La propuesta que le hizo Estados Unidos a Colombia el 19 de septiembre de 1986

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La tercera semana de septiembre de 1986 cerró con una singular controversia. El gobierno de Estados Unidos ofreció una jugosa donación económica a la justicia colombiana, sustentado en que ese frente estatal era el más frágil de la democracia colombiana. De hecho, ya era evidente la estrategia adoptada por los carteles de la droga de convertir en objetivo militar a jueces y magistrados de tribunales y altas cortes. Desde la tragedia del Palacio de Justicia, los mártires del poder judicial siguieron creciendo. (Le puede interesar: La fórmula de paz del gobierno Barco)

 

Lo paradójico del tema es que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de aceptar la donación ofrecida por el gobierno norteamericano para la  rama judicial. En esencia, argumentó la necesidad de preservar la soberanía judicial de las instituciones colombianas. Una polémica que no dejó de plantear los contrastes del momento. Entre la brega de la justicia de Estados Unidos por llevar a sus cárceles a los narcotraficantes; y el propósito de la justicia colombiana de ser capaz de enfrentar el reto del narcotráfico. (Le puede interesar: El 17 de septiembre de 1986 asesinaron al subdirector del diario de Occidente)

 

Ese mismo 19 de septiembre de 1986 en que trascendieron los términos de la controversia de la justicia, la noticia fue la audiencia pública para juzgar a un oficial del Ejército con grado de mayor que fue sorprendido con un cargamento de coca. Con foto de primera plana en El Espectador, se informó sobre el consejo de guerra al que fue sometido Álvaro Gutiérrez, en medio de las críticas al Estado sobre la forma cómo las grandes organizaciones del narcotráfico seguían permeando a las instituciones. 

 

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La tercera semana de septiembre de 1986 cerró con una singular controversia. El gobierno de Estados Unidos ofreció una jugosa donación económica a la justicia colombiana, sustentado en que ese frente estatal era el más frágil de la democracia colombiana. De hecho, ya era evidente la estrategia adoptada por los carteles de la droga de convertir en objetivo militar a jueces y magistrados de tribunales y altas cortes. Desde la tragedia del Palacio de Justicia, los mártires del poder judicial siguieron creciendo. (Le puede interesar: La fórmula de paz del gobierno Barco)

 

Lo paradójico del tema es que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de aceptar la donación ofrecida por el gobierno norteamericano para la  rama judicial. En esencia, argumentó la necesidad de preservar la soberanía judicial de las instituciones colombianas. Una polémica que no dejó de plantear los contrastes del momento. Entre la brega de la justicia de Estados Unidos por llevar a sus cárceles a los narcotraficantes; y el propósito de la justicia colombiana de ser capaz de enfrentar el reto del narcotráfico. (Le puede interesar: El 17 de septiembre de 1986 asesinaron al subdirector del diario de Occidente)

 

Ese mismo 19 de septiembre de 1986 en que trascendieron los términos de la controversia de la justicia, la noticia fue la audiencia pública para juzgar a un oficial del Ejército con grado de mayor que fue sorprendido con un cargamento de coca. Con foto de primera plana en El Espectador, se informó sobre el consejo de guerra al que fue sometido Álvaro Gutiérrez, en medio de las críticas al Estado sobre la forma cómo las grandes organizaciones del narcotráfico seguían permeando a las instituciones.