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El 15 de junio del presente año, Cúcuta se estremeció al escuchar y padecer la explosión de un carro bomba que fue detonado en el Cantón Militar San Jorge donde se encuentra la Brigada 30 del Ejército Nacional. En el hecho, resultaron heridos 34 soldados activos, y dos civiles. Por fortuna, no hubo muertos que lamentar.
Según se conoció, la camioneta usada para el atentado ingresó a la guarnición a las 12:45pm, estuvo parqueada hasta las 02:45 p.m., en el dispensario médico, luego fue trasladada en cercanía a las oficinas de la Estructura de Apoyo (EDA) que tiene la Fiscalía en este espacio, y detonó a las 03:01 p.m., por primera vez, dos minutos después: se produjo una segunda detonación.
Inicialmente, se mencionó que la camioneta fue ingresada por dos sujetos que aparentaron ser funcionarios de la Fiscalía, quienes presentaron carnets, y lograron pasar desapercibidos. Sin embargo, una vez creado el Grupo Especial de Criminalística (ordenado por el presidente Iván Duque, y apoyado por el FBI) se logró establecer que fue un solo hombre el que conducía la camioneta.
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El 25 de junio, el presidente Iván Duque se encontraba en el municipio de Sardinata, realizando una socialización de los avances en su política “Paz con Legalidad”. Terminada su intervención, el mandatario se dirigía a Cúcuta en el helicóptero presidencial; pero llegando al punto de destino, la aeronave fue atacada con ráfagas de fusil, y recibió seis impactos. Las autoridades, establecieron que los francotiradores se ubicaron en el barrio La Conquista. Allí, encontraron dos fusiles “un AK-47 y un 7-62 con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, cinco proveedores y 20 vainillas”. En alocución presidencial, el mandatario Iván Duque aseguró que ha dado “instrucciones muy claras a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”.
El ataque a la Brigada 30 y al helicóptero con el presidente Duque y su comitiva, han sido asumidos por las disidencias de las FARC, que ha venido logrando mayor orden y control sobre un territorio que conocen muy bien desde hace décadas.
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Actualmente, Cúcuta y su área metropolitana se encuentran inmersas en una disputa territorial por Estructuras Armadas Ilegales que buscan, bajo amenaza y muerte, imponer su ley en la comunidad y controlar las economías ilegales de la zona. Esta competencia armada, entre el Clan del Golfo, Los Rastrojos, y el ELN, se ha desenvuelto, principalmente, en la Zona Rural de Cúcuta, y en el Municipio de Puerto Santander.
Cúcuta y su área metropolitana y la región del Catatumbo viven un nuevo ciclo de violencias organizadas, luego del acuerdo de paz construido entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, de esto ya hace cinco años y a la fecha es evidente que para este territorio el reto de un orden de convivencia sin armados imponiendo y controlando, sigue presente.
El lunes 30 de agosto, siendo las 06:30 a.m., la semana inició con un atentado a las instalaciones del Distrito Dos de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El hecho se presentó mediante un artefacto explosivo ubicado en el mobiliario urbano que se encontraba a un costado del cuartel (muy cerca de una garita de seguridad). Como resultado, 12 uniformados y dos civiles resultaron heridos por la detonación. Las autoridades ofrecieron 150 millones de pesos de recompensa sobre información que permitiera la captura de los responsables, al día siguiente, el frente de guerra urbano Camilo Torres Restrepo del ELN, asumió la autoría del atentado mediante un comunicado. Según medios regionales, las autoridades considerarían que el ataque iba dirigido a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) “debido a que en los últimos meses esta dependencia ha venido golpeando a esta estructura, incautándoles grandes cantidades de mercancías de contrabando”.
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El 8 de septiembre se presentó un desplazamiento masivo. Hombres fuertemente armados, vestidos con prendas similares a las de la fuerza pública, se acercaron hasta los sectores de “Pacolandia”, “La Invasión”, “La Punta”, “El 25″ y “la Arenosita” del Corregimiento Banco de Arena (En la zona rural de Cúcuta), y ordenaron “a las familias que viven ahí, que debían salir, porque si no serían asesinadas”.
A la fecha, las familias desplazadas se albergan en la escuela de este corregimiento, y en un Centro de Integración Ciudadana (CID) ubicado en el casco urbano de Cúcuta. Según la Secretaría de Posconflicto, el desplazamiento dejó un saldo de 240 personas que huyeron de su territorio.
Al día siguiente, el 9 de septiembre, el casco urbano retumbó con un artefacto explosivo que dejaron en la vía que comunica al barrio El Escobal, que es vecino al Puente de comunica a Cúcuta con Ureña con los barrios San Martín y Prados del Este. Al parecer, el atentado iba dirigido a un grupo de Policías de Tránsito y Transporte que realizan, con frecuencia, operativos en el sector. Teniendo en cuenta el mecanismo utilizado para el atentado, fuentes judiciales señalaron en medios locales que, al parecer, el autor intelectual y material sería el ELN. En contraposición a esto, el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones de la fuerza pública, y aseguran “no ser responsables de esta acción”.
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Este ha sido el panorama de Cúcuta y su área metropolitana en los últimos 100 días tras el atentado a las instalaciones de la Brigada 30, en este territorio hay en curso una confrontación entre ELN, ACG y otras bandas, que se pelean el control del territorio, sin que las instituciones estatales logren controlarlos, con un agravante, estas violencias, han atizado las disputas entre Bogotá y Caracas, en una pugnacidad presidencial que no cede y una nula cooperación, donde los ilegales han ganado mayores espacios.
Cúcuta y su área metropolitana son un reto enorme para un gobierno nacional que ha visto un deterioro progresivo de todos los indicadores de una violencia que mantiene raíces profundas y este territorio es una evidencia más.