosotros nos han quitado facultades de decisión y sospechamos que el gobierno actual quiere aplicar lo que decía el expresidente Uribe Vélez en cuanto a no darnos ni un centímetro más de tierra a los indígenas”, sostuvo Peña.
Sobre el tema de desalojo existe un choque de intereses entre lo que reclaman los indígenas y lo que pide el propietario de los predios, donde ineludiblemente entra en escena el papel del Estado. Por un lado, desde el 14 de agosto de 2019 un juez falló a favor del cabildo para que el Estado responda por la asignación de una tierra en la que se puedan asentar de manera digna. Dicha decisión estipula que hay plazo hasta febrero de 2020 para resolverles esa situación.
Pero por otro lado, se encuentra el ya mencionado fallo de desalojo del 2 de diciembre de 2019, mediante el cual se le ordena al cabildo encabezado por la gobernadora Sandra Patricia Peña Jamioy, la restitución de los predios que solicita el demandante (Aldemar Córdoba), al finalizar el contrato de arrendamiento, así como proceder en el recurso de apelación por mora en el pago de los cánones de arrendamiento pendientes. Es decir, que la deuda se le atribuye a los indígenas, por más de que según Marino Peña y sus asesores legales, existan documentos que vinculan al gobierno nacional con estos pagos y que son de obligatorio cumplimiento según una sentencia de la Corte Constitucional.
Según Peña, la deuda con Aldemar Córdoba asciende a los “$4'200.000.000 si se considera que el valor de arrendamiento por hectárea es de $70’000.000”.
Horacio Guerrero, exdirector nacional de Asuntos Indígenas en el Gobierno Santos, y actual asesor de la comunidad indígena le dijo a este diario que en su conocimiento dentro de este caso, el dueño del predio quiere que le compren sus terrenos o que se pongan al día con el arrendamiento, pero la “ANT no ha hecho efectivo ningún pago de compra de esta tierra porque no tienen los recursos asignados y porque la Comisión Nacional de Territorio no tiene priorizada esta adquisición; además de haber intereses políticos de por medio”.
Guerrero también sostiene que le preocupa este procedimiento porque los Inga Musu Runakuna con un desalojo podrían tener “un exterminio físico por culpa de un acto inconstitucional donde el Estado no le garantiza una tierra digna a esta comunidad”.
Sobre el papel de la alcaldía de Mocoa, tanto Guerrero como Peña manifiestan que a la comunidad indígena se le ha marginado de las decisiones territoriales de la región en tanto que “no hay pistas nuestras en el documento Conpes 3904, sobre asignación de predios, y el alcalde José Antonio Castro no ha procedido con el plan de atención específico, donde haya un diagnóstico o un presupuesto reglamentado”, precisó Peña.
Por más de que las acciones jurídicas ya están puestas sobre la mesa, el desalojo de estas 144 personas, divididas en 36 familias, no se ha hecho efectiva. Ante esta situación, Marino Peña dice que no tienen un plan B en caso de que los saquen del territorio que habitan y dice estar dispuesto a “no permitir que el abuso y la desidia a cargo de la institucionalidad afecte a la comunidad. Esto a pesar de que somos una comunidad pacífica que busca hasta el final estar firme en la defensa de nuestros derechos”.
El Espectador intentó comunicarse con la ANT, sin embargo no hubo respuesta a las llamadas realizadas*