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Ha pasado casi un año desde que varios pobladores del municipio de La Calera conformaron una veeduría ambiental y llevaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular en contra del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (POT).
Su malestar empezó en agosto de 2010. Entonces, a través del acuerdo 011, siendo alcalde Carlos Cenen Escobar, el Concejo Municipal hizo varias modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial de La Calera, vigente desde 1999. La intervención de la hoja de ruta municipal contó con el respaldo de los concejales y fue concertada con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), pero el resultado no convenció a muchos de los pobladores.
La razón: las modificaciones, enfocadas hacia el desarrollo urbanístico de la zona, tendrían, a su juicio, graves consecuencias para el ambiente y los habitantes del municipio. Según la acción popular, que continúa en etapa probatoria, el acuerdo permite la construcción de vivienda campestre en zonas de la parte alta de los Cerros Orientales de La Calera —considerados Reserva Forestal Protectora Nacional—, en zonas de recargas de agua y en zonas de páramo.
Entre las modificaciones del POT se estableció la delimitación de zonas de subpáramo y páramo a partir de los 3.200 msnm, pero, según el Ministerio de Ambiente, estos ecosistemas comienzan en los 3.000 msnm. Aunque existe la posibilidad de que la autoridad ambiental haga cambios basados en estudios al respecto, por ahora no se conocen los análisis que habrían justificado la necesidad de cambiar la cota, ampliando así en 200 metros la zona de construcción de vivienda campestre. ¿Por qué se cambio entonces? Ni la actual administración del municipio ni la CAR dan respuesta al respecto y, según el exalcalde Carlos Cenen Cárdenas, la modificación se hizo de acuerdo a la ley y con el visto bueno de la autoridad ambiental.
Sin embargo, ese no es el único señalamiento de la Veeduría Ambiental. Al posible aumento de vivienda campestre en zonas de reserva se suma la construcción de la vía Panorámica La Calera, que uniría al municipio con Bogotá y que está contemplada en el POT. De acuerdo con la demanda, esta vía afectaría la reserva de los Cerros Orientales y el agua del que se abastecen siete acueductos veredales.
La meta de la Veeduría Ambiental es que el alto tribunal reverse el POT y limite las nuevas construcciones, que, señala, siguen aumentando en zonas de reserva sin que se imponga control alguno al respecto. Sin embargo, otra es la percepción que tienen algunos constructores de la zona: “No es equilibrado ni justo decir que el POT está diseñado en detrimento del medio ambiente. Evidentemente, la protección de los páramos es responsabilidad de cualquier municipio. Muchos de los proyectos de construcción no atentan contra los recursos y, por el contrario, buscan reforestar, almacenar el agua lluvia y tratar las aguas residuales”.
Opinión similar tiene el actual alcalde del municipio, Álvaro Venegas Venegas: “La Calera tiene una presión urbanística muy grande sobre el río Teusacá, y allí se redujo el índice de ocupación: antes se podían hacer cuatro viviendas por hectárea y el actual plan de ordenamiento las redujo a tres”.
Betsy Palma, directora de la oficina de la CAR en La Calera, asegura que “profesionales idóneos participaron en la concertación e hicieron los análisis ambientales necesarios para ello”. Agrega que los funcionarios de la corporación continúan visitando los predios que serían blanco de las denuncias, para determinar posibles sanciones.
Lo cierto es que aunque el POT del municipio volverá a cambiar pronto, debido a la revisión obligatoria que exige la norma y que está programada para este año, “una tarea que nos toca a todos los alcaldes, esperamos que el contencioso administrativo defina si las modificaciones del POT son o no válidas para saber en torno a qué trabajar”, señala el Alcalde.
Mientras no haya un fallo, La Calera seguirá creciendo basada en el POT que hoy está en el centro de la polémica. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Planeación, en lo corrido del año se han otorgado 314 licencias de construcción y 20 más están en proceso de aprobación. No obstante, según ese despacho, “ninguna de las licencias estaría en zona de reserva y muchas de las construcciones que hoy están levantándose por encima de los 3.000 msnm las otorgaron pasadas administraciones”.
En palabras de Venegas: “Tenemos que avanzar sobre lo ya existente, porque las modificaciones fueron concertadas con la autoridad ambiental. Existe un acuerdo municipal que fue adoptado y mientras no sea anulado goza de la presunción de legalidad”.