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La Gobernación del Chocó contestó al revuelo que ha generado la apertura de una indagación previa en contra del gobernador Ariel Palacios Calderón, por parte de la Procuraduría General de la Nación, debido a las afectaciones a 60.000 niños por la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Procuraduría abrió una indagación en contra del Gobernador y contra el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera. En ambos casos, se debe a que en el segundo semestre de 2023 se suspendió el servicio de alimentación en los colegios oficiales, desde el inicio de clases en la primera semana de julio. Así mismo, la Gobernación habría hecho el compromiso de normalizar el servicio de alimentación escolar el 15 de agosto, pero esto no ha ocurrido en 16 municipios.
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“A la fecha, 14 municipios están prestando el servicio de Alimentación Escolar en el Departamento”, dice un fragmento de la respuesta de la gobernación. Se esperaría, en ese sentido, que el servicio se restablezca en 17 municipios de los 31 que tiene el departamento del Chocó.
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La Gobernación asegura que la suspensión del PAE se dio porque que el Ministerio de Educación asignó recursos el 8 de agosto, para el semestre que inició en la primera semana de julio. Además, el departamento aportó recursos propios de regalías para la operación del PAE, durante los primeros dos meses. Por último, también indica que el Ministerio de Educación había solicitado más recursos para el PAE al Congreso desde marzo.
“Estaremos prestos para aportar todas las pruebas y documentos de rigor que den cuenta de las acciones realizadas para que niños, niñas y adolescentes del Departamento accedan a la alimentación complementaria, aportando así, a su calidad educativa”, concluye el documento de la Gobernación.