La cultura es resistencia en Tumaco

Al pie de la carretera que va de Pasto a Tumaco corre el oleoducto Trasandino, que sale del Putumayo y pasa por 11 municipios de Nariño. Debería ser un símbolo del progreso, pero se ha convertido en un factor más del conflicto armado y la ilegalidad que impera en esta zona del país.

Hace dos semanas, antes de que empezara la tregua anunciada por las Farc, en el municipio de Puerres (Nariño) hubo una voladura en el oleoducto. El derrame de crudo produjo afectaciones ambientales, contaminó fuentes de agua y criaderos de peces.

Ese ataque, supuestamente perpetrado por las Farc, salió en los grandes medios del país, pero no ha sido el único. Los asaltos al oleoducto son comunes, sobre todo hacia el piedemonte costero, en los municipios de Ricaurte y Barbacoas. “Sucede con frecuencia en territorios de las comunidades afros y de los indígenas awá. Hay varios afluentes del río Mira de los cuales se abastecen acueductos comunitarios que han sido contaminados por el derrame de hidrocarburos. Los líderes de las comunidades hablan también de contaminación de la fauna silvestre, del bosque”, dice Jesús Alarcón, de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño (Adel).

La extracción ilícita de crudo y sus consecuentes daños medioambientales y culturales han crecido dramáticamente en los últimos años. El incremento se debe a que hay bandas criminales que tienen refinerías artesanales y el combustible que refinan tiene una calidad óptima para el procesamiento de la hoja de coca. También lo usan para venderlo de manera ilegal, contrabandearlo en la frontera con Ecuador o alimentar las dragas con las que hacen explotación ilegal de oro. Alarcón explica que la “Fiscalía ha confirmado que extraen el crudo a través de mangueras, lo transportan hacia lugares alejados y lo depositan en una especie de piscinas artesanales. Cuando hay lluvias fuertes, como el petróleo es más liviano que el agua, sube y se desborda y produce una contaminación cada vez más preocupante”. Si no se controla la extracción ilegal, la tragedia ambiental podría ser tan grave como la que se vio hace poco en Casanare.

Por la vía se ve que se han construido cientos de viviendas prácticamente encima del oleoducto. Casas que a duras penas tienen las cuatro paredes y el techo. No tienen luz, ni agua, en la mayoría ni siquiera hay muebles. En algunas el oleoducto es el cimiento mismo de la casa. Ante la pobreza extrema de los habitantes, muchos de ellos desplazados, extraer crudo es un atractivo difícil de evitar. Mucha gente ya no quiere cultivar sino vivir de la renta del combustible. Los líderes afros e indígenas dicen que los grupos ilegales han obligado a varias personas a participar en el negocio. Además, desde que el Gobierno Nacional fumigó la coca, mucha gente quedó sin otra alternativa de ingresos.

El oleoducto va a dar a Tumaco, donde hay una planta desde la que se bombea el crudo hacia los barcos que lo sacan por el océano Pacífico. El incremento de la extracción ilegal está asociado directamente al conflicto armado, a la pelea por los territorios, a la producción de coca y al narcotráfico. Y Tumaco es el epicentro de estas problemáticas, por estar en la frontera con el Pacífico y con Ecuador. Allí hay de todo: Farc, Eln, bacrim, paramilitares. Hay hasta versiones según las cuales el cartel de Sinaloa estaría presente. La violencia doméstica, la falta de oportunidades laborales y la débil presencia del Estado han facilitado la llegada de estos grupos que se pelean —y en casos comparten— un territorio clave para las rutas del tráfico ilegal, y donde además está el mayor número de hectáreas sembradas de coca en el país.

“Parece Vietnam”, dice Andrés, el conductor pastuso, al adentrarse en este municipio costero. Las calles principales están repletas de motos que corren en todas las direcciones y sobre los andenes se ven puestos improvisados de ventas de pescado, frutas, minutos y papas fritas. Casi todo es trabajo informal. Detrás de estas “avenidas” está el Tumaco desconocido: barrios de callejuelas oscuras y laberínticas, controlados por uno u otro actor ilegal. “El que entra ahí no sale, sobre todo si es de noche”, dicen los habitantes.

Julio César Preciado tiene 17 años y vive en uno de esos barrios, curiosamente llamado La Paz, en la Comuna 5, la más marginal de Tumaco. Su casa está recién hecha porque el 1º de enero, a partir de una pelea doméstica, se incendió todo el barrio y tuvo que ser reconstruido. “Ese día no había electricidad, la gente estaba cocinando con fogatas. Parece que llegó un tipo y vio a la mujer con otro, y se enojó tanto que cogió un fuego y prendió la casa. Y como todas las casas son de madera y están bien pegaditas, se prendieron todas. Al tercer día ya casi teníamos todo reconstruido. Como fue al tercer día que Jesús resucitó, nosotros al barrio ya no le decimos La Paz sino Ciudad de Dios”, dice.

Julio César está a punto de graduarse, aunque no quiere, del colegio Robert Mario Bischoff, ubicado en el corazón de la Comuna 5. Allí es uno de los más entusiastas miembros del colectivo que dirige la emisora Bischoff Estéreo, que hace parte del proyecto Las Fronteras Cuentan, del Ministerio de Cultura. Cuando se acaba la jornada escolar, no pasa más de una hora antes de que Julio regrese al colegio a trabajar en la emisora, lejos de los peligros que rondan por su barrio.

El fin del colectivo radial es rehacer el tejido social, recuperar la cultura afropacífica en medio de esta guerra no declarada, y evitar que los jóvenes sean reclutados o se entreguen para trabajar con algún grupo ilícito. Como dice Juan Carlos Santacruz, director del Fondo Mixto de Cultura de Nariño —donde convergen 13 colectivos de diferentes municipios del departamento—, para estos jóvenes la cultura es una forma de resistir al conflicto, de rehacer la vida. Julio añade: “La gente sólo muestra la parte fea de Tumaco, pero nosotros tratamos de enviar el mensaje positivo, de paz, decimos que aquí hay gente buena, ponemos la música de acá, entrevistamos a los artesanos, captamos los sonidos de la playa, del morro. Mucha gente nos escucha”.

Pero hace falta mucho más que una emisora para pintarle algún futuro a la juventud tumaqueña. En Bischoff Estéreo sólo pueden participar estudiantes del colegio. Cuando se gradúan la cosa se pone difícil: sólo el 1% de los egresados llega a una universidad. Wilter Cortés, el director de la emisora, dice que son muy escasas las perspectivas laborales: los muchachos trabajan generalmente en venta de minutos, en venta de salchipapas o como mototaxistas. Trabajos informales que no dan para sostener una familia, pagar educación, una vida digna. Por eso, a la mayoría sólo le quedan dos alternativas: irse a Ecuador o vincularse a algún negocio ilegal.

Los jóvenes son extremadamente vulnerables y, para reclutarlos, los grupos armados que están a la vuelta de la esquina les ofrecen dinero, motos, celulares, armas. El índice de reclutamiento es alto, aunque es difícil tener una cifra exacta. Los que se van a Ecuador huyendo del conflicto, no sólo desde Tumaco sino desde todo Nariño, también son muchos. El país vecino tiene hoy la mayor población de refugiados en Latinoamérica: hay 55.971 registrados, de los cuales el 98% son colombianos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Incluso mientras están estudiando, muchos ya se han vinculado a uno u otro bando y la violencia ha llegado literalmente a la puerta de la escuela. “Aquí han matado gente en la puerta, hemos escuchado disparos mientras estamos en clase, varios niños han muerto al agarrar granadas o pisar minas, yo antes tenía un cajón lleno de armas decomisadas a los alumnos”, dice el rector de la institución, Carlos García. “Ahora la cosa ha mejorado un poco. Somos un colegio líder en formación contra minas antipersonas, hemos tenido que educar a los niños sobre los peligros que implica ir de la casa a la escuela. Hoy, cualquier menor le puede explicar qué es un artefacto explosivo. La emisora ha generado otro imaginario entre los estudiantes. No obstante, el conflicto sigue en los barrios y hay muchos que se quieren ir. El año pasado se fue el 20% de los 2.800 estudiantes para Ecuador. Ahora intentan volver, pero así como vuelven también vuelve la guerra”.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

Al pie de la carretera que va de Pasto a Tumaco corre el oleoducto Trasandino, que sale del Putumayo y pasa por 11 municipios de Nariño. Debería ser un símbolo del progreso, pero se ha convertido en un factor más del conflicto armado y la ilegalidad que impera en esta zona del país.

Hace dos semanas, antes de que empezara la tregua anunciada por las Farc, en el municipio de Puerres (Nariño) hubo una voladura en el oleoducto. El derrame de crudo produjo afectaciones ambientales, contaminó fuentes de agua y criaderos de peces.

Ese ataque, supuestamente perpetrado por las Farc, salió en los grandes medios del país, pero no ha sido el único. Los asaltos al oleoducto son comunes, sobre todo hacia el piedemonte costero, en los municipios de Ricaurte y Barbacoas. “Sucede con frecuencia en territorios de las comunidades afros y de los indígenas awá. Hay varios afluentes del río Mira de los cuales se abastecen acueductos comunitarios que han sido contaminados por el derrame de hidrocarburos. Los líderes de las comunidades hablan también de contaminación de la fauna silvestre, del bosque”, dice Jesús Alarcón, de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño (Adel).

La extracción ilícita de crudo y sus consecuentes daños medioambientales y culturales han crecido dramáticamente en los últimos años. El incremento se debe a que hay bandas criminales que tienen refinerías artesanales y el combustible que refinan tiene una calidad óptima para el procesamiento de la hoja de coca. También lo usan para venderlo de manera ilegal, contrabandearlo en la frontera con Ecuador o alimentar las dragas con las que hacen explotación ilegal de oro. Alarcón explica que la “Fiscalía ha confirmado que extraen el crudo a través de mangueras, lo transportan hacia lugares alejados y lo depositan en una especie de piscinas artesanales. Cuando hay lluvias fuertes, como el petróleo es más liviano que el agua, sube y se desborda y produce una contaminación cada vez más preocupante”. Si no se controla la extracción ilegal, la tragedia ambiental podría ser tan grave como la que se vio hace poco en Casanare.

Por la vía se ve que se han construido cientos de viviendas prácticamente encima del oleoducto. Casas que a duras penas tienen las cuatro paredes y el techo. No tienen luz, ni agua, en la mayoría ni siquiera hay muebles. En algunas el oleoducto es el cimiento mismo de la casa. Ante la pobreza extrema de los habitantes, muchos de ellos desplazados, extraer crudo es un atractivo difícil de evitar. Mucha gente ya no quiere cultivar sino vivir de la renta del combustible. Los líderes afros e indígenas dicen que los grupos ilegales han obligado a varias personas a participar en el negocio. Además, desde que el Gobierno Nacional fumigó la coca, mucha gente quedó sin otra alternativa de ingresos.

El oleoducto va a dar a Tumaco, donde hay una planta desde la que se bombea el crudo hacia los barcos que lo sacan por el océano Pacífico. El incremento de la extracción ilegal está asociado directamente al conflicto armado, a la pelea por los territorios, a la producción de coca y al narcotráfico. Y Tumaco es el epicentro de estas problemáticas, por estar en la frontera con el Pacífico y con Ecuador. Allí hay de todo: Farc, Eln, bacrim, paramilitares. Hay hasta versiones según las cuales el cartel de Sinaloa estaría presente. La violencia doméstica, la falta de oportunidades laborales y la débil presencia del Estado han facilitado la llegada de estos grupos que se pelean —y en casos comparten— un territorio clave para las rutas del tráfico ilegal, y donde además está el mayor número de hectáreas sembradas de coca en el país.

“Parece Vietnam”, dice Andrés, el conductor pastuso, al adentrarse en este municipio costero. Las calles principales están repletas de motos que corren en todas las direcciones y sobre los andenes se ven puestos improvisados de ventas de pescado, frutas, minutos y papas fritas. Casi todo es trabajo informal. Detrás de estas “avenidas” está el Tumaco desconocido: barrios de callejuelas oscuras y laberínticas, controlados por uno u otro actor ilegal. “El que entra ahí no sale, sobre todo si es de noche”, dicen los habitantes.

Julio César Preciado tiene 17 años y vive en uno de esos barrios, curiosamente llamado La Paz, en la Comuna 5, la más marginal de Tumaco. Su casa está recién hecha porque el 1º de enero, a partir de una pelea doméstica, se incendió todo el barrio y tuvo que ser reconstruido. “Ese día no había electricidad, la gente estaba cocinando con fogatas. Parece que llegó un tipo y vio a la mujer con otro, y se enojó tanto que cogió un fuego y prendió la casa. Y como todas las casas son de madera y están bien pegaditas, se prendieron todas. Al tercer día ya casi teníamos todo reconstruido. Como fue al tercer día que Jesús resucitó, nosotros al barrio ya no le decimos La Paz sino Ciudad de Dios”, dice.

Julio César está a punto de graduarse, aunque no quiere, del colegio Robert Mario Bischoff, ubicado en el corazón de la Comuna 5. Allí es uno de los más entusiastas miembros del colectivo que dirige la emisora Bischoff Estéreo, que hace parte del proyecto Las Fronteras Cuentan, del Ministerio de Cultura. Cuando se acaba la jornada escolar, no pasa más de una hora antes de que Julio regrese al colegio a trabajar en la emisora, lejos de los peligros que rondan por su barrio.

El fin del colectivo radial es rehacer el tejido social, recuperar la cultura afropacífica en medio de esta guerra no declarada, y evitar que los jóvenes sean reclutados o se entreguen para trabajar con algún grupo ilícito. Como dice Juan Carlos Santacruz, director del Fondo Mixto de Cultura de Nariño —donde convergen 13 colectivos de diferentes municipios del departamento—, para estos jóvenes la cultura es una forma de resistir al conflicto, de rehacer la vida. Julio añade: “La gente sólo muestra la parte fea de Tumaco, pero nosotros tratamos de enviar el mensaje positivo, de paz, decimos que aquí hay gente buena, ponemos la música de acá, entrevistamos a los artesanos, captamos los sonidos de la playa, del morro. Mucha gente nos escucha”.

Pero hace falta mucho más que una emisora para pintarle algún futuro a la juventud tumaqueña. En Bischoff Estéreo sólo pueden participar estudiantes del colegio. Cuando se gradúan la cosa se pone difícil: sólo el 1% de los egresados llega a una universidad. Wilter Cortés, el director de la emisora, dice que son muy escasas las perspectivas laborales: los muchachos trabajan generalmente en venta de minutos, en venta de salchipapas o como mototaxistas. Trabajos informales que no dan para sostener una familia, pagar educación, una vida digna. Por eso, a la mayoría sólo le quedan dos alternativas: irse a Ecuador o vincularse a algún negocio ilegal.

Los jóvenes son extremadamente vulnerables y, para reclutarlos, los grupos armados que están a la vuelta de la esquina les ofrecen dinero, motos, celulares, armas. El índice de reclutamiento es alto, aunque es difícil tener una cifra exacta. Los que se van a Ecuador huyendo del conflicto, no sólo desde Tumaco sino desde todo Nariño, también son muchos. El país vecino tiene hoy la mayor población de refugiados en Latinoamérica: hay 55.971 registrados, de los cuales el 98% son colombianos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Incluso mientras están estudiando, muchos ya se han vinculado a uno u otro bando y la violencia ha llegado literalmente a la puerta de la escuela. “Aquí han matado gente en la puerta, hemos escuchado disparos mientras estamos en clase, varios niños han muerto al agarrar granadas o pisar minas, yo antes tenía un cajón lleno de armas decomisadas a los alumnos”, dice el rector de la institución, Carlos García. “Ahora la cosa ha mejorado un poco. Somos un colegio líder en formación contra minas antipersonas, hemos tenido que educar a los niños sobre los peligros que implica ir de la casa a la escuela. Hoy, cualquier menor le puede explicar qué es un artefacto explosivo. La emisora ha generado otro imaginario entre los estudiantes. No obstante, el conflicto sigue en los barrios y hay muchos que se quieren ir. El año pasado se fue el 20% de los 2.800 estudiantes para Ecuador. Ahora intentan volver, pero así como vuelven también vuelve la guerra”.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1