En una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, días después de finalizar la segunda legislatura, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo adjetivo contra la prensa: la calificó de “Mossad”, con lo que quiso significar que hay fuerzas externas interesadas en desestabilizar al Gobierno. Ese 25 de junio del 2024, dedicó casi un cuarto de su discurso de cincuenta minutos al periodismo. Sin señalar medios específicos, mencionó diecisiete veces la palabra “prensa”, describiéndola como un grupo poderoso y evocando a Goebbels con su frase “miente, miente, que algo quedará”.
Al día siguiente, en su cuenta de X (antes Twitter), se refirió a la periodista María Jimena Duzán, quien dos días antes había publicado una columna en la que contaba cómo el hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), había ascendido en la política y presumiblemente estaba sacando réditos económicos de su cercanía con el Gobierno. En esa columna, Duzán desplegó un interrogatorio dirigido a los hermanos Sarabia para indagar sobre sus relaciones con empresarios y sus negocios.
Simultáneamente, circulaban rumores en los medios de comunicación y las redes sociales sobre una supuesta interceptación del celular del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció el hecho sin presentar pruebas. Como reacción, el presidente Petro dijo que su camino era de “desacierto y mentira”. En el mismo trino agregó que “insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas, es un verdadero irrespeto a mí mismo (sic)”, y remató: “Sé que el ‘periodismo Mossad’ se impone”.
Su respuesta le subió un grado más a la temperatura de una relación de por sí tumultuosa, donde su estrategia de desacreditar a la prensa, esta vez relacionándola con la agencia de inteligencia israelí, en plena guerra en Gaza, no solo desinforma sino que es malintencionada y pone en peligro a quienes como Duzán, lo investigan.
El nuevo calificativo que usó Petro para referirse a la prensa recibió el rechazo de voces importantes del periodismo como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo José Alvear Restrepo y la Fundación PARES, entre otros. Este episodio no habría pasado de ser uno más en una estrategia de comunicación de un gobierno que acumula ya varios incidentes que podrían buscar minar la confianza en las y los periodistas que lo cuestionan.
Sus palabras, no solo como presidente de Colombia sino como uno de los líderes más poderosos de la región, tienen efecto: Duzán dejó constancia de que el calificativo ha motivado agresiones en redes sociales donde la tildan de “ser una terrorista”.
El episodio fue el epítome de una relación cada vez más deteriorada, cuya estrategia retórica ha sido una constante en los dos años que van de gobierno y entraña un guion en tres actos: el presidente lanza una acusación que se convierte en un hecho político, aguanta la reacción de opositores y expertos y el mismo Gobierno interpreta y aclara el alcance de sus declaraciones.
La misma secuencia se podría ver en otros anuncios que no tienen que ver con la relación con la prensa, como con la propuesta de una Asamblea Constituyente o la instalación del concepto de la Paz Total en el diálogo con los grupos ilegales. En ambos dijo que eran inventos de la prensa y sostuvo el relato de que el periodismo, sin distinguir entre la gran cantidad de agendas y líneas editoriales, miente, aunque las propuestas salieron de sus propios discursos. ¿Cuál ha sido el efecto sobre la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa en estos dos años? ¿Qué impacto tiene esta estrategia sobre la veracidad de la información?
X desatado
La principal estrategia de comunicaciones del primer mandatario pasa por un uso compulsivo de su cuenta personal en X, donde tiene 7,5 millones de seguidores, lo que lo convierte en el tercer presidente latinoamericano con más seguidores después del saliente Manuel López Obrador, de México, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. En un artículo reciente, la Silla Vacía contó que, en promedio diario, posteó 54 veces durante una semana y un artículo académico del profesor Andrés Barrios Rubio, que analizó las cuentas de las redes sociales del mandatario en tres meses, contó 1950 trinos, un promedio de 19 al día.
Por su cuenta pasan desde los anuncios oficiales, opiniones sobre los ataques a los palestinos en Gaza, reposteos de otras cuentas y la confrontación abierta con sus contradictores, y entre estos, se destacan periodistas con nombre propio o medios de comunicación. Según Juan David Moreno, quien contestó una entrevista a solo unos días de abandonar el cargo de Secretario de Prensa de la Casa de Nariño de este Gobierno, el propio Petro es “el principal, y el más efectivo, comunicador del Gobierno”. Y lo hace a través de esa red social, aunque eso no obsta para que el Gobierno use otros canales.
Una búsqueda avanzada en X —hecha días antes del caso “Mossad”— con las palabras “medios”, “comunicación” y “prensa” arrojó mensajes del mandatario que refuerzan esa tendencia a desacreditar, a veces acompañadas de otras informaciones como videos u otros mensajes. Por ejemplo: “Medios de comunicación tradicionales. Manipulación y juventudes”, que contiene un video de una transmisión de un canal alternativo. “Para las y los estudiantes de comunicación social. Así el poder mediático manipula la verdad, así la democracia debe avanzar”, acompañado de un video que explica qué es el lawfare (una instrumentalización de la justicia que se enmarca dentro del llamado ‘golpe blando’ en contra de un gobierno). O “Sectores de la prensa tradicional en su odio al progresismo y mi gobierno, decidieron poner en grandes letras el ataque del genocida Netanyahu contra mi al esconder la denuncia de genocidio bajo la marquilla de antisemitismo” (sic), acompañado de la declaración de Bernie Sanders contra el genocidio en Palestina. “Creo que en algunos medios hace falta leer estos libros”, dice una foto de La teoría del poder constituyente de Egon Zweig. Y en un post del 1 de mayo decía: “Hermanitos de la prensa tradicional, ¿quieren llenar sus noticieros con cacerolazos de los barrios de clase alta media? Los escuchamos, los atendemos; pero esta es la realidad de la movilización popular (sic). No se encierren en el egoísmo social, escuchen al pueblo. Nosotros les tendemos la mano en paz”, trino que relacionaba una foto de las marchas de los trabajadores en la mañana de ese día en el que algunos medios reportaron un cacerolazo nocturno de los opositores.
Todas son muestras de un ejercicio deliberado de desacreditación del trabajo de periodistas y medios que todos los días cubren la actualidad en el marco de debates de envergadura como la propuesta de una Asamblea Constituyente; la narrativa del golpe blando, que consiste en repetir que hay un supuesto complot entre sectores de la oposición, instituciones y medios de comunicación en contra de su gobierno; las decisiones diplomáticas en un contexto marcado por los ataques de Israel contra el pueblo palestino en Gaza, o los cuestionamientos que rodean las actuaciones de personas de su familia o funcionarios de su círculo cercano.
Esas declaraciones se suman a un centenar que ha tenido picos de actividad según la coyuntura política. Por ejemplo, a mediados de agosto del año pasado y en respuesta a un informe de Noticias Caracol sobre la presunta entrada de dinero de un capo del narcotráfico a su campaña en Yopal, el mandatario calificó de completamente falsa la información y ayudó a posicionar el hashtag #CaracolMiente, que hoy se sigue usando cada que sale una noticia que cuestiona su gobierno.
Durante una marcha a favor de sus políticas, el 6 de junio de 2023, en el marco de las investigaciones del caso de Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia que denunció el uso irregular del polígrafo en su contra después que desapareció dinero en la casa de la funcionaria, Petro afirmó que “Semana ordena y el CTI obedece”, sugiriendo una posible colusión entre el grupo de medios y la Fiscalía. En ese mismo discurso, también acusó a parte de la prensa de “odiar a la vicepresidenta Francia Márquez” por su color de piel, aduciendo que entre los medios hay racismo. Además, el 11 de mayo de 2023, criticó a Caracol Televisión y escribió: “miren este medio de comunicación tratando de dividir a la fuerza pública del gobierno”, por una noticia que había publicado el canal mostrando a reservistas marchando en contra de su gobierno. Y más recientemente, el 11 de marzo de este año, durante la instalación de la primera piedra del edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, aseguró que la privatización hizo que la sociedad colombiana “fuese embrutecida a través de RCN y Caracol”.
Para la investigadora de la Universidad de los Andes Catalina Uribe Rincón, que analizó los trinos de más de una década del mandatario en el capítulo de libro titulado “Petro, medios y desconfianza sistemática” (Más derechos, menos derechas, 2024), “la relación entre Gustavo Petro y la prensa colombiana revela dinámicas tumultuosas, incluso en algunos casos violentas, que se caracterizan por una comunicación que oscila entre estrategias defensivas y ofensivas”. Se trata de una narrativa de vieja data, como lo demuestra la investigadora, en la que los medios de comunicación se presentan como adversarios de su proyecto político, sin distinción de los intereses particulares y las orientaciones editoriales de cada uno.
Del Palacio a la calle
Tradicionalmente, en la Casa de Nariño permanece un grupo de periodistas que ha cubierto todos los gobiernos y está a la espera de los anuncios o de reportar las noticias. Habitualmente, estos reporteros se ubican en la Sala Turbay, donde cuentan con una oficina que ha hecho las veces de enlace entre las comunicaciones de Presidencia y los medios de comunicación. Ese grupo de periodistas es el que va a los viajes internacionales y sus voces o rostros son conocidos porque son quienes hablan en la radio o aparecen en la televisión.
Según las opiniones de ocho de esos corresponsales, la relación de Palacio con los medios ha tenido ligeros cambios en la medida que han pasado por ahí diferentes funcionarios, pero la constante ha sido el hermetismo. Por la Secretaría de Información y de Prensa de Presidencia han pasado Germán Gómez, que trabajó en la campaña presidencial, María Paula Fonseca, actual subgerente de RTVC, y desde abril pasado hasta el 30 de julio estuvo Juan David Moreno, quien trabajó bajo las órdenes de Laura Sarabia, actual directora del DAPRE.
“La forma cómo funciona la oficina Diana Turbay es absurda”, dice Gerardo Reyes, actual editor político del noticiero CM&. “Los periodistas que hemos estado ahí hemos pasado días rogando a ver si el presidente publicaba un trino para poder decir algo de la Casa de Nariño”. En criterio de este periodista que lleva más de treinta años en el cubrimiento político, el problema no está tanto en el equipo de comunicaciones, como en el alejamiento del presidente de sus asesores. Muestra de ello es que justo la semana anterior a las declaraciones del mandatario contra Duzán, el equipo de comunicaciones de la Secretaría estaba preparando una directiva del Gobierno contra la estigmatización a la prensa en Colombia, en atención a una asesoría que ha impartido la CIDH; directiva a la que solo le faltaba la firma presidencial. Aunque no se supo por qué se postergó la firma, no tenía mucho sentido después de las desafortunadas declaraciones del mandatario.
Del chat de la oficina de comunicaciones salen anuncios sobre los compromisos del mandatario y algunas noticias, pero las y los periodistas aducen que no es suficiente. Esa agenda, que en muchas ocasiones se cumple parcialmente y no tiene suficientes datos sobre los horarios de las actividades, debería permitir espacios para interpelarlo a él y a sus ministros, con el fin de que los anuncios y los hechos políticos puedan comprenderse mejor. Lizeth Suesca, periodista de Caracol Radio, refiere que a veces el papel de los corresponsales se reduce a “hacer las veces de celador porque todos estamos afuera esperando ver quién entra y quién sale, esperar y tratar convencer a alguien que nos dé una declaración o explique lo que está pasando adentro y agregue detalles sobre esa agenda o de un mensaje de X”.
Durante su mandato, al 20 de junio de este año, el presidente ofreció solo 21 ruedas de prensa, según datos que el DAPRE le entregó a la FLIP. La cifra es considerablemente reducida, si se tiene en cuenta que estos espacios son la principal oportunidad para que las y los periodistas se acerquen a hacerle preguntas. Casi todas las ruedas de prensa se han llevado a cabo durante viajes internacionales, donde las preguntas y los temas de la agenda están más limitados. A pesar de que en estas instancias hay un mayor acercamiento, periodistas refieren que durante los vuelos el presidente suele mantenerse distante y llega tarde a la mayor parte de compromisos o a veces no llega.
El trato personal es cordial, pero rara vez se da una conversación, ni siquiera off the record, que permitiría compartir información sin citar la fuente. Como resume Alejandra Uribe, periodista de W Radio, “en un discurso él puede cuestionar a la prensa y por qué hay que llevarla en el avión de Presidencia y después sonríe y lo trata a uno bien. Es algo que a mí me conflictúa muchísimo”. Según la Casa de Nariño, el Jefe de Estado concedió catorce entrevistas entre agosto y diciembre de 2022, dieciséis en todo 2023 y siete en el primer semestre de 2024, de las cuales más de la mitad han sido para medios internacionales.
A esa falta de proximidad, dice Carlos Ruíz, actual director del Canal del Congreso y quien ha cubierto varios periodos presidenciales, se agrega “el incremento de la acción de la Policía y del Ejército que son los que forman los anillos de seguridad en la Casa Nariño y son muy hostiles cuando llega alguien de algún medio de comunicación, como me ha ocurrido varias veces, y son muy renuentes a permitir el acceso a los medios”.
El mayor riesgo de vulneración de los derechos de quienes cubren la Casa de Nariño ocurre cuando deben acompañar al mandatario en eventos públicos abiertos. “Usualmente, cuando salimos a la calle o estamos en algún cubrimiento de presidencia, la gente está atenta a los medios, lo siguen, y uno escucha comentarios como que no digamos mentiras que informemos bien; uno se enfrenta a que le reprochen su trabajo”, cuenta David Nick Parra, reportero de CM&. “Es muy tensionante cuando uno está a tres pasos de la gente y Dios no lo quiera, al presidente le da por hablar mal de los medios como ocurrió en el evento de la Nacional—agrega Suesca, de Caracol Radio—. Estar alrededor de personas que te gritan, que te humillan. En los eventos a uno le dicen de todo por ser mujer, por ser periodista y una se queda sin entender, porque solo está haciendo su trabajo”. La reportera añade que esta situación ha llevado a algunos colegas a evitar asistir a eventos públicos, optando por seguirlos vía streaming a través de las transmisiones que hace la propia Presidencia. Sacar los micrófonos o tener las prendas que contienen los logos de los medios más conocidos para los que trabajan significa un riesgo enorme.
Los medios de Palacio
En estos dos años de Gobierno, la desconfianza con los medios de comunicación ha ido de la mano de la creación de nuevos canales oficiales. En su intención de acercarse a la gente, como explican desde la Casa de Nariño, se creó el periódico Vida, que a la fecha ha tenido trece ediciones digitales y una física. A pesar de contar con dos contratos por más de 1.800 millones de pesos para la distribución de ocho ediciones, sus ejecuciones están suspendidas ante las demandas de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el contencioso administrativo. El reclamo de una mayor participación en el periódico en aras del equilibrio dejó en el limbo la impresión y distribución de los demás periódicos por ahora.
Pero el Gobierno también ha ensayado otras vías, como los informativos Colombia Hoy Radio que tuvo 129 emisiones en YouTube y salió del aire en septiembre del año pasado por falta de resultados. Y el informativo Entérese del cambio que se emite por el Canal Institucional y que hasta la fecha lleva 161 emisiones. Aunque desde el DAPRE explican que estos programas no han implicado un gasto adicional en el presupuesto, pues se han hecho con recursos existentes, sí hay un incremento en la cantidad de personas dedicadas a las comunicaciones en Presidencia. En 2022, al cierre del gobierno de Duque, había 54 funcionarios dedicados a las comunicaciones de presidencia. Hoy hay 65.
Del dicho al hecho…
El 18 de abril de 2023, con su planta baja copada por representantes de medios de comunicación de diferente naturaleza, el Teatro Colón de Bogotá fue escenario del Primer encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales. El Gobierno presentó el arranque de la ruta de siete fases para el fortalecimiento de esos actores mediáticos, con la presencia de los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Cultura, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), el DAPRE y el SENA. El objetivo era crear un sistema informativo que los agrupara en centrales de medios municipales, departamentales y regionales.
En un contexto mediático marcado por la concentración de los medios tradicionales en pocas manos, y la necesidad de un ecosistema más plural, el plan sonaba muy bien, así como los estímulos para la formación y producción de contenidos locales. Sin embargo, en la práctica, la estrategia no ha mostrado avances significativos. El Gobierno invirtió 2.226 millones de pesos en el convenio con CINCOOP-Comunikate, un proyecto que buscaba caracterizar y formalizar entre 1500 y 3000 medios, diseñar un diplomado de 120 horas, y realizar diez encuentros regionales y uno nacional. No obstante, las metas que debían cumplir los participantes, como el tiempo asignado para formalizarse, desanimó a muchos. Así lo cuenta Carlos Elí Guevara, representante de la Asociación de Radios Comunitarias de Norte de Santander —RADAR—: “intentamos [con la Red Cooperativa de Emisoras Comunitarias del Sur de Santander, RESANDER] y ellos concluyeron que, para ejecutar ese proyecto en todo el país en un tema de mes y medio, dos meses, no era posible y prefirieron no presentarse. No podíamos asumir el riesgo”.
De la experiencia, resultó la caracterización de 1.547 medios entre noviembre y diciembre de 2023. A pesar del posible subregistro, se trata de datos relevantes sobre la constitución, grado de formalización y presencia digital, entre otros asuntos de estos medios, que pueden ser una base valiosa para promover la asociatividad y la economía solidaria en el sector de los medios alternativos. No obstante, como señala Jorge Londoño, de la red de emisoras comunitarias de Bogotá, Antena Ciudadana, e integrante de la Fundación Comunikate, que participó en este proceso, “el problema es que eso tiene que tener continuidad. Se hace un esfuerzo brutal pero queda ahí. Y eso desaparece del mapa, es como si no se hiciera si no tiene continuidad”.
Orley Durán, representante de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag) reconoce la intención de este gobierno por fortalecer este tipo de medios, “lo que no sabe es cómo hacerlo ni para qué”. Sobre las convocatorias e iniciativas particulares dice que " no está resolviendo los problemas estructurales de las emisoras. En lo absoluto. Hay una crisis que no se resuelve con plata, sino con unas medidas estructurales para que el Estado colombiano permita aliviar cargas”.
La ventana de oportunidad que tenía este Gobierno se está cerrando. Quedan dos años y todavía no es claro el futuro de estos medios de comunicación. Siguen sin resolverse las preguntas sobre cómo fortalecer el sector comunitario y distinguirlos de otros nuevos competidores como las y los creadores de contenido en internet. A pesar de las convocatorias, los estímulos para la formación y producción de contenidos locales, persisten las dudas sobre problemas estructurales como garantizar la continuidad y la promesa presidencial de asignar una tercera parte de la pauta oficial a medios alternativos aún no se ha materializado.
Opacidad en la contratación de influencers
Por otro lado, la estrategia de Petro ha mostrado una apertura hacia los llamados influencers (o creadores de contenido) a los que se les ha permitido un acercamiento en estos encuentros, e incluso, una participación en el Gobierno. Varios influencers han podido ingresar a las ruedas de prensa y han ido a algunos viajes. Laura Camila Vargas, quien tuvo un paso por la prensa tradicional y ahora se dedica a la creación de contenidos de interés político en diferentes plataformas, explica que esa apertura ha sido positiva para quienes buscan informar y opinar desde puntos de vista distintos. “Hasta ahora ha habido cuatro encuentros con periodistas de este tipo de medios alternativos, comunitarios o digitales, como es mi caso”, dice. No obstante, ella aclara que esa disposiciónno significa que tengan un canal abierto y permanente con la Presidencia, sino que esporádicamente la Casa de Nariño organiza encuentros para atender a sus preguntas. Esos encuentros, dice el DAPRE en respuesta a un derecho de petición, “han permitido promover la diversidad y pluralidad en el ámbito de la comunicación”.
Esa proximidad a ese sector de la comunicación ha derivado en contratos con algunos de ellos que han mostrado una afinidad con el Gobierno. En marzo de este año, El Espectador reveló las contrataciones de Walter Alfonso Rodríguez (@MeDicenWally en X), Andrés Malagón, Nicolás Javier Garzón, Ricardo Andrés Pajarito y Jader David Rozo Rojas (@DonIzquierdo en X) en RTVC; de Laura Daniela Beltrán Palomares, (@Smilelalis en X) y María Niny Echeverry, en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); y de Celso Galeano Tete Crespo, en el MinAmbiente, entre otros. La suma de esta contratación llega a los 617 millones de pesos, según los contratos encontrados en el SECOP.
En un derecho de petición dirigido al DAPRE sobre las contrataciones de influencers, esta entidad contestó que actualmente no tiene ninguna, y ante una pregunta que se le hizo sobre la destinación de recursos a la publicidad oficial indicó que no había un rubro para esto. No obstante, no se refirió a que en otras entidades sí hay personas contratadas con ese perfil, ni tampoco a la posibilidad de que esos asesores o creadores de contenido hagan parte de una campaña de publicidad oficial.
A propósito de la contratación de influencers en el Gobierno surgen varias preguntas sobre la calidad de la información, cuando lo que se privilegia no es el criterio periodístico sino que sus publicaciones tienden a un activismo de opinión o a la publicidad. “No hay ningún problema en que un creador de contenido trabaje para un Gobierno”, explica Vargas. El problema es que la contratación se “convierta en un premio por el apoyo al gobierno en redes sociales y que la persona no cuente con el conocimiento para el cargo en el que se le está contratando”. Además esta estrategia puede tener un impacto en la veracidad de la información. Para Ana María Saavedra, directora de ColombiaCheck, uno de los mayores impactos de la comunicación volcada a las redes sociales es que “amplifica desinformaciones y valida desinformadores. No es solo lo que trina, sino lo que retrina. Este gobierno nos pone a los periodistas a correr y con la gran cantidad de información no damos abasto”.
Para Andrés Barrios, profesor de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Javeriana, el presidente ha sabido leer un cambio en la forma de informarse, en la que las plataformas imponen formatos de microperiodismo y platillos informativos. El mensaje se expande por redes de acción que se aferran a su contenido y así “va propagando en el imaginario la imposición de una agenda, la imposición de una visión, la imposición de un derrotero de conversación pública que trasciende la red social”.
La respuesta del periodismo a este estilo de comunicación en muchos casos ha sido la de “cubrir X”, es decir, estar atentos a la cuenta del mandatario, y en algunos casos el clickbait, que es una tendencia a utilizar un lenguaje escandaloso y a veces engañoso, en el que lamentablemente están cayendo los medios en internet en aras de aumentar su impacto. Por esta razón, el investigador argumenta que en esta coyuntura es cuando más se “necesita esa labor social de los medios de comunicación”, que consiste en hacer curaduría de los contenidos, investigar y utilizar los principios del periodismo como el contraste de fuentes, el chequeo de datos y la documentación. “Los periodistas estamos incurriendo en un error permeados por redes sociales y por el afán de protagonismo”, complementa Gerardo Aristizábal: “creer que podemos ser activistas y periodistas al mismo tiempo. ¡Eso no puede ser!”. Ese mea culpa de los medios es algo que se echa de menos y que, en parte, le dan combustible a los relatos en su contra.
El profesor Juan Camilo Hernández, director de la Maestría en Periodismo y candidato a Doctor en Comunicación de la Universidad de la Sabana, señala que la tendencia a eliminar la intermediación es cada vez más extendida, “especialmente por parte de gobiernos autoritarios y neo populistas de izquierda y derecha”. La primera sacrificada, según él, es la veracidad, ya que lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a acceder a información de calidad. En este mismo sentido, considera que la respuesta debería ser un periodismo robusto que mantenga su papel vigilante, investigando, cuestionando y exponiendo los hechos, siempre basado en evidencias.
La paradoja es que el presidente necesita de los medios de comunicación tradicionales pues estos tienen un mayor alcance en la población de todas las edades. Como señala Ruíz, “cuando el presidente quiere causar impacto en la plaza pública busca la televisión y la radio; utiliza esa presencia para producir opiniones o dar anuncios de impacto nacional”. Luego, su intento de desprestigiarlos tiene un efecto adverso en su propia credibilidad, pues queda atrapado en su propio discurso sobre la desinformación a la que él mismo contribuye cuando exagera o califica a los periodistas y medios que lo increpan.
En el intento de la Casa de Nariño por acercarse a los medios, recientemente ha habido cambios significativos en la Secretaría de Comunicaciones, como el nombramiento del quinto secretario de Comunicaciones, Daniel Téllez, lo que da cuenta de que la estrategia también ha estado marcada por la inestabilidad, algo que no solo afecta la coherencia de la comunicación gubernamental sino que también pone en duda la capacidad del Gobierno para establecer una relación de confianza y colaboración con los medios de comunicación. En el fondo, no solo está la eficacia de los anuncios de gobierno y la explicación del alcance de sus ejecutorias sino, lo que es más importante, el derecho a la información de calidad y a la libertad de expresión que Páginas defiende. En últimas, la credibilidad en su compromiso con los derechos y con la democracia. A dos años de que acabe el gobierno, a pesar de los duros embates, todavía es posible remendar el puente y dejar de quemar las naves.
*Subdirector programático de la FLIP