La eterna crisis del Plan de Alimentación Escolar en Colombia

El escándalo que desató en el país la carne de burro y caballo que consumieron los niños de Santander a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE) no es un caso aislado, este tipo de problemas no son nuevos en Santander y ni en Colombia.

Didier Tavera fue gobernador de ese departamento entre 2016 y 2019, y hoy es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación de 2016. Ese proyecto buscaba beneficiar a 124.892 estudiantes de 82 municipios. Además, habría adjudicado las licitaciones para algunos de los operadores que terminaron distribuyendo la carne de burro y caballo. Tavera afronta en libertad la investigación por el delito de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, de hecho, está a la espera del juicio para la acusación formal que se hará ante la Corte Suprema de Justicia.

Además de este expediente, en 2014 fue capturado por primera vez luego de que la Fiscalía lo vinculara a una investigación por concierto para delinquir y por el homicidio de un hombre a manos de grupos paramilitares. Posteriormente, quedó en libertad y el proceso no ha tenido mayores avances. En agosto pasado, el exgobernador fue elegido como director de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos).

Leer: El cuestionado pasado de Didier Tavera, el “cantado” nuevo director de Fededepartamentos

La investigación de 2016 se debe a un contrato de más de $35.767 millones celebrado entre la Gobernación de Santander (a través de la secretaría de Educación) y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones. Esta última era propiedad de Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila, conocido como el zar del PAE. Por este mismo contrato fueron judicializados otros funcionarios como Aníbal González, coordinador del PAE; Ana de Dios Tarazona, entonces secretaria de Educación, y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, empresa encargada de ejecutar el contrato.

Desde que se suscribió en 2016, el Comité de Transparencia por Santander denunció que en la licitación hubo condiciones que limitaron la participación. La Fiscalía informó que el dinero fue desembolsado al contratista en su totalidad, pero las raciones no llegaron a las escuelas y colegios. Además, se registraron sobrecostos en los productos, como los famosos tamales de 30.000 “comprados” a empresas ficticias o con objetos comerciales distintos y la recordada empresa de grúas que supuestamente vendía alimentos escolares.

La condena que recibió German Trujillo generó indignación. Se le comprobaron los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplir requisitos legales; también se pudo establecer que al menos 290 millones de pesos, que eran para la comida de los niños de Santander y que debió reembolsar, fueron usados para comprar un apartamento. Estuvo fugitivo algunos meses, tuvo el beneficio de casa por cárcel, y en 2019 le dieron una condena de tres años.

Pero Santander no es el único departamento con problemas por el PAE, de hecho, este se ha convertido en un caldo de cultivo para la corrupción. Así lo constata la Contraloría en el libro “Grandes hallazgos” que presenta las investigaciones entre 2014 y 2018. En este documento se detalla cómo, en los contratos con el Estado para el PAE, las empresas o consorcios privados sacan hasta más del 70% de ganancia. Durante ese tiempo se abrieron al menos 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $84.000 millones, en los que estaban implicados, para ese momento, cinco gobernadores, dos alcaldes, tres congresistas, seis exgobernadores y 52 exalcaldes.

En ese periodo, la Fiscalía capturó a 93 personas en 12 departamentos y para 2017 la Procuraduría tramitó 152 procesos disciplinarios, 45 de ellos investigaciones formales. Este programa, que comenzó en 1936, con la creación de los restaurantes escolares, le ha dado trabajo a los entes de control. En 2016 se reportaron malos manejos en 24 de los 32 departamentos del país y la Contraloría identificó irregularidades por 62.488 millones de pesos en las auditorías, lo que equivale a más de 32,7 millones de raciones que no fueron entregadas a los niños. Con ese dinero, según cálculos de la entidad, se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio -con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños.

También le puede interesar: Los compradores de carne de caballo para niños son los “duros” del PAE en Santander

El primer caso que se conoció en todo el país fue el de Aguachica, Cesar. En un video se evidenció que los niños tenían en el plato una buena ración de comida, pero solo para la foto porque después tenían que entregarlo. También se volvió famoso el kilo de pechuga de 40.000 en Cartagena que en realidad valía 7.000. En Arauca, mientras se intoxicaron 300 estudiantes de tres colegios, los contratistas supuestamente entregaban comida en días de permisos sindicales o en cenas en colegios donde no había jornada nocturna.

En Atlántico, la secretaría de Educación puso bajo la lupa 210 muestras de alimentos que se estaban entregando en 94 escuelas; 150 muestras se rajaron en el examen. El 75% tenían moho, levadura, coliformes totales y fecales, mesófilos aerobios y salmonella. Los niños dijeron que recibían pan con hongos y almuerzos con piedras. La carne de burro y caballo que recibieron los estudiantes en Santander es otro caso de esta larga lista.

En el último diagnóstico realizado al PAE en 2019, la Contraloría estableció que en un 37% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento. En un 35% no se cumplen los estándares de calidad y en el 18% de los casos se detectaron irregularidades en contratación y pagos.

De hecho, en agosto se emitieron 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia. Con corte al 31 de agosto, se adelantan 184 investigaciones por irregularidades en estos contratos que suman $74 mil millones de pesos.

Leer: La Contraloría lanza alerta por presuntos sobrecostos en contratación del PAE durante la pandemia

El escándalo que desató en el país la carne de burro y caballo que consumieron los niños de Santander a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE) no es un caso aislado, este tipo de problemas no son nuevos en Santander y ni en Colombia.

Didier Tavera fue gobernador de ese departamento entre 2016 y 2019, y hoy es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación de 2016. Ese proyecto buscaba beneficiar a 124.892 estudiantes de 82 municipios. Además, habría adjudicado las licitaciones para algunos de los operadores que terminaron distribuyendo la carne de burro y caballo. Tavera afronta en libertad la investigación por el delito de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, de hecho, está a la espera del juicio para la acusación formal que se hará ante la Corte Suprema de Justicia.

Además de este expediente, en 2014 fue capturado por primera vez luego de que la Fiscalía lo vinculara a una investigación por concierto para delinquir y por el homicidio de un hombre a manos de grupos paramilitares. Posteriormente, quedó en libertad y el proceso no ha tenido mayores avances. En agosto pasado, el exgobernador fue elegido como director de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos).

Leer: El cuestionado pasado de Didier Tavera, el “cantado” nuevo director de Fededepartamentos

La investigación de 2016 se debe a un contrato de más de $35.767 millones celebrado entre la Gobernación de Santander (a través de la secretaría de Educación) y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones. Esta última era propiedad de Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila, conocido como el zar del PAE. Por este mismo contrato fueron judicializados otros funcionarios como Aníbal González, coordinador del PAE; Ana de Dios Tarazona, entonces secretaria de Educación, y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, empresa encargada de ejecutar el contrato.

Desde que se suscribió en 2016, el Comité de Transparencia por Santander denunció que en la licitación hubo condiciones que limitaron la participación. La Fiscalía informó que el dinero fue desembolsado al contratista en su totalidad, pero las raciones no llegaron a las escuelas y colegios. Además, se registraron sobrecostos en los productos, como los famosos tamales de 30.000 “comprados” a empresas ficticias o con objetos comerciales distintos y la recordada empresa de grúas que supuestamente vendía alimentos escolares.

La condena que recibió German Trujillo generó indignación. Se le comprobaron los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplir requisitos legales; también se pudo establecer que al menos 290 millones de pesos, que eran para la comida de los niños de Santander y que debió reembolsar, fueron usados para comprar un apartamento. Estuvo fugitivo algunos meses, tuvo el beneficio de casa por cárcel, y en 2019 le dieron una condena de tres años.

Pero Santander no es el único departamento con problemas por el PAE, de hecho, este se ha convertido en un caldo de cultivo para la corrupción. Así lo constata la Contraloría en el libro “Grandes hallazgos” que presenta las investigaciones entre 2014 y 2018. En este documento se detalla cómo, en los contratos con el Estado para el PAE, las empresas o consorcios privados sacan hasta más del 70% de ganancia. Durante ese tiempo se abrieron al menos 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $84.000 millones, en los que estaban implicados, para ese momento, cinco gobernadores, dos alcaldes, tres congresistas, seis exgobernadores y 52 exalcaldes.

En ese periodo, la Fiscalía capturó a 93 personas en 12 departamentos y para 2017 la Procuraduría tramitó 152 procesos disciplinarios, 45 de ellos investigaciones formales. Este programa, que comenzó en 1936, con la creación de los restaurantes escolares, le ha dado trabajo a los entes de control. En 2016 se reportaron malos manejos en 24 de los 32 departamentos del país y la Contraloría identificó irregularidades por 62.488 millones de pesos en las auditorías, lo que equivale a más de 32,7 millones de raciones que no fueron entregadas a los niños. Con ese dinero, según cálculos de la entidad, se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio -con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños.

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El primer caso que se conoció en todo el país fue el de Aguachica, Cesar. En un video se evidenció que los niños tenían en el plato una buena ración de comida, pero solo para la foto porque después tenían que entregarlo. También se volvió famoso el kilo de pechuga de 40.000 en Cartagena que en realidad valía 7.000. En Arauca, mientras se intoxicaron 300 estudiantes de tres colegios, los contratistas supuestamente entregaban comida en días de permisos sindicales o en cenas en colegios donde no había jornada nocturna.

En Atlántico, la secretaría de Educación puso bajo la lupa 210 muestras de alimentos que se estaban entregando en 94 escuelas; 150 muestras se rajaron en el examen. El 75% tenían moho, levadura, coliformes totales y fecales, mesófilos aerobios y salmonella. Los niños dijeron que recibían pan con hongos y almuerzos con piedras. La carne de burro y caballo que recibieron los estudiantes en Santander es otro caso de esta larga lista.

En el último diagnóstico realizado al PAE en 2019, la Contraloría estableció que en un 37% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento. En un 35% no se cumplen los estándares de calidad y en el 18% de los casos se detectaron irregularidades en contratación y pagos.

De hecho, en agosto se emitieron 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia. Con corte al 31 de agosto, se adelantan 184 investigaciones por irregularidades en estos contratos que suman $74 mil millones de pesos.

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