La otra cara de las viviendas gratis

Hace algunos días Germán Vargas Lleras escribió en su cuenta de Twitter: ¡En Vivienda no puede ser más satisfactorio el balance: 2.954 casas gratis para La Guajira! El trino iba acompañado de una fotografía tomada desde un helicóptero. Abajo, en medio de un paisaje verde, se observaba una enorme mancha de cemento: la urbanización Hato Nuevo, con al menos 400 casas de techos rojos (ver foto).

La imagen es impactante por muchas razones. No hay un solo árbol en medio de las casas. No se ve un parque. Todas son iguales. El espacio público es un concepto ausente. La urbanización entera, vista desde el aire, no luce como el paraíso prometido. Parece, en resumen, la imagen de un modelo de desarrollo urbano que se extinguió hace mucho.

La mancha gris en medio del paisaje de La Guajira sugería muchas preguntas, pero sobre todo una: ¿Esta es la verdadera cara del programa de las 100.000 viviendas gratis que el Gobierno promociona con tanto entusiasmo y con el que se pretende ofrecer una solución a los más pobres entre los pobres?
Al ver la panorámica, el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, responde: “Más allá de que esté o no bonito para algunos urbanistas, en Colombia nunca se había hecho un programa como este”. Antes, explica, las políticas de vivienda sólo favorecían a los que podían ahorrar, pero con este programa de viviendas gratis se abrió la posibilidad de entregar una casa digna a la población en pobreza extrema.

Según las cuentas oficiales, de las 100.000 viviendas ya han sido asignadas 60.000, y de éstas unas 42.000 se destinaron a hogares que han sido víctimas de la violencia y estaban atrapados en el peor de los círculos de la pobreza. Al entregarles una vivienda digna no sólo podrán gastar en alimentos lo que antes pagaban en arriendo, sino que el acceso a agua potable, a unas condiciones básicas de salubridad impactarán positivamente sus vidas y las de una nueva generación.

El viceministro abre una carpeta con registros de urbanizaciones en otros departamentos para demostrar que la mayoría lucen muy distinto a esa de La Guajira: Villa Esperanza en Armenia, Luis Carlos Galán en Espinal, Ciudadela La Prosperidad en El Agrado (Huila), La Gloria en Montería, entre otras. ¿Por qué entonces esa imagen de La Guajira? Cree que se debe a que en cada municipio existen distintos estándares urbanísticos y a los diseños que aplican las diferentes firmas constructoras.

Una buena idea, algunos problemas

Constructores, urbanistas, académicos, líderes de las comunidades, no hay nadie que niegue la importancia que ha tenido y tiene para el país este programa masivo de vivienda, así como los 13 macroproyectos que apuntan a reducir el déficit de vivienda del país. Pero también coincide la mayoría en que hay errores de los cuales aprender.

Rafael Obregón, quien en los años 70 fue director de la Unidad de Planeación Regional y Urbana del Departamento Nacional de Planeación y en los años ochenta estuvo detrás del Proyecto de Ciudad Salitre en Bogotá, cree que algunos de los problemas que comienzan a emerger alrededor de estos nuevos proyectos (viviendas gratis y macroproyectos) se deben a que “tenemos una incapacidad cultural para concertar soluciones desde perspectivas distintas. A veces resolvemos los problemas simplemente con enfoque económico, a veces con un punto de vista político, y le hemos restado importancia a que el buen urbanismo integre todas estas visiones”.

Pero su crítica va un poco más hondo: “Tanto el sector público como el privado creen que pegar ladrillos es sinónimo de progreso, sin darse cuenta de que en ausencia de una capacidad de planeación efectiva esto sólo se traduce en caos y desmadre”.

Aprendiendo a convivir

Uno de los gestores sociales, que trabaja para una de las constructoras involucradas en estos proyectos y quien pidió no revelar su nombre, ha sido testigo de lo que advierte Obregón. “El proyecto de viviendas gratis busca solucionar algo muy importante que es el techo. Y está bien. Pero se quedó corto a la hora de planear. En el tema de capacitación, de educación, de explicarle a la gente qué se iba a encontrar en esos conjuntos”.

Las familias que llegan a convivir en estas urbanizaciones por lo general nunca han pagado servicios básicos, no tienen muy claro conceptos como áreas comunes y privadas, no tienen ni idea qué son juntas y asambleas de propietarios.

Por otra parte, muchas de ellas provienen de culturas y contextos sociales distintos. Una de las señales de alarma en este sentido se presentó en Cúcuta hace unos meses, donde en uno de estos proyectos habitacionales resultaron vecinos miembros de bandas criminales enemigas, lo que condujo a un grave episodio de violencia. Lo que cuenta el gestor social coincide con lo que la investigadora Elvia Marina Meña, de la maestría de Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Medellín, encontró en el macroproyecto de Pajarito(Medellín).

Luego de visitar por varios meses estas viviendas de interés social, documentó el precio que pagan todos al pasar de la informalidad a la formalidad: incremento en gastos mensuales porque deben pagar servicios, impuestos y productos comerciales más costosos; largos trayectos en transporte para poder acceder a colegios y puestos de salud; uso de los salones comunales para realizar actividades no compatibles como velorios, misas o salas de internet; también la falta de privacidad y, por lo tanto, el uso de sótanos en horas nocturnas para realizar prácticas sexuales; ocupación de toda la vivienda para dormir; así como el uso de zonas verdes para la realización de prácticas culturales como cocción de alimentos en fogones de leña, danzas en vías principales, entre otras.

Más que casas

“Lo que pasa es que el Gobierno parte de un error enorme, y es pensar que la gente pobre lo único que necesita es un lugar para dormir”, reclama Fernando Viviescas Monsalve, profesor e investigador vinculado al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. “Lo que necesita la gente pobre es lo que todos necesitamos, vivir en espacios donde podamos interactuar y convivir dignamente tener suficiente espacio verde para recrearnos. Donde los viejos puedan pasar sus últimos años tranquilos, donde los niños puedan ser niños, donde además haya acceso a la cultura”.

Olga Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana, coincide con esta visión: “Ubicas a personas de distintas etnias y razas en un mismo complejo urbanístico, con costumbres muy distintas. Esto termina generando discusiones y malestares. Por ejemplo, la gente monta sus negocios dentro de las casas y la convivencia se complica”.

Carmenza Saldías, exdirectora de Planeación Distrital durante la alcaldía de Antanas Mockus, cree que muchos de estos proyectos obedecen a un urbanismo premoderno, a la vieja forma de ver el diseño de ciudades, en la que se siguen haciendo proyectos desconectados de la oferta de servicios de las ciudades.

Sandra Forero, presidenta del gremio de los constructores Camacol, es una defensora del esfuerzo que han hecho los dos últimos gobiernos para acabar con el déficit de vivienda y también del programa de 100.000 viviendas gratis que está inspirado en el programa que el expresidente Lula da Silva implementó en Brasil (‘Mi casa, mi vida’). Dice que algunos problemas puntuales no pueden opacar el tremendo impacto social y económico que el programa tiene entre los más pobres.

“Con la misma plata y la misma norma, con los mismos ladrillos pueden hacerse ciudades distintas”, dice para explicar algunas de las diferencias que se han visto en los proyectos.

Para ella el aprendizaje radica en concebirlos dentro de una visión urbanística más compleja. “Nuestros constructores hacen buenos proyectos, pero ojalá podamos hacer buenas ciudades. Si vienen futuros proyectos, no sólo pensemos en estándares de vivienda sino de urbanización”.

Servicios que llegan tarde

Iván Caicedo, gerente de desarrollo de negocios de la constructora Amarilo y en gran parte responsable de uno de los macroproyectos más exitosos, Ciudad Verde en Soacha (Cundinamarca), dice que parte de los buenos resultados de esta iniciativa fue entender la importancia de integrar a las viviendas conceptos urbanísticos como parques, alamedas, ciclorrutas y también hacer un acompañamiento social a las familias para que aprendan a vivir en estos nuevos espacios. Elementos que no siempre han estado presentes en el programa de viviendas gratis.

En este aspecto, la constructora ha tenido que asumir esos costos de preparación y entrenamiento de líderes comunitarios y de las familias. Para él una de las grandes debilidades en estos proyectos ha sido que el equipamiento, es decir, escuelas, puestos de salud y los puestos de Policía no han llegado al mismo tiempo con el trasteo de las familias, generando muchos problemas. En toda la ciudadela de 42.000 viviendas sólo hay un CAI.

“Hemos tenido problemas de transporte. También de educación. No ha fluido tan rápido como queríamos. Afortunadamente hemos tenido apoyo del Gobierno Nacional, pero hace falta un poco más”, dice.

Es la misma queja que se escucha en las calles de Ciudad Verde. “Lo que me tiene amargada es el transporte. He tenido muchos problemas en el trabajo por el trancón, porque se demora entre tres y cuatro horas para llegar”, cuenta Alirio Bocanegra.

Una constante en los macroproyectos como los proyectos de viviendas gratis es este choque de buenas ideas de arquitectos e ingenieros con la realidad cultural de las familias.

“Ese supermercado (Colsubsidio) es para ricachones. Tiendas no hay por ningún lado y las que hay son muy carísimas. Uno prefiere caminar para donde está la economía”, cuenta Claudia Fandiño, mientras compra frutas y verduras en un puesto callejero instalado justo frente a Colsubsidio.
Proyectos más integrales

Camilo Santa María, director de diseño urbano de Ciudad Verde, suma a este debate otros elementos. Respecto al programa de viviendas gratis, dice que ojalá las próximas “no se regalen, porque es malo. Si la gente tiene que pagar al menos $10.000 al mes siente que es un esfuerzo y cuida más su propiedad”.

También cree que el programa se atomizó mucho. “Si levanta un listado por municipios se dará cuenta de que se construyó en muchos lugares pocas viviendas.
Políticamente era importante, pero cuando se hacen desarrollos de dos o tres manzanas sólo de vivienda no se cumple del todo la función social y los equipamientos”. Y concluye: “La vivienda es para toda la vida y tiene que quedar bien hecha. Lo que se construye mal queda mal para siempre”.

El viceministro reconoce estos desafíos, pero al mismo tiempo dice que el éxito de los programas depende de que cada uno cumpla con su papel: los constructores, las autoridades locales, el Gobierno Nacional y también las familias. De la sincronización de esos esfuerzos depende el éxito.

En los proyectos que ha visitado a lo largo del país ha visto cómo unas familias ven esta oportunidad como un trampolín para salir adelante y otras se quedan un poco más atrás.

Coincide con todos en que se debe fortalecer un poco más el acompañamiento a las familias, pero insiste en que es difícil encontrar en otro país un programa como este, que busca la equidad y sobre todo darles una segunda oportunidad a los colombianos más golpeados por la violencia y la pobreza.

Hace algunos días Germán Vargas Lleras escribió en su cuenta de Twitter: ¡En Vivienda no puede ser más satisfactorio el balance: 2.954 casas gratis para La Guajira! El trino iba acompañado de una fotografía tomada desde un helicóptero. Abajo, en medio de un paisaje verde, se observaba una enorme mancha de cemento: la urbanización Hato Nuevo, con al menos 400 casas de techos rojos (ver foto).

La imagen es impactante por muchas razones. No hay un solo árbol en medio de las casas. No se ve un parque. Todas son iguales. El espacio público es un concepto ausente. La urbanización entera, vista desde el aire, no luce como el paraíso prometido. Parece, en resumen, la imagen de un modelo de desarrollo urbano que se extinguió hace mucho.

La mancha gris en medio del paisaje de La Guajira sugería muchas preguntas, pero sobre todo una: ¿Esta es la verdadera cara del programa de las 100.000 viviendas gratis que el Gobierno promociona con tanto entusiasmo y con el que se pretende ofrecer una solución a los más pobres entre los pobres?
Al ver la panorámica, el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, responde: “Más allá de que esté o no bonito para algunos urbanistas, en Colombia nunca se había hecho un programa como este”. Antes, explica, las políticas de vivienda sólo favorecían a los que podían ahorrar, pero con este programa de viviendas gratis se abrió la posibilidad de entregar una casa digna a la población en pobreza extrema.

Según las cuentas oficiales, de las 100.000 viviendas ya han sido asignadas 60.000, y de éstas unas 42.000 se destinaron a hogares que han sido víctimas de la violencia y estaban atrapados en el peor de los círculos de la pobreza. Al entregarles una vivienda digna no sólo podrán gastar en alimentos lo que antes pagaban en arriendo, sino que el acceso a agua potable, a unas condiciones básicas de salubridad impactarán positivamente sus vidas y las de una nueva generación.

El viceministro abre una carpeta con registros de urbanizaciones en otros departamentos para demostrar que la mayoría lucen muy distinto a esa de La Guajira: Villa Esperanza en Armenia, Luis Carlos Galán en Espinal, Ciudadela La Prosperidad en El Agrado (Huila), La Gloria en Montería, entre otras. ¿Por qué entonces esa imagen de La Guajira? Cree que se debe a que en cada municipio existen distintos estándares urbanísticos y a los diseños que aplican las diferentes firmas constructoras.

Una buena idea, algunos problemas

Constructores, urbanistas, académicos, líderes de las comunidades, no hay nadie que niegue la importancia que ha tenido y tiene para el país este programa masivo de vivienda, así como los 13 macroproyectos que apuntan a reducir el déficit de vivienda del país. Pero también coincide la mayoría en que hay errores de los cuales aprender.

Rafael Obregón, quien en los años 70 fue director de la Unidad de Planeación Regional y Urbana del Departamento Nacional de Planeación y en los años ochenta estuvo detrás del Proyecto de Ciudad Salitre en Bogotá, cree que algunos de los problemas que comienzan a emerger alrededor de estos nuevos proyectos (viviendas gratis y macroproyectos) se deben a que “tenemos una incapacidad cultural para concertar soluciones desde perspectivas distintas. A veces resolvemos los problemas simplemente con enfoque económico, a veces con un punto de vista político, y le hemos restado importancia a que el buen urbanismo integre todas estas visiones”.

Pero su crítica va un poco más hondo: “Tanto el sector público como el privado creen que pegar ladrillos es sinónimo de progreso, sin darse cuenta de que en ausencia de una capacidad de planeación efectiva esto sólo se traduce en caos y desmadre”.

Aprendiendo a convivir

Uno de los gestores sociales, que trabaja para una de las constructoras involucradas en estos proyectos y quien pidió no revelar su nombre, ha sido testigo de lo que advierte Obregón. “El proyecto de viviendas gratis busca solucionar algo muy importante que es el techo. Y está bien. Pero se quedó corto a la hora de planear. En el tema de capacitación, de educación, de explicarle a la gente qué se iba a encontrar en esos conjuntos”.

Las familias que llegan a convivir en estas urbanizaciones por lo general nunca han pagado servicios básicos, no tienen muy claro conceptos como áreas comunes y privadas, no tienen ni idea qué son juntas y asambleas de propietarios.

Por otra parte, muchas de ellas provienen de culturas y contextos sociales distintos. Una de las señales de alarma en este sentido se presentó en Cúcuta hace unos meses, donde en uno de estos proyectos habitacionales resultaron vecinos miembros de bandas criminales enemigas, lo que condujo a un grave episodio de violencia. Lo que cuenta el gestor social coincide con lo que la investigadora Elvia Marina Meña, de la maestría de Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Medellín, encontró en el macroproyecto de Pajarito(Medellín).

Luego de visitar por varios meses estas viviendas de interés social, documentó el precio que pagan todos al pasar de la informalidad a la formalidad: incremento en gastos mensuales porque deben pagar servicios, impuestos y productos comerciales más costosos; largos trayectos en transporte para poder acceder a colegios y puestos de salud; uso de los salones comunales para realizar actividades no compatibles como velorios, misas o salas de internet; también la falta de privacidad y, por lo tanto, el uso de sótanos en horas nocturnas para realizar prácticas sexuales; ocupación de toda la vivienda para dormir; así como el uso de zonas verdes para la realización de prácticas culturales como cocción de alimentos en fogones de leña, danzas en vías principales, entre otras.

Más que casas

“Lo que pasa es que el Gobierno parte de un error enorme, y es pensar que la gente pobre lo único que necesita es un lugar para dormir”, reclama Fernando Viviescas Monsalve, profesor e investigador vinculado al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. “Lo que necesita la gente pobre es lo que todos necesitamos, vivir en espacios donde podamos interactuar y convivir dignamente tener suficiente espacio verde para recrearnos. Donde los viejos puedan pasar sus últimos años tranquilos, donde los niños puedan ser niños, donde además haya acceso a la cultura”.

Olga Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana, coincide con esta visión: “Ubicas a personas de distintas etnias y razas en un mismo complejo urbanístico, con costumbres muy distintas. Esto termina generando discusiones y malestares. Por ejemplo, la gente monta sus negocios dentro de las casas y la convivencia se complica”.

Carmenza Saldías, exdirectora de Planeación Distrital durante la alcaldía de Antanas Mockus, cree que muchos de estos proyectos obedecen a un urbanismo premoderno, a la vieja forma de ver el diseño de ciudades, en la que se siguen haciendo proyectos desconectados de la oferta de servicios de las ciudades.

Sandra Forero, presidenta del gremio de los constructores Camacol, es una defensora del esfuerzo que han hecho los dos últimos gobiernos para acabar con el déficit de vivienda y también del programa de 100.000 viviendas gratis que está inspirado en el programa que el expresidente Lula da Silva implementó en Brasil (‘Mi casa, mi vida’). Dice que algunos problemas puntuales no pueden opacar el tremendo impacto social y económico que el programa tiene entre los más pobres.

“Con la misma plata y la misma norma, con los mismos ladrillos pueden hacerse ciudades distintas”, dice para explicar algunas de las diferencias que se han visto en los proyectos.

Para ella el aprendizaje radica en concebirlos dentro de una visión urbanística más compleja. “Nuestros constructores hacen buenos proyectos, pero ojalá podamos hacer buenas ciudades. Si vienen futuros proyectos, no sólo pensemos en estándares de vivienda sino de urbanización”.

Servicios que llegan tarde

Iván Caicedo, gerente de desarrollo de negocios de la constructora Amarilo y en gran parte responsable de uno de los macroproyectos más exitosos, Ciudad Verde en Soacha (Cundinamarca), dice que parte de los buenos resultados de esta iniciativa fue entender la importancia de integrar a las viviendas conceptos urbanísticos como parques, alamedas, ciclorrutas y también hacer un acompañamiento social a las familias para que aprendan a vivir en estos nuevos espacios. Elementos que no siempre han estado presentes en el programa de viviendas gratis.

En este aspecto, la constructora ha tenido que asumir esos costos de preparación y entrenamiento de líderes comunitarios y de las familias. Para él una de las grandes debilidades en estos proyectos ha sido que el equipamiento, es decir, escuelas, puestos de salud y los puestos de Policía no han llegado al mismo tiempo con el trasteo de las familias, generando muchos problemas. En toda la ciudadela de 42.000 viviendas sólo hay un CAI.

“Hemos tenido problemas de transporte. También de educación. No ha fluido tan rápido como queríamos. Afortunadamente hemos tenido apoyo del Gobierno Nacional, pero hace falta un poco más”, dice.

Es la misma queja que se escucha en las calles de Ciudad Verde. “Lo que me tiene amargada es el transporte. He tenido muchos problemas en el trabajo por el trancón, porque se demora entre tres y cuatro horas para llegar”, cuenta Alirio Bocanegra.

Una constante en los macroproyectos como los proyectos de viviendas gratis es este choque de buenas ideas de arquitectos e ingenieros con la realidad cultural de las familias.

“Ese supermercado (Colsubsidio) es para ricachones. Tiendas no hay por ningún lado y las que hay son muy carísimas. Uno prefiere caminar para donde está la economía”, cuenta Claudia Fandiño, mientras compra frutas y verduras en un puesto callejero instalado justo frente a Colsubsidio.
Proyectos más integrales

Camilo Santa María, director de diseño urbano de Ciudad Verde, suma a este debate otros elementos. Respecto al programa de viviendas gratis, dice que ojalá las próximas “no se regalen, porque es malo. Si la gente tiene que pagar al menos $10.000 al mes siente que es un esfuerzo y cuida más su propiedad”.

También cree que el programa se atomizó mucho. “Si levanta un listado por municipios se dará cuenta de que se construyó en muchos lugares pocas viviendas.
Políticamente era importante, pero cuando se hacen desarrollos de dos o tres manzanas sólo de vivienda no se cumple del todo la función social y los equipamientos”. Y concluye: “La vivienda es para toda la vida y tiene que quedar bien hecha. Lo que se construye mal queda mal para siempre”.

El viceministro reconoce estos desafíos, pero al mismo tiempo dice que el éxito de los programas depende de que cada uno cumpla con su papel: los constructores, las autoridades locales, el Gobierno Nacional y también las familias. De la sincronización de esos esfuerzos depende el éxito.

En los proyectos que ha visitado a lo largo del país ha visto cómo unas familias ven esta oportunidad como un trampolín para salir adelante y otras se quedan un poco más atrás.

Coincide con todos en que se debe fortalecer un poco más el acompañamiento a las familias, pero insiste en que es difícil encontrar en otro país un programa como este, que busca la equidad y sobre todo darles una segunda oportunidad a los colombianos más golpeados por la violencia y la pobreza.