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A las playas del municipio antioqueño de Necoclí llegan alrededor de mil migrantes al día luego de atravesar el sur del continente para entrar a Colombia por Ipiales, en la frontera con Ecuador, y seguir la ruta por Nariño hasta llegar al norte de Antioquia, a la región del Urabá. El trayecto se puede hacer por carretera, pero al llegar a Necoclí dependen de un transporte marítimo que los lleve hasta los municipios de Acandí o Capurganá, en Chocó, para luego cruzar a Panamá. Ese ha sido el cuello de botella que tiene a Necoclí en medio de una crisis sin precedentes ante el represamiento de por lo menos 19.000 migrantes —provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal y Ghana— que buscan llegar a Estados Unidos y Canadá a través de Centroamérica.
El problema radica en que el servicio de transporte está restringido ya que el gobierno del vecino país solo permite el tránsito de 500 personas al día, la mitad de las que llegan al municipio en el mismo lapso de tiempo. Como no todos pueden seguir el recorrido, Necoclí se ha convertido en un escampadero para quienes tienen que esperar a que les llegue el turno de abordar una embarcación.
Ahí empieza la otra parte del problema. Con tanta cantidad de gente y en una situación tan vulnerable, no todos pueden arrendar una habitación y varios han tenido que montar campamentos en la calle. “Muchos de estos migrantes acampan en las playas, porque no tienen cómo pagar hospedaje ni arriendo en las casas de los particulares. Entonces estas condiciones precarias en las que viven les están generando problemas de salud”, explica el personero de Necoclí, Wilfredo Francisco Menco.
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Por ejemplo, el agua potable escasea, la que hay en el municipio no es apta para ser consumida y como muchos migrantes no lo saben, esto termina por enfermarlos. Otros factores que también ponen en riesgo la salud son las condiciones de saneamiento básico y el aumento en la producción de basuras, que pasó de 15 a 45 toneladas diarias. Se trata de un caldo de cultivo para enfermedades respiratorias, especialmente en los niños, en la piel y diarreicas, que son las razones más frecuentes de consulta por parte de esta población, según explicó el gerente del Hospital San Sebastián de Urabá, Neyder Pupo Negrete.
Antes de la contingencia, en dicho centro hospitalario atendían en promedio a diez personas diarias. Ahora, la cifra oscila entre cincuenta y sesenta. Esto ha afectado al personal de salud, que “tiene una sobrecarga laboral. Se busca manejar la parte psicológica y que no se estresen tanto los médicos y la parte administrativa. Han manifestado que se sienten cansados, porque salíamos del tema de la pandemia cuando llegó esta situación que vivimos”, expresó Pupo.
Al problema se le suma el incremento de la deuda que tiene Necoclí con el hospital, que asciende a $200 millones, y que el municipio no tiene cómo pagar. “Si el hospital sigue atendiendo a toda esta gente, va a entrar en una crisis financiera”, advierte el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Para que fuese la gobernación la que asumiera esta deuda “tendría que ser con recursos ordinarios, porque la Secretaría de Salud no podría disponer de sus recursos para entregarle al hospital y atender a los migrantes. Yo creo que la ruta debería ser que el Gobierno Nacional defina una partida de recursos para la atención en salud. Nosotros hemos apoyado con medicamentos, insumos y personal que hemos llevado a Necoclí para que, por ejemplo, con la unidad móvil puedan atender más población”, asegura Suárez.
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Por esto el centro de salud no se ha visto escaso de insumos y medicamentos, pero el gerente Pupo asegura que con el dinero de la deuda podrían contratar a dos médicos más para tener la capacidad de atender la demanda. Pupo mencionó que el personal de apoyo enviado por la Gobernación fue temporal y enfatizó en que “no están colapsados”. Sin embargo, la salida económica no es la única alternativa para quitarle presión al sistema de salud, otra opción es atacar las condiciones que originan las enfermedades. “Con la Gerencia de Servicios Públicos ya hicimos una inversión para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable en Necoclí. Estamos esperando un equipo que vale $100 millones y ya decidimos que el Dadran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) le entregara los recursos al municipio para comprar ese equipo y que esa planta se ponga en funcionamiento. Es un alivio en el problema sanitario de agua potable. Respecto al saneamiento básico, estamos haciendo unas inversiones y acompañando al municipio. El reto más grande está en la recolección y disposición de basuras”, afirmó el gobernador (e).
Entre tanto, mientras se buscan soluciones efectivas entre los gobiernos de Colombia y Panamá para tratar de contener la crisis, la espera de los migrantes en la región del Urabá antioqueño es cada vez más larga. Caribe SAS, una de las dos empresas encargadas del transporte entre Necoclí y el Chocó (Acandí o Capurganá), informó que en este momento tienen vendidos tiquetes hasta el 17 de octubre; es decir, si una persona llega hoy a Necoclí, tendrá que esperar 23 días para seguir su camino. La empresa transporta a 250 migrantes diarios, su máximo permitido, y cada pasaje cuesta entre $140.000 y $160.000. Quienes deciden no esperar solo tienen la opción de buscar un vehículo ilegal que “les sale más barato y mejor porque no quieren esperar tanto tiempo una lancha. Esto tiene sus riesgos, porque no hay garantías de seguridad, tienen motores pequeños y no son yates sino pangas que pueden no tener los chalecos salvavidas necesarios. Es muy factible que se hunda”, explica Menco.
Una vez los migrantes llegan a Acandí o Capurganá, toman una moto que los acerca a la selva conocida como el Tapón del Darién. Según César Mesa, jefe de la oficina de terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Apartadó, Antioquia, inicia el tramo más complejo del recorrido porque están expuestos a robos y se trata de un territorio “muy agreste, con pendientes altas y hay ríos de los que nos reportan la muerte de personas por crecientes súbitas. También están expuestos a la mordedura de animales salvajes”.
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“Eso de meter a los migrantes por la montaña es un acto irresponsable por parte de los gobiernos de Panamá y de Colombia por no firmar un convenio para llevarlos por lancha. Ellos tienen con qué pagar su transporte. ¿Por qué los tienen que meter por esa montaña sin necesidad?”, cuestiona Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zonas Costeras.