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Cerca de 50 personas de distintas organizaciones sociales y de la Iglesia Católica visitaron entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre las comunidades de Frontino y Dabeiba en Antioquia, por solicitud de campesinos e indígenas que denunciaron la degradación en las condiciones de seguridad en la zona, así como la intensificación del conflicto armado.
Luego de visitar 28 comunidades indígenas y 16 campesinas, así como varios caseríos, la misión humanitaria alertó sobre la pugna que sostienen la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como Clan del Golfo, por el control del territorio. Situación que, sumada al abandono estatal que también observaron, pone en un alto riesgo a las comunidades de estos dos municipios antioqueños.
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Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quidbó, y líder de la misión humanitaria denunció que en medio de la pugna que sostienen, ambos actores armados siembran minas antipersona, reclutan menores de edad, desplazan y confinan a las comunidades enteras, amenazan y asesinan a sus lideres sociales, y hostigan y generan temor en las poblaciones.
Barreto le hizo un llamado al Eln y a las Agc para que “quiten esas minas que han instalado y que no instalen más. Respeten los mínimos del Derecho Internacional Humanitario”. Sin embargo, advirtieron, las consecuencias de la grave situación humanitaria también se explican por el abandono estatal y la baja eficacia de la fuerza pública en su lucha contra las organizaciones criminales.
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Durante el recorrido de la misión, pudieron constatar las falencias que estas comunidades afrontan para acceder a servicios de salud, educación y conectividad a internet. Señalan que la infraestructura vial en esta región del departamento es nula lo cual aumenta las dificultades de la población, los expone ante los grupos armados y reduce la capacidad de reacción de las instituciones frente a cualquier emergencia que se presenta.
La misión, que estuvo conformada por las Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y Medellín, las diócesis de Apartadó, Santa Rosa de Osos, Quibdó e Itsmina-Tadó, así como las Misioneras de la Madre Laura, las iglesias Luterana, Presbiteriana, Metodista, y organizaciones internacionales, le hicieron un llamado a diversas instituciones del Estado colombiano para que dirijan su atención hacia estas poblaciones y garanticen los derechos de estas comunidades.