Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las constantes denuncias por el retraso en el pago de salarios al personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) han desatado una polémica acerca del estado financiero del alma máter con sede en Barranquilla, pues el Ministerio de Educación, el Icetex, la institución y los empleados tienen, cada uno, una versión diferente sobre la problemática.
¿Qué es lo que pasa? Empecemos por lo último:
Icetex vs. Universidad Autónoma del Caribe
El 18 de enero, el Icetex se pronunció frente a la denuncia que hizo la Uniautónoma en un comunicado. La universidad le solicitó a Yaneth Giha, ministra de Educación, que “lleve a cabo sus buenos oficios para que esa entidad pague a la Autónoma los 7 mil millones de pesos que le adeuda y de esa manera superar, inmediatamente, la coyuntural tardanza en la cancelación de los salarios”.
La entidad del Estado, que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, indicó que el reclamo que hace la Uniautónoma no es válido, puesto que el cobro no fue informado oportunamente.
¿Cómo así? Resulta que la UAC y el Icetex hicieron un convenio en 2013 para asegurar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 inscritos y admitidos en en la institución.
En este, acordaron que el Icetex financiaría el 75% de la matrícula y la universidad el otro 25%, mediante un crédito reembolsable. Es decir, otorgaban el crédito del 100% al estudiante, quien quedaba debiendo la mayor parte al Icetex y la menor a la Uniautónoma.
Sin embargo, según indica el Icetex, ambas deudas serían recaudadas por la entidad, siempre y cuando la universidad hiciera un seguimiento y les reportara las obligaciones pendientes del estudiante, para así poder recuperar la cartera y, luego, reintegrar el dinero a la institución.
El problema, según informó el Icetex, es que la universidad no cumplió con dicho seguimiento. “Solo hasta el día 22 de diciembre de 2017, la Universidad Autónoma del Caribe, en una certificación contable firmada por el rector Ramsés Vargas Lamadrid, informó sobre una cuenta por cobrar de $6.992.475.392 correspondientes al 25% del valor de la matrícula cofinanciados por la IES, Institución de Educación Superior, a 2.394 estudiantes beneficiarios del convenio de 2003 y solicitando su reintegro”.
Así es que, al revisar la información en su sistema de Crédito y Cartera, el Icetex evidenció que no existe registrado ningún beneficiario reportado oportunamente por la Universidad Autónoma del Caribe para realizar el cobro.
Además, indicó que no hay documentos que soporten el seguimiento realizado por la Uniautónoma en el proceso de validación de beneficiarios y giros cofinanciados, como lo estipula el convenio No. 147-03, en la cláusula cuarta: “Hacer seguimiento a los estudiantes en el cumplimiento de sus obligaciones económicas durante la etapa de sus estudios”.
Por tanto, la entidad concluyó que “el cobro que está reclamando la Universidad Autónoma del Caribe por el concepto del recaudo del 25% restante cofinanciado por esa IES, no se puede realizar debido a que la universidad no informó oportunamente sobre el cobro que debía hacerse a los beneficiarios y, por lo tanto, no existe una obligación del estudiante con el Icetex”.
No obstante, la entidad aclara que “lo anterior no limita a la universidad en la posibilidad de cobrar directamente a los estudiantes”. Es decir, que la universidad será quien deba asumir el cobro de los 7 mil millones de pesos a sus beneficiarios.
Frente a lo expuesto por el Icetex, la universidad aún no se ha pronunciado.
Universidad Autónoma del Caribe vs. Ministerio de Educación
El reclamo a Icetex, ocupó el último párrafo del comunicado en el que la Uniautónoma expresa su posición frente al tema de su estado financiero y las decisiones del Ministerio de Educación.
El documento fue escrito el mismo día en que la institución tuvo conocimiento del escrito en el que Mineducación les da un ultimátum de cinco (5) días hábiles para responder por las obligaciones salariales pendientes con el personal administrativo y docente.
¿A qué se debe tal ultimátum que, además, los tomó por sorpresa? Sucede que desde el 2016, los empleados de la universidad empezaron a denunciar, ante los medios, los constantes retrasos en el pago de sus salarios y prestaciones sociales, situación que la institución negó algunas veces, indicando que estaban al día, y que en otras ocasiones atribuyó a los problemas financieros que dejó la anterior administración.
El Ministerio de Educación (MEN) no tenía conocimiento de esas denuncias hasta que, a mediados de 2017, la W Radio le facilitó toda la información. De ahí que la cartera decidiera hacer una visita de revisión a la universidad en agosto y, luego, volviera en diciembre por más detalles.
¿Cuál fue el resultado? Los informes preliminares indicaron que, en efecto, sí existía la mora, pero que no superaba los 15 días. Además, calificaron el estado financiero de la institución como “estable” y señalaron que los ingresos que esta recibe alcanzan para atender su operación e, incluso, “generan excedentes” que, según la normativa vigente, deben ser reinvertidos en la universidad.
El 9 de enero de 2018, se reunieron el MEN y los directivos de la universidad. Allí, el subdirector de Inspección y Vigilancia de la cartera, Carlos Molina, reiteró, en presencia de la ministra de Educación, Yaneth Giha, que “la Autónoma no se encuentra inmersa en ninguna de las causales que establece la ley para iniciar acciones preventivas, ni mucho menos de vigilancia especial, y que se concertaría un plan de mejoramiento, como se está haciendo con las 293 entidades del país sujetas a inspección”.
Además, acordaron que acompañarían a la institución en una reunión con las entidades bancarias para avanzar en el reperfilamiento de la deuda para superar la coyuntura de liquidez.
El 15 de enero, de acuerdo con lo manifestado por la Uniautónoma, tal como acordaron, se reunieron con la banca y concertaron que “el viernes 19 se definirían las nuevas condiciones”.
Ese mismo día en una entrevista para W Radio, la ministra de Educación anunció que en uno o dos días se sabría la decisión sobre el tema de la mora de la universidad, puesto que “en efecto, a los trabajadores no les están pagando y también hay incumplimiento en pago a proveedores”.
Y así fue. El 16 de enero, la directora de Calidad para la educación superior, Magda Méndez, firmó el documento en el que da el plazo para que la universidad reponga la deuda a su personal en cinco días hábiles, presentando evidencia sobre el pago que realice.
La conminación, al parecer, tomó por sorpresa a los directivos de la universidad, quienes aseguran en el comunicado que se enteraron de la decisión del MEN a través de los medios el 17 de enero.
Frente a ello, la institución manifestó que a los funcionarios del Mineducación les consta la debida diligencia de la universidad en cumplir las obligaciones laborales. “Cuando han existido retrasos en los mismos, ha sido por motivos ajenos al control o la voluntad de los directivos de la universidad”.
Y expone que “conociendo la coyuntura de la caja de la universidad, el plazo impuesto omite los avances en función del plan de mejoramiento coordinado con el MEN, el cual sustentaremos próximamente”.
No obstante, el rector deberá cumplir con lo dispuesto por el Ministerio, pues de no hacerlo la cartera podrá imponer sanciones administrativas a directivos y consejeros de la institución, en el marco de su potestad sancionatoria contemplada en el artículo 8 de la Ley 1740 de 2014.
Personal docente y administrativo vs. Universidad Autónoma del Caribe
Los empleados de la Autónoma del Caribe son quienes más han sufrido la situación financiera de la universidad que, según la ministra Yaneth Giha, responde a dificultades en el flujo de caja.
En noviembre de 2017, en un comunicado títulado “Hambre en la Uniautónoma” y dirigido a la opinión pública a nombre de Sintrauac y Suntesa, los sindicatos se quejaron del retraso de dos o tres meses en el pago de salarios, prestaciones sociales y libranzas, para administrativos y docentes de tiempo completo, y hasta de seis meses para algunos docentes catedráticos.
En ese momento, El Espectador se comunicó Nathaly Álvarez Vergara, integrante de la junta directiva de Sintrauac, quien indicó que le debían dos meses y los administrativos solo les pedían paciencia, pero no resolvían el problema.
Por su parte, el personal docente y los administrativos no sindicalizados han sido muy prudentes al enfrentar preguntas de los medios sobre el pago de salarios y prestaciones.
“Yo creo que la mayoría de trabajadores de la universidad no se han levantado en contra de la administración por el miedo a ser despedidos. Sin embargo, el sindicato ha decidido elevar una voz de protesta, porque la paciencia se agota”, manifestó en aquel momento Álvarez.
En diciembre, a través WhatsApp circulaba una imagen en la que anonimamente denunciaban el despido de cuatro catedráticos por reclamar lo que les debían. El Espectador comprobó que los docentes, en efecto, ya no hacían parte de la nómina; sin embargo, no logró un pronunciamiento por parte de la universidad respecto al tema, por lo que no se pudo confirmar el motivo de su despido.
En cuanto al tema de los pagos, la institución indicó que "el 70% de los funcionarios, que son los de menores ingresos, siempre se les paga a tiempo".
Los retrasos, según explicó la universidad, “se han dado por el déficit tan grande que encontramos cuando llegamos en 2013, lo que nos obligó a financiarnos con la banca, la cual nos dio y continúa dando su voto de confianza a nuestra gestión”.
El alma máter, informó que en 2017, comenzaban los abonos a capital, los cuales tenían presupuestado cubrir con créditos rotativos ya aprobados con el sector financiero. Sin embargo, "como la economía del país venía enfriándose desde 2016, la banca se ha vuelto más conservadora, luego, como consecuencia del ruido mediático, nos suspendieron gran parte de las líneas rotativas, que fue lo que generó los atrasos”.