La alerta por el proyecto del puerto de Tribugá

El debate por la construcción del puerto de Tribugá, en Nuquí (Chocó), volvió a prenderse esta semana en medio de la discusión del proyecto en la Asamblea Departamental de Chocó y las voces de oposición de sectores ambientalistas, comunidades afros e indígenas que insisten en que los efectos serán nefastos para la comunidad y el ecosistema de la región.

El tema no es de poca monta. Se trata de un megaproyecto de infraestructura que está siendo impulsado como un respaldo al puerto de Buenaventura y otra alternativa para conectar al Pacífico colombiano con el centro y nororiente del país.

El proyecto viene gestado desde la Gobernación de Chocó, en cabeza de Ariel Palacios, y la Sociedad Portuaria Arquímedes (contratista del proyecto), quienes sostienen que se trata de una megaobra de utilidad social e interés público.

Las voces en contra son varias, y también los argumentos. De acuerdo con la “Alianza Nuquí” -conformada por más de 70 organizaciones, entre ellas, el Consejo Comunitario Los Riscales, la organización Malpelo, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, la Fundación MarViva, la Fundación Acua, la organización Manglar por Tribugá, el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Chocoano y el Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés)- una eventual construcción de este puerto afectaría directamente más de 114 mil hectáreas de áreas protegidas y sería un atropello directo para el Convenio 169 de la OIT, que privilegia la participación de pueblos tribales en actividades realizadas sobre su territorio, especialmente si hay riesgo sobre sus modelos de desarrollo propio.

Harry Mosquera, presidente del Consejo Comunitario General Los Riscales, asegura que ni la Gobernación ni la empresa Arquímedes los han hecho partícipes de las decisiones del proyecto. “Nuestro deber consagrado dentro de la Ley 70 de 1993 es la de hacer respetar los derechos colectivos de las comunidades negras para decidir sobre la vida en nuestros territorios, y en este caso lo mínimo que pedimos es la generación de un espacio comunitario y de consultas previas para que haya representación masiva de todas las partes. Como esto no sucede, nos sentimos en tiempos de los colonizadores, porque está llegando gente ajena a nuestra tierra para disponer de nuestros recursos sin consultarnos”, agrega Mosquera.

Además, el líder denuncia que “la Sociedad Portuaria Arquímedes ha venido aniquilando todo lo que significó visibilizar los derechos afros, que costaron sudor y sangre”, porque, asevera, quieren trabajar desde su lógica de vida, agrediendo la cosmovisión de las comunidades en Nuquí.

Entretanto, Libardo Hinestroza, gerente social y de comunidades de Arquímedes, dice que las personas no pueden ser injustas a la hora de calificar el trabajo que quieren hacer los impulsores del puerto, porque se desconocen los beneficios que va a tener Chocó. “Además, en temas de participación no se deben preocupar porque los consejos comunitarios tienen protección constitucional y en su momento se les compartirán todos los detalles para que participen”, agrega Hinestroza.

Al día de hoy en Tribugá se asientan más de 170 personas (30 familias) del consejo comunitario y 200 indígenas que llegaron allí desplazados de sus territorios. Según el alcalde de Nuquí, Yéfer Gamboa, esta población es extremadamente vulnerable, porque “ya sufrieron desplazamientos en 2005 y 2015 a causa de la violencia armada de paramilitares y guerrillas”.

En línea con esto, desde el consejo de Los Riscales temen que declarar una obra de esas dimensiones como algo de interés público sea “un riesgo latente de revictimización que seguramente generaría otra ola de desplazamientos”, expresa Mosquera.

Sin embargo, el gobernador Ariel Palacios y el secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, Andrés Mauricio Palacios Rivas, dicen que este proyecto ha tenido una amplia socialización. “Nos hemos acercado a las comunidades y es algo plenamente expuesto ante la Cámara de Comercio del departamento”, comenta el secretario Palacios.

El debate por los daños ambientales

Los detractores de la construcción del puerto de Tribugá dicen que este proyecto traería consigo daños irreparables para los ecosistemas del territorio.

Daniela Durán, coordinadora del programa de Incidencia Política de la Fundación MarViva, acota que los objetivos de la construcción del proyecto son catastróficos, porque “romperían una cadena de áreas protegidas que por su amplia diversidad son una de las ecorregiones más importantes del mundo”. Además, Durán dice que si este proyecto se lleva a cabo, se afectaría el corredor migratorio anual de más de 1.500 ballenas jorobadas a causa de los ruidos y las colisiones de la maquinaria.

“Pensemos en que también esta megaobra impactaría al menos 1.400 hectáreas de manglar que tienen planes de manejo construidos por la comunidad, sin olvidar el impacto negativo en las playas de anidación de tortugas y la consecuente ruptura del balance ecosistémico y de seguridad alimentaria que tienen las comunidades locales, ya sea como la que tienen con la tiangua o con la pesca artesanal”, agrega la investigadora, quien también se pregunta para qué hacer un puerto que no está tan lejos del subutilizado de Buenaventura y que dañaría el medioambiente, si ya hay uno que puede con la carga de todo el país.

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A este clamor se suma la preocupación de Luis Zapata, investigador del WWF Colombia, quien asevera que la presencia de un puerto innecesario en esa zona del Pacífico tendría consecuencias directas en la biomasa de los ecosistemas marítimos en Nuquí, que no pueden soportar el tráfico de barcos de carga, como los que recibe Buenaventura u otros centros portuarios en Ecuador y Perú.

Desde Arquímedes, Jimmy Bonilla, un biólogo marino que trabaja con la sociedad portuaria encargada del proyecto, dice que eventualmente habrá afectaciones, como en todo proyecto, pero que no se pueden adelantar a los hechos. “Invito a las organizaciones que están en contra del puerto a que prueben con contundencia sus palabras. Están sobre especulaciones y vendiendo miedo”, concluye.

De acuerdo con William Naranjo, gerente general de la Sociedad Portuaria Arquímedes, es irresponsable hablar de posibles daños ambientales y escenarios apocalípticos “sin que la ANLA o el Ministerio de Ambiente den su concepto”.

¿Un proyecto inviable?

Los impulsores del puerto dicen que este proyecto va a mejorar la calidad de vida de los nuquiseños, al tiempo que le va a dar una categoría de ciudad.

Una afirmación con la que no coincide Mauricio Cabrera, asesor del WWF, quien asegura que lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que “el puerto no tiene sentido si no se construyen 70 kilómetros de vía en la serranía del Baudó”.

Para el investigador esto implicaría dos escenarios que parecen presupuestalmente difíciles de alcanzar, al tiempo que atentarían contra el medioambiente: primero, que la construcción de esa carretera permita una apertura a la deforestación en “una zona que se mantiene con buena conservación por su aislamiento y que signifique un desembolso de miles de millones de pesos que no tienen en este momento una justificación” o que el Estado tenga que adecuar más de 100 kilómetros de carretera para empalmarla con la vía a Medellín, para así darle un sentido más nacional, pero “con una inversión de dineros públicos que en este contexto no tienen cabida”, según Cabrera.

Tanto para Luis Zapata como para Cabrera no hay condiciones presupuestales, sociales ni ambientales para el puerto, que se “suman a un desconocimiento por los intereses de las personas y algo mediado por un lobby sin sentido”.

Libardo Hinestroza se opone a esta versión y asegura que lo que los detractores del proyecto no quieren ver es que “el desarrollo departamental que generará es algo que no hemos visto antes y así no tenemos que hacerle el mandado a nadie en Buenaventura para hacer trámites de puertos, sino que tendríamos potestad para utilizar nuestras propias vías”.

La posición de la Asamblea Departamental

La declaración, o no, de interés público sobre el puerto de Tribugá estará en manos de la Asamblea Departamental de Chocó. Allí las opiniones están divididas, pero el deseo para que la decisión se aplace y no se tome a las carreras es unánime.

El diputado Carlos Eduardo García, del Partido Alianza Verde, dice que los ánimos están caldeados en la Asamblea, pero que todos sus colegas tienen la intención de votar con cabeza fría si la Gobernación se los permite. “Nos parece irresponsable e incoherente que una decisión de esa magnitud se tome en tan poco tiempo. Queremos llevar el debate a una sesión ordinaria en octubre para invitar a los distintos sectores a que participen y a que se evalúen todos los impactos sociales”, agrega García.

A pesar de que él no apoya la construcción del puerto, asegura que el debate sano e integral está bienvenido en la Asamblea, siempre y cuando las intenciones del proyecto estén “de dentro afuera, en un marco en el que las comunidades y el departamento ganen”.

Otros diputados, que pidieron no ser nombrados, le dijeron a este diario que le pedirán a Ariel Palacios que elimine la solicitud de votar de manera inmediata la declaración del proyecto, porque sienten que ni desde la Gobernación ni desde Arquímedes se ha capacitado lo suficiente a la Asamblea para comprender el proyecto y así tener una opinión fundamentada.

El debate por la construcción del puerto de Tribugá, en Nuquí (Chocó), volvió a prenderse esta semana en medio de la discusión del proyecto en la Asamblea Departamental de Chocó y las voces de oposición de sectores ambientalistas, comunidades afros e indígenas que insisten en que los efectos serán nefastos para la comunidad y el ecosistema de la región.

El tema no es de poca monta. Se trata de un megaproyecto de infraestructura que está siendo impulsado como un respaldo al puerto de Buenaventura y otra alternativa para conectar al Pacífico colombiano con el centro y nororiente del país.

El proyecto viene gestado desde la Gobernación de Chocó, en cabeza de Ariel Palacios, y la Sociedad Portuaria Arquímedes (contratista del proyecto), quienes sostienen que se trata de una megaobra de utilidad social e interés público.

Las voces en contra son varias, y también los argumentos. De acuerdo con la “Alianza Nuquí” -conformada por más de 70 organizaciones, entre ellas, el Consejo Comunitario Los Riscales, la organización Malpelo, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, la Fundación MarViva, la Fundación Acua, la organización Manglar por Tribugá, el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Chocoano y el Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés)- una eventual construcción de este puerto afectaría directamente más de 114 mil hectáreas de áreas protegidas y sería un atropello directo para el Convenio 169 de la OIT, que privilegia la participación de pueblos tribales en actividades realizadas sobre su territorio, especialmente si hay riesgo sobre sus modelos de desarrollo propio.

Harry Mosquera, presidente del Consejo Comunitario General Los Riscales, asegura que ni la Gobernación ni la empresa Arquímedes los han hecho partícipes de las decisiones del proyecto. “Nuestro deber consagrado dentro de la Ley 70 de 1993 es la de hacer respetar los derechos colectivos de las comunidades negras para decidir sobre la vida en nuestros territorios, y en este caso lo mínimo que pedimos es la generación de un espacio comunitario y de consultas previas para que haya representación masiva de todas las partes. Como esto no sucede, nos sentimos en tiempos de los colonizadores, porque está llegando gente ajena a nuestra tierra para disponer de nuestros recursos sin consultarnos”, agrega Mosquera.

Además, el líder denuncia que “la Sociedad Portuaria Arquímedes ha venido aniquilando todo lo que significó visibilizar los derechos afros, que costaron sudor y sangre”, porque, asevera, quieren trabajar desde su lógica de vida, agrediendo la cosmovisión de las comunidades en Nuquí.

Entretanto, Libardo Hinestroza, gerente social y de comunidades de Arquímedes, dice que las personas no pueden ser injustas a la hora de calificar el trabajo que quieren hacer los impulsores del puerto, porque se desconocen los beneficios que va a tener Chocó. “Además, en temas de participación no se deben preocupar porque los consejos comunitarios tienen protección constitucional y en su momento se les compartirán todos los detalles para que participen”, agrega Hinestroza.

Al día de hoy en Tribugá se asientan más de 170 personas (30 familias) del consejo comunitario y 200 indígenas que llegaron allí desplazados de sus territorios. Según el alcalde de Nuquí, Yéfer Gamboa, esta población es extremadamente vulnerable, porque “ya sufrieron desplazamientos en 2005 y 2015 a causa de la violencia armada de paramilitares y guerrillas”.

En línea con esto, desde el consejo de Los Riscales temen que declarar una obra de esas dimensiones como algo de interés público sea “un riesgo latente de revictimización que seguramente generaría otra ola de desplazamientos”, expresa Mosquera.

Sin embargo, el gobernador Ariel Palacios y el secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, Andrés Mauricio Palacios Rivas, dicen que este proyecto ha tenido una amplia socialización. “Nos hemos acercado a las comunidades y es algo plenamente expuesto ante la Cámara de Comercio del departamento”, comenta el secretario Palacios.

El debate por los daños ambientales

Los detractores de la construcción del puerto de Tribugá dicen que este proyecto traería consigo daños irreparables para los ecosistemas del territorio.

Daniela Durán, coordinadora del programa de Incidencia Política de la Fundación MarViva, acota que los objetivos de la construcción del proyecto son catastróficos, porque “romperían una cadena de áreas protegidas que por su amplia diversidad son una de las ecorregiones más importantes del mundo”. Además, Durán dice que si este proyecto se lleva a cabo, se afectaría el corredor migratorio anual de más de 1.500 ballenas jorobadas a causa de los ruidos y las colisiones de la maquinaria.

“Pensemos en que también esta megaobra impactaría al menos 1.400 hectáreas de manglar que tienen planes de manejo construidos por la comunidad, sin olvidar el impacto negativo en las playas de anidación de tortugas y la consecuente ruptura del balance ecosistémico y de seguridad alimentaria que tienen las comunidades locales, ya sea como la que tienen con la tiangua o con la pesca artesanal”, agrega la investigadora, quien también se pregunta para qué hacer un puerto que no está tan lejos del subutilizado de Buenaventura y que dañaría el medioambiente, si ya hay uno que puede con la carga de todo el país.

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A este clamor se suma la preocupación de Luis Zapata, investigador del WWF Colombia, quien asevera que la presencia de un puerto innecesario en esa zona del Pacífico tendría consecuencias directas en la biomasa de los ecosistemas marítimos en Nuquí, que no pueden soportar el tráfico de barcos de carga, como los que recibe Buenaventura u otros centros portuarios en Ecuador y Perú.

Desde Arquímedes, Jimmy Bonilla, un biólogo marino que trabaja con la sociedad portuaria encargada del proyecto, dice que eventualmente habrá afectaciones, como en todo proyecto, pero que no se pueden adelantar a los hechos. “Invito a las organizaciones que están en contra del puerto a que prueben con contundencia sus palabras. Están sobre especulaciones y vendiendo miedo”, concluye.

De acuerdo con William Naranjo, gerente general de la Sociedad Portuaria Arquímedes, es irresponsable hablar de posibles daños ambientales y escenarios apocalípticos “sin que la ANLA o el Ministerio de Ambiente den su concepto”.

¿Un proyecto inviable?

Los impulsores del puerto dicen que este proyecto va a mejorar la calidad de vida de los nuquiseños, al tiempo que le va a dar una categoría de ciudad.

Una afirmación con la que no coincide Mauricio Cabrera, asesor del WWF, quien asegura que lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que “el puerto no tiene sentido si no se construyen 70 kilómetros de vía en la serranía del Baudó”.

Para el investigador esto implicaría dos escenarios que parecen presupuestalmente difíciles de alcanzar, al tiempo que atentarían contra el medioambiente: primero, que la construcción de esa carretera permita una apertura a la deforestación en “una zona que se mantiene con buena conservación por su aislamiento y que signifique un desembolso de miles de millones de pesos que no tienen en este momento una justificación” o que el Estado tenga que adecuar más de 100 kilómetros de carretera para empalmarla con la vía a Medellín, para así darle un sentido más nacional, pero “con una inversión de dineros públicos que en este contexto no tienen cabida”, según Cabrera.

Tanto para Luis Zapata como para Cabrera no hay condiciones presupuestales, sociales ni ambientales para el puerto, que se “suman a un desconocimiento por los intereses de las personas y algo mediado por un lobby sin sentido”.

Libardo Hinestroza se opone a esta versión y asegura que lo que los detractores del proyecto no quieren ver es que “el desarrollo departamental que generará es algo que no hemos visto antes y así no tenemos que hacerle el mandado a nadie en Buenaventura para hacer trámites de puertos, sino que tendríamos potestad para utilizar nuestras propias vías”.

La posición de la Asamblea Departamental

La declaración, o no, de interés público sobre el puerto de Tribugá estará en manos de la Asamblea Departamental de Chocó. Allí las opiniones están divididas, pero el deseo para que la decisión se aplace y no se tome a las carreras es unánime.

El diputado Carlos Eduardo García, del Partido Alianza Verde, dice que los ánimos están caldeados en la Asamblea, pero que todos sus colegas tienen la intención de votar con cabeza fría si la Gobernación se los permite. “Nos parece irresponsable e incoherente que una decisión de esa magnitud se tome en tan poco tiempo. Queremos llevar el debate a una sesión ordinaria en octubre para invitar a los distintos sectores a que participen y a que se evalúen todos los impactos sociales”, agrega García.

A pesar de que él no apoya la construcción del puerto, asegura que el debate sano e integral está bienvenido en la Asamblea, siempre y cuando las intenciones del proyecto estén “de dentro afuera, en un marco en el que las comunidades y el departamento ganen”.

Otros diputados, que pidieron no ser nombrados, le dijeron a este diario que le pedirán a Ariel Palacios que elimine la solicitud de votar de manera inmediata la declaración del proyecto, porque sienten que ni desde la Gobernación ni desde Arquímedes se ha capacitado lo suficiente a la Asamblea para comprender el proyecto y así tener una opinión fundamentada.