La eterna crisis que viven los empleados del único hospital de segundo nivel de Chocó

Atraso en los pagos, falta de insumos y equipos, contratos verbales y sin garantías, despidos injustificados e incluso actos de corrupción son los reclamos del personal médico de la Nueva Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en el departamento de Chocó. Desde finales de enero, por medio de comunicados y una carta abierta -dirigida al presidente Iván Duque, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud-, los empleados manifestaron que la intervención que inició en junio de 2020 ha sido un fracaso. Aunque la gerencia ya pagó el salario de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y prima de fin de año, todavía está pendiente el pago de los recargos nocturnos, festivos y domingos de esos meses, el incremento salarial de entre enero y mayo de 2019 y dos períodos de vacaciones.

Aparte del salario, el sindicato de trabajadores denunció que no cuentan con las condiciones para prestar el servicio. No tienen insumos ni medicamentos básicos como analgésicos y antibióticos, en el laboratorio no se pueden hacer exámenes elementales, tampoco está habilitada radiología y atender a pacientes con coronavirus es todo un reto. Además, cuestionaron la contratación de Juan Pablo Munévar, afirmando que ingresó como subdirector con un salario de $6 millones, pero después fue contratado como asesor por $11 millones, y pese a que se interpuso una queja en su contra en la Procuraduría por un contrato, nuevamente le asignaron la subdirección. También acusaron a Munévar de haber despedido a una mujer en estado de embarazo y a una trabajadora que participó en las protestas, pese a que estas son legales.

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Esto los llevó a declararse en anormalidad laboral en varias ocasiones durante los últimos meses, es decir, en el hospital no hay consulta externa y se bloquea el ingreso al área administrativa. René Valoyes Pérez, técnico administrativo, abogado de profesión y secretario del sindicato de trabajadores, explicó a El Espectador que no quieren que se repita la historia del hospital que estuvo intervenido por 10 años, con al menos 18 agentes diferentes, y finalmente fue liquidado porque no se resolvieron los problemas financieros y administrativos. Valoyes señaló que en 2007 se ordenó la intervención del hospital departamental, en principio a cargo de la extinta Caprecom y después de la Superintendencia de Salud, pero el problema no se solucionó: el pasivo al inicio de la intervención era de $5.043 millones y cuando lo entregaron debían cerca de $41.000 millones. Por eso, tras la liquidación, el Gobierno Nacional auspició la creación de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, que se inauguró en 2017. “Vemos que el hospital, en las condiciones que se está administrando, no será viable”, agregó.

Las condiciones laborales también tienen antecedentes y varias aristas. El médico Carlos Libreros dijo que la mayoría de especialistas y médicos tienen un contrato de prestación de servicios. Lleva 28 años en el hospital y aún no es de planta. A finales de los 90 (con la Ley 100 de 1993) la situación se agudizó, despidieron al personal e inició la contratación bajo esta modalidad; ahora no cuentan con estabilidad y pueden perder su trabajo “si hablan de más”, ya que no les renuevan el contrato. Hace diez años estuvieron hasta 12 meses sin recibir salario e iniciaron un proceso jurídico que todavía no se resuelve.

Para junio de 2020, la Superintendencia de Salud inició la intervención forzosa tras detectar 60 hallazgos, incluidas 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal, desabastecimiento de medicamentos y deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero. Siete meses después los trabajadores sostienen que no ha habido ningún avance, pero el interventor Camilo Eduardo Ramírez asegura que sí, pues recibió el hospital con una deuda de cerca de $21.000 millones y ya está mostrando resultados.

De acuerdo con el interventor, la Superintendencia gestionó en diciembre $6.000 millones que se usaron la semana pasada para pagar salarios. “De los ingresos desde junio hasta la fecha, el 80 % se ha invertido en el pago del personal. Por otro lado, avanzamos en la facturación electrónica, la historia clínica ya está sistematizada, ya tenemos 10 unidades de cuidados intensivos (UCI), intensivistas 24 horas y empezó a operar ortopedia (...)”, afirmó. Aunque el coronavirus supuso una baja en los ingresos del hospital por los procedimientos suspendidos, dijo que han alcanzado una facturación histórica, llegando en enero a más de $3.700 millones, cuando antes de la intervención eran de aproximadamente $1.700 millones, con unos gastos operacionales de $3.000 millones. Por otro lado, manifestó que Munévar es “una persona con grandes cualidades, que tiene una hoja de vida intachable” y que no ha recibido confirmación de procesos en su contra.

Frente a las afirmaciones del interventor, esta semana los empleados se pronunciaron asegurando que estas son “mentirosas”, asimismo lo responsabilizan de cualquier acto de violencia del que sean víctimas por sus declaraciones. Entre otros puntos, señalaron que la ampliación de UCI y la dotación de la sala COVID-19 fue hecha por el gobernador, la prestación del servicio de intensivistas inició hasta 2021 y que siempre han contado con servicio de ortopedia, urología y neurología, estos solo se suspendieron por falta de pago. En cuanto a la facturación histórica, sostuvieron que la cifra está fuera de contexto, ya que fue ocasionada por el represamiento de facturación anterior y, según sus cálculos, los ingresos de julio a diciembre promedian los $1.146 millones que no son ni la mitad de los gastos operativos.

“Consideramos que la situación tiene otro trasfondo porque el hospital ha cumplido, es la única vez desde que se abrió en la que estamos al día con el personal”, afirmó el agente interventor. Frente a los contratos por prestación de servicios, respondió que la planta para el hospital era de 270, cuando necesitan como mínimo 400, por eso usan ese tipo de contratación. También dijo que el hospital nació con un déficit presupuestal, con pérdidas mensuales de hasta $600 millones, por eso alcanzar un equilibrio financiero es difícil y urge que el Gobierno inyecte capital.

El martes 9 de febrero, la Gobernación de Chocó realizó una reunión con la interventoría, la Secretaría de Salud Departamental, la Procuraduría regional y los trabajadores del hospital buscando restablecer la normalidad laboral después de 16 días de manifestaciones. El gobernador Ariel Palacios dijo que se definió una reunión entre el gerente interventor, los trabajadores y proveedores para establecer acuerdos y fechas de pago. Del mismo modo, acordaron que la junta directiva hará seguimiento de la intervención y de los servicios que presta el hospital San Francisco de Asís para evidenciar los avances. “Finalmente, se establecerán mecanismos de diálogo para prevenir futuras anormalidades en la prestación del servicio y evitar las vías de hecho”, concluyó.

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Valoyes agregó que la situación es tan crítica, que una paciente materna falleció por la falta de insumos. “No se trata solo del dinero -aunque tenemos derecho a nuestro salario-, es que el personal está trabajando en condiciones precarias”, afirmó. Los pacientes también están afectados, así como todos estos años, pues muchos viajan durante horas para llegar a Quibdó por una cita médica a la que no pueden acceder porque no está habilitada consulta externa.

Atraso en los pagos, falta de insumos y equipos, contratos verbales y sin garantías, despidos injustificados e incluso actos de corrupción son los reclamos del personal médico de la Nueva Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en el departamento de Chocó. Desde finales de enero, por medio de comunicados y una carta abierta -dirigida al presidente Iván Duque, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud-, los empleados manifestaron que la intervención que inició en junio de 2020 ha sido un fracaso. Aunque la gerencia ya pagó el salario de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y prima de fin de año, todavía está pendiente el pago de los recargos nocturnos, festivos y domingos de esos meses, el incremento salarial de entre enero y mayo de 2019 y dos períodos de vacaciones.

Aparte del salario, el sindicato de trabajadores denunció que no cuentan con las condiciones para prestar el servicio. No tienen insumos ni medicamentos básicos como analgésicos y antibióticos, en el laboratorio no se pueden hacer exámenes elementales, tampoco está habilitada radiología y atender a pacientes con coronavirus es todo un reto. Además, cuestionaron la contratación de Juan Pablo Munévar, afirmando que ingresó como subdirector con un salario de $6 millones, pero después fue contratado como asesor por $11 millones, y pese a que se interpuso una queja en su contra en la Procuraduría por un contrato, nuevamente le asignaron la subdirección. También acusaron a Munévar de haber despedido a una mujer en estado de embarazo y a una trabajadora que participó en las protestas, pese a que estas son legales.

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Esto los llevó a declararse en anormalidad laboral en varias ocasiones durante los últimos meses, es decir, en el hospital no hay consulta externa y se bloquea el ingreso al área administrativa. René Valoyes Pérez, técnico administrativo, abogado de profesión y secretario del sindicato de trabajadores, explicó a El Espectador que no quieren que se repita la historia del hospital que estuvo intervenido por 10 años, con al menos 18 agentes diferentes, y finalmente fue liquidado porque no se resolvieron los problemas financieros y administrativos. Valoyes señaló que en 2007 se ordenó la intervención del hospital departamental, en principio a cargo de la extinta Caprecom y después de la Superintendencia de Salud, pero el problema no se solucionó: el pasivo al inicio de la intervención era de $5.043 millones y cuando lo entregaron debían cerca de $41.000 millones. Por eso, tras la liquidación, el Gobierno Nacional auspició la creación de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, que se inauguró en 2017. “Vemos que el hospital, en las condiciones que se está administrando, no será viable”, agregó.

Las condiciones laborales también tienen antecedentes y varias aristas. El médico Carlos Libreros dijo que la mayoría de especialistas y médicos tienen un contrato de prestación de servicios. Lleva 28 años en el hospital y aún no es de planta. A finales de los 90 (con la Ley 100 de 1993) la situación se agudizó, despidieron al personal e inició la contratación bajo esta modalidad; ahora no cuentan con estabilidad y pueden perder su trabajo “si hablan de más”, ya que no les renuevan el contrato. Hace diez años estuvieron hasta 12 meses sin recibir salario e iniciaron un proceso jurídico que todavía no se resuelve.

Para junio de 2020, la Superintendencia de Salud inició la intervención forzosa tras detectar 60 hallazgos, incluidas 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal, desabastecimiento de medicamentos y deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero. Siete meses después los trabajadores sostienen que no ha habido ningún avance, pero el interventor Camilo Eduardo Ramírez asegura que sí, pues recibió el hospital con una deuda de cerca de $21.000 millones y ya está mostrando resultados.

De acuerdo con el interventor, la Superintendencia gestionó en diciembre $6.000 millones que se usaron la semana pasada para pagar salarios. “De los ingresos desde junio hasta la fecha, el 80 % se ha invertido en el pago del personal. Por otro lado, avanzamos en la facturación electrónica, la historia clínica ya está sistematizada, ya tenemos 10 unidades de cuidados intensivos (UCI), intensivistas 24 horas y empezó a operar ortopedia (...)”, afirmó. Aunque el coronavirus supuso una baja en los ingresos del hospital por los procedimientos suspendidos, dijo que han alcanzado una facturación histórica, llegando en enero a más de $3.700 millones, cuando antes de la intervención eran de aproximadamente $1.700 millones, con unos gastos operacionales de $3.000 millones. Por otro lado, manifestó que Munévar es “una persona con grandes cualidades, que tiene una hoja de vida intachable” y que no ha recibido confirmación de procesos en su contra.

Frente a las afirmaciones del interventor, esta semana los empleados se pronunciaron asegurando que estas son “mentirosas”, asimismo lo responsabilizan de cualquier acto de violencia del que sean víctimas por sus declaraciones. Entre otros puntos, señalaron que la ampliación de UCI y la dotación de la sala COVID-19 fue hecha por el gobernador, la prestación del servicio de intensivistas inició hasta 2021 y que siempre han contado con servicio de ortopedia, urología y neurología, estos solo se suspendieron por falta de pago. En cuanto a la facturación histórica, sostuvieron que la cifra está fuera de contexto, ya que fue ocasionada por el represamiento de facturación anterior y, según sus cálculos, los ingresos de julio a diciembre promedian los $1.146 millones que no son ni la mitad de los gastos operativos.

“Consideramos que la situación tiene otro trasfondo porque el hospital ha cumplido, es la única vez desde que se abrió en la que estamos al día con el personal”, afirmó el agente interventor. Frente a los contratos por prestación de servicios, respondió que la planta para el hospital era de 270, cuando necesitan como mínimo 400, por eso usan ese tipo de contratación. También dijo que el hospital nació con un déficit presupuestal, con pérdidas mensuales de hasta $600 millones, por eso alcanzar un equilibrio financiero es difícil y urge que el Gobierno inyecte capital.

El martes 9 de febrero, la Gobernación de Chocó realizó una reunión con la interventoría, la Secretaría de Salud Departamental, la Procuraduría regional y los trabajadores del hospital buscando restablecer la normalidad laboral después de 16 días de manifestaciones. El gobernador Ariel Palacios dijo que se definió una reunión entre el gerente interventor, los trabajadores y proveedores para establecer acuerdos y fechas de pago. Del mismo modo, acordaron que la junta directiva hará seguimiento de la intervención y de los servicios que presta el hospital San Francisco de Asís para evidenciar los avances. “Finalmente, se establecerán mecanismos de diálogo para prevenir futuras anormalidades en la prestación del servicio y evitar las vías de hecho”, concluyó.

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Valoyes agregó que la situación es tan crítica, que una paciente materna falleció por la falta de insumos. “No se trata solo del dinero -aunque tenemos derecho a nuestro salario-, es que el personal está trabajando en condiciones precarias”, afirmó. Los pacientes también están afectados, así como todos estos años, pues muchos viajan durante horas para llegar a Quibdó por una cita médica a la que no pueden acceder porque no está habilitada consulta externa.