La defensa del territorio: el objetivo de las organizaciones sociales en Colombia

Un tercio de las 14 masacres que ha habido en Colombia en 2021 fueron en el Bajo Cauca y Cauca. En el Catatumbo, Norte de Santander, los desplazamientos forzados han afectado a la población de dos municipios: el pasado 2 de febrero, 38 familias fueron obligadas a salir de Hacarí, y a finales de enero, 80 familias fueron expulsadas de Tibú por el enfrentamiento entre grupos armados. Además, siete de los 24 asesinatos de líderes sociales en 2021 ocurrieron en estas tres regiones, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las estructuras ilegales que hacen presencia en Bajo Cauca, Cauca y Norte de Santander buscan controlar las rutas del narcotráfico, las cuales por su posición geográfica -cercanía al océano Pacífico y frontera con Venezuela, respectivamente- son vías importantes para la movilización de esas sustancias. Estos hechos afectaron los procesos organizativos, para quienes las amenazas y muertes son parte del día a día.

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Según Nelly Osorno, directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha permitido que estos grupos armados puedan entrar en las zonas ante la falta de presencia del Estado y la deficiente inversión social. Esto se refleja en Norte de Santander y Cauca. A pesar de que la salida de las Farc generó un ambiente de tranquilidad en los primeros meses después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, poco a poco fueron llegando grupos que ejercen una violencia más sistemática. Solo en el comienzo de este año fueron asesinados 11 indígenas en enero y van cuatro en febrero, según Aída Quilcué, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estos hechos de violencia produjeron que las organizaciones sociales en estas tres regiones volvieran a ser un punto de encuentro para las comunidades negras, indígenas y campesinas. Estas agrupaciones tienen como base un objetivo en común: la defensa del territorio.

En las zonas rurales de estas regiones las juntas de acción comunal (JAC) cumplen un rol fundamental. De acuerdo con un líder del Bajo Cauca, que prefirió reservar su identidad, ese tipo de agrupaciones hacen que haya un mayor respeto hacia las comunidades por parte de los actores armados.

Otra población que está en riesgo constante es la LGBT. Las dinámicas de violencia en contra de estos grupos también se incrementaron en los últimos años, debido al machismo que hay en las diferentes estructuras armadas. “En los municipios del Catatumbo la población diversa no tiene sus derechos asegurados, por ejemplo las mujeres trans no pueden irse a vivir a otro municipio porque los grupos armados no las dejan llegar y no se pueden expresar libremente ”, le dijo Érika Caselles, miembro de la organización Visibles Lgbti+h en Ocaña, a El Espectador.

Sin embargo, pertenecer a una organización también supone riesgos en los territorios. “Reciben constantes amenazas por parte de estos grupos, que los ven como un obstáculo en su objetivo de tomar el control de cualquier zona del país”, aseguró Osorno. En Colombia, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de febrero de 2020, fueron asesinados 360 líderes y lideresas sociales, el 44 % de ellos eran dirigentes comunales, según la Fundación Paz & Reconciliación.

“La importancia de organizarnos es que dejen de minimizarnos. Desde que empezamos a luchar por nuestra población, el Gobierno ha tenido que volver a mirar hacia acá y entendió que no nos pueden seguir ignorando como lo hacían antes”, comentó Caselles. Precisamente uno de los logros de las agrupaciones es conseguir una mayor interlocución con las autoridades.

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Las exigencias hechas al Gobierno Nacional han sido más fáciles de visibilizar, aunque las comunidades dicen que al Estado no le ha interesado hacer algo más allá que aumentar el pie de fuerza. La implementación de los Acuerdos de Paz resulta clave para las poblaciones. Además, exigen que se haga una inversión social integral en sus territorios para que por fin se les pueda asegurar una vida digna a sus pobladores.

*Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.

Un tercio de las 14 masacres que ha habido en Colombia en 2021 fueron en el Bajo Cauca y Cauca. En el Catatumbo, Norte de Santander, los desplazamientos forzados han afectado a la población de dos municipios: el pasado 2 de febrero, 38 familias fueron obligadas a salir de Hacarí, y a finales de enero, 80 familias fueron expulsadas de Tibú por el enfrentamiento entre grupos armados. Además, siete de los 24 asesinatos de líderes sociales en 2021 ocurrieron en estas tres regiones, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las estructuras ilegales que hacen presencia en Bajo Cauca, Cauca y Norte de Santander buscan controlar las rutas del narcotráfico, las cuales por su posición geográfica -cercanía al océano Pacífico y frontera con Venezuela, respectivamente- son vías importantes para la movilización de esas sustancias. Estos hechos afectaron los procesos organizativos, para quienes las amenazas y muertes son parte del día a día.

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Según Nelly Osorno, directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha permitido que estos grupos armados puedan entrar en las zonas ante la falta de presencia del Estado y la deficiente inversión social. Esto se refleja en Norte de Santander y Cauca. A pesar de que la salida de las Farc generó un ambiente de tranquilidad en los primeros meses después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, poco a poco fueron llegando grupos que ejercen una violencia más sistemática. Solo en el comienzo de este año fueron asesinados 11 indígenas en enero y van cuatro en febrero, según Aída Quilcué, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estos hechos de violencia produjeron que las organizaciones sociales en estas tres regiones volvieran a ser un punto de encuentro para las comunidades negras, indígenas y campesinas. Estas agrupaciones tienen como base un objetivo en común: la defensa del territorio.

En las zonas rurales de estas regiones las juntas de acción comunal (JAC) cumplen un rol fundamental. De acuerdo con un líder del Bajo Cauca, que prefirió reservar su identidad, ese tipo de agrupaciones hacen que haya un mayor respeto hacia las comunidades por parte de los actores armados.

Otra población que está en riesgo constante es la LGBT. Las dinámicas de violencia en contra de estos grupos también se incrementaron en los últimos años, debido al machismo que hay en las diferentes estructuras armadas. “En los municipios del Catatumbo la población diversa no tiene sus derechos asegurados, por ejemplo las mujeres trans no pueden irse a vivir a otro municipio porque los grupos armados no las dejan llegar y no se pueden expresar libremente ”, le dijo Érika Caselles, miembro de la organización Visibles Lgbti+h en Ocaña, a El Espectador.

Sin embargo, pertenecer a una organización también supone riesgos en los territorios. “Reciben constantes amenazas por parte de estos grupos, que los ven como un obstáculo en su objetivo de tomar el control de cualquier zona del país”, aseguró Osorno. En Colombia, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de febrero de 2020, fueron asesinados 360 líderes y lideresas sociales, el 44 % de ellos eran dirigentes comunales, según la Fundación Paz & Reconciliación.

“La importancia de organizarnos es que dejen de minimizarnos. Desde que empezamos a luchar por nuestra población, el Gobierno ha tenido que volver a mirar hacia acá y entendió que no nos pueden seguir ignorando como lo hacían antes”, comentó Caselles. Precisamente uno de los logros de las agrupaciones es conseguir una mayor interlocución con las autoridades.

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*Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.