Yessica Mosquera dio a luz en la carretera maltrecha que conecta a Istmina con Quibdó, en Chocó (Pacífico colombiano).
Veinte horas antes, en Bocas de Apartadó, un poblado afrodescendiente sobre el río Baudó, había llegado alarmada a la casa de María Daisy Mosquera, su vecina, y le había dicho que, aunque solo tenía siete meses de embarazo, llevaba un día derramando líquido y con dolor fuerte en el vientre. María Daisy, agente comunitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el caserío, le anunció que vería a su bebé antes de lo planeado: tenía que remitirla urgentemente a un centro de salud.
Luego vino toda la travesía. Recorrió una hora río arriba hacia el puesto de salud más cercano, ubicado en Pie de Pató, pero allí vieron que su parto debía recibir atención de segundo nivel. Entonces tuvo que volver a embarcarse y recorrer dos horas más río abajo hasta Puerto Meluk. Aunque Pie de Pató y Puerto Meluk son las cabeceras de los municipios de Alto y Medio Baudó, cuentan apenas con puestos primarios de salud que no pueden atender este tipo de complicaciones. Entonces tuvo que andar cuatro horas más en ambulancia hasta Quibdó, la capital del departamento.
El bebé nació en la ambulancia casi sin signos vitales y fue reanimado por una enfermera. María Daisy es concreta: “El niño habría podido morir si no hubiéramos remitido a Yessica, pero ya tiene año y medio y está sanito”, dice con una sonrisa, sentada en una silla roja en la puerta de su casa de madera. Todos en la comunidad de Bocas de Apartadó la conocen por su labor. María Daisy una de los 42 agentes y promotores afrodescendientes e indígenas que MSF ha capacitado en Alto Baudó para apoyar a 133 comunidades que, como esta, tienen inmensas dificultades para acceder a salud.
Para ir al médico en la subregión del Baudó hay que correr con suerte. Hay que enfermarse de día, porque de noche no se puede andar por el río ante un mandato que los grupos armados niegan haber dado pero las comunidades cumplen a cabalidad. Según cifras de Defensoría del Pueblo de Colombia, durante el 2023 se dieron 124 eventos de confinamiento forzado en Chocó que afectaron a más de 40 mil personas. También es el segundo departamento con mayor número de desplazamientos masivos. El Balance Humanitario realizado por el CICR da cuenta de que, a las afectaciones a la movilidad, se suman la amenaza constante de minas antipersona y municiones sin explotar, desapariciones forzadas y actos violentos contra la asistencia en salud.
Además, hay que enfermarse en días lluviosos para que el río, que es la única vía de transporte, tenga suficiente agua y se pueda navegar entre 3 y 15 horas hasta la cabecera urbana de los municipios. Y hay que tener un motor y un bote o un buen amigo en la comunidad que preste los suyos, porque en muy pocos caseríos hay lancha comunitaria y no hay ninguna ambulancia fluvial, aunque entre los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó suman casi 100 mil habitantes.
Los retos para acercar la salud a las comunidades
“Ante las múltiples afectaciones por el conflicto armado, los graves vacíos institucionales y las condiciones geográficas que vive la subregión del Baudó, MSF considera que el modelo de salud debe ser comunitario, descentralizado y con enfoque étnico”, asegura Javier Mattos, coordinador del proyecto de la MSF en la zona.
De marzo de 2022 a febrero de 2024, los agentes comunitarios han realizado 9.985 consultas, y han brindado primeros auxilios psicológicos a 72 personas. Los promotores han realizado 5.172 charlas preventivas con 46.915 asistentes. Y el equipo ha gestionado 2097 remisiones a centros de salud, 1388 de ellas (66 %), urgentes.
Sin embargo, las dificultades no cesan. Las restricciones a la movilidad por conflicto, impuestas por los grupos armados u ocasionadas por combates e instalación de minas, no solo limitan el acceso a centros de salud, sino a alimentos porque los pobladores no pueden acudir a sus huertas, pescar o cazar, lo que genera riesgo de desnutrición, principalmente en niños. Además, el sistema de salud tiene graves falencias. “En condiciones de salud que no son identificables de manera previa como traumas, accidentes, complicaciones en niños y embarazadas hay que hacer remisiones urgentes, pero nos encontramos con una estructura que no es estable ni eficiente”, explica Vinasco.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya mínimo 23 médicos por cada 10 mil habitantes y el promedio de Colombia es de 24, Alto Baudó cuenta con menos de dos: son cinco médicos para casi 30 mil personas. Y quienes viven en los caseríos más lejanos pueden tardar un día en llegar a ellos. Pero, además, si se requiere mayor nivel de atención, los pacientes deben dirigirse al Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, que está a unas ocho horas de distancia y no asegura asistencia porque lleva cuatro años investigado e intervenido. Esto se suma a testimonios de pacientes indígenas que dan cuenta de un desinterés por parte de los centros de salud en la mediación con sus saberes tradicionales, es decir, discriminación.
“Nuestro llamado es a que se fortalezca la presencia institucional en la subregión del Baudó, en Chocó, principalmente en cuanto al acceso a salud y a que se desarrollen modelos descentralizados con enfoque étnico en las comunidades con múltiples afectaciones como estas”, señala Mattos. Y Vinasco complementa: “El modelo comunitario se basa en las condiciones reales de los pacientes, contribuye a recuperar su dignidad porque respeta sus prácticas de vida y fortalece su acceso a derechos”.
*Natalia Romero es integrante del equipo de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras.