La Escombrera: desconfianza después de la esperanza

Agencia de Prensa IPC

Las fotos envejecidas de sus seres queridos colgadas del cuello. Pancartas exigiendo la verdad. Camisetas blancas, estampadas con la huella de un pie verde y un corazón naranjado. Signos de interrogación pegados en el suelo. Estas fueron algunas de las simbologías que identificaron el plantón realizado el miércoles en Medellín, por un grupo de madres, esposas, hijas y hermanas de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 (San Javier).

Resguardadas bajo sus sombrillas en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, donde se halla la Alcaldía, exclamaban a través de un megáfono: “¿Dónde están los desaparecidos? ¡Que el Estado nos responda!”. Se referían a sus familiares desaparecidos con la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública y del bloque paramilitar Cacique Nutibara, durante los operativos militares realizados entre los años 2002 y 2003 en esa zona del occidente de Medellín.

Las víctimas, que integran la asociación Mujeres Caminando por la Verdad conformada en 2002, gritaban sus consignas para exigirle al Gobierno Local, Departamental y Nacional que continúe la búsqueda de sus padres, esposos, hijos y hermanos. Pues el proceso finalizó su primera etapa en diciembre de 2015 y la nueva Administración Municipal, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, aún no reanuda la búsqueda.

Las personas desaparecidas habrían sido inhumadas clandestinamente en el sector conocido como La Escombrera en la Comuna 13, donde a diario suben decenas de volquetas cargadas con tierra y desechos de construcción. Por eso, el 27 de julio de 2015 las víctimas –con el apoyo de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos– les presentaron a la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones un Plan Integral de Búsqueda, solicitándoles avanzar en la investigación sobre los desaparecidos y proceder con la exploración en otros lugares, incluso por fuera de San Javier.

En La Escombrera, la excavación con fines judiciales para la búsqueda, exhumación, identificación y entrega de restos, inició el 5 de agosto de 2015 y duró hasta el 15 de diciembre. En ese momento las mujeres tuvieron la esperanza de que por fin encontrarían a sus seres queridos. Pero en esa primera fase no se hallaron restos humanos. Sin embargo, las labores permitieron consolidar un censo de 138 desaparecidos entre los años 2000 y 2005 en la Comuna 13; establecer que los cuerpos de tres víctimas ya habían sido exhumados en otros procedimientos; y encontrar con vida a una persona que estaba en la lista inicial de desaparecidos. No obstante,  el proceso fue interrumpido con el cambio de Alcaldía.

Por eso, y porque no fueron tenidas en cuenta en el procedimiento de búsqueda que inició el pasado 25 de julio en el Cementerio Universal, para indagar por posibles desaparecidos enterrados como cuerpos no identificados, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad realizaron el plantón, apoyadas por la Fundación Obra Social Madre Laura, la Corporación Jurídica Libertad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH).

Interrupción indefinida de la búsqueda

Han transcurrido siete meses de labores de la Administración de Federico Gutiérrez y la búsqueda de restos humanos en los otros dos polígonos –donde habría enterrados al menos 30 cuerpos– permanece interrumpida.

Esto, a pesar de que en julio de 2015 “la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín y el Ministerio del Interior asumieron el compromiso con los familiares y con las organizaciones de darle continuidad inmediata a la búsqueda de desaparecidos, después de terminar la excavación en el Polígono #1, acogiendo las recomendaciones presentadas en la evaluación –interinstitucional– que se realizó”, reseña el comunicado de las víctimas.

No obstante, agregó la abogada Carolina Moreno, pese a la disposición de las organizaciones, no se han dado posibilidades de acercamiento con la institucionalidad para generar un espacio en el cual las autoridades expliquen ¿qué ha pasado con el proceso? Es decir, que socialicen las decisiones que han tomado con respecto a la continuidad o no –en el peor de los escenarios– de las excavaciones.

Según las víctimas, tampoco hay respuestas respecto a la exigencia que las organizaciones han hecho de que se tomen acciones administrativas –por encima de los intereses económicos– que conduzcan al cierre permanente de los sectores que conforman La Escombrera, para preservar el terreno, realizar estudios técnicos y realizar un procedimiento de búsqueda más amplio.

Sobre lo anterior, Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, aseguró que la intención desde la Fiscalía es continuar con la excavación, pero dijo que primero están articulando acciones y efectuando investigaciones y análisis pertinentes de los sitios identificados para que realmente haya resultados positivos en el Polígono #2. En esa medida, la Alcaldía estaría esperando las directrices de esa institución para iniciar acciones en La Escombrera y otros lugares aledaños.

Asimismo, contó que una de las principales ocupaciones del ente investigador es consolidar el Plan Integral de Búsqueda que incluye, además de Medellín, a los municipios del área metropolitana y del resto del departamento. Para ese fin, agregó, la Gobernación de Antioquia también se articuló al Plan y se sumó a un fondo de recursos común, en el cual Medellín tiene 1.350 millones que se destinaron desde el Plan de Desarrollo a la búsqueda de personas desaparecidas.

Familiares de las víctimas exigen participación activa

Las integrantes de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad y las organizaciones que las apoyan, consideran que las instituciones están implementando un modelo de intervención que no favorece la participación de los familiares de las víctimas ni de las organizaciones. Ejemplo de ello es la iniciativa de búsqueda de desaparecidos que acordaron ejecutar el Ministerio del Interior y la anterior Alcaldía en el Cementerio Universal, para la cual no fueron convocadas a participar en su análisis y discusión.

En efecto, no fueron puestas al tanto de ese nuevo proceso –vinculado a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana–, que se extenderá hasta el sábado 30 de julio y tiene como propósito revisar varias fosas para tratar de identificar restos óseos de personas que fueron reportadas como desaparecidas en la Comuna 13 y otras zonas de la ciudad.

Y esa negación de su posibilidad de intervenir en el escenario público, sumada a las expectativas sobre la continuidad del proceso en La Escombrera, “han generado una dinámica de revictimización que se manifiesta en la desconfianza institucional, la profundización de los daños psicosociales y la agudización de enfermedades en varias de las integrantes del grupo Mujeres Caminando por la Verdad”, resalta el comunicado de las víctimas.

Para las mujeres el ambiente se ha vuelto tan pesado y la desconfianza se ha hecho tan profunda, que muchas de ellas no pudieron asistir al plantón. Por eso, quienes participaron en la protesta, alzaron las voces en representación de sus compañeras ausentes para exhortar a las instituciones a que continúen las excavaciones en La Escombrera y, de ese modo, reconozcan los esfuerzos que han dedicado durante más de 13 años a la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la Comuna 13.

La Escombrera ante la CIDH

En la mañana del pasado 5 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó el caso de La Escombrera. Ante esa instancia internacional, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) representaron a los familiares de las víctimas de desaparición en la Comuna 13.

Estas organizaciones argumentaron que la búsqueda de los desaparecidos en ese no debe limitarse únicamente a la excavación en La Escombrera, sino que el Estado colombiano tendría que elaborar un plan de acción integral con un proceso investigativo que dé cuenta sobre esa victimización en la comuna.

Evaluación de la primera fase del proceso

Durante el plantón, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad y las organizaciones de derechos humanos reiteraron algunas de las conclusiones a las cuales llegaron luego de evaluar los resultados de la primera fase de intervención en el Polígono #1, pues, en sus palabras, “la búsqueda se centró solo en dicho Polígono sin explorar otros posibles lugares, incluso en el mismo sector de La Arenera”.

En ese proceso, aseguraron, “se evidenció una falencia importante en integrar las acciones técnicas de campo a las labores investigativas realizadas por el ente investigador”, porque “el proceso dio inicio contando solo con el testimonio de un exjefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara –quien identificó tres polígonos en La Arenera–”. Además, señalaron, “hay una desarticulación entre las distintas unidades de la Fiscalía que tienen responsabilidades en este proceso o que deberían estar y no están”.