Tumaco, Nariño: una década entre los 100 municipios más violentos de Colombia

Con aproximadamente 250.000 habitantes, Tumaco (Nariño) figura en la lista de los cien municipios municipios más violentos de Colombia. Así lo asegura el informe “Caracterizando espacialmente el delito urbano en Tumaco”, elaborado por Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes. El estudio, publicado esta semana, destaca que la complejidad criminal del municipio se soporta en tres elementos críticos: las economías criminales, la presencia de actores armados no estatales, y las necesidades básicas insatisfechas.

“Considerando que Tumaco es una ciudad de más de 100.000 habitantes, ha compartido los primeros puestos de tasa de homicidios con los siguientes municipios: Yumbo en el Valle del Cauca y Quibdó en Chocó, y más recientemente con Caucasia en Antioquia”, asegura el informe.

A pesar de que a mediados de abril algunos líderes y lideresas sociales tuvieron que desplazarse de Tumaco por amenazas contra sus vidas, e incluso secuestros a sus colegas, actualmente se vive una tensa calma. En entrevista con El Espectador, David* contó que los enfrentamientos entre actores armados cesaron de manera momentánea.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana (AT- N° 044– 18), habla del estado de vulnerabilidad en que se encuentran 40 mil habitantes en la zona urbana, y otras 6.780 personas en la zona rural donde, además, habita el pueblo indígena Awá.

Así, este escenario se vuelve propicio para que hechos violentos como los homicidios sucedan: según el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, en 2021 ocurrieron 169 homicidios en Tumaco, y en lo que va del 2022 han sido registrados 41.

Los actores armados al margen de la ley de mayor incidencia en Tumaco son el Frente Oliver Sinisterra (FOS), junto a las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), grupos posdesmovilización de las Farc-EP. “Se han materializado en amenazas, homicidios selectivos, restricciones, combates con interposición de la población civil, ataques indiscriminados y con artefactos explosivos improvisados, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas”, declara la Alerta Temprana de la Defensoría.

Los enfrentamientos entre estos grupos ilegales, según el informe del CESED, podrían explicarse parcialmente por la presencia de cultivos de coca en el municipio, que además es el de mayor número en todo Nariño.

“Hasta el 2019, la operación militar y policial Atlas reportó haber incautado 10.959 kilogramos de hoja de coca y 49.827 kilogramos de cocaína. Asimismo, desde 2010 hasta 2021 Tumaco ha destruido en promedio 16,08 laboratorios de producción de clorhidrato de coca, cifra que se incrementó especialmente en 2019 y 2021. Esto ubica a Tumaco como uno de los municipios con mayores destrucciones de laboratorios en el país”, afirma el documento del CESED.

¿Qué pasa con las denuncias?

Existen múltiples factores a la hora de denunciar: el primero es el descontento de algunos habitantes frente a la impunidad de los homicidios. Por ejemplo, en 2018 únicamente se judicializó 1 de los 300 asesinatos cometidos desde 2017.

La carencia de jueces y fiscales que lleven los casos es una de las explicaciones que puede ayudar a comprender la falta de operancia de la oficialidad frente al delito.

Ahora, según el informe reseñado, algunos de los victimarios que cometen los asesinatos son jóvenes entre los 15 y 19 años que tienen un vínculo social y emocional con el entorno que los rodea, razón por la cual la comunidad y sus allegados no acuden a las autoridades para denunciar el delito.

Los actores armados reclutan a estos jóvenes de manera forzosa a través de amenazas, o de manera parcialmente voluntaria mediante el ofrecimiento de dinero, dispositivos móviles y un estatus social más elevado.

“(Esto) se debe a la falta de oportunidades laborales y académicas en la zona. Si bien la cantidad de centros educativos escolares creció en el 2014, desde el 2017 no se presentan incrementos para mejorar la oferta educativa”, dice el CESED.

Por tanto, según el mismo documento, el panorama en cuanto a seguridad ciudadana en Tumaco es complejo. “Al igual que en las ciudades de Quibdó y Buenaventura, este (Tumaco) sobrepasa los temas de delincuencia común pues los actores criminales son parte de estructuras organizadas regionales que controlan el territorio y las economías ilícitas urbanas y rurales”, dice el informe.

Lea también: Sugerencias para que Quibdó salga de su vorágine de violencia.

Asimismo, respecto al desmantelamiento de laboratorios de cultivos de coca, el documento señala que, aunque esta medida golpea a la estructura económica de los grupos ilegales, no disminuye los enfrentamientos y las disputas territoriales entre estos. “De hecho, la sola destrucción de laboratorios de cocaína genera más violencia, debido a que incrementa los enfrentamientos entre grupos armados. Las intervenciones deben ser multidimensionales y no únicamente con enfoque policivo-militar”.

Le puede interesar: Buenaventura, más que un puerto.

Por ahora Tumaco habita en tensa calma mientras se realizan consejos de justicia para analizar la situación de seguridad y las amenazas que líderes y defensores de derechos humanos recibieron de manera sistemática a mediados de abril. Sin embargo, en entrevista con El Espectador, David* contó que la comunidad permanece incrédula: esperan que las disputas se reanuden, como ha sucedido históricamente tras supuestos momentos de paz.

“Es como cuando hay un secreto a voces. Aparentemente es como si no pasara nada, pero hace más de diez días una colega tuvo que salir del territorio porque fue amenazada”, dice David.

*Nombre ficticio

Con aproximadamente 250.000 habitantes, Tumaco (Nariño) figura en la lista de los cien municipios municipios más violentos de Colombia. Así lo asegura el informe “Caracterizando espacialmente el delito urbano en Tumaco”, elaborado por Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes. El estudio, publicado esta semana, destaca que la complejidad criminal del municipio se soporta en tres elementos críticos: las economías criminales, la presencia de actores armados no estatales, y las necesidades básicas insatisfechas.

“Considerando que Tumaco es una ciudad de más de 100.000 habitantes, ha compartido los primeros puestos de tasa de homicidios con los siguientes municipios: Yumbo en el Valle del Cauca y Quibdó en Chocó, y más recientemente con Caucasia en Antioquia”, asegura el informe.

A pesar de que a mediados de abril algunos líderes y lideresas sociales tuvieron que desplazarse de Tumaco por amenazas contra sus vidas, e incluso secuestros a sus colegas, actualmente se vive una tensa calma. En entrevista con El Espectador, David* contó que los enfrentamientos entre actores armados cesaron de manera momentánea.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana (AT- N° 044– 18), habla del estado de vulnerabilidad en que se encuentran 40 mil habitantes en la zona urbana, y otras 6.780 personas en la zona rural donde, además, habita el pueblo indígena Awá.

Así, este escenario se vuelve propicio para que hechos violentos como los homicidios sucedan: según el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, en 2021 ocurrieron 169 homicidios en Tumaco, y en lo que va del 2022 han sido registrados 41.

Los actores armados al margen de la ley de mayor incidencia en Tumaco son el Frente Oliver Sinisterra (FOS), junto a las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), grupos posdesmovilización de las Farc-EP. “Se han materializado en amenazas, homicidios selectivos, restricciones, combates con interposición de la población civil, ataques indiscriminados y con artefactos explosivos improvisados, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas”, declara la Alerta Temprana de la Defensoría.

Los enfrentamientos entre estos grupos ilegales, según el informe del CESED, podrían explicarse parcialmente por la presencia de cultivos de coca en el municipio, que además es el de mayor número en todo Nariño.

“Hasta el 2019, la operación militar y policial Atlas reportó haber incautado 10.959 kilogramos de hoja de coca y 49.827 kilogramos de cocaína. Asimismo, desde 2010 hasta 2021 Tumaco ha destruido en promedio 16,08 laboratorios de producción de clorhidrato de coca, cifra que se incrementó especialmente en 2019 y 2021. Esto ubica a Tumaco como uno de los municipios con mayores destrucciones de laboratorios en el país”, afirma el documento del CESED.

¿Qué pasa con las denuncias?

Existen múltiples factores a la hora de denunciar: el primero es el descontento de algunos habitantes frente a la impunidad de los homicidios. Por ejemplo, en 2018 únicamente se judicializó 1 de los 300 asesinatos cometidos desde 2017.

La carencia de jueces y fiscales que lleven los casos es una de las explicaciones que puede ayudar a comprender la falta de operancia de la oficialidad frente al delito.

Ahora, según el informe reseñado, algunos de los victimarios que cometen los asesinatos son jóvenes entre los 15 y 19 años que tienen un vínculo social y emocional con el entorno que los rodea, razón por la cual la comunidad y sus allegados no acuden a las autoridades para denunciar el delito.

Los actores armados reclutan a estos jóvenes de manera forzosa a través de amenazas, o de manera parcialmente voluntaria mediante el ofrecimiento de dinero, dispositivos móviles y un estatus social más elevado.

“(Esto) se debe a la falta de oportunidades laborales y académicas en la zona. Si bien la cantidad de centros educativos escolares creció en el 2014, desde el 2017 no se presentan incrementos para mejorar la oferta educativa”, dice el CESED.

Por tanto, según el mismo documento, el panorama en cuanto a seguridad ciudadana en Tumaco es complejo. “Al igual que en las ciudades de Quibdó y Buenaventura, este (Tumaco) sobrepasa los temas de delincuencia común pues los actores criminales son parte de estructuras organizadas regionales que controlan el territorio y las economías ilícitas urbanas y rurales”, dice el informe.

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Asimismo, respecto al desmantelamiento de laboratorios de cultivos de coca, el documento señala que, aunque esta medida golpea a la estructura económica de los grupos ilegales, no disminuye los enfrentamientos y las disputas territoriales entre estos. “De hecho, la sola destrucción de laboratorios de cocaína genera más violencia, debido a que incrementa los enfrentamientos entre grupos armados. Las intervenciones deben ser multidimensionales y no únicamente con enfoque policivo-militar”.

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Por ahora Tumaco habita en tensa calma mientras se realizan consejos de justicia para analizar la situación de seguridad y las amenazas que líderes y defensores de derechos humanos recibieron de manera sistemática a mediados de abril. Sin embargo, en entrevista con El Espectador, David* contó que la comunidad permanece incrédula: esperan que las disputas se reanuden, como ha sucedido históricamente tras supuestos momentos de paz.

“Es como cuando hay un secreto a voces. Aparentemente es como si no pasara nada, pero hace más de diez días una colega tuvo que salir del territorio porque fue amenazada”, dice David.

*Nombre ficticio