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Tractomulas incineradas en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña (Norte de Santander), ataques a estaciones de Policía y bases militares en Arauca y proliferación de bandas criminales en La Guajira. En el último mes han sido varios los reportes y denuncias desde las mismas comunidades que dan cuenta de cómo el accionar de grupos armados ilegales en estos departamentos parece estar intensificándose. La dinámica de violencia que se replica en los territorios que abarcan los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana, está mutando y tiene características específicas.
La percepción de que hay un reavivamiento de la confrontación armada en los territorios que comparten límite con el vecino país está soportada en cifras. En total hay 35 municipios colombianos —en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía— a lo largo de la zona de frontera. En dichos lugares, la concentración de actores y economías irregulares se ha visto reflejada en el aumento de cifras de asesinatos: 4.911 personas entre 2012 y 2019, y 378 migrantes en los últimos dos años.
Los datos fueron recopilados en el informe “Sin Dios ni ley” realizado por la Fundación Paz y Reconciliación como un ejercicio de análisis de las condiciones de seguridad de la zona, a partir de la identificación y caracterización de las principales estructuras armadas ilegales presentes allí y de los mercados ilegales alrededor de los cuáles se mueve la economía.
Del documento se extraen cuatro conclusiones importantes. La primera es que en los 35 municipios fronterizos con Venezuela hay presencia de 28 estructuras armadas ilegales de distinto tipo: el Ejército de Liberación Nacional, trece Grupos Armados Organizados (Epl, Los Rastrojos, Clan del Golfo), diez Grupos Armados Pos-Farc y catorce organizaciones que los investigadores clasifican como de carácter transnacional (el caso de los Pranes y el cartel de Sinaloa. Del amplio espectro de actores armados, sobresalen el Eln y los Grupos pos-Farc que operan en siete departamentos, especialmente en Norte de Santander, Arauca y Vichada.
La segunda conclusión es que en la zona fronteriza la economía está basada en los mercados ilegales: narcotráfico, contrabando de gasolina o tráfico de armas y personas. De allí que las disputas entre los actores del conflicto tengan como objetivo lograr control territorial (a través de cobro de extorsiones y regulación de tránsito de personas) para dominar dicho mercado.
El tercer hallazgo del informe es que los escenarios de confrontación cambian transitoriamente y en algunas zonas las disputas pueden disminuir por cuenta de acuerdos entre actores ilegales. En el Catatumbo, por ejemplo, se han documentado alianzas entre el Eln y grupos pos-Farc y entre el Epl y estructuras del Clan del Golfo. “El Eln consigue un fortalecimiento militar en todos los municipios de la región del Catatumbo, con el apoyo del grupo armado pos-Farc Frente 33, liderado por Jhon Catatumbo, asegurando el control territorial de Sardinata y Tibú, los dos municipios de principal dominio de la extinta Farc (...) Por su lado, el Epl, además de la cooperación con el Clan del Golfo en Catatumbo, ha acordado con Los Rastrojos la división de los cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, arroceros y ‘pimpineros’”.
La cuarta conclusión del informe revelado por Pares es que existen cuatro escenarios claros de seguridad en la frontera: territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales (caso Eln y Epl en el Catatumbo); conflictos más locales, como en el departamento de La Guajira, en donde las organizaciones criminales libran enfrentamientos por el dominio de pasos fronterizos ilegales; control hegemónico, como el caso del Eln en Arauca, que domina las dinámicas a través de una estrategia de fortalecimiento de control militar y social, y una tensa calma en espacios en los que las disidencias de las Farc se están reagrupando, donde se podrían desarrollar fuertes disputas este año.
Sobre este último escenario, la Fundación Paz y Reconciliación señala que dicha reconfiguración se estaría dando en al menos tres organizaciones de tipo regional: estructuras pos-Farc agrupadas en torno a Gentil Duarte (once disidencias), estructuras agrupadas bajo Iván Márquez y Santrich (al menos cuatro), y estructuras independientes dedicadas al narcotráfico.
Las zonas que concentran la problemática
Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2018 la región del Catatumbo registró cifras alarmantes de desplazamiento: 9.714 personas en Hacarí, 7.345 en San Calixto y 5.903 en Teorama. El fenómeno es una consecuencia directa de la guerra que libran Epl y Eln por el poder territorial y que también se ha visto reflejada en la tasa de homicidios, pues entre 2017 y 2018 Teorama, Convención y Tibú registraron un incremento en las tasas de homicidio del 76 %, 64 % y 32 %, respectivamente.
En otras zonas como Puerto Santander, la disputa de las estructuras ilegales se concentra alrededor de los pasos fronterizos que comunican con Venezuela, pues el cierre del paso legal entre ambos países —en el marco de la crisis diplomática y la ruptura de relaciones binacionales— no solo incrementó el paso de migrantes por trochas y lugares ilegales, sino que también aumentó el cobro de extorsiones por parte de grupos criminales y el contrabando de alimentos y medicamentos. Un contexto en el que la población migrante puede ser fácilmente víctima de explotación sexual, laboral o abuso.
“La política internacional de bloqueo y desconocimiento del gobierno Bolivariano de Venezuela ha desencadenado una crisis binacional que ayuda a fortalecer estos grupos delictivos a través de las distintas actividades ilícitas e ilegales que ejercen, así como empujando a la población migrante a ver en estos grupos las distintas maneras de salir de su crisis económica, y que a la final terminan recrudeciendo el conflicto armado y organizado en ambos países”, detalla el documento.
El análisis de Paz y Reconciliación también plantea que la falta de implementación del Acuerdo de Paz fue un factor determinante para que se agudizara el conflicto armado en toda la línea de frontera, pues abrió un espacio para el “aumento de las actividades del narcotráfico y permitió fortalecer y posicionarse bandas delincuenciales transnacionales como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, La Línea y el Tren de Aragua en territorio nortesantandereano”.
En otros departamentos, como Arauca, la dinámica del conflicto varía, aunque la violencia resultante es la misma. En enero pasado Human Rights Watch publicó un informe que daba cuenta de cómo la frontera porosa entre Arauca y Venezuela había permitido el establecimiento y la movilidad de estructuras del Eln y de la disidencia de las Farc denominada Frente Décimo Martín Villa, que aunque operan principalmente en Arauca, han cometido crímenes en el estado de Apure.
En esa misma línea, el trabajo de investigación de Paz y Reconciliación señala que tanto el Eln como el Martín Villa han acordado estrategias de cooperación en el manejo de la frontera, pues, además, el interés en esta región es mantener una retaguardia estratégica hacia Venezuela y una ruta de enlace con los grupos presentes en departamentos como Meta y Guaviare: “Los grupos armados pos-Farc manejan un bajo perfil, evitan la confrontación directa con las fuerzas del Estado, pero están incrementado el reclutamiento forzado, la explotación laboral en las zonas mineras, el aumento de los cultivos de coca y marihuana y la generación de violencia con otros actores armados ilegales incluidos los sindicatos venezolanos y las mafias del narcotráfico.
En La Guajira y Cesar, a su turno, el panorama está determinado por la reconfiguración de actores armados ilegales, pues las nuevas alianzas que se están estableciendo han llevado a que grupos que históricamente han estado en el territorio se replieguen a zonas en las que antes no tenían mayor incidencia. Sin embargo, el fenómeno en estos departamentos tiene particularidades, como la proliferación de bandas locales y la fuerte presencia de organizaciones transnacionales.
En una alerta temprana emitida en septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la existencia de estructuras en municipios como Maicao (La Guajira) que hacen especial presencia en la zona de frontera controlando el contrabando de gasolina, el narcotráfico, el tráfico de armas, contrabando de ganado e incluso la trata de personas. Estos grupos, que también operan desde el lado venezolano en estados como Zulia, también se han visto favorecidos por el flujo migratorio hacia Colombia, pues ejercen control en los pasos irregulares a través del cobro de peajes y extorsiones a los transportadores que se movilizan por las trochas.
En el caso de grupos como el Eln, las indagaciones en terreno hechas por Paz y Reconciliación señalan que en algunos municipios su accionar es limitado debido a que no cuenta con un pie de fuerza suficiente, aunque han logrado fortalecerse en ciertas zonas gracias al apoyo y establecimiento de alianzas con estructuras ilegales que operan en territorio venezolano y también tienen tentáculos en Colombia.
Pero más allá de las especificidades de cada zona, lo cierto es que al ver el panorama general de la zona fronteriza con Venezuela queda claro que hay una proliferación de grupos armados en disputa por el control de las economías ilegales que han llevado a una atomización de la violencia teniendo el apoyo, en varios casos, de organizaciones criminales binacionales vinculadas a la cadena de narcotráfico y al control de los pasos irregulares fronterizos. En el medio, como siempre, queda la población civil sumergida en una compleja crisis humanitaria: homicidios, asesinatos selectivos, desplazamiento, confinamiento, desaparición y un rosario de crímenes que parecen multiplicarse.