Inoperancia del Gobierno puede provocar un etnocidio: organizaciones indígenas
La Organización Nacional Indígena del Colombia (ONIC) asegura que hay 252.301 familias de pueblos originarios que se encuentran en alto riesgo de contraer COVID-19.
* Redacción Nacional
Un conglomerado de grupos indígenas, conformado por las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, la Confederación Indígena Tayrona(CIT), la Organización Nacional Indígena del Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), le manifestó al Gobierno Nacional su preocupación por la situación que viven a raíz de las pocas medidas de seguridad sanitaria que tienen para mitigar el COVID-19 en sus territorios. Este pronunciamiento se hizo a través de un comunicado, en el cual catalogan como inoperante a la gestión estatal.
Sumadas a las condiciones de salud, los indígenas alegaron que factores como la escalada de violencia por el accionar de grupos armados, la inseguridad alimentaria y el precario acceso al agua potable, pueden generar muy pronto un etnicidio, si las medidas de protección desde el alto Gobierno no cambian.
Las organizaciones indígenas aseguran que la única protección con la que cuentan es la propia, mediante las acciones de control de sus guardias indígenas y por la labor de médicos tradicionales y autoridades espirituales que "realizan rituales y pagamentos".
También le puede interesar: ONIC confirma el primer fallecimiento de un indígena por COVID-19 en Colombia
El punto central del comunicado establece que desde el 17 de abril, los indígenas a nivel nacional adelantan peticiones para reunirse de manera urgente con el Gobierno para concretar medidas y hacer cumplir un enfoque diferencial en sus territorios.
Por la falta de respuestas están exigiendo el cumplimiento de las siguientes ayudas: entrega de aportes humanitarios y kits de bioseguridad para la guardia indígena, un acceso rápido a las pruebas para detectar COVID-19, la asignación de recursos financieros (coordinado por el Sistema de Seguridad Social en Salud).
Todo esto en el marco de un respeto por el gobierno propio, "el diálogo y la concertación establecida en la Mesa Permanente de Concertación" del 13 de marzo.
Uno de las principales preocupaciones dentro de estas comunidades es que se disparen los casos positivos por el virus y no se puedan atender de manera oportuna.
El 23 de abril, la ONIC confirmó la primera muerte de un indígena a causa del coronavirus. Fue un hombre de 27 años, del pueblo indígena Yanakuna, quien falleció en San José de Isnos, Huila.
Sumados a este reclamo, en la última semana se han manifestado los Awá, en Nariño; los U'wa, en Norte de Santander; y los mismos Yanakuna en Huila y Putumayo. Afirman que sus condiciones alimentarias, de salubridad y educativas son deplorables frente a la pandemia.
Además, en un mapeo sobre el nivel nacional, el Boletín 19 de la ONIC, muestra que a la fecha hay cuatro comunidades directamente afectadas por la pandemia: los Pastos (tres casos), los Yukpa (dos casos), los Zenú (un caso en territorio y uno más en Bogotá) y los Ticuna (un caso). Asimismo, hay 52 casos por confirmar, cuatro recuperados y 535.111 familias indígenas "ad portas de crisis humanitaria".
Un conglomerado de grupos indígenas, conformado por las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, la Confederación Indígena Tayrona(CIT), la Organización Nacional Indígena del Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), le manifestó al Gobierno Nacional su preocupación por la situación que viven a raíz de las pocas medidas de seguridad sanitaria que tienen para mitigar el COVID-19 en sus territorios. Este pronunciamiento se hizo a través de un comunicado, en el cual catalogan como inoperante a la gestión estatal.
Sumadas a las condiciones de salud, los indígenas alegaron que factores como la escalada de violencia por el accionar de grupos armados, la inseguridad alimentaria y el precario acceso al agua potable, pueden generar muy pronto un etnicidio, si las medidas de protección desde el alto Gobierno no cambian.
Las organizaciones indígenas aseguran que la única protección con la que cuentan es la propia, mediante las acciones de control de sus guardias indígenas y por la labor de médicos tradicionales y autoridades espirituales que "realizan rituales y pagamentos".
También le puede interesar: ONIC confirma el primer fallecimiento de un indígena por COVID-19 en Colombia
El punto central del comunicado establece que desde el 17 de abril, los indígenas a nivel nacional adelantan peticiones para reunirse de manera urgente con el Gobierno para concretar medidas y hacer cumplir un enfoque diferencial en sus territorios.
Por la falta de respuestas están exigiendo el cumplimiento de las siguientes ayudas: entrega de aportes humanitarios y kits de bioseguridad para la guardia indígena, un acceso rápido a las pruebas para detectar COVID-19, la asignación de recursos financieros (coordinado por el Sistema de Seguridad Social en Salud).
Todo esto en el marco de un respeto por el gobierno propio, "el diálogo y la concertación establecida en la Mesa Permanente de Concertación" del 13 de marzo.
Uno de las principales preocupaciones dentro de estas comunidades es que se disparen los casos positivos por el virus y no se puedan atender de manera oportuna.
El 23 de abril, la ONIC confirmó la primera muerte de un indígena a causa del coronavirus. Fue un hombre de 27 años, del pueblo indígena Yanakuna, quien falleció en San José de Isnos, Huila.
Sumados a este reclamo, en la última semana se han manifestado los Awá, en Nariño; los U'wa, en Norte de Santander; y los mismos Yanakuna en Huila y Putumayo. Afirman que sus condiciones alimentarias, de salubridad y educativas son deplorables frente a la pandemia.
Además, en un mapeo sobre el nivel nacional, el Boletín 19 de la ONIC, muestra que a la fecha hay cuatro comunidades directamente afectadas por la pandemia: los Pastos (tres casos), los Yukpa (dos casos), los Zenú (un caso en territorio y uno más en Bogotá) y los Ticuna (un caso). Asimismo, hay 52 casos por confirmar, cuatro recuperados y 535.111 familias indígenas "ad portas de crisis humanitaria".