La crisis en la vía al Llano es un mal de todos los años: gobernadora del Meta

Siete departamentos afectados, pérdidas de $1.300 millones diarios en el sector hotelero, de $32.000 millones en el de los transportadores de carga y la destinación de 33 carrotanques, con más de 346.000 galones adicionales de gasolina y diésel para abastecer solo el departamento del Meta. Las cifras que deja hasta el momento el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio tienen en alerta no solo a las autoridades locales sino al país entero, por las implicaciones que tiene el bloqueo de la principal arteria que comunica al centro con el oriente de Colombia.

Desde hace ya 12 días el Gobierno tomó la decisión de cerrar indefinidamente la troncal, luego de que —por cuenta de las constantes lluvias en la zona— se registrara un desprendimiento de la montaña en el kilómetro 58, a la altura del municipio de Guayabetal. Un problema que se repite con frecuencia en la vía, pues, por ejemplo, solo en agosto del año pasado se presentaron 15 derrumbes en el corredor en una sola semana.

Y aunque desde el Gobierno central se han anunciado medidas para atender la crisis, como la priorización de recursos para atender el punto más crítico de la carretera, a los mandatarios de los departamentos de esa región del país les preocupa que las medidas no tengan un impacto inmediato para solucionar los problemas de los sectores que están en aprietos por cuenta del bloqueo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno ya anunció que la recuperación de la vía tardaría por lo menos tres meses.

La situación es tan alarmante que los gobernadores de los departamentos del oriente del país afectados por el cierre de la vía solicitaron al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica, social y ambiental, con el objetivo de que se puedan tomar decisiones e implementar medidas urgentes que ayuden a la región. En diálogo con El Espectador, la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya, habla de la crisis, las necesidades y de por qué, a pesar de que se trata de un problema que se repite cada año, las soluciones no han servido.

¿Por qué pedir la declaratoria de emergencia social, política y ambiental?

Desde hace un mes venimos soportando esta crisis en el departamento y la región llanera con la temporada de lluvias. La situación se fue poniendo más crítica, incluso más que en años anteriores, cuando solo había cierres por 24 o 48 horas. Pero ahora el Gobierno habla de tres meses y aunque nosotros estamos agradecidos y reconocemos los esfuerzos que ha hecho con medidas que se han tomado, creemos que son insuficientes para el manejo de la crisis. Por eso es que hemos solicitado que el Gobierno Nacional —responsable y dueño de este corredor vial entre Bogotá y Villavicencio— declare la emergencia social, económica y ambiental, porque así tendría la posibilidad de tomar decisiones que sean más fuertes.

¿Qué tipos de medidas se podrían tomar?

Como que podamos asumir los mismos precios de combustible que hoy existen en zonas de frontera. En el Meta somos el primer departamento productor de hidrocarburos y aun así pagamos la gasolina más cara del país. Pedimos que por esta vez nos otorguen ese salvavidas, porque eso nos va a permitir generar la tranquilidad a los consumidores y enviar un mensaje a los transportadores para que no se suban los fletes, no haya acaparamiento y no se den sobrecostos o especulaciones, porque tan solo a una semana del anuncio ya estamos sufriendo.

¿Cuáles han sido las consecuencias del cierre en otros sectores?

Se han afectado las rentas departamentales y municipales. Por eso la solicitud que hago desde el departamento del Meta —hoy apoyada por los gobernadores de la región Llano (siete departamentos que también se ven afectados)— está basada y sustentada en cifras. Al día de hoy, por ejemplo, se ha bajado el consumo de cerveza en un 50 %, el de licores en un 30 % y de cigarrillos un 20 %.

¿Estas afectaciones se reflejan en otros aspectos?

Repercute directamente en la atención que desde el departamento hay que hacer al sector salud, porque los recursos para la salud vienen de esas rentas. Igual está pasando con las rentas de gasolina: con estos recursos nosotros interveníamos vías terciarias en el departamento del Meta y ya llevábamos 200 kilómetros intervenidos. Al día de hoy esa tasa ha bajado a un 50 %.

¿Y en el caso del turismo?

Las reservas que había para el Torneo Internacional del Joropo, que se realiza del 27 de junio al 1° de julio, se han cancelado en un 93 %. Nuestros parques temáticos también han disminuido sus ventas en 90 %. También han bajado en un 60 % las ventas en los restaurantes típicos del departamento los fines de semana y todo esto afecta notablemente el sector turístico.

Eso sin contar con las afectaciones en el sector agrícola…

En este sector la preocupación grande es que viene la próxima cosecha de arroz en Meta y Casanare, que representamos el segundo y tercer departamento a nivel nacional del ranking de producción de arroz. Nos preguntamos cómo vamos a hacer para sacar el arroz. Ya se tomó una medida, que es un subsidio al almacenamiento, pero lo que nos han dicho los arroceros es que ellos también necesitan sacar un almacenamiento que tenían allí para poder atender el que viene de la cosecha y así no tener pérdidas.

¿Cuál debería ser entonces la medida inmediata para paliar la crisis?

Sabemos que el Gobierno está trabajando, pero tenemos una preocupación y es que desde que se hizo el anuncio, que fue hace una semana, ha llovido casi todos los días y hoy tenemos diez municipios inundados. De esos 30.000 metros cúbicos de tierra que han caído a la vía en el sector crítico, no hemos podido retirar ni uno. Además el Ideam ha dicho que el pico de la temporada de lluvia será en julio e irá hasta mediados de agosto; de allí nuestro afán y por eso lo que necesitamos es medidas en cuanto a la contratación.

¿En la consecución de recursos?

El Gobierno ha sido ágil en la búsqueda de recursos. Hay unos $120.000 millones que fueron del fondo de mitigación del proyecto de la vía, y otros recursos de la Ruta del Sol que no se utilizaron y si no estoy mal son $20.000 millones que se trajeron para acá. Pero si la administración nacional no es ágil en su contratación —teniendo en cuenta que un proceso de contratación dura cerca de 45 días— no nos sirve de nada tener los recursos. ¿Qué hacemos con la plata si no vamos a tener los mecanismos administrativos ágiles para implementar y para hacerlo?

El año pasado sucedió con los problemas en el punto crítico del kilómetro 64 + 200 y el 48. Lógicamente este Gobierno de inmediato nos atendió y conseguimos esos recursos. El problema fue que dejamos pasar el verano, el Gobierno no fue ágil en su contratación y nos cogió el invierno otra vez. Hoy no solo tenemos el 64 + 200 —que no ha sido posible mejorar—, sino que se suma el kilómetro 58.

Y yo le pregunto al Gobierno: si ya tenemos una advertencia con un estudio de Coviandes, de la concesión, que dice que hay 119 puntos que necesitan ser intervenidos, unos con mayor o menor envergadura, entonces ¿por qué vamos a esperar a que llegue el próximo invierno? Eso es lo que ha pasado año tras año. Nos hemos acostumbrado a que cierren y después abran porque ya pasaron las lluvias. Tenemos que asumir todos este problemas. ¿Por qué no dejamos aprovisionados desde ya los recursos que se requieren para la atención de la vía?

Siete departamentos afectados, pérdidas de $1.300 millones diarios en el sector hotelero, de $32.000 millones en el de los transportadores de carga y la destinación de 33 carrotanques, con más de 346.000 galones adicionales de gasolina y diésel para abastecer solo el departamento del Meta. Las cifras que deja hasta el momento el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio tienen en alerta no solo a las autoridades locales sino al país entero, por las implicaciones que tiene el bloqueo de la principal arteria que comunica al centro con el oriente de Colombia.

Desde hace ya 12 días el Gobierno tomó la decisión de cerrar indefinidamente la troncal, luego de que —por cuenta de las constantes lluvias en la zona— se registrara un desprendimiento de la montaña en el kilómetro 58, a la altura del municipio de Guayabetal. Un problema que se repite con frecuencia en la vía, pues, por ejemplo, solo en agosto del año pasado se presentaron 15 derrumbes en el corredor en una sola semana.

Y aunque desde el Gobierno central se han anunciado medidas para atender la crisis, como la priorización de recursos para atender el punto más crítico de la carretera, a los mandatarios de los departamentos de esa región del país les preocupa que las medidas no tengan un impacto inmediato para solucionar los problemas de los sectores que están en aprietos por cuenta del bloqueo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno ya anunció que la recuperación de la vía tardaría por lo menos tres meses.

La situación es tan alarmante que los gobernadores de los departamentos del oriente del país afectados por el cierre de la vía solicitaron al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica, social y ambiental, con el objetivo de que se puedan tomar decisiones e implementar medidas urgentes que ayuden a la región. En diálogo con El Espectador, la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya, habla de la crisis, las necesidades y de por qué, a pesar de que se trata de un problema que se repite cada año, las soluciones no han servido.

¿Por qué pedir la declaratoria de emergencia social, política y ambiental?

Desde hace un mes venimos soportando esta crisis en el departamento y la región llanera con la temporada de lluvias. La situación se fue poniendo más crítica, incluso más que en años anteriores, cuando solo había cierres por 24 o 48 horas. Pero ahora el Gobierno habla de tres meses y aunque nosotros estamos agradecidos y reconocemos los esfuerzos que ha hecho con medidas que se han tomado, creemos que son insuficientes para el manejo de la crisis. Por eso es que hemos solicitado que el Gobierno Nacional —responsable y dueño de este corredor vial entre Bogotá y Villavicencio— declare la emergencia social, económica y ambiental, porque así tendría la posibilidad de tomar decisiones que sean más fuertes.

¿Qué tipos de medidas se podrían tomar?

Como que podamos asumir los mismos precios de combustible que hoy existen en zonas de frontera. En el Meta somos el primer departamento productor de hidrocarburos y aun así pagamos la gasolina más cara del país. Pedimos que por esta vez nos otorguen ese salvavidas, porque eso nos va a permitir generar la tranquilidad a los consumidores y enviar un mensaje a los transportadores para que no se suban los fletes, no haya acaparamiento y no se den sobrecostos o especulaciones, porque tan solo a una semana del anuncio ya estamos sufriendo.

¿Cuáles han sido las consecuencias del cierre en otros sectores?

Se han afectado las rentas departamentales y municipales. Por eso la solicitud que hago desde el departamento del Meta —hoy apoyada por los gobernadores de la región Llano (siete departamentos que también se ven afectados)— está basada y sustentada en cifras. Al día de hoy, por ejemplo, se ha bajado el consumo de cerveza en un 50 %, el de licores en un 30 % y de cigarrillos un 20 %.

¿Estas afectaciones se reflejan en otros aspectos?

Repercute directamente en la atención que desde el departamento hay que hacer al sector salud, porque los recursos para la salud vienen de esas rentas. Igual está pasando con las rentas de gasolina: con estos recursos nosotros interveníamos vías terciarias en el departamento del Meta y ya llevábamos 200 kilómetros intervenidos. Al día de hoy esa tasa ha bajado a un 50 %.

¿Y en el caso del turismo?

Las reservas que había para el Torneo Internacional del Joropo, que se realiza del 27 de junio al 1° de julio, se han cancelado en un 93 %. Nuestros parques temáticos también han disminuido sus ventas en 90 %. También han bajado en un 60 % las ventas en los restaurantes típicos del departamento los fines de semana y todo esto afecta notablemente el sector turístico.

Eso sin contar con las afectaciones en el sector agrícola…

En este sector la preocupación grande es que viene la próxima cosecha de arroz en Meta y Casanare, que representamos el segundo y tercer departamento a nivel nacional del ranking de producción de arroz. Nos preguntamos cómo vamos a hacer para sacar el arroz. Ya se tomó una medida, que es un subsidio al almacenamiento, pero lo que nos han dicho los arroceros es que ellos también necesitan sacar un almacenamiento que tenían allí para poder atender el que viene de la cosecha y así no tener pérdidas.

¿Cuál debería ser entonces la medida inmediata para paliar la crisis?

Sabemos que el Gobierno está trabajando, pero tenemos una preocupación y es que desde que se hizo el anuncio, que fue hace una semana, ha llovido casi todos los días y hoy tenemos diez municipios inundados. De esos 30.000 metros cúbicos de tierra que han caído a la vía en el sector crítico, no hemos podido retirar ni uno. Además el Ideam ha dicho que el pico de la temporada de lluvia será en julio e irá hasta mediados de agosto; de allí nuestro afán y por eso lo que necesitamos es medidas en cuanto a la contratación.

¿En la consecución de recursos?

El Gobierno ha sido ágil en la búsqueda de recursos. Hay unos $120.000 millones que fueron del fondo de mitigación del proyecto de la vía, y otros recursos de la Ruta del Sol que no se utilizaron y si no estoy mal son $20.000 millones que se trajeron para acá. Pero si la administración nacional no es ágil en su contratación —teniendo en cuenta que un proceso de contratación dura cerca de 45 días— no nos sirve de nada tener los recursos. ¿Qué hacemos con la plata si no vamos a tener los mecanismos administrativos ágiles para implementar y para hacerlo?

El año pasado sucedió con los problemas en el punto crítico del kilómetro 64 + 200 y el 48. Lógicamente este Gobierno de inmediato nos atendió y conseguimos esos recursos. El problema fue que dejamos pasar el verano, el Gobierno no fue ágil en su contratación y nos cogió el invierno otra vez. Hoy no solo tenemos el 64 + 200 —que no ha sido posible mejorar—, sino que se suma el kilómetro 58.

Y yo le pregunto al Gobierno: si ya tenemos una advertencia con un estudio de Coviandes, de la concesión, que dice que hay 119 puntos que necesitan ser intervenidos, unos con mayor o menor envergadura, entonces ¿por qué vamos a esperar a que llegue el próximo invierno? Eso es lo que ha pasado año tras año. Nos hemos acostumbrado a que cierren y después abran porque ya pasaron las lluvias. Tenemos que asumir todos este problemas. ¿Por qué no dejamos aprovisionados desde ya los recursos que se requieren para la atención de la vía?