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Indignación. Ese es el sentimiento de malestar expresado por Ana Isabel Márquez, docente Universidad Nacional, en la sede del Caribe en San Andrés. Con una mirada crítica, comenta que la reconstrucción de la isla (que en noviembre de 2020 fue arrasada en un 98 % por el huracán Iota, de categoría cinco), ha sido una situación bastante compleja por le sinnúmero de irregularidades que el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa.
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“El proceso de reconstrucción ha sido un gran atropello contra la comunidad de Providencia, porque si bien no se puede afirmar que no se hizo nada, porque sí se hizo; ¿pero a costa de qué?” La pregunta surge porque para la docente “nunca hemos sabido cuáles fueron las prioridades del saliente gobierno de Iván Duque”.
“Hace una poco más de un año se hablaba de que había gente en carpas y seguíamos sin hospital, y un año después sigue siendo más o menos lo mismo porque sigue habiendo gente en carpas y seguimos sin un hospital que garantice una mediana prestación del servicio de salud porque lo que hay funciona en la sede de lo que era un spa, mientras el nuevo hospital nada que lo terminan”, afirma.
En ese contexto reflexiona y se pregunta “¿cómo es posible que un hospital no haya sido prioridad de un proceso de reconstrucción?”.
Respecto a las viviendas entregadas por el gobierno Duque, a un costo de $600 millones, según denuncia del presidente Gustavo Petro, Márquez dice que la comunidad desconocía esos costos “porque la reconstrucción fue un proceso a puerta cerrada, en el que el gobierno Duque tomó decisiones sin tener en cuenta la cultura local, al pueblo raizal y sus necesidades. Se negó a hacer un proceso de reconstrucción desde abajo, que incorporara a la gente del lugar”.
Una percepción que coincide con la expresada por el presidente Gustavo Petro, quien en dura crítica al proceso de reconstrucción de Providencia, realizado por su antecesor; denunció que no se tuvo en cuenta a la población para la reconstrucción y hasta señaló un posible sobrecosto en la construcción de las viviendas, que pidió investigar.
Para el presidente Petro, no hay justificación que haya costado $600 millones las obras por cada casa construida, cuyos pozos sépticos son precarios para las nuevas viviendas, pues no cumplen su función y se llenan en 15 días. “Son un hueco y eso forma parte del desfalco”, señala Márquez.
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Márquez, además, se atreve, a afirmar que “aquí ya hemos denunciado que había otros intereses seguramente a costa de Providencia, porque debe haber salido un montón de dinero que se destinó para otros fines de manera irregular”.
En charla con El Espectador, la docente asegura que las casas, “que es lo poco que hicieron en la reconstrucción a medias, ni siquiera están bien hechas porque las que hicieron hace más de un año ya tienen problemas de filtración debido a fueron fabricadas con malos materiales. Y si no aguanta un invierno, imagínese lo que puede ocurrir cuando vengan nuevos huracanes”.
Denuncia que en el proceso de reconstrucción de Providencia ingresaron a la isla tres mil hombres, y muy pocas mujeres, a un territorio con cinco mil personas; lo que ha tenido unas implicaciones tremendas sobre el tejido social que ignora si se van a superar. “Ese impacto en el tejido social es tremendo, y aunque muchos hombres ya han salido, estuvieron desperdigados por todos los barrios y eso desencadenó la destrucción de familias, la presencia de mujeres embarazadas, nacimientos de bebés sin papás, acoso y violencia sexual”, lamenta la docente.
Pese a los cuestionamientos, el director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, durante el gobierno Duque; respondió en un lacónico trino dirigido al presidente Petro, para contradecir su versión de que todas las casas costaron $600 millones.
“En Providencia se reconstruyeron 737 casas tipo VAL, promedio de costo de $393 millones y áreas entre 45 y 180 m2. 330 casas tipo refugio entre estructura metálicas y concreto, costo promedio $695 millones, con áreas entre 86 y 111 m2″, expresó Víctor Muñoz.