La apuesta frente a la crisis del Catatumbo: Pacto Humanitario para el Nororiente

Este jueves 16 de septiembre se realizó una sesión de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo para presentar el Pacto Humanitario para el Nororiente que busca impulsar una acción humanitaria urgente que va dirigida al Gobierno Nacional, al Eln, Epl, Frente 33 de las disidencias de las Farc y a otros actores armados.

Además, el pacto quiere prevenir y proteger a la población civil, sus comunidades, organizaciones y territorios y mitigar los riesgos asociados a la participación electoral de las organizaciones sociales, civiles y/o de víctimas del Nororiente. Esto incluye a la región del Catatumbo (Norte de Santander), el Magdalena Medio y Arauca y otras regiones y subregiones de esta parte del territorio.

Una de las propuestas centrales del pacto son las garantías para el ejercicio de participación social y electoral. Para ello piden que se respete “el proceso de promoción para la participación política de las víctimas del conflicto armado y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elecciones de 2022-2026 en el marco de curules de circunscripciones especiales para víctimas creadas por el Acuerdo de Paz”, dice el documento.

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También piden que se les faciliten a los diferentes movimientos sociales los espacios democráticos de participación política sin que haya acciones que afecten la vida e integridad de las personas, lo que incluye no estigmatizar a los líderes y movimientos sociales en razón a su labor en el territorio.

Solicitan, asimismo, que se garantice “el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población civil a través del sufragio, no obligar a la población civil a sufragar o hacerlo por determinada opción”. También que se respete la libre movilidad en el territorio y se permita el libre desarrollo de las elecciones haciendo respetar la vida e integridad de todos aquellos que participen en la jornada electoral.

El segundo punto del pacto hace referencia al espeto a los mecanismos democráticos de participación ciudadana para lo que piden cuatro acciones puntuales. La primera es la de reconocer y no limitar la puesta en marcha, funcionamiento y mecanismos de participación electoral.

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El segundo es “evitar la ejecución de actos que tengan como consecuencia la afectación al ejercicio de la participación electoral”. Mientras que el tercero hace referencia a la importancia de que no sea limitada la libre movilidad.

El cuarto y último pide que se respeten “los espacios de participación y procesos organizativos civiles y/o de víctimas, así como los procesos de elección de Juntas de Acción Comunal y Mesas Municipales de Víctimas en aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y los estándares internacionales especialmente aquellos que tienen que ver con el homicidio en persona protegida, la violencia sexual o la privación de la libertad y que afecten a la población civil por causa o como consecuencia del ejercicio de derechos civiles, políticos o la participación electoral local y regional en el territorio”.

El pacto fue suscrito y/o acompañado por políticos como el expresidente Ernesto Samper, la senadora Aida Avella, el senador Edgar Díaz e Iván Cepeda y organizaciones sociales como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), entre otras.

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Durante la presentación del pacto también se habló del miedo que sienten las mujeres en Tibú y en el Catatumbo por el hecho de ser mujeres, la urgencia de que haya unos esfuerzos de paz con el ELN, que se cumplan los acuerdos de paz con las FARC, las afectaciones que tiene el territorio en materia de seguridad en la frontera por las malas relaciones del país con Venezuela, entre otras problemáticas que afectan a la región.

Este jueves 16 de septiembre se realizó una sesión de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo para presentar el Pacto Humanitario para el Nororiente que busca impulsar una acción humanitaria urgente que va dirigida al Gobierno Nacional, al Eln, Epl, Frente 33 de las disidencias de las Farc y a otros actores armados.

Además, el pacto quiere prevenir y proteger a la población civil, sus comunidades, organizaciones y territorios y mitigar los riesgos asociados a la participación electoral de las organizaciones sociales, civiles y/o de víctimas del Nororiente. Esto incluye a la región del Catatumbo (Norte de Santander), el Magdalena Medio y Arauca y otras regiones y subregiones de esta parte del territorio.

Una de las propuestas centrales del pacto son las garantías para el ejercicio de participación social y electoral. Para ello piden que se respete “el proceso de promoción para la participación política de las víctimas del conflicto armado y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elecciones de 2022-2026 en el marco de curules de circunscripciones especiales para víctimas creadas por el Acuerdo de Paz”, dice el documento.

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También piden que se les faciliten a los diferentes movimientos sociales los espacios democráticos de participación política sin que haya acciones que afecten la vida e integridad de las personas, lo que incluye no estigmatizar a los líderes y movimientos sociales en razón a su labor en el territorio.

Solicitan, asimismo, que se garantice “el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población civil a través del sufragio, no obligar a la población civil a sufragar o hacerlo por determinada opción”. También que se respete la libre movilidad en el territorio y se permita el libre desarrollo de las elecciones haciendo respetar la vida e integridad de todos aquellos que participen en la jornada electoral.

El segundo punto del pacto hace referencia al espeto a los mecanismos democráticos de participación ciudadana para lo que piden cuatro acciones puntuales. La primera es la de reconocer y no limitar la puesta en marcha, funcionamiento y mecanismos de participación electoral.

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El segundo es “evitar la ejecución de actos que tengan como consecuencia la afectación al ejercicio de la participación electoral”. Mientras que el tercero hace referencia a la importancia de que no sea limitada la libre movilidad.

El cuarto y último pide que se respeten “los espacios de participación y procesos organizativos civiles y/o de víctimas, así como los procesos de elección de Juntas de Acción Comunal y Mesas Municipales de Víctimas en aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y los estándares internacionales especialmente aquellos que tienen que ver con el homicidio en persona protegida, la violencia sexual o la privación de la libertad y que afecten a la población civil por causa o como consecuencia del ejercicio de derechos civiles, políticos o la participación electoral local y regional en el territorio”.

El pacto fue suscrito y/o acompañado por políticos como el expresidente Ernesto Samper, la senadora Aida Avella, el senador Edgar Díaz e Iván Cepeda y organizaciones sociales como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), entre otras.

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Durante la presentación del pacto también se habló del miedo que sienten las mujeres en Tibú y en el Catatumbo por el hecho de ser mujeres, la urgencia de que haya unos esfuerzos de paz con el ELN, que se cumplan los acuerdos de paz con las FARC, las afectaciones que tiene el territorio en materia de seguridad en la frontera por las malas relaciones del país con Venezuela, entre otras problemáticas que afectan a la región.