“La militarización en Norte de Santander no se ha traducido en una mejora de la seguridad”

Cerca de 50 organizaciones sociales, regionales y nacionales lanzaron esta semana una alerta ante el incremento en los índices de violencia que se registran en Cúcuta y Norte de Santander. En el comunicado señalaron que, según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, desde enero del año pasado hasta la fecha han sido asesinados 22 líderes sociales en el departamento, además de las 36 personas que murieron en las ocho masacres que fueron cometidas en el mismo período.

Cerca de 50 organizaciones sociales, regionales y nacionales lanzaron esta semana una alerta ante el incremento en los índices de violencia que se registran en Cúcuta y Norte de Santander. En el comunicado señalaron que, según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, desde enero del año pasado hasta la fecha han sido asesinados 22 líderes sociales en el departamento, además de las 36 personas que murieron en las ocho masacres que fueron cometidas en el mismo período.

A mediados de agosto Border Lab, un laboratorio de innovación social que se dedica a investigar temas de migración, seguridad, derechos humanos y justicia en Norte de Santander, publicó el balance de seguridad en el departamento para el primer semestre de este año. Si bien en Cúcuta los homicidios se redujeron en un 6 % respecto al mismo período del año pasado, aumentaron en un 11 % en el departamento. La cifra más alarmante tiene que ver con los homicidios contra las mujeres: aumentaron en un 92 %.

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El Espectador habló con Jorge Mantilla, cofundador de Border Lab y experto en temas de seguridad y conflicto armado, quien explica cuál es la situación de seguridad en un departamento en el que, además, hacen presencia el Eln, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como grupos armados regionales como el Epl y los Rastrojos.

¿Cuál es el panorama actual del conflicto en Norte de Santander y Cúcuta?

Lo que tenemos en la región es la convergencia de tres formas o sistemas de conflictividad, que si bien pueden entenderse y explicarse por separado, están relacionadas. La primera tiene que ver con la frontera y su cierre, la segunda es todo lo que involucra al Catatumbo y los cultivos ilícitos que hay en esa subregión y, por último, toda la violencia que se concentra en Cúcuta con unas dinámicas muy particulares.

Empecemos por la frontera, ¿cuáles fueron las implicaciones de su cierre?

Primero se debe mencionar que el cierre generó el reposicionamiento de algunos grupos armados del lado venezolano. El cierre también representó una ventana de oportunidad para grupos de crimen organizado y grupos armados en términos de las economías de las trochas, porque lo que se hizo fue estimular toda una serie de pasos ilegales. El control de esas rutas de paso se vuelve casi tan importante en términos de economías ilegales como el control del contrabando de gasolina, el control de ciertas rutas de narcotráfico y el control de trata de personas.

Ahora, ¿qué está pasando en el Catatumbo?

Acá hay que señalar tres aspectos. Los primeros dos son los cultivos ilícitos y los grupos armados que hacen presencia en la región y que buscan lucrarse de esta economía, pero que están fragmentados. Acá toca mencionar dos hitos: el primero es la guerra entre Eln y el Epl desde 2018, marcado por una expansión y crecimiento importante del Eln en la región. El segundo es la acumulación que pasa inadvertida por parte del frente 33 de las disidencias. Últimamente, a raíz del atentado contra el presidente y la Brigada 30, ha pasado de una fase de acumulación militar a una más de accionar, más operativa. Y esto está relacionado con el intento de incursión de la Segunda Marquetalia. Ahí hay un riesgo eventual de conflicto entre disidencias de las Farc. El tercer aspecto tiene que ver con la erradicación forzada que se retomó por parte del Gobierno. Eso ha generado unas tensiones muy importantes en la parte alta del Catatumbo, en el caso de Sardinata, donde incluso dos líderes cocaleros fueron asesinados en el marco de movilizaciones y de protestas, presuntamente a manos del Ejército.

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¿Y cuál es la situación en Cúcuta y su área metropolitana?

Allí lo que hay, además de las dinámicas tradicionales de una ciudad como delincuencia común, microtráfico, entre otras, es una presión sobre la ciudad por el desplazamiento de ciertos grupos a raíz de estos dos sistemas de conflictividad que he dicho. Por ejemplo, los Rastrojos fueron desplazados por el Eln de Puerto Santander y se concentraron en la zona rural de Cúcuta. También tiene que ver con la incursión de las Agc a finales del año pasado en la misma zona. Y, por último, con el intento decidido del Eln de desterrar a estos grupos del territorio. Esa presión sobre Cúcuta ha hecho que estemos en una lógica que, para decirlo coloquialmente, no hay cama para tanta gente. No hay espacio suficiente para grupos de delincuencia local, grupos delincuenciales más organizados y asociados al tráfico y la exportación de clorhidrato de cocaína del Catatumbo y grupos armados. Eso básicamente nos tiene en un contexto de deterioro generalizado de la seguridad la región.

Con ese contexto, ¿cómo entender que en los primeros seis meses de este año los homicidios en Cúcuta se redujeron en un 9 % respecto al mismo período de 2020?

Si bien Cúcuta no ha sido una ciudad que tenga una política de seguridad robusta, sí tiene un Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC), gracias al cual ha habido unos fortalecimientos operativos de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Entonces, por ejemplo, hay una estrategia de intervención en territorios de alta complejidad, pero lo que sucede es que estamos viendo una suerte de desplazamiento de determinados grupos hacia la zona rural de Cúcuta y municipios aledaños. Ese desplazamiento de grupos armados ayudaría a entender por qué los homicidios aumentaron en el departamento y en la zona rural de Cúcuta durante el primer semestre de 2021.

¿La llegada de las Agc en diciembre también influyó?

También. Lo que sucede es que Norte de Santander, y en particular el Catatumbo, es una región donde las Juntas de Acción Comunal (JAC) son muy importantes en la vida social y política. Y hay que recordar que ahora los grupos armados son más desestructurados y asociados a economías ilícitas. Entonces, la capacidad de un grupo para hacerse con el control de determinado territorio está mediada por la capacidad que tengan para poder controlar los liderazgos locales. Eso se ha traducido en homicidios, desplazamientos y amenazas hacia esos liderazgos.

Hay una cifra lamentable y alarmante: los homicidios contra mujeres aumentaron en un 92 % con respecto al primer semestre del año pasado, ¿por qué?

Es una discusión difícil de abordar, porque aquí hay dos planteamientos. Por un lado, lo que dicen las autoridades es que eso obedece a una mayor participación de la mujer en temas de delincuencia. Otra perspectiva es que ese aumento de la victimización tiene que ver justamente con el control social, ya que los liderazgos femeninos han sido muy importantes en la región. En Tibú, por ejemplo, en lo corrido del año van 11 o 12 homicidios contra la mujer. No está muy claro qué es lo que sucede detrás de esto. Pero también hay que anotar que las mujeres migrantes, por las dinámicas de frontera, están en especial vulnerabilidad por la explotación sexual, la instrumentalización por parte de grupos delincuenciales y por la trata de personas.

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¿Cuáles son las intervenciones que requiere el departamento en temas de seguridad?

Primero, hay que señalar que la militarización en la región no se ha traducido en una mejora de la seguridad y que la política de drogas del Gobierno es ineficiente. Centrarse en el número de cultivos, que es el indicador de oro, y no en laboratorios, lavado de activos o acumulación económica de los grupos armados, genera unas conflictividades con las comunidades. Eso lleva a una erosión de la legitimidad del Estado y un posicionamiento más consolidado de los grupos armados. Entonces hay que retomar temas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y asuntos de concertación que justamente surgieron ahora en el marco como de lo que fue la agenda local del paro nacional. Además, se requieren estrategias de prevención en términos de reclutamiento forzado, que ha venido aumentando, y de reclutamiento de migrantes, así como desarrollar todo el tema de fortalecimiento de garantías a líderes y excombatientes.

Y sobre la frontera, ¿cómo ayudaría la reapertura de esta en la disminución de los conflictos en la región?

La principal consecuencia es que el Estado puede recuperar la autoridad migratoria y aduanera sobre la frontera. Además, ayudaría a disminuir la cantidad de dinero que están ganando los grupos ilegales por el control de esos pasos. Entonces, controlando el paso, el Gobierno puede diferenciar cuáles son los flujos migratorios asociados a dinámicas de criminalidad fuerte como tráfico de drogas, armas y trata de personas, de los que se hacen por necesidad y de manera legal.